Tema 12 · Nivel C
Régimen jurídico del sector público
«Legislación básica de régimen jurídico del sector público. Disposiciones generales. Órganos de las administraciones públicas. Principios de la potestad sancionadora. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.»
Tema 12. Régimen jurídico del sector público
Categoría de Policía, Escala Básica, Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. Turno libre.
Enunciado oficial (Anexo III, apartado I.A.1, del Decreto 8/2026, de 28 de enero, BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026): «Legislación básica de régimen jurídico del sector público. Disposiciones generales. Órganos de las administraciones públicas. Principios de la potestad sancionadora. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.»
| Autoría | Equipo de contenidos TestMiOpo |
|---|---|
| Revisión jurídica | Pendiente de revisor colegiado |
| Última revisión | 16 de septiembre de 2026 |
| Normas de referencia | Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), Título preliminar, artículos 1 a 46 bis (disposiciones generales, órganos, potestad sancionadora, responsabilidad patrimonial y funcionamiento electrónico), y, para el contexto, artículos 84, 88 a 91 y 140 a 154. Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392), artículo 58. Constitución Española (BOE-A-1978-31229), artículos 25.1, 103.1 y 106.2 |
| Norma del temario | Decreto 8/2026, de 28 de enero (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026), Anexo III, apartado I.A.1, tema 12 |
| Convocatoria de referencia | No hay convocatoria unificada todavía; cada ayuntamiento publica sus bases. Comprobación sobre la convocatoria de Gádor, BOJA núm. 132, de 10 de julio de 2026 |
1. Mapa del tema
REGIMEN JURIDICO DEL SECTOR PUBLICO: LEY 40/2015, TITULO PRELIMINAR, ARTS. 1 A 46 BIS (1,32 puntos, 16 preguntas medidas)
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DISPOSICIONES GENERALES ORGANOS DE LAS ADMINIS- PRINCIPIOS DE LA POTES- RESPONSABILIDAD PATRI- FUERA DEL ENUNCIADO
Y FUNCIONAMIENTO ELEC- TRACIONES PUBLICAS TAD SANCIONADORA MONIAL (1 preg.) (1 preg.)
TRONICO (5 preg.) (7 preg.) (2 preg.) | |
| | | 32: lesion por funciona- LBRL 58: organos de
1: objeto; 2: ambito: 5: organos = unidades con 25: legalidad: norma con miento normal o anormal colaboracion con las
AGE, CCAA, entes loca- efectos frente a terceros rango de ley; ejercicio de los servicios publicos, entidades locales, uni-
les, sector publico ins- o actuacion preceptiva; por organos con atribu- salvo fuerza mayor o de- camente deliberantes o
titucional (organismos requisitos de creacion, cion legal o reglamenta- ber juridico de soportar; consultivos.
y entidades de derecho no duplicar. 6: instruc- ria; extensivo a la dis- daño efectivo, evaluable 140 a 154: relaciones
publico, entidades de ciones y ordenes de ser- ciplinaria; no a contra- e individualizado; anula- interadministrativas:
derecho privado, univer- vicio, su incumplimiento tos ni patrimonio. 26: cion no presupone indem- principios (lealtad,
sidades). 2.3: son AAPP no invalida. 7: consul- irretroactividad, salvo nizacion; Estado legisla- colaboracion, coopera-
la AGE, CCAA, entes lo- tivos. 8: competencia lo favorable. 27: tipici- dor (inconstitucional, cion, coordinacion);
cales y organismos y en- irrenunciable; delega- dad: solo por ley, leves, Derecho UE). 33: concu- Conferencia de Presi-
tidades de derecho pu- cion, encomienda, dele- graves y muy graves; re- rrente: solidaria. 34: dentes, Conferencias
blico. 3: objetividad; gacion de firma y su- glamento solo especifica; indemnizables solo daños Sectoriales (acuerdo
eficacia, jerarquia, des- plencia no alteran la ti- no analogia. 28: respon- que no hay deber de sopor- obligatorio, recomen-
centralizacion, descon- tularidad; desconcentra- sabilidad por dolo o tar; no los imprevisibles dacion), Comisiones
centracion y coordina- cion; organo inferior culpa, personas fisicas y segun la ciencia; valora- Bilaterales, Comisiones
cion; once principios competente por materia y juridicas; solidaria; re- cion fiscal y expropiato- Territoriales.
(a-k); medios electroni- territorio. 9: delegacion posicion e indemnizacion. ria, baremos; dia de la STC 132/2018 (Ley
cos; personalidad juri- (no: relaciones con Jefa- 29: proporcionalidad: lesion, actualizacion IGC; 40/2015: constitucio-
dica unica. 4: propor- tura del Estado y Cortes, nunca privacion de liber- en especie o pagos perio- nal salvo plazos del
cionalidad, medida menos disposiciones generales, tad; no beneficio; gradua- dicos con acuerdo. 35: 52.2).
restrictiva; inspeccion. resolucion de recursos, cion: culpabilidad, conti- derecho privado. 36: el
38: sede electronica; materias por ley); publi- nuidad, perjuicios, rein- particular exige a la Ad-
39: portal; 40: sello; cacion; revocable; no cidencia (un año, firme); ministracion; accion de
41: ACTUACION AUTOMA- subdelegar. 10: avoca- grado inferior; infrac- regreso de oficio por dolo
TIZADA: integramente cion por circunstancias cion mas grave; continua- o culpa grave; tramites
electronica sin interven- tecnicas, economicas, so- da. 30: prescripcion 3/2 15+15+10+5+5 dias; fin de
cion directa de empleado ciales, juridicas o te- años/6 meses infraccio- via administrativa. 37:
publico; 42: sello y CSV; rritoriales; acuerdo mo- nes, 3/2/1 sanciones; in- penal no suspende.
43: firma del personal; tivado notificado antes o terrupcion, paralizacion CE 106.2.
46: archivo electronico; con la resolucion; sin un mes. 31: ne bis in
46 bis: datos en la UE. recurso. 11: encomienda idem: sujeto, hecho y
84 a 91: sector publico de gestion, material o fundamento; sancion UE.
institucional estatal; tecnica, no contratos; CE 25.1. STC 18/1981,
90: organos de gobierno encargado del tratamien- 77/1983, 42/1987, 2/2003.
y ejecutivos en el Esta- to. 12: delegacion de fir-
tuto; Presidente y Con- ma, sin publicacion. 13:
sejo Rector. suplencia: vacante, au-
sencia, enfermedad, abs-
tencion. 14: incompeten-
cia. 15 a 18: colegiados:
secretario, sesiones a
distancia, quorum presi-
dente + secretario + mi-
tad, orden del dia salvo
urgencia con todos, mayo-
ria, actas. 19 a 22: AGE.
23: ABSTENCION: interes,
parentesco (4.o consan-
guinidad, 2.o afinidad),
amistad intima o enemis-
tad, perito o testigo, re-
lacion de servicio (2
años). 24: RECUSACION:
por escrito, dia siguien-
te, 3 dias, sin recurso.
2. Introducción y enfoque de estudio
Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.
Este tema vale 1,32 puntos de los 100 del cuestionario, nivel C: 16 preguntas en los 15 cuestionarios de ayuntamientos andaluces de 2025 y 2026, una media de 1,33 por cada cien, con cinco en Roquetas y tres en Rociana y en Écija. Es un tema reciente en los cuestionarios: nueve de las dieciséis preguntas son de los últimos cuatro exámenes medidos.
