Tema 21 · Nivel B
Protección integral contra la violencia de género
«Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Mecanismos de protección integral contra la violencia de género.»
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Tema 21. Protección integral contra la violencia de género
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Ingreso directo.
Enunciado oficial (Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023), bloque único: «Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Mecanismos de protección integral contra la violencia de género.»
| Autoría | Equipo de contenidos TestMiOpo |
|---|---|
| Revisión jurídica | Pendiente de revisor colegiado |
| Última revisión | 13 de septiembre de 2026 |
| Normas de referencia | Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760), texto consolidado con última actualización publicada el 7 de septiembre de 2022 (Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, BOE-A-2022-14630, con efectos desde el 7 de octubre de 2022: modifica diversos preceptos y añade el artículo 19 bis, el capítulo V del título II y la disposición adicional vigesimoprimera; antes, Ley Orgánica 8/2021, Ley 1/2021, Real Decreto-ley 9/2018, Ley 42/2015 y Ley Orgánica 8/2015). El enunciado la llama «de Mecanismos de protección integral»; el título oficial es «de Medidas de Protección Integral». Real Decreto 752/2022, de 13 de septiembre, del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (BOE-A-2022-15763) |
| Convocatoria de referencia | Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982) |
1. Mapa del tema
LO 1/2004: 72 ARTICULOS MAS 19 BIS, 28 BIS Y 28 TER, EN CINCO TITULOS Y UNO PRELIMINAR; CUATRO PREGUNTAS MEDIDAS (2 + 2)
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T. PRELIMINAR, I, II Y III: CONCEPTO, PREVENCION, DERECHOS, INSTITUCIONES T. IV Y V: TUTELA PENAL Y JUDICIAL
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OBJETO (1): violencia sobre la mujer por quien sea o haya sido su CONYUGE T. IV PENAL (33-42): reformas del CP de 2004:
o ligado por relacion similar de afectividad AUN SIN CONVIVENCIA; fisica y suspension condicionada (33), revocacion (34),
psicologica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones, sustitucion solo por trabajos en beneficio de la
privacion arbitraria de libertad; tambien sobre familiares o allegados comunidad (35), lesiones 148.4 (36), malos tratos
MENORES para dañar a la mujer (1.4, LO 8/2021) 153 (37), amenazas 171.4 (38), coacciones 172.2 (39),
PRINCIPIOS RECTORES (2): once fines, a-k; TRANSVERSALIDAD (k) quebrantamiento 468 (40), vejaciones 620 (41);
T. I SENSIBILIZACION (3-16): Plan Estatal PERMANENTE, Comision en 1 MES, programas penitenciarios y Juntas de Tratamiento (42)
informe anual a las Cortes (3); educacion por etapas (4-9); publicidad T. V JUDICIAL (43-72): JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA
ilicita, accion de cesacion: Delegacion, Instituto de la Mujer, Fiscal, MUJER (87 bis LOPJ): uno o mas por PARTIDO, sede en
asociaciones de objetivo unico (10-14); SANIDAD: CONSEJO INTERTERRITORIAL la capital (43); competencia PENAL (instruccion de
del SNS (2026: A), Comision contra la VG con informe ANUAL al Observatorio homicidio, lesiones, libertad, integridad moral,
y al Pleno (15-16) libertad sexual...; ordenes de proteccion; faltas) y
T. II DERECHOS (17-28 ter): servicios ESENCIALES (17.3); informacion (18); CIVIL (filiacion, nulidad, separacion, divorcio,
atencion integral: permanente, urgente, especializada, multidisciplinar, paterno-filiales, guarda y alimentos, adopcion,
a-g (19); ATENCION SANITARIA, psicologos infantiles, violencia vicaria proteccion de menores), EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE con
(19 bis); ASISTENCIA JURIDICA gratuita, misma direccion letrada, cuatro requisitos, MEDIACION VEDADA (44); recursos
causahabientes, acusacion particular en cualquier momento (20); a la Audiencia Provincial (45-46); formacion (47);
LABORALES: reduccion, reordenacion, movilidad, cambio de centro, planta: anexo XIII, Magistrados en capitales y
adaptacion, suspension con reserva, extincion; desempleo; bonificacion partidos > 150.000 (48-52); LECrim: juicios rapidos
100 % interinidad, 6 MESES; autonomas 6 MESES sin cotizar (21); en horas de audiencia, citaciones el dia habil mas
ACREDITACION (2026: B): sentencia, ORDEN DE PROTECCION o medida cautelar, proximo, detenido al Juzgado de Guardia (54-56);
INFORME DEL FISCAL, informe de servicios sociales, cualquier otro titulo LEC 49 bis: inhibicion, comparecencia en 24 HORAS,
sectorial; menores: documentos sanitarios (23); funcionarias (24-26); Fiscal decide en 24 HORAS (57); LECrim 14, 15 bis:
AYUDA de pago unico: rentas < 75 % SMI, 6 MESES de subsidio, 12 con DOMICILIO DE LA VICTIMA, 17 bis conexion (58-60)
