Tema 3 · Nivel A
Los órganos constitucionales
«Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. Procedimiento de elaboración de las leyes. El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.»
Tema 3. Los órganos constitucionales
Categoría de Policía, Escala Básica, Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. Turno libre.
Enunciado oficial (Anexo III, apartado I.A.1, del Decreto 8/2026, de 28 de enero, BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026): «Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. Procedimiento de elaboración de las leyes. El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.»
| Autoría | Equipo de contenidos TestMiOpo |
|---|---|
| Revisión jurídica | Pendiente de revisor colegiado |
| Última revisión | 14 de septiembre de 2026 |
| Normas de referencia | Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229, texto consolidado con última actualización publicada el 20 de mayo de 2026), Títulos II a VI y IX. Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982 (BOE-A-1982-5196). Texto refundido del Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994 (BOE-A-1994-10830). Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE-A-1997-25336). Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666). Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE-A-1979-23709) |
| Norma del temario | Decreto 8/2026, de 28 de enero (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026), Anexo III, apartado I.A.1, tema 3 |
| Convocatoria de referencia | No hay convocatoria unificada todavía; cada ayuntamiento publica sus bases. Comprobación sobre la convocatoria de Gádor, BOJA núm. 132, de 10 de julio de 2026 |
1. Mapa del tema
LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES (5,67 puntos, 71 preguntas medidas)
|
+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| | | | | |
CORONA CORTES LEYES GOBIERNO PODER JUDICIAL TRIBUNAL
Tit. II 56-65 Tit. III 66-96 arts. 81-92 Tit. IV 97-107 Tit. VI 117-127 CONSTITUCIONAL
(12 preg.) (7 preg.) (con Cortes) Tit. V 108-116 + LOPJ Tit. IX 159-165
| | | + Ley 50/1997 (20 preg.) + LOTC (16 preg.)
56: Jefe del 66: potestad 81 organica: (16 preg.) | |
Estado, arbitra legislativa, mayoria absoluta | 117: emana del 159: 12 miembros
y modera; Presupuestos, Congreso, votacion 97: dirige pueblo, en nombre 4 Congreso 3/5,
inviolable control; inviola- final de conjunto politica interior del Rey; unidad 4 Senado 3/5,
| bles 82-85: decreto y exterior, Admon jurisdiccional; 2 Gobierno,
57: sucesion, 68 CONGRESO: legislativo (bases civil y militar, no tribunales 2 CGPJ; 9 anos,
primogenitura y 300-400, provin- o refundicion) defensa; funcion de excepcion tercios cada 3;
representacion; cia, proporcional, 86: decreto-ley: ejecutiva y regla- | Presidente 3 anos
Cortes proveen 4 anos, 30-60 extraordinaria y mentaria 122 CGPJ: Pres. |
si se extinguen dias, 25 dias urgente necesidad, | TS + 20 vocales, 161: inconst.,
| 69 SENADO: 30 dias Congreso 98: Presidente, 5 anos, 12 judi- amparo, conflic-
59 REGENCIA: territorial, 4 por 87: iniciativa: Vicepresidentes, ciales, 4+4 por tos; 161.2 sus-
padre/madre; provincia, 3 islas Gobierno, Congre- Ministros 3/5 pension 5 meses
inhabilitacion mayores, 1 menores so, Senado, CCAA, 99 investidura: | |
reconocida por (Formentera 2026), 500.000 firmas abs. / simple 48h, 123 TS: superior 162: 50 dip, 50
Cortes; 1, 3 o 5 2 Ceuta y Melilla, 88-91: proyecto 2 meses salvo garantias sen, Presidente
personas; espanol 1+1 por millon en Consejo de 101 cese constitucionales Gob, Defensor,
y mayor de edad 70-71: inelegibles Ministros; Senado 102: traicion 1/4 124 Fiscal: unidad CCAA; amparo:
| (FCS en activo), 2 meses (20 dias Congreso + abs. y dependencia persona, Defen-
60 tutor: espanol inviolabilidad, urgencia), veto 107 Consejo de jerarquica; FGE sor, Fiscal
de nacimiento inmunidad, TS mayoria absoluta; Estado Rey a propuesta |
| 73: sept-dic, sancion 15 dias 112 confianza Gobierno oido CGPJ 163 cuestion,
62-63 funciones: feb-jun 92: referendum: simple; 113 censu- 126 policia 164 cosa juzgada,
sanciona, con- 78: Diputacion Rey, propuesta ra 1/10, absoluta, judicial sin recurso
voca, disuelve, Permanente 21 Presidente Gob, 5 dias, alt. 2 LOPJ 26: paz, |
referendum, pro- 79: mayoria de autorizacion 115 disolucion, Instancia, AP, TSJ LOTC: Pleno,
pone Presidente, presentes Congreso no en censura ni Central de Instan- 2 Salas de 6,
mando FFAA; 64: Reglamentos: 15 93-96: tratados, antes de 1 ano cia, AN, TS Secciones de 3;
refrendo dip / 10 sen 94 autorizacion 116 estados LOPJ 101: juez de recurso 3 meses;
grupo Cortes paz, Pleno Ayto amparo 20/30 dias
2. Introducción y enfoque de estudio
Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.
Este tema vale 5,67 puntos de los 100 del cuestionario, nivel A, el tercero del temario por peso medido: 71 preguntas en los 15 cuestionarios de ayuntamientos andaluces de 2025 y 2026, una media de 5,73 por cada cien. Cayó en los quince cuestionarios, de dos preguntas en La Carolina, Olvera y Lucena a diez en Motril. Con los temas 1 y 2 forma el bloque constitucional, que vale 16,49 puntos.
Dos decisiones de estudio.
Primera: el tema son seis órganos y unos sesenta números. Doce miembros del Tribunal Constitucional, nueve años, tres de Presidente; veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, cinco años; trescientos a cuatrocientos Diputados, cuatro Senadores por provincia; cinco días para votar la censura, una décima parte para proponerla; dos meses de veto, quince días de sanción, treinta de convalidación; una, tres o cinco personas en la Regencia. Más de dos tercios de las 71 preguntas medidas se responden con un número y su artículo. La tabla resumen del epígrafe 6 los agrupa por órgano y es lo primero que se memoriza.
Segunda: el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional valen la mitad del tema, y se preguntan por sus leyes orgánicas tanto como por la Constitución. Treinta y seis de las 71 preguntas fueron de esos dos órganos, y una parte salió de la Ley Orgánica del Poder Judicial (jueces de paz, partidos judiciales, Audiencia Nacional, vigilancia penitenciaria) y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Salas, elección del Presidente, legitimación). Además, la organización judicial cambió en 2025: los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción son hoy Tribunales de Instancia y existe un Tribunal Central de Instancia; el manual que hable de «Juzgados de lo Penal» y «Juzgados Centrales de Instrucción» está desactualizado.
Lo que este tema no cubre porque lo cubren otros: la Constitución en general, sus derechos y el Defensor del Pueblo son el tema 1; la organización territorial y las Comunidades Autónomas, el tema 4; las instituciones andaluzas, el tema 6; la potestad reglamentaria y las fuentes, el tema 10.
3. Qué se pregunta de este tema
Medido sobre quince cuestionarios de ayuntamientos andaluces de febrero de 2025 a enero de 2026, 1.230 preguntas, clasificadas una a una por materia con frecuencia/reglas.py y reasignadas al temario vigente de 45 temas (ANALISIS-FRECUENCIA.md). Los temas 2, 3 y 4 del temario derogado repartían esta materia entre la Corona, las Cortes y el Gobierno, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional; el clasificador los reúne aquí.
| Cuestionario | Fecha | Preguntas del tema 3 | Sobre el total | Por cada cien |
|---|---|---|---|---|
| La Carolina (Jaén) | 05/02/2025 | 2 | 50 | 4,00 |
| Las Gabias (Granada) | 13/02/2025 | 3 | 100 | 3,00 |
| Darro (Granada) | 17/02/2025 | 6 | 100 | 6,00 |
| Alcalá del Valle (Cádiz) | 20/02/2025 | 5 | 100 | 5,00 |
| Olvera (Cádiz) | 05/03/2025 | 2 | 50 | 4,00 |
| Huelma (Jaén) | 14/03/2025 | 3 | 50 | 6,00 |
| Jerez de la Frontera (Cádiz) | 22/03/2025 | 4 | 100 | 4,00 |
| Roquetas de Mar (Almería) | 20/06/2025 | 3 | 100 | 3,00 |
| Utrera (Sevilla) | 01/07/2025 | 5 | 100 | 5,00 |
| Lucena (Córdoba) | 08/07/2025 | 2 | 50 | 4,00 |
| Málaga | 12/07/2025 | 8 | 80 | 10,00 |
| Motril (Granada) | 17/07/2025 | 10 | 100 | 10,00 |
| Rociana del Condado (Huelva) | 25/09/2025 | 5 | 100 | 5,00 |
| Almería | 22/12/2025 | 9 | 100 | 9,00 |
| Écija (Sevilla) | 22/01/2026 | 4 | 50 | 8,00 |
| Total y media | 71 | 1.230 | 5,73 |
De la media medida de 5,73 se pasa a 5,67 puntos finales por los dos ajustes de frecuencia/pesos.py comunes a todo el libro: el reparto de la materia del temario derogado que el vigente no tiene, que sube el tema a 6,03, y la reserva de un punto de suelo para cada uno de los ocho temas nuevos del decreto, que lo deja en 5,67. Nivel A en las tres cifras.
Dentro del tema, las 71 preguntas se reparten así (clasificación por materia de los enunciados con un script de palabras clave y número de artículo sobre el listado de frecuencia/contar.py --ver PL03):
| Bloque del enunciado | Preguntas | Qué se preguntó, sin reproducir ningún enunciado |
|---|---|---|
| El Poder Judicial (arts. 117 a 127 y LOPJ) | 20 | En qué título está; de quién emana la justicia y en nombre de quién se administra; potestad jurisdiccional; publicidad y motivación; composición del Consejo General y quién lo preside; quién vela por la independencia de los tribunales; misión y principios del Ministerio Fiscal; composición de los Tribunales Superiores; jueces de paz; capitalidad de los partidos; Audiencia Nacional; vigilancia penitenciaria |
| El Gobierno y sus relaciones con las Cortes (arts. 97 a 116 y Ley 50/1997) | 16 | Composición; función del artículo 97; quién nombra y separa a los ministros; Consejo de Estado; responsabilidad ante el Congreso, no ante el Senado; interpelaciones; moción de censura (décima parte, cinco días); disolución; responsabilidad criminal por traición; decretos legislativos y decretos-leyes; Presupuestos; audiencia pública de la Ley 50/1997; Secretariado del Gobierno |
| El Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165 y LOTC) | 16 | Legitimados para el recurso de inconstitucionalidad (cinco veces); nombramiento y mandato del Presidente; Salas; independencia e inamovilidad; renovación por tercios; competencias; suspensión del 161.2; cuestión de inconstitucionalidad; rango de la ley |
| La Corona (arts. 56 a 65) | 12 | Título donde está; funciones del 56 y del 62; extinción de las líneas; abdicaciones y dudas por ley orgánica; Reina consorte; Regencia y sus requisitos; quién reconoce la inhabilitación; tutela incompatible con cargo político |
| Las Cortes Generales y la elaboración de las leyes (arts. 66 a 96) | 7 | Funciones de las Cortes; en quién recae el poder legislativo; mínimo de Diputados; períodos de sesiones; inmunidad y Tribunal Supremo; referéndum; autorización de tratados |
Dos lecturas.