Tres decisiones de estudio.
Primera: los artículos 8 a 14 y 23 y 24 se aprenden con sus cifras y sus listas. Qué no altera la titularidad de la competencia (delegación, encomienda, delegación de firma y suplencia: la avocación no está en la lista), qué no puede delegarse (cuatro letras del 9.2), las cinco circunstancias de la avocación (técnica, económica, social, jurídica o territorial), el acuerdo motivado notificado antes o con la resolución, los cinco motivos de abstención (con el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad y los dos años de servicios) y los plazos de la recusación (día siguiente, tres días). Siete de las dieciséis preguntas salen de aquí.
Segunda: las disposiciones generales se preguntan por el artículo 3 y por el 2. Los cinco principios de actuación del 3.1 (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, que son los del 103.1 de la Constitución) cayeron dos veces con el mismo truco: colar «participación», «parcialidad» o «garantía procesal». El 2.3 (quiénes son Administraciones Públicas) y el 41 (actuación administrativa automatizada: íntegramente electrónica, sin intervención directa de un empleado público) completan el bloque.
Tercera: la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial se estudian como dos listas de principios con sus cifras. Legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción (tres, dos años y seis meses para las infracciones; tres, dos y un año para las sanciones) y ne bis in idem; lesión, daño efectivo, evaluable e individualizado, fuerza mayor, riesgos del desarrollo, indemnización en especie o pagos periódicos con acuerdo del interesado, y acción de regreso con sus cinco plazos. Tres preguntas, todas del tipo «señale la incorrecta» con frases literales.
Lo que cubren otros temas: el procedimiento administrativo común, los recursos y la tramitación del procedimiento sancionador, el tema 11; la organización local y los órganos de colaboración de la Ley de Bases (artículo 58), el tema 8; la responsabilidad del policía como funcionario, los temas 24 y 30; el sector público institucional estatal en detalle, fuera del enunciado.
3. Qué se pregunta de este tema
Medido sobre quince cuestionarios de ayuntamientos andaluces de febrero de 2025 a enero de 2026, 1.230 preguntas, clasificadas una a una por materia con frecuencia/reglas.py y reasignadas al temario vigente de 45 temas (ANALISIS-FRECUENCIA.md); el temario derogado tenía un tema de régimen jurídico de las Administraciones Públicas con este contenido y el clasificador trae aquí sus preguntas.
| Cuestionario | Fecha | Preguntas del tema 12 | Sobre el total | Por cada cien |
|---|---|---|---|---|
| La Carolina (Jaén) | 05/02/2025 | 0 | 50 | 0,00 |
| Las Gabias (Granada) | 13/02/2025 | 0 | 100 | 0,00 |
| Darro (Granada) | 17/02/2025 | 0 | 100 | 0,00 |
| Alcalá del Valle (Cádiz) | 20/02/2025 | 0 | 100 | 0,00 |
| Olvera (Cádiz) | 05/03/2025 | 0 | 50 | 0,00 |
| Huelma (Jaén) | 14/03/2025 | 0 | 50 | 0,00 |
| Jerez de la Frontera (Cádiz) | 22/03/2025 | 1 | 100 | 1,00 |
| Roquetas de Mar (Almería) | 20/06/2025 | 5 | 100 | 5,00 |
| Utrera (Sevilla) | 01/07/2025 | 0 | 100 | 0,00 |
| Lucena (Córdoba) | 08/07/2025 | 1 | 50 | 2,00 |
| Málaga | 12/07/2025 | 0 | 80 | 0,00 |
| Motril (Granada) | 17/07/2025 | 1 | 100 | 1,00 |
| Rociana del Condado (Huelva) | 25/09/2025 | 3 | 100 | 3,00 |
| Almería | 22/12/2025 | 2 | 100 | 2,00 |
| Écija (Sevilla) | 22/01/2026 | 3 | 50 | 6,00 |
| Total y media | 16 | 1.230 | 1,33 |
De la media medida de 1,33 se pasa a 1,32 puntos finales por los dos ajustes de frecuencia/pesos.py comunes a todo el libro: el reparto de la materia del temario derogado que el vigente no tiene, que sube el tema a 1,40, y la reserva de un punto de suelo para cada uno de los ocho temas nuevos del decreto, que lo deja en 1,32. Nivel C.
Dentro del tema, las 16 preguntas se reparten así (clasificación por materia de los enunciados sobre el listado de frecuencia/contar.py --ver PL12):
| Bloque del enunciado | Preguntas | Qué se preguntó, sin reproducir ningún enunciado |
|---|---|---|
| Órganos de las Administraciones Públicas (5 a 24) | 7 | Qué materia sí puede delegarse (la incorrecta de una lista del 9.2); qué figuras no alteran la titularidad de la competencia; cuál de varias afirmaciones sobre órganos colegiados es falsa; qué no es causa de abstención; cómo se realiza la avocación (dos veces, forma y circunstancias); qué artículo regula la recusación |
| Disposiciones generales y funcionamiento electrónico (1 a 4, 38 a 46 bis, 84 a 91) | 5 | Los principios de actuación del artículo 3.1 (dos veces, con principios intrusos); quiénes son Administraciones Públicas según el 2.3; dónde se determinan los órganos de gobierno y ejecutivos de los organismos públicos; qué es actuación administrativa automatizada |
| Principios de la potestad sancionadora (25 a 31) | 2 | Cuál de varias frases literales del 25 es incorrecta; un porcentaje de incremento de multas leves por reincidencia que no está en la Ley 40/2015 (dato de una ley sectorial que el clasificador trajo aquí) |
| Responsabilidad patrimonial (32 a 37) | 1 | Cuál de varias frases del 34 es correcta (indemnización en especie o pagos periódicos, riesgos del desarrollo) |
| Fuera del enunciado: órganos de colaboración con las entidades locales (LBRL 58) | 1 | Qué carácter tienen los órganos de colaboración (deliberantes o consultivos) |
Una lectura. Roquetas construyó cuatro de sus cinco preguntas con frases literales de los artículos 6 y 8, 16 y 17, 25 y 34, cambiando una palabra («avocación» por «suplencia»): el tema se estudia con el texto delante. La avocación (10) es el artículo más repetido: Almería preguntó la forma y Écija las circunstancias.
4. Desarrollo
4.1 Legislación básica y disposiciones generales (artículos 1 a 4)
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público es, con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la pareja que sustituyó a la Ley 30/1992. La 39/2015 regula la relación hacia fuera (el procedimiento con el ciudadano) y la 40/2015 la organización hacia dentro: el artículo 1 dice que establece las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad y de la potestad sancionadora, y la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional. Su Título preliminar (artículos 1 a 53) es legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución; el Tribunal Constitucional lo confirmó en la STC 132/2018 salvo unos plazos del artículo 52.2 sobre convenios.
| Artículo 2 | Contenido |
|---|---|
| 2.1 Sector público | Administración General del Estado; Administraciones de las Comunidades Autónomas; Entidades que integran la Administración Local; sector público institucional |
| 2.2 Sector público institucional | a) Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; b) entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas a la ley cuando ejerzan potestades administrativas y a los principios del artículo 3; c) Universidades públicas, por su normativa y supletoriamente por la ley |
| 2.3 Son Administraciones Públicas | La AGE, las Administraciones autonómicas, las Entidades locales y los organismos públicos y entidades de derecho público de la letra a) del 2.2 (no las entidades de derecho privado ni las universidades) |
El artículo 3.1 reproduce el 103.1 de la Constitución: las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Rociana y Roquetas preguntaron esta lista con intrusos (participación, parcialidad, garantía procesal): son cinco y son esos. Añade once principios de actuación y relaciones, de la a) a la k): servicio efectivo; simplicidad, claridad y proximidad; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión; planificación y dirección por objetivos; eficacia; economía y suficiencia; eficiencia; cooperación, colaboración y coordinación. El 3.2 impone las relaciones entre Administraciones por medios electrónicos; el 3.4, que cada Administración actúa con personalidad jurídica única. El artículo 4 fija los principios de intervención en una actividad: proporcionalidad, elegir la medida menos restrictiva, motivar y justificar, sin diferencias discriminatorias, y evaluar periódicamente; y faculta a comprobar, verificar, investigar e inspeccionar con los límites de la protección de datos.