discapacidad >= 33 %, 18 y 24 con responsabilidades familiares (27); MEDIDAS (61-69): salida del domicilio, permuta de
vivienda y residencias prioritarias (28); REPARACION: compensacion, vivienda, ALEJAMIENTO con distancia minima y
recuperacion, reparacion simbolica, no repeticion (28 bis y ter) dispositivos, incomunicacion (64); suspension de
T. III INSTITUCIONAL (29-32): DELEGACION DEL GOBIERNO contra la VG patria potestad (65); suspension de VISITAS,
(Igualdad): politicas, MACROENCUESTA (trienal, DA 21), legitimada ante obligatoria salvo interes del menor (66); armas (67);
los tribunales (29); OBSERVATORIO ESTATAL: colegiado, informe ANUAL al AUTO MOTIVADO, Fiscal, contradiccion (68);
Gobierno y CCAA (2025: c), composicion con CCAA, entidades locales, mantenimiento tras sentencia (69)
agentes sociales, CONSUMIDORES Y USUARIOS (2025: c), organizaciones de FISCAL contra la VM: Fiscal de Sala, nombrado por el
mujeres de TODO EL ESTADO, empresariales y sindicales mas representativas FGE oido el Consejo Fiscal, informe SEMESTRAL (70);
(30); FCS: UNIDADES ESPECIALIZADAS, Policias Locales, Protocolo (31); Secciones en TSJ y AP (71); delegados de Jefatura (72)
planes de colaboracion y protocolos sanitarios (32) VIGOR: 30 DIAS; titulos IV y V a los 6 MESES (DF 7)
2. Introducción y enfoque de estudio
Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.
Este tema vale 2,00 puntos de los 100 del examen, nivel B: dos preguntas en 2025 y dos en 2026. Las cuatro cayeron en los títulos I, II y III, no en el penal ni en el judicial: la periodicidad del informe del Observatorio (anual), quién participa en todo caso en su composición (las asociaciones de consumidores y usuarios), en el seno de qué órgano actúan las Administraciones sanitarias (el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) y con qué se acredita la violencia de género a efectos laborales (la orden de protección, entre otros títulos). Son preguntas de órgano, plazo y lista, con distractores construidos cambiando una palabra del precepto.
Tres decisiones de estudio.
Primera: los órganos se aprenden con su adscripción, su periodicidad y su composición. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad, formula las políticas, elabora la Macroencuesta y está legitimada ante los tribunales (artículo 29); el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado que remite al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe anual y en cuya composición participan en todo caso las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (30); la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial emite un informe anual al Observatorio y al Pleno (16); el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer informa semestralmente (70). En 2025 el tribunal cambió «todo el territorio del Estado» por «una Comunidad Autónoma» y «más representativas» por «cualquiera»: la respuesta era la única letra intacta.
Segunda: la acreditación del artículo 23 se memoriza como una lista cerrada con un intruso conocido. Sentencia condenatoria, orden de protección o cualquier otra resolución judicial con medida cautelar, informe del Ministerio Fiscal con indicios, informe de los servicios sociales, especializados o de acogida, o cualquier otro título previsto en la normativa sectorial; para menores, además, documentos sanitarios de comunicación a la Fiscalía o al juzgado. En 2026 los distractores fueron el informe del Letrado de la Administración de Justicia, el de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la copia de la denuncia: ninguno está en el artículo.
Tercera: las cifras del título II y del título V se estudian en una tabla. Un mes para la Comisión del Plan Estatal (3.1.d), un año para constituir la Comisión del Consejo Interterritorial (16), 100 por 100 de bonificación y seis meses en los contratos de interinidad (21.3), seis meses sin cotizar para las autónomas (21.5), 75 por 100 del salario mínimo y 6, 12, 18 y 24 meses de subsidio en la ayuda de pago único (27), 150.000 habitantes para que el juzgado lo sirva un Magistrado (51), 24 horas y 24 horas en la comparecencia del artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (57), treinta días y seis meses de entrada en vigor (disposición final séptima), tres años de periodicidad mínima de la Macroencuesta (disposición adicional vigesimoprimera).
Cómo recorrer el tema: el concepto y los principios (4.1), la prevención en educación, publicidad y sanidad (4.2), los derechos de información, atención y asistencia jurídica (4.3), los derechos laborales, económicos y de reparación (4.4), la tutela institucional (4.5), la tutela penal (4.6), los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (4.7), las normas procesales (4.8), las medidas judiciales de protección (4.9), el Fiscal (4.10) y lo que la ley encarga a la Guardia Civil (4.11).