El bloque judicial y el constitucional se preguntan por la ley orgánica. De las 36 preguntas de esos dos órganos, nueve salieron de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la del Tribunal Constitucional, no de la Constitución. Son las dos leyes que este tema desarrolla más allá del texto constitucional.
La legitimación del recurso de inconstitucionalidad cayó cinco veces en 71 preguntas. Málaga, Rociana, Almería y Écija la preguntaron con el mismo formato, y la opción falsa es siempre la misma: mezclar a los cincuenta parlamentarios del recurso de inconstitucionalidad con el Ministerio Fiscal del recurso de amparo.
Nunca se reproduce el enunciado literal de una pregunta de un cuestionario municipal. Las preguntas de este manual están redactadas de nuevo.
4. Desarrollo
El desarrollo sigue el orden de los siete bloques del enunciado oficial. Los preceptos se citan por su número y se leen del texto consolidado del BOE; ninguno se ha redactado de memoria.
4.1. Los órganos constitucionales
Son órganos constitucionales los que la Constitución crea directamente, regula en sus rasgos esenciales y sitúa en la cúspide de cada poder del Estado, de modo que ninguno depende de otro y todos participan en la dirección política. El artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional da la lista útil para el examen cuando regula los conflictos entre ellos: el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial; a ellos se suman la Corona, que la Constitución regula en su Título II, y el propio Tribunal Constitucional, que resuelve esos conflictos y es intérprete supremo de la Constitución (artículo 1 de su ley orgánica). El enunciado del temario recorre esos seis: Corona, Cortes (con sus dos Cámaras y el procedimiento legislativo), Gobierno, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas son órganos de relevancia constitucional, no órganos constitucionales, y se estudian en el tema 1.
4.2. La Corona
El Título II, artículos 56 a 65, dio doce preguntas medidas, y casi todas de tres artículos: el 56, el 57 y el 59. Alcalá del Valle preguntó dónde está regulada la Corona: en el Título II, después de los derechos y antes de las Cortes.
El Rey (artículo 56) es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (Utrera preguntó la frase de la comunidad histórica). Su título es el de Rey de España. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos están siempre refrendados en la forma del artículo 64 y carecen de validez sin refrendo, salvo el nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa (65.2). Refrendan el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del artículo 99 las refrenda el Presidente del Congreso; de los actos del Rey responden quienes los refrenden (artículo 64).
La sucesión (artículo 57). La Corona es hereditaria en los sucesores de Don Juan Carlos I y sigue el orden regular de primogenitura y representación: la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo; en el mismo grado, el varón a la mujer; en el mismo sexo, la persona de más edad. El heredero tiene desde su nacimiento la dignidad de Príncipe de Asturias. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España (57.3, preguntado en Alcalá del Valle y Almería; la opción falsa lo atribuye al Gobierno o a un referéndum). Quien contraiga matrimonio contra la prohibición expresa del Rey y de las Cortes Generales queda excluido de la sucesión por sí y sus descendientes. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica (57.5, preguntado en Alcalá del Valle). La Reina consorte o el consorte de la Reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia (artículo 58, preguntado en La Carolina).
La Regencia (artículo 59) dio cuatro preguntas. Si el Rey es menor de edad, ejerce la Regencia el padre o la madre y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder. Si el Rey se inhabilita para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad es reconocida por las Cortes Generales (Las Gabias), entra a ejercerla el Príncipe heredero si es mayor de edad, y si no, se procede como en la minoría hasta su mayoría. Si no hay nadie a quien corresponda, las Cortes Generales la nombran, y se compone de una, tres o cinco personas. Para ejercer la Regencia hay que ser español y mayor de edad (Lucena y Málaga; la trampa es exigir «español de nacimiento», que es el requisito del tutor). La Regencia se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
El tutor del Rey menor (artículo 60) es la persona nombrada en el testamento del Rey difunto, si es mayor de edad y español de nacimiento; a falta de nombramiento, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombran las Cortes, y los cargos de Regente y tutor solo pueden acumularse en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política (60.2, preguntado en Las Gabias). Al ser proclamado, el Rey jura desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas; el Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad y los Regentes al hacerse cargo prestan el mismo juramento y el de fidelidad al Rey (artículo 61).
Las funciones (artículos 62 y 63) se preguntan por contraste con las del Gobierno y las Cortes. Corresponde al Rey: a) sancionar y promulgar las leyes; b) convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; c) convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución (Málaga); d) proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo y poner fin a sus funciones; e) nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente (Málaga); f) expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones; g) ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas; i) ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; j) el Alto Patronazgo de las Reales Academias. Jerez preguntó qué no corresponde al Rey, y la respuesta estaba en el artículo 97: dirigir la política interior y exterior es del Gobierno. Por el artículo 63, el Rey acredita a los embajadores, manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados y, previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz. El Rey recibe de los Presupuestos una cantidad global para su Familia y Casa, que distribuye libremente, y nombra y releva libremente a los miembros de su Casa (artículo 65).
| Situación | Quién ejerce la Regencia | Quién decide |
|---|---|---|
| Rey menor de edad | Padre o madre; en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder | Automático |
| Rey inhabilitado, heredero mayor de edad | El Príncipe heredero | Las Cortes Generales reconocen la imposibilidad |
| Rey inhabilitado, heredero menor | Como en la minoría, hasta la mayoría del heredero | Cortes Generales |
| Nadie a quien corresponda | Una, tres o cinco personas | Las Cortes Generales las nombran |
4.3. Las Cortes Generales
Naturaleza y funciones (artículos 66 y 67). Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado: es un Parlamento bicameral, y en él recae el poder legislativo (Motril preguntó en quién recae). Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución (Olvera preguntó las funciones). Son inviolables. Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras a la vez ni acumular el acta de una Asamblea autonómica con la de Diputado (sí con la de Senador, que es la vía de los Senadores autonómicos); los parlamentarios no están ligados por mandato imperativo; las reuniones de parlamentarios sin convocatoria reglamentaria no vinculan a las Cámaras.
Estatuto de los parlamentarios (artículos 70 y 71). La ley electoral fija las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, que comprenden en todo caso a los miembros del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley salvo los miembros del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y a los miembros de las Juntas Electorales. Un policía local en activo no puede ser Diputado ni Senador; para serlo debe pasar a la situación administrativa que corresponda (tema 17). Los Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, de inmunidad durante su mandato (solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara, el suplicatorio), y en las causas contra ellos es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (71.3, preguntado en Málaga). Perciben una asignación fijada por las Cámaras.
Funcionamiento (artículos 72 a 80). Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, que se aprueban y reforman por mayoría absoluta en votación final de totalidad; hoy son el Reglamento del Congreso de 10 de febrero de 1982 y el texto refundido del Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994. Eligen a sus Presidentes y Mesas; las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso; los Presidentes ejercen los poderes administrativos y las facultades de policía en el interior de sus sedes. Se reúnen en dos períodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre y de febrero a junio (73.1, preguntado en La Carolina), y en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras, sobre un orden del día determinado. Se reúnen en sesión conjunta para las competencias no legislativas del Título II. Funcionan en Pleno y por Comisiones, y pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, salvo la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos (artículo 75). Pueden nombrar Comisiones de investigación, cuyas conclusiones no vinculan a los Tribunales, y ante las que es obligatorio comparecer (artículo 76). Reciben peticiones por escrito, con prohibición de la presentación directa por manifestaciones ciudadanas (artículo 77). En cada Cámara hay una Diputación Permanente de un mínimo de veintiún miembros, en proporción a los grupos, presidida por el Presidente de la Cámara, que asume las facultades de las Cámaras en materia de decretos-leyes y estados excepcionales cuando estén disueltas y vela por sus poderes cuando no estén reunidas (artículo 78). Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente con asistencia de la mayoría de sus miembros, y los acuerdos se aprueban por mayoría de los presentes, salvo las mayorías especiales; el voto es personal e indelegable (artículo 79). Las sesiones plenarias son públicas salvo acuerdo en contrario por mayoría absoluta (artículo 80). Los Reglamentos añaden un dato que se pregunta: para constituir grupo parlamentario hacen falta quince Diputados en el Congreso (artículo 23 del Reglamento del Congreso, con la excepción de cinco escaños y el quince por ciento de los votos en sus circunscripciones o el cinco por ciento nacional) y diez Senadores en el Senado (artículo 27 del Reglamento del Senado).
4.4. El Congreso de los Diputados y el Senado: composición y funciones
| Dato | Congreso (artículo 68) | Senado (artículo 69) |
|---|---|---|
| Naturaleza | Cámara de representación proporcional | Cámara de representación territorial |
| Composición | Mínimo 300 y máximo 400 Diputados (Motril preguntó el mínimo) | Cuatro Senadores por provincia; tres por cada isla mayor (Gran Canaria, Mallorca, Tenerife) y uno por Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma; dos por Ceuta y dos por Melilla; las Comunidades Autónomas designan uno más otro por cada millón de habitantes |
| Sufragio | Universal, libre, igual, directo y secreto | El mismo para los provinciales; los autonómicos los designa la Asamblea legislativa |
| Circunscripción | La provincia; Ceuta y Melilla, un Diputado cada una | La provincia; en las insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular |
| Mandato | Cuatro años o hasta la disolución | Cuatro años o hasta la disolución |
| Electores y elegibles | Todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos | |
| Plazos | Elecciones entre los treinta y sesenta días desde el fin del mandato; el Congreso electo se convoca dentro de los veinticinco días siguientes | |
| Reglamento | 10 de febrero de 1982 | Texto refundido de 3 de mayo de 1994 |
| Grupo parlamentario | 15 Diputados | 10 Senadores |
La composición del Senado cambió el 20 de mayo de 2026: la cuarta reforma constitucional dio a Formentera una circunscripción propia con un Senador, separándola de Ibiza, con eficacia desde las primeras elecciones al Senado posteriores (tema 1). Un cuestionario redactado antes de esa fecha dirá «Ibiza-Formentera» como agrupación; la respuesta correcta hoy es que son dos circunscripciones.
Las funciones de cada Cámara se preguntan por lo que el Congreso hace solo. Corresponden exclusivamente al Congreso: la investidura del Presidente del Gobierno (99), la cuestión de confianza (112), la moción de censura (113), la convalidación de los decretos-leyes (86), la autorización de los estados de excepción y la prórroga de la alarma, la declaración del estado de sitio (116), la autorización del referéndum consultivo (92), la acusación por traición contra el Gobierno (102) y la decisión final por mayoría absoluta en las discrepancias de los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 (74.2). Corresponde al Senado la aprobación por mayoría absoluta de las medidas del artículo 155 contra una Comunidad Autónoma y la iniciación de los procedimientos de los artículos 145.2 y 158.2. Todo lo demás, legislar, aprobar los Presupuestos, controlar al Gobierno con preguntas e interpelaciones, autorizar tratados y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo, lo hacen las dos Cámaras, aunque el Congreso tenga la última palabra en la ley. El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso, no ante el Senado (108, preguntado en Motril).
4.5. Procedimiento de elaboración de las leyes
Las clases de leyes y normas con rango de ley (artículos 81 a 86). Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución; su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (81). Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a ley orgánica: por ley de bases para formar textos articulados, o por ley ordinaria para refundir varios textos en uno; la delegación es expresa, para materia concreta y con plazo, se agota con su uso, no admite subdelegación, y las leyes de bases no pueden autorizar su propia modificación ni facultar para dictar normas retroactivas (82 y 83). Las disposiciones del Gobierno con legislación delegada se titulan Decretos Legislativos (85, preguntado en Huelma). En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos-leyes, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general, y deben someterse a debate y votación de totalidad del Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación para su convalidación o derogación, pudiendo tramitarse en ese plazo como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia (86, preguntado en Motril). Si el Congreso está disuelto, convalida la Diputación Permanente.