4.2 Órganos de las Administraciones Públicas (artículos 5 a 24)
Órgano administrativo (5) es la unidad administrativa a la que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Su creación exige determinar su integración y dependencia jerárquica, delimitar funciones y competencias y dotar los créditos; no cabe crear órganos que dupliquen otros sin suprimir o restringir la competencia de estos. Las instrucciones y órdenes de servicio (6) dirigen la actividad de los órganos dependientes; se publican en el boletín oficial cuando lo establezca una disposición o se estime conveniente, y su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria. Los órganos consultivos (7) actúan con autonomía orgánica y funcional o mediante los servicios jurídicos, sin dependencia jerárquica de los órganos consultantes.
La competencia (8) es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tienen como propia, salvo delegación o avocación. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio (Roquetas sustituyó «suplencia» por «avocación»). La titularidad y el ejercicio pueden desconcentrarse en órganos jerárquicamente dependientes. Si una norma atribuye la competencia a una Administración sin especificar el órgano, instruye y resuelve el órgano inferior competente por razón de la materia y del territorio, y si hay varios, su superior jerárquico común.
| Técnica | Qué es | Reglas | Artículo |
|---|---|---|---|
| Delegación de competencias | Un órgano delega el ejercicio en otro de la misma Administración, aunque no dependa de él, o en sus organismos públicos | No delegable: relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes, Presidencias y Asambleas autonómicas; disposiciones de carácter general; resolución de recursos en los órganos que dictaron el acto; materias que fije una ley. Publicación en el boletín oficial; las resoluciones indican la delegación y se consideran del delegante; no se delega lo delegado salvo ley; no delegable una vez emitido dictamen o informe preceptivo; revocable en cualquier momento; con el quórum del órgano colegiado | 9 |
| Avocación | El superior avoca un asunto que corresponde a un dependiente, por circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales | Acuerdo motivado notificado a los interesados, si los hay, antes o simultáneamente a la resolución; sin recurso, impugnable con la resolución; en la delegación a órganos no dependientes solo avoca el delegante | 10 |
| Encomienda de gestión | Actividades materiales o técnicas se encomiendan a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o distinta Administración, por eficacia o falta de medios | No prestaciones propias de los contratos; no cede titularidad ni elementos sustantivos; el encomendado es encargado del tratamiento de datos; misma Administración: acuerdo publicado; distinta: convenio publicado | 11 |
| Delegación de firma | El titular delega la firma de resoluciones y actos en órganos o unidades dependientes | No altera la competencia; no requiere publicación; se hace constar la autoridad de procedencia; límites del 9 | 12 |
| Suplencia | Sustitución temporal por vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación | No altera la competencia ni requiere publicación; sin suplente designado, quien designe el superior inmediato; se hace constar titular y suplente | 13 |
| Desconcentración | Traslado de titularidad y ejercicio a órganos jerárquicamente dependientes | Según las normas de atribución de competencias | 8.2 |
| Decisiones sobre competencia | El órgano incompetente remite al competente y lo notifica; los interesados pueden pedir que decline o requerir de inhibición | Conflictos de atribuciones solo entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente y sin procedimiento finalizado | 14 |
Los órganos colegiados (15 a 18) se rigen por la sección, sin perjuicio de las peculiaridades de cada Administración; los que integran organizaciones de intereses sociales o varias Administraciones pueden completar sus normas y no participan en la estructura jerárquica. Tienen un Secretario, miembro del órgano o persona al servicio de la Administración, que vela por la legalidad formal y material, certifica y garantiza el respeto de las reglas (16). Todos pueden constituirse, convocar, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas de forma presencial o a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario (17.1). El quórum es la asistencia del Presidente y el Secretario, o sus suplentes, y la mitad, al menos, de sus miembros; si están todos y el Secretario pueden constituirse sin convocatoria si todos lo deciden. No cabe deliberar ni acordar sobre asuntos fuera del orden del día, salvo que asistan todos y se declare la urgencia por mayoría; los acuerdos se adoptan por mayoría de votos; quienes votan en contra o se abstienen quedan exentos de responsabilidad. El acta (18) la levanta el Secretario con asistentes, orden del día, lugar y tiempo, puntos principales y acuerdos; se aprueba en la misma sesión o en la siguiente; las sesiones pueden grabarse. Los artículos 19 a 22 regulan los órganos colegiados de la Administración General del Estado: funciones del Presidente (voto dirimente), deberes de los miembros (convocatoria con dos días de antelación, sin abstención de los miembros natos), tres o más personas, clasificación interministerial o ministerial y creación por real decreto u orden.
| Abstención (23) | Recusación (24) |
|---|---|
| Deber de abstenerse y comunicarlo al superior inmediato, que resuelve | La promueven los interesados por escrito, en cualquier momento, expresando la causa |
| a) Interés personal, administrador de sociedad interesada o cuestión litigiosa pendiente | Al día siguiente el recusado manifiesta al superior si se da la causa; si el superior la aprecia, sustitución acto seguido |
| b) Vínculo matrimonial o de hecho, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con interesados, administradores, asesores, representantes o mandatarios; compartir despacho | Si el recusado niega la causa, el superior resuelve en tres días, previos informes y comprobaciones |
| c) Amistad íntima o enemistad manifiesta | Sin recurso, sin perjuicio de alegarla al recurrir el acto que ponga fin al procedimiento |
| d) Haber intervenido como perito o testigo | |
| e) Relación de servicio con persona interesada o servicios profesionales en los dos últimos años | |
| El superior puede ordenar la abstención; la no abstención no invalida necesariamente el acto y genera responsabilidad |
4.3 Principios de la potestad sancionadora (artículos 25 a 31)
El Capítulo III desarrolla el artículo 25.1 de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional desde la STC 18/1981: los principios del orden penal se aplican, con matices, al Derecho administrativo sancionador. Sus disposiciones son extensivas a la potestad disciplinaria sobre el personal y no se aplican a las relaciones reguladas por la legislación de contratos ni por la patrimonial (25.3 y 4).