3. Qué se pregunta de este tema
Medido sobre los dos cuestionarios oficiales de conocimientos generales publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, 200 preguntas clasificadas una a una por materia (ANALISIS-FRECUENCIA.md):
| Cuestionario | Preguntas del tema 21 | Sobre el total | Puntos sobre 100 |
|---|---|---|---|
| 6 de septiembre de 2025, modelo A | 2 | 100 | 2,00 |
| 11 de julio de 2026, modelo A | 2 | 100 | 2,00 |
| Media | 2,00 |
2,00 puntos es dato medido, nivel B. Dentro del tema, las cuatro preguntas se reparten así:
| Precepto | 2025 | 2026 | Total | Qué se preguntó, sin reproducir el enunciado |
|---|---|---|---|---|
| Artículo 30.2 | 1 | 0 | 1 | Con qué periodicidad remite el Observatorio Estatal su informe sobre la evolución de la violencia al Gobierno y a las Comunidades Autónomas (anual; los distractores eran mensual, trimestral y bienal) |
| Artículo 30.3 | 1 | 0 | 1 | Quién participa en todo caso en la composición del Observatorio (las asociaciones de consumidores y usuarios; eran falsas «cualquiera» de las organizaciones empresariales y sindicales, que son las más representativas, y las organizaciones de mujeres «de una Comunidad Autónoma», que son las de todo el Estado) |
| Artículo 15.1 | 0 | 1 | 1 | En el seno de qué órgano promueven las Administraciones sanitarias la detección precoz (el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; los distractores eran órganos inventados) |
| Artículo 23 | 0 | 1 | 1 | Cuál es una forma de acreditar la violencia de género a efectos de los derechos laborales (la orden de protección; no lo son el informe del Letrado de la Administración de Justicia, el de la Unidad Orgánica de Policía Judicial ni la copia de la denuncia) |
Dos lecturas: el tribunal pregunta los títulos I a III, los de órganos y derechos, y todavía no ha entrado en los títulos IV y V, y construye la opción falsa cambiando una palabra del precepto (una Comunidad Autónoma por todo el Estado, Policía Judicial por Ministerio Fiscal). Los artículos 19 (principios de la atención), 20 (asistencia jurídica), 21 (derechos laborales), 27 (ayuda de pago único), 29 (Delegación), 31 (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), 44 (competencias del Juzgado) y 64 a 67 (medidas de protección) tienen la misma factura y no han caído: son las candidatas.
Nunca se reproduce el enunciado literal de una pregunta oficial. Las preguntas de este manual están redactadas de nuevo.
4. Desarrollo
4.1 Título preliminar. Objeto y principios rectores (artículos 1 y 2)
La ley actúa contra la violencia que, «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia» (artículo 1.1). Tres notas delimitan el concepto: la víctima es una mujer; el autor es o ha sido su pareja; y la convivencia no es necesaria. Las medidas tienen por finalidad prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia (1.2, redacción de la Ley Orgánica 8/2015). La violencia comprende «todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad» (1.3) y, desde la Ley Orgánica 8/2021, también la que, «con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad» por las mismas personas (1.4): la violencia vicaria, que la ley nombra expresamente en los artículos 19.5, 19 bis, 47 y en la disposición adicional segunda.
El artículo 2 enuncia once principios rectores (letras a a k), que son los fines del conjunto de medidas:
| Letra | Fin |
|---|---|
| a | Fortalecer las medidas de sensibilización y prevención en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático |
| b | Consagrar derechos de las víctimas exigibles ante las Administraciones, con acceso rápido, transparente y eficaz |
| c | Reforzar los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, y coordinar los municipales y autonómicos |
| d | Garantizar derechos laborales y funcionariales que concilien la relación de empleo con la situación de la víctima |
| e | Garantizar derechos económicos para facilitar la integración social |
| f | Establecer un sistema integral de tutela institucional: la Delegación Especial del Gobierno, en colaboración con el Observatorio Estatal |
| g | Fortalecer el marco penal y procesal |
| h | Coordinar los recursos de los poderes públicos para la prevención y la sanción |
| i | Promover la colaboración y participación de la sociedad civil |
| j | Fomentar la especialización de los colectivos profesionales |
| k | Garantizar el principio de transversalidad, atendiendo a las necesidades específicas de todas las mujeres víctimas |
4.2 Título I. Medidas de sensibilización, prevención y detección (artículos 3 a 16)
El Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (artículo 3) se pone en marcha desde la responsabilidad del Gobierno, con carácter permanente, y recoge como mínimo: nuevas escalas de valores basadas en la igualdad; dirigirse a hombres y mujeres, incluido el ámbito de las tecnologías y el digital; formación y reciclaje de los profesionales; y el control por una Comisión de amplia participación, creada en el plazo máximo de un mes, con víctimas, instituciones, profesionales y personas de prestigio. La Delegación del Gobierno, oída esa Comisión, elabora el informe anual de evaluación del Plan y lo remite a las Cortes Generales. Las campañas garantizarán el acceso de las personas con discapacidad.