La iniciativa (artículo 87) corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado; las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar del Gobierno un proyecto o remitir a la Mesa del Congreso una proposición, delegando hasta tres miembros para defenderla; y la iniciativa popular exige no menos de 500.000 firmas acreditadas y no procede en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni sobre la prerrogativa de gracia. Los proyectos del Gobierno se llaman proyectos de ley, se aprueban en Consejo de Ministros y se someten al Congreso con exposición de motivos y antecedentes (88); los de las Cámaras y los demás se llaman proposiciones de ley, y en el Congreso las puede presentar un Diputado con la firma de otros catorce o un grupo parlamentario con la de su portavoz (artículo 126 del Reglamento); las que tome en consideración el Senado se remiten al Congreso (89).
La tramitación (artículos 90 y 91). Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso, su Presidente da cuenta al del Senado, que en el plazo de dos meses desde la recepción puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto, que exige mayoría absoluta, o introducir enmiendas. El proyecto no puede someterse al Rey sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta el texto inicial en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. En los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso, el plazo del Senado se reduce a veinte días naturales. El Rey sanciona en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes, las promulga y ordena su inmediata publicación (91). El Congreso siempre tiene la última palabra: el Senado retrasa o enmienda, pero no impide.
El referéndum y los tratados (artículos 92 a 96). Las decisiones políticas de especial trascendencia pueden someterse a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso (92, preguntado en Jerez); una ley orgánica regula las modalidades de referéndum. Por ley orgánica puede autorizarse la celebración de tratados que atribuyan a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (93, la vía de la Unión Europea). La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados requiere la previa autorización de las Cortes Generales en cinco casos (94.1, preguntado en Utrera): tratados de carácter político; de carácter militar; que afecten a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda; y que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas; de los restantes, las Cámaras son informadas. Un tratado con estipulaciones contrarias a la Constitución exige la previa revisión constitucional, y el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe contradicción (95). Los tratados válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento interno y solo se derogan, modifican o suspenden en la forma prevista en ellos o por el Derecho internacional; su denuncia sigue el procedimiento del 94 (96).
| Norma | Quién la dicta | Requisito | Artículo |
|---|---|---|---|
| Ley orgánica | Cortes | Mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto | 81 |
| Ley ordinaria | Cortes | Mayoría simple; veto del Senado solo por mayoría absoluta y superable | 90 |
| Decreto legislativo | Gobierno | Ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido); plazo; sin subdelegación | 82 a 85 |
| Decreto-ley | Gobierno | Extraordinaria y urgente necesidad; materias vedadas; convalidación del Congreso en 30 días | 86 |
| Reglamento | Gobierno | Potestad reglamentaria del 97; tema 10 | 97 |
4.6. El Gobierno
Composición y funciones (artículos 97 y 98, Ley 50/1997). El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (97, preguntado en Málaga). Se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (98.1, preguntado en Darro); la Ley 50/1997 lo concreta en Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes en su caso y Ministros (artículo 1.2), que se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos; los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario, ni otra función pública ni actividad profesional o mercantil. Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, con derechos de sufragio activo y pasivo y no inhabilitado por sentencia firme (artículo 11 de la Ley 50/1997). Al Consejo de Ministros le corresponde aprobar los proyectos de ley y el de Presupuestos, los Reales Decretos-leyes y Legislativos, acordar la negociación y firma de tratados, declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso el de sitio, aprobar los reglamentos previo dictamen del Consejo de Estado y crear los órganos directivos de los Ministerios (artículo 5); lo convoca y preside el Presidente, y actúa de Secretario el Ministro de la Presidencia (artículo 18). Las decisiones del Gobierno adoptan las formas de Real Decreto Legislativo, Real Decreto-ley, Real Decreto del Presidente, Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, Acuerdo del Consejo de Ministros, Acuerdo de Comisión Delegada y Orden Ministerial (artículo 24). El Secretariado del Gobierno, preguntado en Darro, es el órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y su primera función es la asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros (artículo 9). Y el trámite de audiencia e información públicas en la elaboración de normas del Gobierno tiene un plazo mínimo de quince días hábiles, reducible hasta siete por razones motivadas o en la tramitación urgente (artículo 26.6, preguntado en Darro).
Investidura, cese y responsabilidad (artículos 99 a 102). Tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes de los grupos políticos y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato, que expone su programa y pide la confianza: la obtiene por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple cuarenta y ocho horas después; si en dos meses desde la primera votación ningún candidato la obtiene, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso (99). Los demás miembros los nombra y separa el Rey a propuesta del Presidente (100). El Gobierno cesa tras las elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente, y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo (101), sin poder proponer la disolución, plantear la confianza, convocar referéndum ni aprobar el proyecto de Presupuestos (artículo 21 de la Ley 50/1997). La responsabilidad criminal del Presidente y los miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; si la acusación es por traición o por delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo puede plantearla la cuarta parte de los miembros del Congreso con la aprobación de su mayoría absoluta, y no cabe la prerrogativa de gracia (102, preguntado en Écija). El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (107, preguntado en Motril; la opción falsa es el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional).
Las relaciones con las Cortes (artículos 108 a 116). El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso (108). Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar información y reclamar la presencia de los miembros del Gobierno; el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las Cámaras, con un tiempo mínimo semanal, y toda interpelación puede dar lugar a una moción (109 a 111, preguntado en Almería). Los Presupuestos los elabora el Gobierno y los presenta al Congreso al menos tres meses antes de expirar los del año anterior (134, preguntado en Almería).
| Instrumento | Quién | Mayoría | Plazos y reglas |
|---|---|---|---|
| Cuestión de confianza (112) | El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, ante el Congreso | Mayoría simple | Sobre su programa o una declaración de política general |
| Moción de censura (113) | Al menos la décima parte de los Diputados (35 de 350), con candidato a la Presidencia | Mayoría absoluta del Congreso | No se vota hasta pasados cinco días; mociones alternativas en los dos primeros días; si fracasa, sus firmantes no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones |
| Disolución (115) | El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, decretada por el Rey | Del Congreso, del Senado o de las Cortes; no cabe con una moción de censura en trámite ni antes de un año desde la anterior, salvo el 99.5 |
Utrera preguntó si un grupo de 32 Diputados puede presentar una moción de censura: no, porque la décima parte de 350 son 35. Rociana y Roquetas preguntaron los cinco días. Si el Congreso niega la confianza, el Gobierno dimite y se aplica el 99; si adopta la censura, el candidato queda investido y el Rey lo nombra (114). Los estados excepcionales del artículo 116 se estudian en el tema 1: alarma por el Gobierno quince días, excepción con autorización previa del Congreso treinta días, sitio por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.
4.7. El Poder Judicial
Es el bloque más preguntado del tema: veinte preguntas. Está en el Título VI, artículos 117 a 127 (Huelma y Motril preguntaron el título; la opción falsa es el V).
Principios (artículos 117 a 121). La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (117.1, preguntado en Motril). Los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (117.2, preguntado en Jerez y Motril: los supuestos están en la ley, no en un reglamento ni en un acuerdo del Consejo). El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (117.3, preguntado en Almería), que no ejercen más funciones que esa y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho. Rige el principio de unidad jurisdiccional; la jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio; se prohíben los Tribunales de excepción. Es obligado cumplir las sentencias y resoluciones firmes y prestar la colaboración requerida (118): el policía local que ejecuta un lanzamiento o custodia a un detenido a disposición judicial está cumpliendo este artículo. La justicia es gratuita cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos (119). Las actuaciones judiciales son públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento; el procedimiento es predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública (120, preguntado en Alcalá del Valle y Málaga). Los daños por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado (121).
Gobierno del Poder Judicial (artículo 122). La Ley Orgánica del Poder Judicial determina la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales y el estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera, que forman un Cuerpo único. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo; la ley orgánica establece su estatuto, incompatibilidades y funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, en los términos que fije la ley orgánica, y cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado, elegidos por tres quintos, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio (122.3, preguntado en Málaga y Utrera; Rociana preguntó quién lo preside). La ley orgánica añade que las dos Cámaras eligen a los veinte, diez cada una, cuatro juristas y seis del turno judicial, por tres quintos (artículo 567 de la LOPJ), que el Consejo se renueva en su totalidad cada cinco años (568) y que su Presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, es la primera autoridad judicial de la Nación (585) y se elige por tres quintos de los vocales entre magistrados del Supremo o juristas con más de veinticinco años de ejercicio (586). Olvera y Rociana preguntaron quién garantiza la independencia del Poder Judicial y quién vela por la independencia de los Tribunales: la garantiza el Consejo General como órgano de gobierno, y velar por ella es misión expresa del Ministerio Fiscal en el artículo 124.
El Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal (artículos 123 y 124). El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales; su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del Consejo General. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social (124.1, preguntado en Huelma y Roquetas); actúa por órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a los de legalidad e imparcialidad; el Fiscal General del Estado lo nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante el Jurado (125). La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente (126): la Ley Orgánica del Poder Judicial extiende esa función, cuando sean requeridos, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, también los de los entes locales (artículo 547), y quien tenga encomendada una investigación concreta no puede ser removido de ella sin autorización del juez o fiscal (550); se desarrolla en el tema 31. Los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos (127).
La organización judicial según la Ley Orgánica 6/1985. El Estado se organiza a efectos judiciales en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas (30): el partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes de una misma provincia (32), y la capitalidad de los partidos judiciales la determinan por ley las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial (35.6, preguntado en Darro). Los órganos jurisdiccionales, tras la reforma de 2025, son siete (artículo 26): Jueces y juezas de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
| Órgano | Ámbito | Datos que se preguntan | LOPJ |
|---|---|---|---|
| Juez de paz | Municipio sin Tribunal de Instancia | Elegido por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta y nombrado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior por cuatro años; no necesita ser licenciado en Derecho (Lucena) | 99 a 103 |
| Tribunal de Instancia | Partido judicial | Sustituye a los Juzgados; Sección Única o Secciones Civil y de Instrucción, y en su caso de Familia, Mercantil, Violencia sobre la Mujer, Violencia contra la Infancia, Penal, Contencioso, Social y Vigilancia Penitenciaria | 84 a 96 |
| Audiencia Provincial | Provincia | Enjuicia las causas por delito no atribuidas a otros órganos y resuelve los recursos contra los Tribunales de Instancia | 80 a 83 |
| Tribunal Superior de Justicia | Comunidad Autónoma | Culmina la organización judicial en la Comunidad; Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social (Motril); su Presidente lo es de la Sala de lo Civil y Penal | 70 a 79 |
| Tribunal Central de Instancia | Toda España, sede en Madrid | Sección de Instrucción para las causas de la Audiencia Nacional, extradiciones y órdenes europeas; Secciones de lo Penal, Contencioso, Social, Menores y Vigilancia Penitenciaria | 95 |
| Audiencia Nacional | Toda España, sede en Madrid | Salas de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social; la Sala de lo Penal enjuicia los delitos contra la Corona y altos organismos, falsificación de moneda por organizaciones, defraudaciones de repercusión nacional, tráfico de drogas y delitos cometidos fuera de España (Écija) | 62 a 69 |
| Tribunal Supremo | Toda España, sede en Madrid | Cinco Salas: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar; la Sala de lo Penal instruye y enjuicia las causas contra el Presidente del Gobierno, ministros, Diputados y Senadores | 53 a 61 |
La carrera judicial tiene tres categorías, Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez (299), se ingresa por oposición libre y curso en la Escuela Judicial (301) y exige ser español, mayor de edad y licenciado en Derecho (302).