| Principio | Regla | Artículo |
|---|---|---|
| Legalidad | La potestad sancionadora se ejerce cuando la reconoce expresamente una norma con rango de ley, con el procedimiento previsto, y para las entidades locales conforme al Título XI de la Ley 7/1985; la ejercen los órganos que la tengan atribuida por disposición de rango legal o reglamentario | 25 |
| Irretroactividad | Se aplican las disposiciones vigentes al producirse los hechos; retroactividad de lo favorable, en tipificación, sanción y prescripción, incluso para sanciones pendientes de cumplimiento | 26 |
| Tipicidad | Solo son infracciones las previstas por una ley (o el Título XI de la LBRL para la Administración local), clasificadas en leves, graves y muy graves; solo por infracciones cabe sanción, delimitada por ley; el reglamento puede especificar o graduar sin crear infracciones ni alterar límites; no cabe analogía | 27 |
| Responsabilidad | Solo personas físicas y jurídicas (y grupos, uniones y patrimonios si una ley les reconoce capacidad) responsables a título de dolo o culpa; compatible con la reposición y la indemnización; obligación conjunta, responsabilidad solidaria; posible deber de prevenir y responder del pago por dependientes | 28 |
| Proporcionalidad | Nunca privación de libertad, directa ni subsidiaria; la infracción no puede ser más beneficiosa que cumplir; graduación por culpabilidad o intencionalidad, continuidad, perjuicios y reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en un año, declarada por resolución firme); grado inferior posible; infracción medial: solo la más grave; infracción continuada | 29 |
| Prescripción | Según su ley; en su defecto, infracciones muy graves 3 años, graves 2, leves 6 meses; sanciones por muy graves 3 años, graves 2, leves 1; las infracciones desde su comisión (las continuadas desde que cesa la conducta), las sanciones desde el día siguiente a ser ejecutable la resolución; interrupción por el procedimiento con conocimiento del interesado y reinicio si se paraliza más de un mes por causa no imputable | 30 |
| Concurrencia (ne bis in idem) | No se sancionan hechos ya sancionados penal o administrativamente con identidad de sujeto, hecho y fundamento; la sanción de un órgano de la Unión Europea se tiene en cuenta para graduar | 31 |
Roquetas preguntó la frase incorrecta entre varias del artículo 25 y la trampa fue la cita de la Ley 7/1985: para las entidades locales la potestad sancionadora se ejerce conforme al Título XI de la Ley de Bases (artículos 139 a 141, tema 8), que permite a las ordenanzas tipificar infracciones y fija los topes de multa. El porcentaje de incremento de las multas leves por reincidencia que preguntó Jerez no está en la Ley 40/2015: el 29.3.d) solo define la reincidencia como criterio de graduación.
4.4 La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (artículos 32 a 37)
El Capítulo IV desarrolla el artículo 106.2 de la Constitución: los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El 32.1 lo reproduce y añade que la lesión puede venir del funcionamiento normal o anormal, y que quedan fuera la fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar; la anulación de un acto no presupone por sí misma derecho a indemnización. El daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado (32.2). El Estado legislador responde por actos legislativos no expropiatorios cuando la ley lo diga, y por leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea si el particular obtuvo sentencia firme desestimatoria habiendo alegado el vicio (32.3 a 5).
| Regla | Contenido | Artículo |
|---|---|---|
| Responsabilidad concurrente | Gestión conjunta: las Administraciones responden solidariamente frente al particular; en otros casos, según competencia, interés público e intensidad de la intervención, y solidaria si no puede determinarse; la Administración con mayor financiación instruye, consultando a las demás en quince días | 33 |
| Daños indemnizables | Solo los que no hay deber jurídico de soportar; no los imprevisibles o inevitables según el estado de la ciencia o la técnica (riesgos del desarrollo); por leyes inconstitucionales o contrarias a la UE, los cinco años anteriores a la sentencia | 34.1 |
| Cálculo | Criterios de la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas, ponderando el mercado; en muerte o lesiones, baremos de seguros obligatorios y Seguridad Social | 34.2 |
| Cuantía | Referida al día de la lesión, actualizada al fin del procedimiento con el Índice de Garantía de la Competitividad, más intereses de demora | 34.3 |
| Forma de pago | Sustituible por compensación en especie o pagos periódicos cuando sea más adecuado y convenga al interés público, siempre con acuerdo del interesado | 34.4 |
| Derecho privado | La Administración responde por los artículos 32 y siguientes aunque actúe en relaciones de derecho privado o a través de entidades privadas | 35 |
| Exigencia | El particular exige la indemnización directamente a la Administración, nunca al empleado | 36.1 |
| Acción de regreso | La Administración que indemnizó exige de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad por dolo, culpa o negligencia graves, ponderando resultado, culpabilidad, responsabilidad profesional y relación causal; igual por daños a sus propios bienes | 36.2 y 3 |
| Procedimiento de regreso | Alegaciones 15 días, prueba 15 días, audiencia 10 días, propuesta 5 días, resolución 5 días; la resolución pone fin a la vía administrativa; tanto de culpa a los tribunales si procede | 36.4 a 6 |
| Responsabilidad penal | Se exige por su legislación; no suspende el procedimiento patrimonial salvo que la fijación de los hechos en vía penal sea necesaria | 37 |
Roquetas preguntó la frase correcta entre varias del 34: la indemnización en especie o por pagos periódicos exige acuerdo con el interesado, y los daños que no se podían prever o evitar según la ciencia no son indemnizables. Para el policía local, el 36 es el artículo que le afecta: el ciudadano lesionado por una actuación policial reclama al ayuntamiento, y el ayuntamiento repite contra el agente solo si hubo dolo, culpa o negligencia graves.
4.5 Funcionamiento electrónico y sector público institucional (artículos 38 a 46 bis y 84 a 91)
El Capítulo V del Título preliminar regula el funcionamiento electrónico: la sede electrónica (38) es la dirección electrónica de titularidad de una Administración u organismo, con responsabilidad sobre la integridad, veracidad y actualización de su contenido; el portal de internet (39) es el punto de acceso a la información publicada y a la sede; las Administraciones se identifican con sello electrónico (40); la actuación administrativa automatizada (41) es cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración en el marco de un procedimiento sin intervención directa de un empleado público, y exige fijar de antemano el órgano responsable de las especificaciones, programación, supervisión, auditoría e impugnación (Roquetas); sus sistemas de firma son el sello electrónico y el código seguro de verificación (42); el personal firma con firma electrónica que puede referirse solo al número de identificación profesional por razones de seguridad pública (43); los documentos se archivan por medios electrónicos (46); y los sistemas del censo, padrón, datos fiscales y sanitarios se ubican en la Unión Europea (46 bis, añadido por el Real Decreto-ley 14/2019).
El sector público institucional estatal (84) lo integran los organismos públicos (organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales), las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones, los fondos sin personalidad y las universidades no transferidas. Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y las potestades administrativas que prevean sus estatutos, salvo la expropiatoria (89); se estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto, siendo los máximos el Presidente y el Consejo Rector (90, Lucena); se crean por ley (91). En Andalucía, la organización institucional propia es la de la Ley 9/2007 (tema 6).
4.6 Relaciones interadministrativas y órganos de colaboración (artículos 140 a 154 y LBRL 58)
Fuera del enunciado, pero preguntado por Rociana, el Título III fija los principios de las relaciones entre Administraciones (140): lealtad institucional, adecuación al orden de competencias, colaboración (deber de actuar con el resto para fines comunes), cooperación (compromisos voluntarios), coordinación (garantizar la coherencia, singularmente la AGE), eficiencia, responsabilidad, garantía e igualdad de derechos y solidaridad interterritorial. Los órganos de cooperación (145) son multilaterales o bilaterales: la Conferencia de Presidentes (146), las Conferencias Sectoriales (147 a 152, con decisiones en forma de acuerdo obligatorio o recomendación), las Comisiones Bilaterales de Cooperación (153) y las Comisiones Territoriales de Coordinación (154), estas últimas con las entidades locales. El artículo 58 de la Ley de Bases del Régimen Local permite a las leyes crear órganos de colaboración de las Administraciones con las entidades locales, que serán únicamente deliberantes o consultivos, de ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial: esa fue la pregunta de Rociana.