| Capítulo | Artículos | Contenido esencial |
|---|---|---|
| I. Ámbito educativo | 4 a 9 | Fines del sistema educativo por etapas, de Infantil (resolución pacífica de conflictos) a Universidad (formación e investigación transversales en igualdad) (4); escolarización inmediata de los hijos que cambien de residencia (5); sin estereotipos en los materiales (6); formación del profesorado, incluida la detección precoz (7); Instituto de la Mujer en el Consejo Escolar del Estado (8); inspección educativa (9) |
| II. Publicidad y medios | 10 a 14 | Es ilícita la publicidad que use la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio (10); legitimados para la acción de cesación: Delegación Especial del Gobierno, Instituto de la Mujer u órgano autonómico, Ministerio Fiscal y asociaciones de objetivo único (12); autorregulación (13); objetividad y cuidado en el tratamiento gráfico (14) |
| III. Ámbito sanitario | 15 y 16 | Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promueven la detección precoz por los profesionales (preguntado en 2026); programas de sensibilización y formación del personal sanitario; contenidos en los planes de estudio sociosanitarios; apartado de violencia de género en los Planes Nacionales de Salud; Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial, constituida en un año, con representantes de todas las Comunidades Autónomas competentes, que emite un informe anual al Observatorio Estatal y al Pleno del Consejo (16) |
4.3 Título II, capítulo I. Información, asistencia social integral y asistencia jurídica (artículos 17 a 20)
Todas las víctimas tienen garantizados los derechos de la ley sin discriminación en el acceso (17.1). Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, acogida y asistencia social integral tienen carácter de servicios esenciales (17.3, Ley 1/2021), igual que el sistema de seguimiento telemático de las medidas y penas de prohibición de aproximación. El derecho a la información (18) comprende las medidas de protección y seguridad, los derechos y ayudas y el lugar de prestación de los servicios, en formato accesible para las mujeres con discapacidad (lengua de signos, sistemas alternativos y aumentativos) y para las que desconozcan el castellano o la otra lengua oficial.
El derecho a la atención integral (19): servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, organizados por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales según los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La atención multidisciplinar implica siete contenidos (a a g): información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en igualdad y apoyo a la formación e inserción laboral. Los servicios actúan coordinados con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados de Violencia, sanidad y asistencia jurídica, y pueden pedir al juez medidas urgentes (19.4). Los menores bajo patria potestad o guarda de la víctima, o que convivan en contextos de violencia, tienen también derecho a la asistencia social integral, con personal formado y profesionales de la psicología infantil, incluida la violencia vicaria (19.5). El derecho a la atención sanitaria (19 bis, Ley Orgánica 10/2022): el Sistema Público de Salud garantiza a las víctimas y a sus hijos e hijas la atención, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y el seguimiento hasta su total recuperación; psicólogos infantiles para los menores víctimas de violencia vicaria; privacidad, intimidad y respeto a sus decisiones; medidas específicas para mujeres con discapacidad, problemas de salud mental o adicciones.
La asistencia jurídica (20): derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia; una misma dirección letrada asume la defensa; el derecho asiste también a los causahabientes si la víctima fallece, salvo que fueran partícipes; en todo caso, defensa jurídica gratuita y especializada inmediata a quien la solicite; se aplica la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita; los Colegios de Abogados aseguran formación específica en el turno de oficio y la designación urgente de letrado, y los de Procuradores la de procurador cuando la víctima quiera personarse como acusación particular; el abogado tiene habilitación para la representación procesal hasta la designación del procurador; y la víctima puede personarse como acusación particular en cualquier momento, sin retrotraer actuaciones ni mermar la defensa del acusado.
4.4 Título II, capítulos II a V. Derechos laborales, de las funcionarias, económicos y de reparación (artículos 21 a 28 ter)
| Derecho | Artículo | Contenido y cifras |
|---|---|---|
| Laborales | 21.1 | Reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro, adaptación del puesto y apoyos por discapacidad, suspensión con reserva de puesto y extinción del contrato, en los términos del Estatuto de los Trabajadores |
| Seguridad Social | 21.2 | La suspensión y la extinción dan lugar a situación legal de desempleo; el tiempo de suspensión es periodo de cotización efectiva |
| Interinidad | 21.3 | Bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales por contingencias comunes durante toda la suspensión o durante seis meses en movilidad o cambio de centro; reincorporación en las mismas condiciones |
| Ausencias | 21.4 | Justificadas y remuneradas cuando lo determinen los servicios sociales o de salud, comunicadas a la empresa a la mayor brevedad |
| Autónomas | 21.5 | Cese temporal de actividad, suspensión de la obligación de cotizar seis meses considerados cotizados, situación asimilada al alta; base equivalente al promedio de los seis meses previos |
| Empleo | 22 | Programa de acción específico para las víctimas demandantes de empleo, con medidas para iniciar actividad por cuenta propia |
| Acreditación | 23 | Sentencia condenatoria, orden de protección o cualquier otra resolución judicial con medida cautelar, informe del Ministerio Fiscal con indicios, informe de los servicios sociales, especializados o de acogida, o cualquier otro título previsto en la normativa sectorial; menores: además, documentos sanitarios de comunicación a la Fiscalía o al juzgado; procedimientos básicos diseñados en la Conferencia Sectorial de Igualdad (preguntado en 2026) |
| Funcionarias | 24 a 26 | Reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica de centro y excedencia según su legislación específica; ausencias justificadas; acreditación por el artículo 23 |
| Ayuda de pago único | 27 | Víctimas sin rentas superiores al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional (sin dos pagas extraordinarias) con especiales dificultades para obtener empleo: importe de seis meses de subsidio por desempleo, doce con discapacidad igual o superior al 33 por 100, dieciocho con responsabilidades familiares y veinticuatro si la víctima o un familiar conviviente tiene discapacidad igual o superior al 33 por 100; con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, concedida por las Administraciones de servicios sociales con informe del Servicio Público de Empleo; compatible con la Ley 35/1995 y con ayudas autonómicas o locales |
| Vivienda | 28 | Colectivo prioritario en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores |
| Reparación | 28 bis y 28 ter | Compensación económica, recuperación física, psíquica y social, reparación simbólica y garantías de no repetición; la indemnización cubre el daño físico y psicológico, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y el lucro cesante, el daño al proyecto de vida y el tratamiento terapéutico; la pagan los responsables; ayudas complementarias; derecho de supresión en buscadores |
4.5 Título III. Tutela institucional (artículos 29 a 32)
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (29), adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento competente, formula las políticas públicas del Gobierno en la materia, elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres (con periodicidad mínima trienal, disposición adicional vigesimoprimera) y coordina e impulsa las acciones; su titular está legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos de la ley; su rango y funciones se fijan reglamentariamente (Real Decreto 237/2005).