4.8. El Tribunal Constitucional
Está en el Título IX, artículos 159 a 165, desarrollados por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (Almería preguntó el rango de la ley: orgánica, y la primera de la democracia sobre un órgano constitucional). Es intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica; es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional (artículo 1 de la LOTC). No forma parte del Poder Judicial: por eso el Tribunal Supremo es superior en todos los órdenes «salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales».
Composición (artículos 159 y 160). Doce miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Deben ser Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Son designados por nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres (Almería preguntó la disposición transitoria novena, que fijó los tres años del primer sorteo de renovación). El cargo es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con funciones directivas en partidos y sindicatos, con las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil; la ley orgánica añade la incompatibilidad con el Defensor del Pueblo (artículo 19 de la LOTC). Sus miembros son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato (159.5, preguntado en Almería). El Presidente es nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno, por un período de tres años (160, preguntado en Alcalá del Valle, Rociana y Écija). La ley orgánica detalla la elección: el Pleno lo elige por votación secreta, por mayoría absoluta en primera votación y por mayor número de votos en la segunda, y puede ser reelegido por una sola vez; el Pleno elige también un Vicepresidente por tres años (artículo 9, preguntado en Darro). Los magistrados propuestos por el Senado se eligen entre candidatos presentados por las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y cada órgano proponente garantiza al menos un cuarenta por ciento de cada sexo (artículo 16).
Organización (LOTC, artículos 6 a 8). El Tribunal actúa en Pleno, en Sala o en Sección. El Pleno lo integran los doce magistrados y lo preside el Presidente. Hay dos Salas de seis magistrados: la Sala Primera la preside el Presidente y la Segunda el Vicepresidente (Las Gabias preguntó cómo se organizan las Salas). Para el despacho ordinario y la admisión, el Pleno y las Salas se dividen en Secciones de tres magistrados. El Pleno conoce de los recursos de inconstitucionalidad, los conflictos de competencia, las impugnaciones del 161.2 y la constitucionalidad de los tratados; las Salas, de los recursos de amparo y de las cuestiones que el Pleno les defiera.
Competencias (artículo 161). El Tribunal tiene jurisdicción en todo el territorio español y conoce: a) del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; b) del recurso de amparo por violación de los derechos del artículo 53.2; c) de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí; d) de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. La ley orgánica añade la cuestión de inconstitucionalidad, los conflictos entre órganos constitucionales, los conflictos en defensa de la autonomía local que plantean municipios y provincias, la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados y el control previo de los proyectos de Estatuto (artículo 2). Utrera preguntó qué no corresponde al Tribunal: juzgar delitos, que es del Poder Judicial. El Gobierno puede impugnar ante el Tribunal las disposiciones y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas, y la impugnación produce la suspensión de lo impugnado, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses (161.2, preguntado en Almería y Jerez).
Legitimación (artículo 162). Es la pregunta más repetida del tema, cinco veces. Para el recurso de inconstitucionalidad: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas. Para el recurso de amparo: toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. El Defensor está en las dos listas; el Fiscal solo en la del amparo; los cincuenta parlamentarios solo en la de inconstitucionalidad. En los demás casos, la ley orgánica determina los legitimados. La ley orgánica añade los plazos: el recurso de inconstitucionalidad se interpone en tres meses desde la publicación de la ley (nueve si media la Comisión Bilateral de Cooperación con la Comunidad Autónoma); el amparo, en veinte días contra actos del Gobierno o de las Administraciones y en treinta contra actos de órganos judiciales, siempre agotada la vía judicial previa, y su admisión exige especial trascendencia constitucional (artículos 33, 43, 44 y 50 de la LOTC). La admisión del recurso no suspende la vigencia de la ley, salvo la impugnación del Gobierno del 161.2 (artículo 30).
La cuestión de inconstitucionalidad (artículo 163). Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con los efectos que fije la ley, que en ningún caso serán suspensivos (Motril preguntó qué elevan los jueces al Tribunal). El juez la plantea una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, oídas las partes y el Fiscal en diez días (artículo 35 de la LOTC). Un juez nunca inaplica una ley por sí mismo: la cuestiona.
Las sentencias (artículo 164). Se publican en el BOE con los votos particulares; tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas; las que declaran la inconstitucionalidad de una ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos; y, salvo que el fallo disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada. Las sentencias de amparo, según la ley orgánica, otorgan o deniegan el amparo, y las que lo otorgan declaran la nulidad del acto, reconocen el derecho y restablecen al recurrente (artículos 53 y 55 de la LOTC).
| Proceso | Contra qué | Quién | Plazo | Artículos |
|---|---|---|---|---|
| Recurso de inconstitucionalidad | Leyes y normas con fuerza de ley, Estatutos, tratados, Reglamentos de las Cámaras | Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, ejecutivos y Asambleas de las CCAA | 3 meses desde la publicación | 161.1.a), 162.1.a); LOTC 31 a 34 |
| Cuestión de inconstitucionalidad | Norma con rango de ley aplicable al caso | Jueces y Tribunales, de oficio o a instancia de parte | Concluso el procedimiento, en el plazo para sentencia | 163; LOTC 35 a 37 |
| Recurso de amparo | Actos de los poderes públicos que violen los derechos del 14 al 29 y el 30.2 | Persona con interés legítimo, Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal | 20 días (actos administrativos), 30 días (actos judiciales), 3 meses (actos parlamentarios) | 161.1.b), 162.1.b); LOTC 41 a 46 |
| Conflictos de competencia | Estado y CCAA, o CCAA entre sí; entre órganos constitucionales; en defensa de la autonomía local | Gobierno, CCAA; Congreso, Senado, CGPJ; municipios y provincias | 2 meses en los territoriales | 161.1.c); LOTC 59 a 75 quinque |
| Impugnación del 161.2 | Disposiciones y resoluciones de las CCAA | El Gobierno | Suspensión automática; ratificación o levantamiento en 5 meses | 161.2; LOTC 76 y 77 |
5. Jurisprudencia esencial
Ninguna de las 71 preguntas medidas pidió una sentencia por su número. Las seis que siguen fijan el sentido de lo que sí se pregunta: la elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el reparto de la Administración de Justicia, el acatamiento de la Constitución por los Diputados, los límites del legislador frente a la Constitución, la legitimación del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional y la potestad reglamentaria del Consejo General. Las seis están comprobadas en el BOE.
STC 108/1986, de 29 de julio (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 839/1985, BOE-T-1986-21938). Es la sentencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Cincuenta y cinco Diputados recurrieron, entre otros preceptos, el sistema por el que las Cortes eligen a los doce vocales judiciales del Consejo General. El Tribunal desestimó ese motivo: el artículo 122.3 remite a la ley orgánica el modo de elección de los doce vocales «entre Jueces y Magistrados», y la elección parlamentaria no es inconstitucional en abstracto; pero advirtió del riesgo de trasladar al Consejo la lógica de cuotas partidistas, que frustraría la finalidad de la norma constitucional. Es la doctrina de fondo de todas las preguntas sobre la composición del Consejo.
STC 56/1990, de 29 de marzo (Pleno, recursos de inconstitucionalidad 859, 861, 864 y 870/1985 acumulados, BOE-T-1990-10080). Promovida por el Parlamento y el Consejo Ejecutivo de Cataluña, la Junta de Galicia y el Gobierno Vasco contra la misma ley orgánica. Introdujo la distinción vigente entre la Administración de Justicia en sentido estricto, que comprende la función jurisdiccional y el gobierno del Poder Judicial y es competencia exclusiva del Estado, y la «administración de la Administración de Justicia», los medios personales y materiales, sobre los que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias por la cláusula subrogatoria de sus Estatutos. Explica por qué la Junta de Andalucía paga los edificios y el personal de los Tribunales de Instancia y no a los jueces.
STC 119/1990, de 21 de junio (Pleno, recurso de amparo 507/90, BOE-T-1990-15878). Tres Diputados electos de Herri Batasuna prometieron acatar la Constitución con la fórmula «por imperativo legal, sí prometo», y el Presidente del Congreso les negó la condición plena de Diputados por no usar la fórmula reglamentaria. El Tribunal otorgó el amparo, anuló el acuerdo y declaró que habían adquirido la condición plena de Diputados con la fórmula utilizada: el acatamiento que exige el artículo 20 del Reglamento del Congreso es un compromiso de respetar las reglas del juego, no una adhesión ideológica, y no cabe exigir fórmulas sacramentales. Es la sentencia de referencia sobre la adquisición de la condición de parlamentario y el derecho del artículo 23.2.
STC 76/1983, de 5 de agosto (Pleno, recursos previos de inconstitucionalidad 311, 313, 314, 315 y 316/1982 acumulados, BOE-T-1983-22276). Es la sentencia de la LOAPA. El Tribunal estimó parcialmente los recursos y declaró que el proyecto no podía promulgarse como ley orgánica ni como ley de armonización. Doctrina que importa aquí: las Cortes Generales, como poder constituido, no pueden dictar normas meramente interpretativas de la Constitución que se impongan a los demás poderes con rango de ley, porque esa función corresponde al poder constituyente y, en su interpretación, al Tribunal Constitucional. Fija el límite del legislador frente al intérprete supremo.
STC 292/2000, de 30 de noviembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 1463/2000, BOE-T-2001-332). Es el recurso que el Defensor del Pueblo interpuso contra los artículos 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos, en ejercicio de la legitimación del artículo 162.1.a). El Tribunal estimó el recurso y anuló los incisos impugnados. Es el ejemplo real de la lista de legitimados que cayó cinco veces: el Defensor del Pueblo puede recurrir una ley sin necesidad de cincuenta parlamentarios.
STC 105/2000, de 13 de abril (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 431/95, BOE-T-2000-9230). Resolvió el recurso contra la Ley Orgánica 16/1994, que reformó la del Poder Judicial. Se pronunció sobre la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial y su deslinde con la del Gobierno y la de las Comunidades Autónomas, sobre las competencias en materia de Administración de Justicia y sobre la independencia judicial. Delimita hasta dónde puede llegar el Consejo al dictar reglamentos: a lo interno y accesorio del estatuto judicial, nunca a lo que la Constitución reserva a la ley orgánica.