5. Jurisprudencia esencial
Ninguna de las 16 preguntas medidas pidió una sentencia. Las cinco que siguen son las que dan contenido constitucional a dos de los cuatro bloques del enunciado: los principios de la potestad sancionadora (artículo 25.1 de la Constitución) y el carácter básico de la propia Ley 40/2015. Las cinco están comprobadas en el buscador oficial de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con su número de BOE y su fallo.
STC 18/1981, de 8 de junio (Sala Primera, recurso de amparo 101-1980, BOE núm. 143, de 16 de junio de 1981). Cuatro ciudadanos fueron multados «de plano» por el Gobernador Civil de Barcelona por razones de orden público, sin procedimiento. El Tribunal otorgó el amparo y anuló las multas: los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho administrativo sancionador, porque ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, y las garantías del artículo 24 exigen un procedimiento con posibilidad de defensa antes de sancionar. Es el origen del capítulo III de la Ley 40/2015 y del procedimiento sancionador de la Ley 39/2015.
STC 77/1983, de 3 de octubre (Sala Segunda, recurso de amparo 368-1982, BOE núm. 266, de 7 de noviembre de 1983). Un ciudadano fue sancionado por el Gobierno Civil de Cádiz por hechos que el juez penal había declarado no probados. El Tribunal estimó el amparo y anuló la sanción, fijando los cuatro límites de la potestad sancionadora del artículo 25.1: la legalidad (cobertura en norma con rango de ley), la interdicción de las penas privativas de libertad, el respeto de los derechos de defensa del artículo 24 y la subordinación a la autoridad judicial, que impide a la Administración sancionar hechos que puedan ser delito mientras no se pronuncie el juez y le obliga a respetar los hechos declarados probados. Son los artículos 25, 29.1 y 31 de la Ley 40/2015.
STC 42/1987, de 7 de abril (Sala Segunda, recurso de amparo 520-1985, BOE núm. 107, de 5 de mayo de 1987). Un empresario fue multado por infracciones tipificadas solo en el Reglamento de Casinos de Juego de 1979. El Tribunal otorgó el amparo y anuló las resoluciones: el artículo 25.1 exige reserva de ley para infracciones y sanciones, y es contraria a ella no solo la regulación reglamentaria sin base legal, sino también la simple habilitación en blanco a la Administración; el reglamento solo puede colaborar con la ley. Es el principio de tipicidad del artículo 27 y el papel del reglamento en su apartado 3.
STC 2/2003, de 16 de enero (Pleno, recurso de amparo 2468-2000, BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2003, con voto particular). Un conductor sancionado administrativamente por alcoholemia fue después condenado penalmente por los mismos hechos. El Tribunal desestimó el amparo y fijó la doctrina del ne bis in idem: la doble sanción está prohibida cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento, pero la sanción administrativa previa se descuenta de la pena y la Administración debe abstenerse cuando los hechos puedan ser delito. Es la regla del artículo 31.1 de la Ley 40/2015 y de la actuación del agente en cada control (tema 29).
STC 132/2018, de 13 de diciembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 3774-2016, BOE núm. 13, de 15 de enero de 2019, con voto particular). El Gobierno de la Generalitat de Cataluña impugnó preceptos de la Ley 40/2015 sobre administración electrónica, convenios, inscripción registral de entidades y consorcios y fundaciones. El Tribunal estimó parcialmente el recurso: declaró contrarios al orden de competencias solo los plazos de un mes del artículo 52.2 para la liquidación de convenios, por impedir a las comunidades autónomas fijar otros, y desestimó todo lo demás: el resto de la ley es legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones al amparo del 149.1.18.ª, y la exigencia de justificar la no reutilización de aplicaciones estatales no vulnera la autonomía. Es la sentencia que confirma que el Título preliminar estudiado en este tema rige en todas las Administraciones, ayuntamientos incluidos.
6. Tabla resumen
| Concepto | Dato | Artículo |
|---|---|---|
| Sector público | AGE, CCAA, entidades locales y sector público institucional | 2.1 |
| Administraciones Públicas | AGE, CCAA, entidades locales y organismos públicos y entidades de derecho público; no las entidades de derecho privado ni las universidades | 2.3 |
| Principios de actuación | Objetividad; eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; sometimiento a la Constitución, la Ley y el Derecho; once principios a) a k); personalidad jurídica única | 3; CE 103.1 |
| Intervención | Proporcionalidad, medida menos restrictiva, motivación, sin discriminación, evaluación; comprobar, verificar, investigar e inspeccionar | 4 |
| Órgano administrativo | Unidad con funciones con efectos frente a terceros o actuación preceptiva; tres requisitos de creación; no duplicar | 5 |
| Instrucciones y órdenes de servicio | Su incumplimiento no invalida por sí solo el acto; responsabilidad disciplinaria | 6 |
| Competencia | Irrenunciable; no alteran la titularidad la delegación, la encomienda, la delegación de firma y la suplencia; desconcentración; órgano inferior competente por materia y territorio | 8 |
| No delegable | Relaciones con Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes, Presidencias y Asambleas autonómicas; disposiciones generales; resolución de recursos por el órgano que dictó el acto; materias por ley | 9.2 |
| Delegación | Publicación en boletín; se considera dictada por el delegante; no subdelegación salvo ley; no tras dictamen preceptivo; revocable; quórum del colegiado | 9.3 a 7 |
| Avocación | Circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales; acuerdo motivado notificado antes o con la resolución; sin recurso | 10 |
| Encomienda de gestión | Actividades materiales o técnicas; no contratos; no cede la titularidad; publicación; convenio si distinta Administración | 11 |
| Delegación de firma y suplencia | No alteran la competencia ni requieren publicación | 12, 13 |
| Conflictos de atribuciones | Solo entre órganos de la misma Administración no jerárquicos, con procedimiento no finalizado | 14.3 |
| Órganos colegiados | Secretario miembro o no; sesiones presenciales o a distancia salvo reglamento; quórum Presidente, Secretario y mitad de los miembros; sin convocatoria si están todos y lo deciden; orden del día salvo urgencia con todos presentes; mayoría; acta en la misma o la siguiente sesión | 15 a 18 |
| Colegiados de la AGE | Convocatoria con dos días; miembros natos no se abstienen; tres o más personas; interministeriales o ministeriales; real decreto u orden | 19 a 22 |
| Abstención | Interés personal; parentesco (consanguinidad 4.º grado, afinidad 2.º); amistad íntima o enemistad manifiesta; perito o testigo; relación de servicio o servicios en los dos últimos años | 23 |
| Recusación | Por escrito, en cualquier momento; el recusado responde al día siguiente; el superior resuelve en tres días; sin recurso | 24 |
| Legalidad sancionadora | Norma con rango de ley; entidades locales, Título XI de la LBRL; órganos con atribución legal o reglamentaria; extensivo a la disciplinaria; no a contratos ni patrimonio | 25 |
| Irretroactividad | Salvo lo favorable, incluso sanciones pendientes | 26 |
| Tipicidad | Solo por ley; leves, graves y muy graves; el reglamento especifica o gradúa; sin analogía | 27 |
| Responsabilidad | Dolo o culpa; personas físicas y jurídicas; solidaria; reposición e indemnización compatibles | 28 |
| Proporcionalidad | Nunca privación de libertad; no beneficio; culpabilidad, continuidad, perjuicios, reincidencia (un año, firme); grado inferior; infracción más grave; continuada | 29 |
| Prescripción | Infracciones 3 años, 2 años, 6 meses; sanciones 3, 2 y 1 año; paralización de más de un mes reinicia | 30 |
| Ne bis in idem | Identidad de sujeto, hecho y fundamento; sanción de la UE se pondera | 31 |
| Responsabilidad patrimonial | Lesión por funcionamiento normal o anormal; salvo fuerza mayor y deber de soportar; daño efectivo, evaluable e individualizado; anulación no presupone indemnización; Estado legislador | 32; CE 106.2 |
| Concurrente | Solidaria en gestión conjunta; consulta en quince días | 33 |
| Indemnización | No los riesgos del desarrollo; valoración fiscal, expropiatoria y baremos; día de la lesión, actualización IGC; en especie o pagos periódicos con acuerdo | 34 |
| Acción de regreso | De oficio, por dolo, culpa o negligencia graves; 15, 15, 10, 5 y 5 días; fin de la vía administrativa | 36 |
| Actuación automatizada | Íntegramente electrónica, sin intervención directa de empleado público; órgano responsable previo | 41 |
| Sede y portal | Sede: dirección electrónica de titularidad pública con responsabilidad sobre su contenido; portal: punto de acceso | 38, 39 |
| Organismos públicos | Órganos de gobierno y ejecutivos en su Estatuto; Presidente y Consejo Rector; creación por ley | 90, 91 |
| Órganos de colaboración con entes locales | Únicamente deliberantes o consultivos | LBRL 58 |
7. Trampas de examen
1. «Los principios de actuación del artículo 3.1 son eficacia, jerarquía, coordinación y participación.» Son eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (3.1 y CE 103.1); la participación está entre los once principios de la letra c), no en la lista de cinco.