El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (30) es un órgano colegiado adscrito al Ministerio competente (la ley dice todavía «Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales»), con funciones de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación, con atención especial a las mujeres con mayor riesgo o mayores dificultades de acceso y datos desagregados por sexo. Remite al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia, los tipos penales aplicados, la efectividad de las medidas y las necesidades de reforma legal (preguntado en 2025). Su composición, fijada por reglamento (hoy el Real Decreto 752/2022), garantiza en todo caso la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (preguntado en 2025).
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (31): el Gobierno establece en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales; promueve que las Policías Locales cooperen en el cumplimiento de las medidas judiciales de la ley, del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 57 del Código Penal; la actuación policial sigue el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales; y todo ello se aplica a las policías autonómicas con funciones de seguridad ciudadana. Los planes de colaboración (32) ordenan la prevención, asistencia y persecución implicando a sanidad, justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales y organismos de igualdad; se desarrollan en protocolos que aseguren una actuación global y garanticen la actividad probatoria; los protocolos sanitarios, en especial el aprobado por el Consejo Interterritorial, se refieren expresamente a las relaciones con la Administración de Justicia ante daños constatados o sospechados; y se atiende de forma especial a las mujeres de minorías, inmigrantes, en exclusión social, con discapacidad, mayores o del ámbito rural.
4.6 Título IV. Tutela penal (artículos 33 a 42)
El título IV no contiene delitos propios: modifica el Código Penal de 1995 en su redacción de 2004. Sus artículos se estudian tal como los redactó la ley, sabiendo que el Código ha cambiado después (la Ley Orgánica 1/2015 suprimió las faltas y renumeró la suspensión y sustitución de penas), de modo que la pregunta de examen versa sobre lo que la Ley Orgánica 1/2004 dispuso.
| Artículo | Reforma | Regla introducida |
|---|---|---|
| 33 | Suspensión de penas (83 CP) | En delitos de violencia de género la suspensión se condiciona en todo caso al cumplimiento de las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª del apartado |
| 34 | Delitos durante la suspensión (84 CP) | El incumplimiento de esas reglas determina la revocación de la suspensión |
| 35 | Sustitución de penas (88 CP) | La prisión solo puede sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad, con programas de reeducación y tratamiento psicológico y las reglas 1.ª y 2.ª |
| 36 | Lesiones (148 CP) | Pena de dos a cinco años, entre otros casos, si la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer ligada por análoga relación aun sin convivencia (4.º) o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor (5.º) |
| 37 | Malos tratos (153 CP) | Menoscabo psíquico, lesión leve o maltrato de obra sin lesión sobre la esposa o mujer ligada por análoga relación o persona especialmente vulnerable: prisión de seis meses a un año o trabajos de treinta y uno a ochenta días, privación de armas de un año y un día a tres años, inhabilitación de patria potestad hasta cinco años; mitad superior en presencia de menores, con armas, en el domicilio o quebrantando una pena o medida; pena inferior en grado razonándolo |
| 38 | Amenazas leves (171.4 a 6 CP) | Misma pena para la amenaza leve a la esposa o mujer ligada por análoga relación o a persona especialmente vulnerable; con armas a otros del 173.2, de tres meses a un año |
| 39 | Coacciones leves (172.2 CP) | Misma pena que las amenazas leves |
| 40 | Quebrantamiento (468 CP) | Prisión de seis meses a un año en todo caso al que quebrante una pena del artículo 48 o medida cautelar o de seguridad en procesos con ofendido del 173.2 |
| 41 | Vejaciones leves (620 CP) | Localización permanente de cuatro a ocho días en domicilio distinto y alejado, o trabajos de cinco a diez días, sin necesidad de denuncia salvo injurias (falta hoy suprimida) |
| 42 | Administración penitenciaria | Programas específicos para condenados por violencia de género; las Juntas de Tratamiento valoran su seguimiento en progresiones de grado, permisos y libertad condicional |
4.7 Título V, capítulo I. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (artículos 43 a 56)
La ley crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer añadiendo los artículos 87 bis y 87 ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial (43 y 44). Organización: en cada partido habrá uno o más, con sede en la capital y jurisdicción en todo su ámbito, con la designación del municipio de su sede; excepcionalmente pueden extenderse a dos o más partidos de la misma provincia; el Consejo General del Poder Judicial puede acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que conozca uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o de Instrucción; donde solo haya un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, es este el que asume la materia.