6. Tabla resumen
Los números de los órganos constitucionales que se preguntan
| Dato | Cifra | Artículo |
|---|---|---|
| Sucesión | Primogenitura y representación; línea, grado, varón, edad | 57.1 |
| Extinción de las líneas | Las Cortes Generales proveen | 57.3 |
| Abdicaciones, renuncias y dudas sucesorias | Ley orgánica | 57.5 |
| Regencia nombrada por las Cortes | 1, 3 o 5 personas | 59.3 |
| Requisitos del Regente | Español y mayor de edad | 59.4 |
| Requisitos del tutor | Mayor de edad y español de nacimiento | 60.1 |
| Refrendo | Presidente del Gobierno y Ministros; Presidente del Congreso en la propuesta y nombramiento del Presidente y en la disolución del 99 | 64 |
| Diputados | Mínimo 300, máximo 400; provincia; proporcional; 4 años | 68 |
| Senadores | 4 por provincia; 3 por isla mayor; 1 por isla menor (Formentera desde 2026); 2 Ceuta y 2 Melilla; 1 más 1 por millón por CCAA | 69 |
| Elecciones y convocatoria | Entre 30 y 60 días desde el fin del mandato; Congreso convocado en 25 días | 68.6 |
| Inmunidad | Detención solo en flagrante delito; suplicatorio; Sala de lo Penal del Tribunal Supremo | 71 |
| Reglamentos de las Cámaras | Mayoría absoluta en votación de totalidad | 72.1 |
| Períodos de sesiones | Septiembre a diciembre; febrero a junio | 73.1 |
| Sesiones extraordinarias | Gobierno, Diputación Permanente o mayoría absoluta de una Cámara | 73.2 |
| Diputación Permanente | Mínimo 21 miembros | 78.1 |
| Quórum y acuerdos | Mayoría de los miembros presentes, reunida la mayoría | 79 |
| Grupo parlamentario | 15 Diputados; 10 Senadores | Reglamentos 23 y 27 |
| Ley orgánica | Mayoría absoluta del Congreso, votación final de conjunto | 81.2 |
| Decreto-ley | Extraordinaria y urgente necesidad; convalidación del Congreso en 30 días | 86 |
| Iniciativa popular | 500.000 firmas; no en ley orgánica, tributaria, internacional ni gracia | 87.3 |
| Proposición de ley en el Congreso | Un Diputado con otros 14, o un grupo | Reglamento 126 |
| Senado en el procedimiento legislativo | 2 meses (20 días naturales si urgente); veto por mayoría absoluta; el Congreso lo levanta por mayoría absoluta o simple a los 2 meses | 90 |
| Sanción real | 15 días | 91 |
| Referéndum consultivo | Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, autorizada por el Congreso | 92 |
| Tratados con autorización previa de las Cortes | Políticos, militares, integridad territorial o derechos del Título I, obligaciones financieras, modificación de leyes | 94.1 |
| Investidura | Mayoría absoluta; 48 horas después, simple; 2 meses para disolver | 99 |
| Acusación por traición | Iniciativa de 1/4 del Congreso; mayoría absoluta del Congreso; Sala de lo Penal del TS; sin gracia | 102 |
| Responsabilidad política | Solidaria, ante el Congreso | 108 |
| Cuestión de confianza | Mayoría simple | 112 |
| Moción de censura | 1/10 de los Diputados; candidato; mayoría absoluta; 5 días; alternativas en 2 días | 113 |
| Nueva disolución | No antes de 1 año; no con censura en trámite | 115 |
| Consejo General del Poder Judicial | Presidente del TS más 20 vocales, 5 años; 12 judiciales, 4 Congreso y 4 Senado por 3/5, juristas con más de 15 años | 122.3 |
| Fiscal General del Estado | Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ | 124.4 |
| Juez de paz | Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta; Sala de Gobierno del TSJ; 4 años | LOPJ 101 |
| Capitalidad de los partidos judiciales | Por ley de la Comunidad Autónoma, previo informe del CGPJ | LOPJ 35.6 |
| Salas del Tribunal Supremo | Civil, Penal, Contencioso, Social, Militar | LOPJ 55 |
| Salas del TSJ | Civil y Penal, Contencioso, Social | LOPJ 72 |
| Tribunal Constitucional | 12: 4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ; 3/5; más de 15 años; 9 años; tercios cada 3 | 159 |
| Presidente del TC | Rey, a propuesta del Pleno, 3 años; mayoría absoluta en primera votación; una reelección | 160; LOTC 9 |
| Salas y Secciones del TC | 2 Salas de 6; Secciones de 3 | LOTC 7 y 8 |
| Impugnación del Gobierno | Suspensión; ratificar o levantar en 5 meses | 161.2 |
| Recurso de inconstitucionalidad | Presidente del Gobierno, Defensor, 50 Diputados, 50 Senadores, ejecutivos y Asambleas CCAA; 3 meses | 162.1.a); LOTC 33 |
| Recurso de amparo | Persona con interés legítimo, Defensor, Fiscal; 20 o 30 días | 162.1.b); LOTC 43 y 44 |
| Cuestión de inconstitucionalidad | Jueces y Tribunales; efectos nunca suspensivos | 163 |
| Sentencias del TC | Cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación; sin recurso; subsiste la ley en lo no afectado | 164 |
Quién hace qué: la tabla de contraste
| Acto | Rey | Gobierno o su Presidente | Congreso | Senado |
|---|---|---|---|---|
| Sancionar y promulgar leyes | Sí (62.a, 91) | |||
| Convocar elecciones y referéndum | Sí (62.b y c) | Propone (115, 92) | Autoriza el referéndum (92) | |
| Nombrar ministros | Sí, a propuesta del Presidente (62.e, 100) | Propone | ||
| Dirigir la política interior y exterior | Sí (97) | |||
| Declarar la guerra | Sí, con autorización de las Cortes (63.3) | Autoriza | Autoriza | |
| Aprobar decretos-leyes | Expide (62.f) | Dicta (86) | Convalida (86.2) | |
| Investidura, confianza y censura | Propone y nombra (62.d, 99) | Plantea la confianza (112) | Decide (99, 112, 113) | |
| Artículo 155 | Requiere y adopta | Aprueba por mayoría absoluta | ||
| Estado de sitio | Propone (116.4) | Declara por mayoría absoluta | ||
| Nombrar al Fiscal General | Sí (124.4) | Propone | ||
| Nombrar 4 magistrados del TC | Nombra (159.1) | Propone 2 | Propone 4 | Propone 4 |
7. Trampas de examen
1. «La Corona está regulada en el Título I de la Constitución.» En el Título II (56 a 65). El Título I son los derechos y deberes.
2. «El Rey dirige la política interior y exterior.» La dirige el Gobierno (97). El Rey arbitra y modera (56) y asume la más alta representación en las relaciones internacionales.
3. «Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, el Gobierno proveerá a la sucesión.» Proveen las Cortes Generales (57.3).
4. «Las abdicaciones y renuncias se resuelven por ley ordinaria.» Por ley orgánica (57.5).
5. «Para ejercer la Regencia es preciso ser español de nacimiento.» Español y mayor de edad (59.4). El español de nacimiento es el requisito del tutor (60.1).
6. «La Regencia por inhabilitación del Rey entra cuando la imposibilidad la reconoce el Gobierno.» La reconocen las Cortes Generales (59.2).
7. «La Regencia nombrada por las Cortes se compone de tres personas.» De una, tres o cinco (59.3).
8. «El Rey puede conceder indultos generales.» El derecho de gracia se ejerce con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales (62.i).
9. «De los actos del Rey responde el propio Rey.» Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; responden quienes los refrendan (64.2).
10. «El Congreso se compone de 350 Diputados por mandato constitucional.» La Constitución fija un mínimo de 300 y un máximo de 400 (68.1); los 350 son de la ley electoral.
11. «El Senado se elige por representación proporcional.» Es la Cámara de representación territorial (69.1); la proporcional es la del Congreso (68.3).
12. «Ibiza y Formentera eligen un Senador conjuntamente.» Desde la reforma de 19 de mayo de 2026, Formentera elige uno propio (69.3).
13. «Los períodos de sesiones son de octubre a diciembre y de enero a junio.» De septiembre a diciembre y de febrero a junio (73.1).
14. «Contra un Diputado es competente la Audiencia Nacional.» La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (71.3).
15. «La Diputación Permanente tiene un máximo de veintiún miembros.» Un mínimo de veintiuno (78.1).
16. «La ley orgánica exige mayoría absoluta de las dos Cámaras.» Mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (81.2).
17. «Los decretos-leyes pueden regular los derechos fundamentales si hay urgencia.» No pueden afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I, ni a las instituciones básicas, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (86.1).
18. «El decreto-ley se convalida en el Senado en treinta días.» En el Congreso, en los treinta días siguientes a su promulgación (86.2).
19. «El Senado dispone de tres meses para vetar o enmendar.» De dos meses, y de veinte días naturales en los urgentes (90).
20. «El referéndum consultivo lo convoca el Presidente del Gobierno.» Lo convoca el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, autorizada por el Congreso (92.2).
21. «El Gobierno responde solidariamente ante las Cortes Generales.» Ante el Congreso de los Diputados (108). El Senado controla, pero no puede derribar al Gobierno.
22. «La moción de censura la puede presentar cualquier grupo parlamentario.» La décima parte de los Diputados (35), con candidato (113.2). Un grupo de 32 no puede.
23. «La moción de censura se vota a los dos días de su presentación.» No puede votarse hasta pasados cinco días; en los dos primeros caben mociones alternativas (113.3).
24. «La cuestión de confianza exige mayoría absoluta.» Mayoría simple (112). La absoluta es la de la censura (113.1) y la de la primera votación de investidura (99.3).
25. «El Presidente puede disolver las Cortes mientras se tramita una moción de censura.» No (115.2), ni antes de un año desde la anterior disolución, salvo el 99.5.
26. «El supremo órgano consultivo del Gobierno es el Consejo General del Poder Judicial.» Es el Consejo de Estado (107).
27. «La acusación por traición contra un ministro la plantea el Senado.» La plantea la cuarta parte del Congreso y la aprueba su mayoría absoluta (102.2).
28. «La justicia se administra en nombre del pueblo.» Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey (117.1).
29. «El Consejo General del Poder Judicial lo preside el Ministro de Justicia.» Lo preside el Presidente del Tribunal Supremo (122.3).
30. «El Consejo tiene veinte miembros incluido su Presidente.» El Presidente del Supremo más veinte vocales, por cinco años (122.3).
31. «El Fiscal General del Estado lo nombra el Consejo General del Poder Judicial.» Lo nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo (124.4).
32. «El Ministerio Fiscal actúa con independencia jerárquica.» Con unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeto a legalidad e imparcialidad (124.2).
33. «Velar por la independencia de los Tribunales es misión del Consejo General.» Es misión expresa del Ministerio Fiscal en el artículo 124.1; el Consejo es el órgano de gobierno (122.2).
34. «Los jueces de paz los nombra el Alcalde.» Los elige el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta y los nombra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior por cuatro años (LOPJ 101).
35. «La capitalidad de los partidos judiciales la fija el Ministerio de Justicia.» La fijan por ley las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial (LOPJ 35.6).
36. «En cada partido judicial hay Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.» Desde 2025 hay un Tribunal de Instancia por partido (LOPJ 84); los Juzgados Centrales son el Tribunal Central de Instancia (LOPJ 95).
37. «El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros, cuatro a propuesta del Gobierno.» Cuatro del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General (159.1).
38. «Los magistrados del Tribunal Constitucional se nombran por cinco años.» Por nueve años, renovándose por tercios cada tres (159.3). Cinco años son los del Consejo General.
39. «Al Presidente del Tribunal Constitucional lo nombra el Congreso.» Lo nombra el Rey, a propuesta del Pleno del Tribunal, por tres años (160).
40. «Están legitimados para el recurso de inconstitucionalidad cincuenta Diputados, cincuenta Senadores y el Ministerio Fiscal.» El Fiscal está en el amparo (162.1.b); en el de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y las Comunidades Autónomas (162.1.a).
41. «La impugnación por el Gobierno de una resolución autonómica no suspende su eficacia.» La suspende, y el Tribunal debe ratificar o levantar la suspensión en cinco meses (161.2).