2. «Las entidades de derecho privado vinculadas a una Administración son Administraciones Públicas.» No: el 2.3 reserva la condición a la AGE, las CCAA, las entidades locales y los organismos públicos y entidades de derecho público.
3. «La avocación no supone alteración de la titularidad de la competencia.» La lista del 8.1 es delegación de competencias, encomiendas de gestión, delegación de firma y suplencia; la avocación no figura.
4. «Puede delegarse la resolución de recursos.» No en los órganos que dictaron el acto recurrido (9.2.c); tampoco las disposiciones de carácter general ni las relaciones con la Jefatura del Estado y las Cortes.
5. «La encomienda de gestión no puede delegarse.» La encomienda no es materia del 9.2: es una técnica distinta (11) para actividades materiales o técnicas.
6. «La avocación se notifica después de la resolución.» Se notifica con anterioridad o simultáneamente a la resolución final, mediante acuerdo motivado (10.2).
7. «Las circunstancias de la avocación son técnicas, económicas, sociales, jurídicas o políticas.» Son territoriales, no políticas (10.1).
8. «La delegación de firma debe publicarse en el boletín oficial.» Ni la delegación de firma (12.2) ni la suplencia (13.2) requieren publicación; la delegación de competencias sí (9.3).
9. «El incumplimiento de una orden de servicio invalida el acto dictado.» No afecta por sí solo a la validez; genera responsabilidad disciplinaria (6.2).
10. «El Secretario del órgano colegiado debe ser un miembro del órgano.» Puede ser un miembro o una persona al servicio de la Administración (16.1).
11. «Los órganos colegiados solo pueden reunirse a distancia si su reglamento lo permite.» Al revés: pueden hacerlo salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario (17.1).
12. «Para el quórum basta la mitad de los miembros.» Hace falta además el Presidente y el Secretario, o sus suplentes (17.2).
13. «Tener parentesco de afinidad es siempre causa de abstención.» Solo dentro del segundo grado de afinidad; la consanguinidad, dentro del cuarto (23.2.b).
14. «Haber sido perito o testigo no es causa de abstención.» Sí lo es (23.2.d); las cinco causas son interés, parentesco, amistad o enemistad, perito o testigo y relación de servicio.
15. «La recusación se regula en el artículo 23.» El 23 es la abstención; la recusación es el 24.
16. «El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos que la tengan atribuida por ley.» Por disposición de rango legal o reglamentario (25.2); la reserva de ley es para reconocer la potestad (25.1) y tipificar (27).
17. «Las infracciones leves prescriben al año.» Las infracciones leves prescriben a los seis meses; las sanciones por leves, al año (30.1).
18. «Los daños imprevisibles según el estado de la ciencia son indemnizables.» No lo son (34.1); y la indemnización en especie o por pagos periódicos exige acuerdo con el interesado (34.4).
8. Reglas mnemotécnicas
«E-J-D-D-C». Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración, Coordinación: los cinco del 3.1 y del 103.1 de la Constitución.
«DEFS no cambian al dueño». Delegación, Encomienda, Firma, Suplencia: no alteran la titularidad (8.1). La Avocación no está.
«Jefes, reglamentos, recursos, ley». Lo indelegable del 9.2: relaciones con Jefatura del Estado y Cortes, disposiciones generales, resolución de recursos, materias por ley.
«TES-JU-TE». Técnicas, Económicas, Sociales, JUrídicas, TErritoriales: las circunstancias de la avocación (10.1).
«4 sangre, 2 afinidad, 2 años». Abstención: cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, dos años de servicios profesionales (23.2).
«Mañana y tres». Recusación: el recusado contesta al día siguiente, el superior resuelve en tres días (24).
«3-2-6 y 3-2-1». Prescripción: infracciones muy graves 3 años, graves 2, leves 6 meses; sanciones 3, 2 y 1 año (30.1).
«15-15-10-5-5». Acción de regreso: alegaciones, prueba, audiencia, propuesta, resolución (36.4).
9. Aplicación práctica
Situación 1. Expediente sancionador por una ordenanza de convivencia. Un policía local denuncia a un vecino por ruidos reiterados en la vía pública, infracción leve de la ordenanza municipal de convivencia. El instructor comprueba, primero, la legalidad y tipicidad: la ordenanza puede tipificar la infracción porque el Título XI de la Ley de Bases lo permite (25.1 y 27.1) y la multa no puede superar el tope legal para leves; el reglamento municipal solo puede especificar o graduar, no crear infracciones (27.3). Segundo, la prescripción: la ordenanza no fija plazo, así que la infracción leve prescribe a los seis meses desde que se cometió; si la conducta fue continuada o permanente, el plazo corre desde que cesó (30.2); iniciado el procedimiento con conocimiento del interesado, la prescripción se interrumpe, pero si el expediente se paraliza más de un mes por causa no imputable al vecino, el plazo se reinicia. Tercero, la graduación: el vecino fue sancionado por lo mismo hace ocho meses por resolución firme, así que hay reincidencia (29.3.d, más de una infracción de la misma naturaleza en un año), pero la sanción nunca puede ser privativa de libertad ni resultar más barata que cumplir la norma (29.1 y 2). Cuarto, el ne bis in idem: si los hechos pudieran ser delito (por ejemplo, coacciones contra los vecinos), el ayuntamiento se abstiene y remite al juzgado, y solo sanciona si el juez no aprecia delito, respetando los hechos probados (31.1, STC 77/1983 y 2/2003). El agente redacta la denuncia con fecha, hora, hechos y norma infringida, porque el instructor necesita esas cuatro cosas para el 27, el 29 y el 30.