Competencia penal (44.1): la instrucción de los procesos por los delitos de los títulos del Código Penal de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro cometido con violencia o intimidación, contra quien sea o haya sido su esposa o mujer ligada por análoga relación aun sin convivencia, y contra los descendientes propios o de ella y los menores o incapaces que convivan o estén bajo su potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, cuando también se haya producido un acto de violencia de género; la instrucción de los delitos contra los derechos y deberes familiares; la adopción de las órdenes de protección, sin perjuicio del Juez de Guardia; y el conocimiento y fallo de las faltas de los títulos I y II del libro III. Competencia civil (44.2): filiación, maternidad y paternidad; nulidad, separación y divorcio; relaciones paterno-filiales; medidas de trascendencia familiar; guarda y custodia y alimentos de menores; asentimiento en la adopción; oposición a resoluciones administrativas de protección de menores. Esa competencia civil es exclusiva y excluyente cuando concurren cuatro requisitos (44.3): que el proceso civil verse sobre esas materias, que una de las partes sea víctima de violencia de género, que una de las partes sea imputada como autor, inductor o cooperador necesario, y que se hayan iniciado actuaciones penales ante el Juez de Violencia o se haya adoptado una orden de protección. Si los actos notoriamente no son violencia de género, el Juez puede inadmitir y remitir al competente (44.4). «En todos estos casos está vedada la mediación» (44.5).
| Cuestión | Artículo | Regla |
|---|---|---|
| Recursos penales | 45 (82.1.4.º LOPJ) | Audiencia Provincial, con secciones especializadas; también cuando le corresponda el enjuiciamiento en primera instancia |
| Recursos civiles | 46 (82.4 LOPJ) | Audiencia Provincial, con posible especialización de secciones |
| Formación | 47 | Gobierno, Consejo General del Poder Judicial y Comunidades Autónomas: formación en igualdad y violencia de género para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y médicos forenses, con enfoque de discapacidad y violencia vicaria |
| Jurisdicción y sede | 48 y 49 (Ley 38/1988) | Ámbito del partido; pueden crearse juzgados para más de un partido; sede en la capital del partido |
| Planta | 50 (15 bis Ley 38/1988) | Planta inicial en el anexo XIII; desarrollo por real decreto; creación, transformación o compatibilización según la carga de trabajo; servidos por Magistrados los de capital de provincia |
| Magistrados | 51 | El Ministro de Justicia puede establecerlo en partidos de más de 150.000 habitantes de derecho |
| Constitución | 52 | El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma, de forma escalonada por real decreto |
| Notificación de sentencias | 53 y 55 (160 y 789.5 LECrim) | Las sentencias de tribunales y de Juzgados de lo Penal se remiten por testimonio de forma inmediata al Juzgado de Violencia que instruyó, con la firmeza y la sentencia revocatoria de segunda instancia |
| Juicios rápidos | 54 y 56 (797 bis y 962.5 LECrim) | Diligencias en horas de audiencia; la Policía Judicial cita ante el Juzgado de Violencia el día hábil más próximo; el detenido va al Juzgado de Guardia solo para regularizar su situación si no puede presentarse ante el de Violencia |
4.8 Título V, capítulos II y III. Normas procesales civiles y penales (artículos 57 a 60)
El artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (57) regula la pérdida de la competencia del juez civil: si conociendo en primera instancia tiene noticia de un acto de violencia de género que ya dio lugar a un proceso penal o a una orden de protección, y concurren los requisitos del 87 ter.3, se inhibe y remite los autos al Juez de Violencia, salvo que haya empezado el juicio oral; si tiene noticia de una posible violencia sin proceso penal ni orden de protección, cita a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal en las 24 horas siguientes, y el Fiscal decide en las 24 horas siguientes si denuncia o pide orden de protección, entregando copia al tribunal, que sigue conociendo hasta ser requerido de inhibición; el Juez de Violencia que conoce de una causa penal requiere de inhibición al tribunal civil, que la acuerda de inmediato, acompañando testimonio de la incoación de diligencias, la admisión de la querella o la orden de protección; no cabe declinatoria; y la competencia civil del Juez de Violencia es exclusiva y excluyente.