42. «Un juez puede inaplicar una ley que considere inconstitucional.» No: plantea la cuestión ante el Tribunal Constitucional (163), con efectos que en ningún caso son suspensivos.
43. «Contra las sentencias del Tribunal Constitucional cabe recurso ante el Tribunal Supremo.» No cabe recurso alguno; tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación (164.1).
8. Reglas mnemotécnicas
La Corona: «56 qué es, 57 quién sigue, 59 quién suple, 62 qué hace»
Jefe del Estado que arbitra y modera; sucesión por primogenitura y representación; Regencia de una, tres o cinco; diez funciones de la a) a la j).
Regente «español y mayor»; tutor «mayor y de nacimiento»
El tutor exige más (60.1) que el Regente (59.4). Y la tutela es incompatible con todo cargo político.
Congreso «300 a 400, proporcional, provincia»; Senado «4, 3, 1, 2, 1 + 1»
Cuatro por provincia, tres por isla mayor, uno por isla menor, dos por Ceuta y Melilla, uno más uno por millón por Comunidad.
«30-60-25»
Elecciones entre treinta y sesenta días desde el fin del mandato; Congreso convocado en veinticinco.
Sesiones: «sep-dic, feb-jun»; grupo: «15 y 10»; Permanente: «21 mínimo»
Tres cifras del funcionamiento de las Cámaras.
La ley por pasos: «Consejo, Congreso, Senado 2 meses, Congreso otra vez, Rey 15 días»
El Senado veta por mayoría absoluta y el Congreso levanta el veto por mayoría absoluta, o por simple a los dos meses.
Decreto-ley «30 en el Congreso»; decreto legislativo «bases o refundición»
El primero es urgencia y se convalida; el segundo es delegación y se agota con su uso.
Investidura: «absoluta, 48 horas, simple, 2 meses»
Y si nadie la logra en dos meses desde la primera votación, disolución con refrendo del Presidente del Congreso.
«Confianza simple, censura absoluta»; censura «1/10, candidato, 5 días, 2 para alternativas»
Y sin disolución mientras la censura esté en trámite.
Traición: «1/4 propone, absoluta aprueba, Supremo juzga, sin gracia»
Todo en el Congreso (102.2).
Justicia: «emana del pueblo, en nombre del Rey»; jueces «IIRS»
Independientes, inamovibles, responsables, sometidos únicamente al imperio de la ley (117.1).
Consejo General: «Presidente del Supremo + 20, 5 años, 12 + 4 + 4, 3/5, 15 años»
Y el Fiscal General lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo.
Fiscal: «promueve, defiende, vela»; principios «unidad, dependencia, legalidad, imparcialidad»
Los dos primeros son de organización, los dos segundos de actuación (124).
Los siete órganos judiciales: «paz, Instancia, Provincial, Superior, Central, Nacional, Supremo»
De abajo arriba, según el artículo 26 de la ley orgánica tras la reforma de 2025.
Tribunal Constitucional: «4-4-2-2, 3/5, 15 años, 9 años, tercios cada 3, Presidente 3»
Cuatro Congreso, cuatro Senado, dos Gobierno, dos Consejo; tres quintos; más de quince años de ejercicio; nueve años de mandato; renovación por tercios cada tres; Presidente por tres años, una reelección.
Legitimados: inconstitucionalidad «Presidente, Defensor, 50, 50, Comunidades»; amparo «persona, Defensor, Fiscal»
El Defensor está en las dos; el Fiscal solo en el amparo; los cincuenta solo en el de inconstitucionalidad.
Plazos del Tribunal: «3 meses la ley, 20 y 30 el amparo, 5 meses la suspensión»
Recurso de inconstitucionalidad en tres meses; amparo en veinte días contra la Administración y treinta contra el juez; suspensión del 161.2 ratificada o levantada en cinco meses.
9. Aplicación práctica
Situación 1. Un Diputado detenido en un control de alcoholemia.
Una patrulla de la Policía Local detiene a un conductor que da positivo con una tasa constitutiva de delito y que se identifica como Diputado. La inmunidad del artículo 71.2 dice que solo puede ser detenido en caso de flagrante delito, y el delito contra la seguridad vial que se está cometiendo lo es: la detención es válida. Lo que no puede hacer el juez de instrucción del partido es inculparlo ni procesarlo sin la previa autorización del Congreso, el suplicatorio, y la causa corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (71.3). El agente instruye el atestado, pone al detenido a disposición del juzgado de guardia y hace constar su condición para que el juzgado remita las actuaciones al Supremo. Si fuera un Senador, la regla es la misma; si fuera un concejal, no hay inmunidad alguna.
Situación 2. La orden verbal del Alcalde de «no cumplir» un auto judicial.
Un juzgado ordena la entrada en un local municipal para un lanzamiento y el Alcalde ordena verbalmente a la Policía Local que no colabore. El artículo 118 obliga a cumplir las sentencias y resoluciones firmes y a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales, y el 117.3 reserva a estos «hacer ejecutar lo juzgado». La Policía Local, en funciones de policía judicial, depende para ello de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal (126) y no del Alcalde, y la Ley Orgánica del Poder Judicial extiende esa función a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluidos los locales (547). El agente cumple el auto y deja constancia escrita de la orden verbal recibida (artículo 36.2 de la Ley 39/2015, tema 11). La orden de desobedecer a un juez no es una orden que el principio de jerarquía obligue a cumplir.
Situación 3. El vecino que quiere «recurrir al Constitucional» la ordenanza de ruidos.
Un vecino pide en la Jefatura cómo recurrir ante el Tribunal Constitucional la ordenanza municipal de ruidos. Una ordenanza es un reglamento, no una norma con rango de ley: no cabe contra ella el recurso de inconstitucionalidad, que solo procede contra leyes y disposiciones con fuerza de ley (161.1.a) y que además solo pueden interponer el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores y las Comunidades Autónomas (162.1.a). Su vía es el recurso contencioso-administrativo directo contra la ordenanza (artículo 112.3 de la Ley 39/2015). Solo si una resolución judicial firme vulnerase un derecho de los artículos 14 a 29 podría acudir en amparo, en treinta días y agotada la vía judicial (artículo 44 de la LOTC), o pedir al Defensor del Pueblo que lo haga.
Situación 4. La elección del juez de paz del municipio.
En un municipio sin Tribunal de Instancia queda vacante la plaza de juez de paz y un policía local pregunta si puede presentarse. Los jueces de paz los elige el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta entre quienes lo soliciten y los nombra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por cuatro años; no hace falta ser licenciado en Derecho, pero sí reunir los requisitos de ingreso en la carrera judicial y no estar incurso en las causas de incapacidad o incompatibilidad para las funciones judiciales, salvo la del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles (LOPJ 101 y 102). Un policía local en activo es funcionario y miembro de un cuerpo de seguridad: la incompatibilidad del artículo 389 de la ley orgánica con todo empleo o cargo retribuido le alcanza, así que tendría que dejar el servicio activo. El juez de paz conoce en el orden penal de los delitos leves que le atribuya la ley y, en el civil, de los procesos que la ley determine (LOPJ 100).
Situación 5. Un decreto-ley que endurece las sanciones de tráfico.
El Gobierno aprueba en agosto un real decreto-ley que eleva las multas por conducir usando el móvil. Un agente pregunta si puede aplicarlo ya. El decreto-ley entra en vigor cuando lo diga su disposición final tras su publicación, y es Derecho vigente desde ese momento; el Congreso, o su Diputación Permanente si está disuelto, debe convalidarlo o derogarlo en los treinta días siguientes a su promulgación (86.2 y 78.2), y puede tramitarlo después como proyecto de ley. Lo que un decreto-ley no puede hacer es afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I, a las instituciones básicas, al régimen autonómico ni al Derecho electoral (86.1): una sanción de tráfico no está en esa lista, pero un recurso de inconstitucionalidad de cincuenta Diputados podría discutir en tres meses si existía la «extraordinaria y urgente necesidad». Mientras el Tribunal no lo anule, la norma se aplica: la admisión del recurso no suspende la ley (artículo 30 de la LOTC).
10. Preguntas de test con respuesta explicada
Sesenta preguntas, que con las diez de la sección siguiente completan las setenta del nivel A. Redactadas de nuevo por TestMiOpo; ninguna reproduce un enunciado de un cuestionario municipal. Repartidas según el peso medido: el Poder Judicial, el Gobierno y el Tribunal Constitucional llevan la mayor parte.
1. La Corona se regula en la Constitución Española en el:
a) Título Preliminar.
b) Título I.
c) Título II.
d) Título III.
Respuesta: c). Artículos 56 a 65. El Título I son los derechos y deberes; el III, las Cortes Generales.
2. Según el artículo 56.1 de la Constitución, el Rey:
a) Dirige la política interior y exterior del Estado.
b) Preside el Consejo General del Poder Judicial.
c) Ejerce la potestad legislativa junto con las Cortes Generales.
d) Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales.
Respuesta: d). Dirigir la política es del Gobierno (97); legislar, de las Cortes (66).
3. En la sucesión a la Corona, en el mismo grado se prefiere:
a) A la persona de más edad, con independencia del sexo.
b) A la mujer sobre el varón.
c) A la persona designada por el Rey.
d) Al varón sobre la mujer, y en el mismo sexo, a la persona de más edad.
Respuesta: d). Artículo 57.1: línea anterior, grado más próximo, varón, edad.
4. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho a la sucesión en la Corona:
a) Las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España.
b) El Gobierno propondrá un candidato al Congreso.
c) Se convocará un referéndum sobre la forma política del Estado.
d) El Tribunal Constitucional designará al sucesor.
Respuesta: a). Artículo 57.3.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por:
a) Ley orgánica.
b) Real decreto del Consejo de Ministros.
c) Ley ordinaria.
d) Acuerdo de las Mesas de ambas Cámaras.
Respuesta: a). Artículo 57.5.
6. Según el artículo 58 de la Constitución, la Reina consorte o el consorte de la Reina:
a) Asumen las funciones del Rey en su ausencia.
b) Presiden el Consejo de Ministros a petición del Presidente del Gobierno.
c) Ejercen el mando supremo de las Fuerzas Armadas por delegación.
d) No podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
Respuesta: d). Artículo 58.
7. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, la imposibilidad deberá ser reconocida por:
a) El Gobierno.
b) El Tribunal Constitucional.
c) El Consejo de Estado.
d) Las Cortes Generales.
Respuesta: d). Artículo 59.2; entonces ejerce la Regencia el Príncipe heredero si es mayor de edad.
8. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de:
a) Una, tres o cinco personas.
b) Dos, cuatro o seis personas.
c) Tres personas en todo caso.
d) Cinco personas en todo caso.
Respuesta: a). Artículo 59.3.
9. Para ejercer la Regencia es preciso:
a) Ser español de nacimiento y mayor de edad.
b) Ser español, mayor de edad y licenciado en Derecho.
c) Ser pariente del Rey y mayor de edad.
d) Ser español y mayor de edad.
Respuesta: d). Artículo 59.4. El español de nacimiento es el requisito del tutor del Rey menor (60.1).
10. Conforme al artículo 60.2 de la Constitución, el ejercicio de la tutela del Rey menor es incompatible con:
a) La condición de español.
b) La mayoría de edad.
c) Todo cargo o representación política.
d) El parentesco con el Rey.
Respuesta: c). Y los cargos de Regente y tutor solo pueden acumularse en el padre, la madre o los ascendientes directos.