Situación 2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por una intervención policial. Durante la retirada de un vehículo mal estacionado, la grúa municipal daña el parachoques. El propietario reclama al ayuntamiento. El instructor aplica el 32: hay lesión en un bien, consecuencia del funcionamiento de un servicio público (normal o anormal, da igual), sin fuerza mayor; el daño es efectivo, evaluable e individualizado (32.2). No importa que la retirada fuera legal: el particular no tiene el deber jurídico de soportar un daño en su vehículo por la forma de engancharlo (34.1). La indemnización se calcula al día del daño con los criterios de valoración y se actualiza al cierre del procedimiento (34.3); si el propietario lo acepta, el ayuntamiento puede repararlo en su taller como compensación en especie (34.4). El propietario reclama al ayuntamiento, nunca al operario ni al agente (36.1); si el ayuntamiento indemniza y el operario actuó con negligencia grave, abre de oficio la acción de regreso con sus cinco plazos (36.2 y 4). Y si el conductor de la grúa hubiera sido denunciado penalmente por daños dolosos, el procedimiento patrimonial no se suspendería salvo que la fijación de los hechos en vía penal fuera necesaria (37.2).
10. Preguntas de test con respuesta explicada
Veinticinco preguntas, que con las diez de la sección siguiente completan las treinta y cinco del nivel C. Ninguna reproduce un enunciado de un cuestionario municipal.
1. Según el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, el sector público comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y:
a) Las empresas privadas concesionarias.
b) El sector público institucional.
c) Los colegios profesionales.
d) Las Cortes Generales.
Respuesta: b). Organismos y entidades de derecho público, entidades de derecho privado vinculadas y universidades públicas.
2. Según el artículo 3.1, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
b) Eficacia, eficiencia, transparencia y participación.
c) Legalidad, jerarquía, centralización y coordinación.
d) Objetividad, imparcialidad y neutralidad.
Respuesta: a). Son los del artículo 103.1 de la Constitución.
3. Según el artículo 3.4, cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con:
a) Personalidad jurídica única.
b) Varias personalidades jurídicas según sus órganos.
c) La personalidad del Estado.
d) Sin personalidad jurídica.
Respuesta: a). 3.4.
4. Según el artículo 5.1, tienen la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se atribuyan:
a) Cualquier función.
b) Funciones de asesoramiento interno.
c) Funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
d) Personal a su servicio.
Respuesta: c). Requisitos de creación en el 5.3.
5. Según el artículo 6.2, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio:
a) Anula el acto dictado.
b) No afecta por sí solo a la validez de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria.
c) Suspende el acto.
d) Obliga a repetir el procedimiento.
Respuesta: b). 6.2.
6. Según el artículo 8.1, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de:
a) Delegación o avocación.
b) Encomienda de gestión.
c) Suplencia.
d) Desconcentración.
Respuesta: a). Las demás figuras no alteran la titularidad ni son excepción al ejercicio propio.
7. Según el artículo 8.3, si una disposición atribuye la competencia a una Administración sin especificar el órgano, instruye y resuelve:
a) El órgano superior de la Administración.
b) El Secretario.
c) El órgano inferior competente por razón de la materia y del territorio.
d) El órgano que primero reciba el expediente.
Respuesta: c). Si hay varios, su superior jerárquico común.
8. Según el artículo 9.1, los órganos pueden delegar el ejercicio de sus competencias en otros órganos de la misma Administración:
a) Solo si son jerárquicamente dependientes.
b) Aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en sus organismos públicos o entidades de derecho público.
c) Solo con autorización del Consejo de Ministros.
d) En cualquier Administración.
Respuesta: b). 9.1.
9. Según el artículo 9.4, las resoluciones administrativas adoptadas por delegación:
a) Se consideran dictadas por el órgano delegante e indican expresamente esta circunstancia.
b) Se consideran dictadas por el órgano delegado.
c) No son recurribles.
d) Requieren ratificación posterior.
Respuesta: a). 9.4.
10. Según el artículo 9.5, las competencias que se ejerzan por delegación:
a) Pueden delegarse libremente.
b) Solo pueden delegarse en órganos colegiados.
c) Se delegan con publicación.
d) No pueden delegarse, salvo autorización expresa de una ley.
Respuesta: d). Tampoco tras la emisión de un dictamen o informe preceptivo.
11. Según el artículo 10.2, contra el acuerdo de avocación:
a) Cabe recurso de alzada.
b) Cabe recurso de reposición.
c) No cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución del procedimiento.
d) Cabe recurso contencioso-administrativo directo.
Respuesta: c). 10.2.
12. Según el artículo 11.1, la encomienda de gestión tiene por objeto:
a) La resolución de recursos.
b) Actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos, por razones de eficacia o falta de medios técnicos.
c) Prestaciones propias de los contratos del sector público.
d) La aprobación de reglamentos.
Respuesta: b). Excluye expresamente las prestaciones propias de los contratos.
13. Según el artículo 13.1, los titulares de los órganos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de:
a) Vacante, ausencia o enfermedad, así como abstención o recusación declaradas.
b) Solo vacante.
c) Solo enfermedad.
d) Traslado.
Respuesta: a). Sin suplente designado, quien designe el superior inmediato.
14. Según el artículo 14.3, los conflictos de atribuciones solo pueden suscitarse:
a) Entre órganos de distintas Administraciones.
b) Entre órganos jerárquicamente dependientes.
c) Ante el Tribunal Constitucional.
d) Entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente y sobre asuntos con procedimiento no finalizado.
Respuesta: d). 14.3.
15. Según el artículo 17.2, para la válida constitución de un órgano colegiado se requiere la asistencia, presencial o a distancia, de:
a) La mayoría absoluta de sus miembros.
b) Dos tercios de sus miembros.
c) El Presidente y el Secretario, o quienes les suplan, y la mitad, al menos, de sus miembros.
d) Todos sus miembros.
Respuesta: c). Si están todos y el Secretario, pueden constituirse sin convocatoria si lo deciden todos.
16. Según el artículo 17.4, no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que:
a) Lo decida el Presidente.
b) Asistan todos los miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría.
c) Lo pida un tercio de los miembros.
d) Sea un asunto de trámite.
Respuesta: b). 17.4.
17. Según el artículo 18.2, el acta de cada sesión del órgano colegiado podrá aprobarse:
a) Solo en la misma reunión.
b) En cualquier momento.
c) Por el Presidente sin votación.
d) En la misma reunión o en la inmediata siguiente.
Respuesta: d). La elabora el Secretario con el visto bueno del Presidente.
18. Según el artículo 23.2.b), es motivo de abstención el parentesco de consanguinidad dentro del:
a) Segundo grado.
b) Tercer grado.
c) Cuarto grado.
d) Sexto grado.
Respuesta: c). Y de afinidad dentro del segundo.
19. Según el artículo 23.2.e), es motivo de abstención haber prestado servicios profesionales a persona interesada directamente en el asunto en los últimos:
a) Seis meses.
b) Un año.
c) Dos años.
d) Cinco años.
Respuesta: c). De cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
20. Según el artículo 24.4, si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de:
a) Un día.
b) Tres días.
c) Cinco días.
d) Diez días.
Respuesta: b). El recusado se manifiesta al día siguiente.