En lo penal, el artículo 58 da nueva redacción al artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: el Juez de Violencia sobre la Mujer aparece en la instrucción (14.2), el Juez de lo Penal y la Audiencia Provincial de su circunscripción enjuician (14.3 y 14.4), y el número 5 repite sus competencias. La competencia territorial (59, artículo 15 bis) «vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima», sin perjuicio de la orden de protección o de las medidas urgentes del artículo 13 que adopte el juez del lugar de los hechos. La competencia por conexión (60, artículo 17 bis) se extiende a los delitos y faltas conexos por los números 3.º y 4.º del artículo 17.
4.9 Título V, capítulo IV. Medidas judiciales de protección y de seguridad (artículos 61 a 69)
Las medidas del capítulo son compatibles con las cautelares y de aseguramiento de los procesos civiles y penales (61.1), y en todos los procedimientos relacionados con la violencia de género el juez debe pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de los convivientes o personas bajo su guarda, del Ministerio Fiscal o de la Administración de los servicios de atención, sobre la pertinencia de las medidas, especialmente las de los artículos 64, 65 y 66, con su plazo y régimen (61.2).
| Medida | Artículo | Contenido |
|---|---|---|
| Orden de protección | 62 | El Juez de Violencia y, en su caso, el Juez de Guardia actúan conforme al artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal |
| Protección de datos y publicidad | 63 | Se protege la intimidad de las víctimas, sus datos y los de sus descendientes; vistas a puerta cerrada y actuaciones reservadas, de oficio o a instancia de parte |
| Salida del domicilio | 64.1 y 64.2 | Salida obligatoria del inculpado del domicilio de la unidad familiar y prohibición de volver; excepcionalmente, permuta del uso de la vivienda familiar copropiedad por otra de una agencia o sociedad pública de arrendamiento |
| Alejamiento | 64.3 y 64.4 | Prohibición de aproximarse a la persona protegida en cualquier lugar, a su domicilio, trabajo o lugares frecuentados; instrumentos tecnológicos para verificar el incumplimiento; distancia mínima fijada por el juez bajo apercibimiento de responsabilidad penal; procede aunque la víctima hubiera abandonado el lugar |
| Incomunicación | 64.5 y 64.6 | Prohibición de toda comunicación; las medidas se acuerdan acumulada o separadamente |
| Patria potestad y custodia | 65 | El juez puede suspender el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho; si no la suspende, debe pronunciarse sobre su forma de ejercicio y garantizar la seguridad de los menores y de la mujer con seguimiento periódico |
| Visitas | 66 | El juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación; si en interés superior del menor no la acuerda, se pronuncia sobre su forma y adopta medidas a través de servicios de atención especializada |
| Armas | 67 | Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con obligación de depositarlas |
| Garantías | 68 | Auto motivado con juicio de proporcionalidad y necesidad, intervención del Ministerio Fiscal y respeto de la contradicción, audiencia y defensa |
| Mantenimiento | 69 | Pueden mantenerse tras la sentencia definitiva y durante los recursos, haciéndolo constar en la sentencia |
4.10 Título V, capítulo V. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer (artículos 70 a 72)
El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer (70, artículo 18 quáter del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) lo nombra el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, como delegado, con categoría de Fiscal de Sala. Sus funciones: practicar las diligencias del artículo 5 del Estatuto e intervenir directamente en los procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General; intervenir por delegación en los procesos civiles del 87 ter.2; supervisar y coordinar las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer; coordinar los criterios de las Fiscalías proponiendo instrucciones; y elaborar semestralmente un informe para la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal. Las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer (71) existen en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, intervienen en los procedimientos penales y civiles de los Juzgados de Violencia y llevan un registro. En cada Fiscalía hay un delegado de Jefatura para violencia de género, medio ambiente y vigilancia penitenciaria (72).
La ley entró en vigor a los treinta días de su publicación, salvo los títulos IV y V, a los seis meses (disposición final séptima). Tiene veintiuna disposiciones adicionales, entre ellas la segunda (unidades de valoración forense integral con protocolos que atiendan a la violencia vicaria), la vigésima (cambio de apellidos por orden del Ministerio de Justicia para las víctimas) y la vigesimoprimera (Macroencuesta trienal).
4.11 Lo que la ley encarga a la Guardia Civil
Cuatro preceptos ponen al Cuerpo dentro de la ley y explican por qué este tema está en el temario. El artículo 31 manda al Gobierno crear en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención y en el control de la ejecución de las medidas judiciales: es la razón de ser de las unidades de la Guardia Civil dedicadas a la mujer y al menor, y del seguimiento de las órdenes de protección y de los dispositivos telemáticos que el artículo 64.3 permite y el 17.3 declara servicio esencial. El mismo artículo fija que la actuación policial siga el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales, y ordena la cooperación de las Policías Locales y autonómicas en el cumplimiento de las medidas del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del 57 del Código Penal.