11. Según el artículo 62 de la Constitución, corresponde al Rey:
a) Dirigir la Administración civil y militar.
b) Aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
c) Nombrar al Fiscal General del Estado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
Respuesta: d). Letra e). El Fiscal General lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo (124.4).
12. El derecho de gracia que ejerce el Rey con arreglo a la ley:
a) No podrá autorizar indultos generales.
b) Comprende los indultos generales cuando lo acuerde el Consejo de Ministros.
c) Se extiende a los miembros del Gobierno acusados de traición.
d) Requiere autorización previa del Congreso.
Respuesta: a). Artículo 62.i). Y no es aplicable a los supuestos del artículo 102 (102.3).
13. Los actos del Rey serán refrendados, con carácter general, por:
a) El Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes.
b) El Presidente del Congreso.
c) El Presidente del Senado.
d) El Presidente del Tribunal Constitucional.
Respuesta: a). Artículo 64.1. El Presidente del Congreso refrenda la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del artículo 99.
14. Las Cortes Generales, según el artículo 66 de la Constitución:
a) Representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno.
b) Ejercen la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
c) Están formadas por el Congreso, el Senado y las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
d) Son responsables ante el Tribunal Constitucional.
Respuesta: a). Y son inviolables (66.3).
15. El Congreso de los Diputados se compone de:
a) Un mínimo de 250 y un máximo de 350 Diputados.
b) 350 Diputados por mandato constitucional.
c) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
d) Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados.
Respuesta: c). Artículo 68.1; la cifra de 350 la fija la ley electoral.
16. Según el artículo 69.3 de la Constitución, tras su reforma de 19 de mayo de 2026, corresponde elegir un Senador a cada una de las siguientes islas:
a) Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.
b) Todas las islas con Cabildo o Consejo Insular, sin excepción, un Senador cada una.
c) Gran Canaria, Mallorca y Tenerife.
d) Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.
Respuesta: d). Formentera dejó de formar agrupación con Ibiza; las tres islas mayores eligen tres cada una.
17. Las Comunidades Autónomas designarán, según el artículo 69.5:
a) Dos Senadores por Comunidad.
b) Un Senador por cada provincia de su territorio.
c) Un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
d) Cuatro Senadores por Comunidad.
Respuesta: c). La designación corresponde a la Asamblea legislativa.
18. Las elecciones al Congreso tendrán lugar, desde la terminación del mandato:
a) Entre los quince y los treinta días.
b) Entre los treinta y los sesenta días.
c) Entre los sesenta y los noventa días.
d) En el plazo de un año.
Respuesta: b). Artículo 68.6; el Congreso electo se convoca dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones.
19. Según el artículo 70 de la Constitución, la ley electoral incluirá entre las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, en todo caso:
a) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
b) A los miembros del Gobierno.
c) A los funcionarios de las Entidades locales.
d) A los abogados en ejercicio.
Respuesta: a). Letra e). Los miembros del Gobierno están expresamente exceptuados (letra b).
20. Durante su mandato, los Diputados y Senadores:
a) Pueden ser detenidos en cualquier caso, pero no procesados.
b) No pueden ser detenidos en ningún caso.
c) Pueden ser inculpados sin autorización de la Cámara si el delito es flagrante.
d) Solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
Respuesta: d). Artículo 71.2. En las causas contra ellos es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (71.3).
21. Los Reglamentos de las Cámaras y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá:
a) Mayoría simple.
b) Mayoría de dos tercios.
c) Mayoría de tres quintos.
d) Mayoría absoluta.
Respuesta: d). Artículo 72.1.
22. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones:
a) De septiembre a diciembre y de febrero a junio.
b) De octubre a diciembre y de enero a junio.
c) De septiembre a diciembre y de enero a julio.
d) De octubre a diciembre y de febrero a mayo.
Respuesta: a). Artículo 73.1.
23. Las sesiones extraordinarias de las Cámaras podrán convocarse a petición de:
a) Del Rey, del Gobierno o del Presidente de la Cámara.
b) Del Tribunal Constitucional.
c) De una quinta parte de los Diputados.
d) Del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Respuesta: d). Artículo 73.2, sobre un orden del día determinado.
24. La Diputación Permanente de cada Cámara estará compuesta por:
a) Un mínimo de quince miembros.
b) Un máximo de veintiún miembros.
c) Un mínimo de veintiún miembros, en proporción a la importancia numérica de los grupos.
d) Veinticinco miembros en todo caso.
Respuesta: c). Artículo 78.1, presidida por el Presidente de la Cámara.
25. Para constituir grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados se requiere, como regla general, un número de Diputados no inferior a:
a) 5.
b) 10.
c) 15.
d) 20.
Respuesta: c). Artículo 23 del Reglamento del Congreso; en el Senado, diez Senadores (artículo 27 del Reglamento del Senado).
26. Son leyes orgánicas, según el artículo 81.1 de la Constitución:
a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
b) Las que aprueban los Presupuestos Generales del Estado.
c) Todas las que apruebe el Congreso por mayoría absoluta.
d) Las que regulan el procedimiento administrativo común.
Respuesta: a). Su aprobación exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (81.2).
27. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:
a) Decretos-leyes.
b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno.
c) Órdenes ministeriales.
d) Decretos Legislativos.
Respuesta: d). Artículo 85. La delegación se otorga por ley de bases o por ley ordinaria de refundición (82).
28. Los Decretos-leyes deberán ser sometidos a debate y votación de totalidad:
a) Del Senado, en el plazo de un mes.
b) Del Consejo de Estado.
c) De las Cortes Generales en sesión conjunta.
d) Del Congreso de los Diputados, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
Respuesta: d). Artículo 86.2; si el Congreso está disuelto, de su Diputación Permanente (78.2).
29. Los Decretos-leyes NO podrán afectar:
a) A la regulación de las sanciones administrativas.
b) A los tributos locales.
c) Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
d) A ninguna materia reservada a ley ordinaria.
Respuesta: c). Artículo 86.1.
30. La iniciativa legislativa popular exige, en todo caso:
a) No menos de 100.000 firmas acreditadas.
b) No menos de 250.000 firmas acreditadas.
c) No menos de 500.000 firmas acreditadas.
d) No menos de 1.000.000 de firmas acreditadas.
Respuesta: c). Artículo 87.3, y no procede en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni sobre la prerrogativa de gracia.
31. El Senado, en el procedimiento legislativo ordinario, dispone para oponer su veto o introducir enmiendas de un plazo de:
a) Dos meses desde la recepción del texto, reducido a veinte días naturales en los proyectos urgentes.
b) Un mes desde la recepción del texto.
c) Tres meses desde la recepción del texto.
d) Quince días desde la recepción del texto.
Respuesta: a). Artículo 90.2 y 3. El veto exige mayoría absoluta del Senado.
32. El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de:
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Veinte días.
d) Un mes.
Respuesta: b). Artículo 91, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
33. El referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia será convocado por:
a) El Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
b) El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.
c) Las Cortes Generales en sesión conjunta.
d) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.
Respuesta: a). Artículo 92.2.
34. Requiere la previa autorización de las Cortes Generales la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados:
a) De cualquier naturaleza.
b) Únicamente de carácter militar.
c) De carácter político, militar, que afecten a la integridad territorial o a los derechos del Título I, que impliquen obligaciones financieras o que supongan modificación de alguna ley.
d) Únicamente los que atribuyan competencias a organizaciones internacionales.
Respuesta: c). Artículo 94.1. Los del artículo 93 exigen ley orgánica.
35. Según el artículo 97 de la Constitución, dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado:
a) El Rey.
b) El Presidente del Gobierno en exclusiva.
c) El Congreso de los Diputados.
d) El Gobierno.
Respuesta: d). Y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
36. El Gobierno se compone, según el artículo 98.1 de la Constitución:
a) Del Presidente y de los Ministros exclusivamente.
b) Del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
c) Del Presidente, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
d) Del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado.
Respuesta: b). La Ley 50/1997 lo concreta en Presidente, Vicepresidentes en su caso y Ministros.
37. En la votación de investidura, si el candidato no obtiene la mayoría absoluta, se someterá la misma propuesta a nueva votación:
a) Veinticuatro horas después, exigiéndose mayoría absoluta.
b) Cuarenta y ocho horas después, bastando la mayoría simple.
c) Siete días después, bastando la mayoría simple.
d) Un mes después, exigiéndose mayoría de tres quintos.
Respuesta: b). Artículo 99.3. Si en dos meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza, el Rey disuelve las Cámaras (99.5).
38. La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible ante:
a) El Tribunal Constitucional.
b) La Audiencia Nacional.
c) El Pleno del Congreso de los Diputados.
d) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Respuesta: d). Artículo 102.1. Por traición, solo a iniciativa de la cuarta parte del Congreso y con la aprobación de su mayoría absoluta.
39. El supremo órgano consultivo del Gobierno es:
a) El Consejo de Estado.
b) El Consejo General del Poder Judicial.
c) El Tribunal Constitucional.
d) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
Respuesta: a). Artículo 107; una ley orgánica regula su composición y competencia.
40. El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante:
a) El Rey.
b) El Senado.
c) El Congreso de los Diputados.
d) Las Cortes Generales en sesión conjunta.
Respuesta: c). Artículo 108.
41. La cuestión de confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma:
a) La mayoría simple de los Diputados.
b) La mayoría absoluta de los Diputados.
c) La mayoría de tres quintos de los Diputados.
d) La mayoría absoluta de Diputados y Senadores.
Respuesta: a). Artículo 112. La plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.
42. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por:
a) La quinta parte de los Diputados.
b) Un grupo parlamentario.
c) Cincuenta Diputados.
d) La décima parte de los Diputados, e incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
Respuesta: d). Artículo 113.2, y se aprueba por mayoría absoluta.
43. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran desde su presentación:
a) Dos días.
b) Cinco días.
c) Diez días.
d) Quince días.
Respuesta: b). Artículo 113.3; en los dos primeros días pueden presentarse mociones alternativas.
44. El Presidente del Gobierno NO podrá proponer la disolución de las Cámaras:
a) Durante el primer año de la legislatura.
b) Cuando esté en trámite una moción de censura ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución, salvo el supuesto del artículo 99.5.
c) Sin autorización del Congreso.
d) Sin dictamen del Consejo de Estado.
Respuesta: b). Artículo 115.2 y 3.
45. Según la Ley 50/1997, del Gobierno, el plazo mínimo del trámite de audiencia e información públicas en la elaboración de normas podrá reducirse, por razones debidamente motivadas, hasta un mínimo de:
a) Cinco días hábiles.
b) Siete días hábiles.
c) Diez días hábiles.
d) Quince días hábiles.
Respuesta: b). Artículo 26.6; el plazo mínimo general es de quince días hábiles.
46. Según el artículo 117.1 de la Constitución, la justicia:
a) Emana del Rey y se administra en nombre del pueblo.
b) Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial.
c) Emana de las Cortes Generales y se administra en nombre del Estado.
d) Emana del Consejo General del Poder Judicial.
Respuesta: b). Jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
47. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en:
a) Un reglamento del Consejo General del Poder Judicial.
b) Una orden del Ministerio de Justicia.
c) La ley.
d) Un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
Respuesta: c). Artículo 117.2, principio de inamovilidad.
48. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente:
a) Al Consejo General del Poder Judicial.
b) Al Tribunal Supremo.
c) Al Ministerio Fiscal.
d) A los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes.
Respuesta: d). Artículo 117.3.