21. Según el artículo 25.3, las disposiciones sobre la potestad sancionadora:
a) No se aplican a la potestad disciplinaria.
b) Solo se aplican a los particulares.
c) Serán extensivas al ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de las Administraciones.
d) Se aplican a las relaciones contractuales.
Respuesta: c). Y no a las relaciones de contratos ni patrimoniales (25.4).
22. Según el artículo 27.1, las infracciones administrativas se clasifican por la ley en:
a) Leves, graves y muy graves.
b) Leves y graves.
c) Menores, mayores y gravísimas.
d) De primer, segundo y tercer grado.
Respuesta: a). 27.1.
23. Según el artículo 29.3.d), hay reincidencia por la comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por:
a) Denuncia del agente.
b) Sentencia penal.
c) Acuerdo de iniciación.
d) Resolución firme en vía administrativa.
Respuesta: d). 29.3.d).
24. Según el artículo 30.1, si la ley no fija plazos, las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben:
a) A los seis meses.
b) Al año.
c) A los dos años.
d) A los tres años.
Respuesta: b). Las infracciones leves, a los seis meses.
25. Según el artículo 36.2, la Administración que hubiere indemnizado exigirá de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por:
a) Cualquier culpa.
b) Dolo, o culpa o negligencia graves.
c) Solo dolo.
d) Culpa leve.
Respuesta: b). Previa instrucción de procedimiento con cinco trámites (36.4).
11. Preguntas de estilo examen
Diez preguntas más con el formato de los cuestionarios municipales, que citan la norma y el artículo.
26. Según el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tienen la consideración de Administraciones Públicas, además de la AGE, las CCAA y las Entidades locales:
a) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes.
b) Las Universidades públicas.
c) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
d) Las fundaciones del sector público.
Respuesta: c). Letra a) del 2.2.
27. Según el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, las delegaciones de competencias y su revocación deberán:
a) Publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración del órgano delegante.
b) Notificarse a los interesados.
c) Inscribirse en un registro.
d) Comunicarse al Consejo de Estado.
Respuesta: a). 9.3.
28. Según el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por:
a) El órgano delegado.
b) El superior común.
c) El Consejo de Ministros.
d) El órgano delegante.
Respuesta: d). 10.1, párrafo segundo.
29. Según el artículo 12.2 de la Ley 40/2015, la delegación de firma:
a) Altera la competencia del órgano delegante.
b) Requiere publicación en el boletín oficial.
c) Solo cabe en órganos colegiados.
d) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
Respuesta: d). 12.2.
30. Según el artículo 16.1 de la Ley 40/2015, el Secretario de un órgano colegiado:
a) Debe ser necesariamente un miembro del órgano.
b) Debe ser necesariamente un funcionario ajeno al órgano.
c) Podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración correspondiente.
d) Es siempre el Vicepresidente.
Respuesta: c). 16.1.
31. Según el artículo 19.3.a) de la Ley 40/2015, los miembros de los órganos colegiados de la AGE deberán recibir la convocatoria con una antelación mínima de:
a) Veinticuatro horas.
b) Dos días.
c) Cinco días.
d) Diez días.
Respuesta: b). 19.3.a).
32. Según el artículo 24.5 de la Ley 40/2015, contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación:
a) No cabrá recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al recurrir el acto que ponga fin al procedimiento.
b) Cabe recurso de alzada.
c) Cabe recurso de reposición.
d) Cabe recurso extraordinario de revisión.
Respuesta: a). 24.5.
33. Según el artículo 29.1 de la Ley 40/2015, las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria:
a) Pueden implicar privación de libertad subsidiaria.
b) Pueden convertirse en arresto.
c) Son siempre pecuniarias.
d) En ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
Respuesta: d). 29.1.
34. Según el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, si las leyes no fijan plazos, las infracciones muy graves prescriben a los:
a) Seis meses.
b) Un año.
c) Dos años.
d) Tres años.
Respuesta: d). Graves, dos años; leves, seis meses.
35. Según el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado en la responsabilidad patrimonial habrá de ser:
a) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
b) Futuro y probable.
c) Moral exclusivamente.
d) Superior a mil euros.
Respuesta: a). 32.2.
12. Fuentes oficiales
Todos los textos se han leído de la fuente oficial y los identificadores del BOE se han comprobado con la API de metadatos.
| Norma o fuente | Referencia | Enlace |
|---|---|---|
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 1 a 46 bis, 84, 88 a 91 y 140 a 154), de data/leyes/ley-40-2015.json, cotejados con la última versión de cada bloque en el XML consolidado del BOE (fecha de actualización 9 de septiembre de 2026) | BOE-A-2015-10566, BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566 |
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (artículo 58 y Título XI), de data/leyes/ | BOE-A-1985-5392 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 |
Constitución Española (artículos 25.1, 103.1, 106.2 y 149.1.18.ª), de data/leyes/ | BOE-A-1978-31229 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 |
| Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre (artículo 46 bis) | BOE-A-2019-15790 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15790 |
Jurisprudencia citada, comprobada en hj.tribunalconstitucional.es con órgano, recurso y fallo: STC 18/1981, de 8 de junio (BOE núm. 143, de 16 de junio de 1981); STC 77/1983, de 3 de octubre (BOE núm. 266, de 7 de noviembre de 1983); STC 42/1987, de 7 de abril (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 1987); STC 2/2003, de 16 de enero (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2003); STC 132/2018, de 13 de diciembre (BOE núm. 13, de 15 de enero de 2019).
Temario: Anexo III, apartado I.A.1, del Decreto 8/2026, de 28 de enero (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026), transcrito en TEMARIO-OFICIAL.md; comprobado sobre la convocatoria de Gádor, BOJA núm. 132, de 10 de julio de 2026.
Frecuencia: quince cuestionarios de ayuntamientos andaluces de 2025 y 2026, 1.230 preguntas, clasificados en ANALISIS-FRECUENCIA.md con frecuencia/reglas.py; listado del tema con frecuencia/contar.py --ver PL12. No se reproduce ningún enunciado literal.
13. Control de calidad
- [x] Los cuatro bloques del enunciado oficial tienen subapartado propio en el epígrafe 4, en el orden del temario, más dos apartados de contexto (funcionamiento electrónico y sector institucional; relaciones interadministrativas)
- [x] Ningún precepto se ha redactado de memoria: la Ley 40/2015 se ha leído de
data/leyes/y cotejada artículo a artículo con la última versión del XML consolidado del BOE, con sus notas de modificación - [x] Los identificadores BOE-A se han comprobado con la API de metadatos; las cinco sentencias se han comprobado en el buscador del Tribunal Constitucional
- [x] Cinco resoluciones del Tribunal Constitucional citadas y verificadas con su fallo en el epígrafe 5
- [x] Dieciocho trampas de examen, por encima del mínimo de doce
- [x] Treinta y cinco preguntas con respuesta explicada, las que corresponden al nivel C, con la letra correcta repartida y las opciones numéricas en orden creciente
- [x] Ninguna pregunta reproduce el enunciado de un cuestionario municipal
- [x] Las cifras de frecuencia proceden de
frecuencia/conteo.jsony del listado decontar.py, no se han escrito a mano - [x] Sin raya ni semirraya en todo el archivo
- [ ] Revisión por revisor colegiado: pendiente
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Las preguntas son de práctica y orientación. No garantizamos que aparezcan en el examen oficial.