49. Según el artículo 120 de la Constitución, señale la afirmación CORRECTA:
a) Las actuaciones judiciales serán siempre secretas.
b) El procedimiento será predominantemente escrito, sobre todo en materia criminal.
c) Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
d) Las sentencias solo se motivarán cuando lo pida una de las partes.
Respuesta: c). Las actuaciones son públicas con las excepciones legales y el procedimiento es predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
50. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años.
b) El Ministro de Justicia, que lo presidirá, y veinte vocales.
c) Veinte miembros, entre ellos su Presidente, nombrados por nueve años.
d) El Presidente del Tribunal Supremo y doce vocales judiciales.
Respuesta: a). Artículo 122.3: doce entre Jueces y Magistrados, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado, por tres quintos.
51. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el Congreso y el Senado se eligen por mayoría de tres quintos entre:
a) Jueces y Magistrados en activo.
b) Abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión.
c) Profesores de Universidad exclusivamente.
d) Fiscales con más de diez años de servicio.
Respuesta: b). Artículo 122.3.
52. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de:
a) Independencia e inamovilidad.
b) Unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a los de legalidad e imparcialidad.
c) Jerarquía y descentralización.
d) Oportunidad y celeridad.
Respuesta: b). Artículo 124.2.
53. El Fiscal General del Estado será nombrado por:
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.
c) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
d) El Presidente del Tribunal Supremo.
Respuesta: c). Artículo 124.4.
54. La policía judicial depende, según el artículo 126 de la Constitución, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente:
a) Del Ministerio del Interior.
b) De los Alcaldes en el ámbito municipal.
c) Del Consejo General del Poder Judicial.
d) De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.
Respuesta: d). La Ley Orgánica del Poder Judicial extiende esa función, cuando sean requeridos, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluidos los de los entes locales (547).
55. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces de Paz serán elegidos por:
a) El Alcalde, previo informe del Pleno.
b) El Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, libremente.
d) Los vecinos del municipio por sufragio directo.
Respuesta: b). Artículo 101; los nombra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior por cuatro años.
56. La capitalidad de los partidos judiciales la determinan, según el artículo 35.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
a) Las Comunidades Autónomas, por ley, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministerio de Justicia por orden ministerial.
c) Las Diputaciones Provinciales.
d) El Tribunal Superior de Justicia por acuerdo de su Sala de Gobierno.
Respuesta: a). El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes de una misma provincia (32).
57. El Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma estará integrado por las Salas:
a) De lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
b) De lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
c) De Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
d) De lo Civil y Penal y de lo Militar.
Respuesta: b). Artículo 72 de la LOPJ. La a) es el Tribunal Supremo sin la Sala Militar; la c) es la Audiencia Nacional.
58. El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey, de ellos:
a) Cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial.
b) Seis a propuesta del Congreso y seis del Senado.
c) Cuatro a propuesta del Gobierno, cuatro del Congreso y cuatro del Senado.
d) Tres a propuesta de cada uno de los cuatro órganos: Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial.
Respuesta: a). Artículo 159.1, por mayoría de tres quintos en las Cámaras.
59. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de:
a) Cinco años, renovándose por mitades.
b) Seis años, renovándose por mitades cada tres.
c) Nueve años, renovándose por terceras partes cada tres.
d) Doce años, sin renovación parcial.
Respuesta: c). Artículo 159.3.
60. El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado:
a) Por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos, por cinco años.
b) Por el Rey, entre sus miembros, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
c) Por el Consejo General del Poder Judicial, por nueve años.
d) Por el Gobierno, por un período de tres años.
Respuesta: b). Artículo 160; el Pleno lo elige por mayoría absoluta en primera votación y puede ser reelegido una sola vez (artículo 9 de la LOTC).
11. Preguntas de estilo examen
Diez preguntas más, redactadas con el formato de los cuestionarios municipales medidos, que citan la norma y el artículo y ofrecen cuatro proposiciones casi literales. Completan las setenta del nivel A.
61. ¿Quién está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad, según el artículo 162.1.a) de la Constitución Española?
a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
b) Cincuenta Diputados, cincuenta Senadores y el Ministerio Fiscal.
c) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas.
d) Los Jueces y Tribunales que consideren inconstitucional una ley aplicable al caso.
Respuesta: c). La a) son los legitimados del amparo; la d) describe la cuestión de inconstitucionalidad (163).
62. Conforme al artículo 162.1.b) de la Constitución Española, están legitimados para interponer el recurso de amparo:
a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
b) Cincuenta Diputados o cincuenta Senadores.
c) El Presidente del Gobierno y los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
d) Únicamente el Defensor del Pueblo.
Respuesta: a). El Ministerio Fiscal solo está legitimado en el amparo, no en el recurso de inconstitucionalidad.
63. Según el artículo 161.2 de la Constitución Española, la impugnación por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional de las disposiciones y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas:
a) No producirá efecto alguno hasta la sentencia.
b) Producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
c) Producirá la suspensión definitiva de la disposición recurrida.
d) Requerirá la autorización previa del Senado.
Respuesta: b). Es el único caso en que la admisión de un recurso suspende la norma impugnada (artículo 30 de la LOTC).
64. De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución Española, cuando un órgano judicial considere que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución:
a) Inaplicará la norma y resolverá conforme a la Constitución.
b) Planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con efectos que en ningún caso serán suspensivos.
c) Elevará consulta al Tribunal Supremo.
d) Suspenderá el proceso y remitirá las actuaciones al Consejo General del Poder Judicial.
Respuesta: b). La cuestión se plantea concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia (artículo 35 de la LOTC).
65. Según el artículo 164 de la Constitución Española, las sentencias del Tribunal Constitucional:
a) Son recurribles ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes.
b) Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación en el BOE y no cabe recurso alguno contra ellas.
c) Solo producen efectos entre las partes del proceso.
d) Entran en vigor a los veinte días de su publicación.
Respuesta: b). Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos, y subsiste la ley en la parte no afectada (164.2).
66. De conformidad con la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, el Tribunal consta de:
a) Una única Sala de doce Magistrados.
b) Dos Salas, cada una compuesta por seis Magistrados, presididas respectivamente por el Presidente y el Vicepresidente del Tribunal.
c) Tres Salas de cuatro Magistrados.
d) Cuatro Salas de tres Magistrados.
Respuesta: b). Artículo 7. Para el despacho ordinario y la admisión, el Pleno y las Salas constituyen Secciones de tres Magistrados (artículo 8).
67. Según el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Pleno elige de entre sus miembros a su Presidente, para lo cual en primera votación se requerirá:
a) Mayoría simple.
b) Mayoría de tres quintos.
c) Mayoría absoluta.
d) Unanimidad.
Respuesta: c). Si no se alcanza, en segunda votación resulta elegido quien obtenga mayor número de votos; el nombramiento es por tres años, con una posible reelección.
68. Conforme al artículo 102.2 de la Constitución Española, si la acusación contra el Presidente o los miembros del Gobierno fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada:
a) Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
b) Por iniciativa de la décima parte de los Diputados y con la aprobación de la mayoría simple.
c) Por el Senado por mayoría absoluta.
d) Por el Fiscal General del Estado ante el Tribunal Constitucional.
Respuesta: a). Y la prerrogativa real de gracia no será aplicable (102.3).
69. Según el artículo 115.1 de la Constitución Española, el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución:
a) Únicamente del Congreso de los Diputados.
b) Únicamente de las Cortes Generales en su conjunto.
c) Del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey.
d) Del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Presidente del Congreso.
Respuesta: c). El decreto de disolución fija la fecha de las elecciones.
70. Según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia, de las causas por:
a) Todos los delitos cometidos en la villa de Madrid.
b) Los delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o Sucesora, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno, entre otros.
c) Los delitos leves cometidos en más de una provincia.
d) Las causas contra Diputados y Senadores.
Respuesta: b). Las causas contra Diputados y Senadores corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (71.3 de la Constitución y 57 de la LOPJ).
12. Fuentes oficiales
Todos los textos se han leído de la fuente oficial antes de escribir sobre ellos, y todos los identificadores del BOE se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el propio Boletín.
| Norma o fuente | Referencia | Enlace |
|---|---|---|
| Constitución Española, Títulos II a VI y IX | BOE-A-1978-31229, texto consolidado, última actualización publicada el 20 de mayo de 2026 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 |
| Reforma del apartado 3 del artículo 69, de 19 de mayo de 2026 | BOE-A-2026-10881, BOE núm. 123, de 20 de mayo de 2026 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-10881 |
| Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982 | BOE-A-1982-5196, BOE núm. 55, de 5 de marzo de 1982, texto consolidado | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-5196 |
| Texto refundido del Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994 | BOE-A-1994-10830, BOE núm. 114, de 13 de mayo de 1994, texto consolidado | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-10830 |
| Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno | BOE-A-1997-25336, texto consolidado | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25336 |
| Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial | BOE-A-1985-12666, texto consolidado | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666 |
| Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional | BOE-A-1979-23709, texto consolidado | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709 |
Jurisprudencia citada, comprobada una a una en el BOE: STC 108/1986, de 29 de julio (BOE-T-1986-21938); STC 56/1990, de 29 de marzo (BOE-T-1990-10080); STC 119/1990, de 21 de junio (BOE-T-1990-15878); STC 76/1983, de 5 de agosto (BOE-T-1983-22276); STC 292/2000, de 30 de noviembre (BOE-T-2001-332); STC 105/2000, de 13 de abril (BOE-T-2000-9230).
Temario: Anexo III, apartado I.A.1, del Decreto 8/2026, de 28 de enero (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026), transcrito en TEMARIO-OFICIAL.md; comprobado sobre la convocatoria del Ayuntamiento de Gádor, BOJA núm. 132, de 10 de julio de 2026.
Frecuencia: quince cuestionarios de ayuntamientos andaluces de febrero de 2025 a enero de 2026, 1.230 preguntas, clasificados en ANALISIS-FRECUENCIA.md con frecuencia/reglas.py; listado del tema con frecuencia/contar.py --ver PL03. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta.
13. Control de calidad
- [x] Los siete bloques del enunciado oficial tienen subapartado propio en el epígrafe 4, en el orden del temario
- [x] Ningún precepto se ha redactado de memoria: los artículos 56 a 127 y 159 a 165 de la Constitución, los de la Ley 50/1997, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se han leído de
data/leyes/; los Reglamentos de las Cámaras, del texto consolidado del BOE - [x] La organización judicial se describe con la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente (Tribunales de Instancia y Tribunal Central de Instancia) y la composición del Senado con la reforma de 2026
- [x] Los identificadores del BOE de las siete normas y de las seis sentencias se han comprobado con
curlleyendo el título que devuelve el Boletín - [x] Seis resoluciones del Tribunal Constitucional citadas y verificadas con su fallo en el epígrafe 5
- [x] Cuarenta y tres trampas de examen, por encima del mínimo de doce
- [x] Setenta preguntas con respuesta explicada, las que corresponden al nivel A, con la letra correcta repartida y las opciones numéricas en orden creciente
- [x] Ninguna pregunta reproduce el enunciado de un cuestionario municipal
- [x] Las cifras de frecuencia proceden de
frecuencia/conteo.jsony del listado decontar.py, no se han escrito a mano - [x] Sin raya ni semirraya en todo el archivo
- [ ] Revisión por revisor colegiado: pendiente
TestMiOpo es una plataforma educativa independiente. No está afiliada a ninguna administración pública. El contenido debe revisarse junto con la convocatoria oficial correspondiente.
Las preguntas son de práctica y orientación. No garantizamos que aparezcan en el examen oficial.