Los artículos 54 y 56 encargan a la Policía Judicial las citaciones de los juicios rápidos ante el Juzgado de Violencia en el día hábil más próximo, coordinando día y hora, y el artículo 59 sitúa la instrucción en el juzgado del domicilio de la víctima, aunque el juez del lugar de los hechos pueda adoptar la orden de protección o las medidas urgentes.
El artículo 23 convierte al agente en parte del sistema de acreditación: la orden de protección que la patrulla ayuda a solicitar, la medida cautelar o el informe del Fiscal abren los derechos laborales, funcionariales y económicos de la víctima, y el atestado no vale por sí solo como título, lo que el tribunal preguntó en 2026 ofreciendo como falsa la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Y el artículo 47 obliga a que los cursos de formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incluyan la igualdad, la violencia de género, el enfoque de la discapacidad y la violencia vicaria: el propio proceso selectivo, con este tema, es la primera aplicación de esa regla.
5. Jurisprudencia esencial
Cuatro sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional, comprobadas en el BOE por su identificador y su fallo. Las cuatro resolvieron cuestiones de inconstitucionalidad contra los tipos penales que el título IV de la ley introdujo en el Código Penal, y las cuatro las desestimaron: la protección penal reforzada de la mujer frente a su pareja o expareja es conforme con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución.
STC 59/2008, de 14 de mayo (BOE-T-2008-9606). Cuestión planteada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia contra el artículo 153.1 del Código Penal en la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2004 (malos tratos sobre la esposa o mujer ligada por análoga relación). El Pleno desestimó la cuestión: la mayor pena cuando el autor es el hombre y la víctima su pareja o expareja no es una discriminación por razón de sexo, porque el legislador atiende a una realidad de violencia con un desvalor añadido, la que expresa una relación de dominación y coloca a la mujer en una situación de especial vulnerabilidad; la diferencia es razonable y proporcionada. Es la sentencia madre del tema y la que fijó la doctrina que repiten las tres siguientes.
STC 45/2009, de 19 de febrero (BOE-A-2009-4366). Doce cuestiones acumuladas, planteadas por los Juzgados de lo Penal números 1 y 4 de Murcia y otros, contra el artículo 171.4 del Código Penal (amenazas leves, artículo 38 de la ley). El Pleno inadmitió una cuestión y desestimó las once restantes, reiterando la doctrina de la STC 59/2008: el tipo no castiga al hombre por ser hombre, sino una conducta en un contexto de relación de pareja que el legislador puede considerar más grave, y admite la pena inferior en grado.
STC 127/2009, de 26 de mayo (BOE-A-2009-10260). Cuatro cuestiones acumuladas del Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete contra el artículo 172.2 del Código Penal (coacciones leves, artículo 39 de la ley). El Pleno inadmitió las cuestiones en cuanto a los párrafos segundo, tercero y cuarto del precepto y desestimó todo lo demás: la misma razón de la STC 59/2008 vale para las coacciones leves.
STC 41/2010, de 22 de julio (BOE-A-2010-12885). Dos cuestiones acumuladas del Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete contra el artículo 148.4 del Código Penal (lesiones agravadas cuando la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer ligada por análoga relación, artículo 36 de la ley). El Pleno desestimó las cuestiones: la agravación es facultativa («podrán ser castigadas») y responde al mismo fundamento de protección de la mujer frente a la violencia de su pareja, sin vulnerar la igualdad ni la culpabilidad. Con ella quedó cerrado el bloque de la tutela penal de la ley.
6. Tabla resumen
Órganos de la ley
| Órgano | Artículo | Quién lo compone o nombra | Qué hace y con qué periodicidad |
|---|---|---|---|
| Comisión del Plan Estatal | 3.1.d | Creada en un mes; víctimas, instituciones, profesionales, personas de prestigio | Controla el Plan Estatal permanente; la Delegación, oída la Comisión, remite el informe anual a las Cortes |
| Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial | 16 | Constituida en un año; representantes de todas las Comunidades Autónomas competentes | Apoya y orienta las medidas sanitarias; informe anual al Observatorio y al Pleno del Consejo |
| Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género | 29 | Adscrita al Ministerio de Igualdad; rango por reglamento | Formula las políticas, elabora la Macroencuesta (mínimo trienal), coordina; legitimada ante los tribunales |
| Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer | 30 | Colegiado; CCAA, entidades locales, agentes sociales, consumidores y usuarios, organizaciones de mujeres de todo el Estado, empresariales y sindicales más representativas | Asesora, evalúa, informa y propone; informe anual al Gobierno y a las CCAA |
| Unidades especializadas de las FCSE | 31 | Las establece el Gobierno | Prevención y control de la ejecución de las medidas judiciales; Protocolo de actuación |
| Juzgados de Violencia sobre la Mujer | 43 y 44 | Uno o más por partido, sede en la capital; Magistrados en capitales de provincia y partidos de más de 150.000 habitantes | Instrucción penal, órdenes de protección, faltas; competencia civil exclusiva y excluyente con cuatro requisitos; mediación vedada |
| Audiencia Provincial | 45 y 46 | Secciones especializadas | Recursos penales y civiles contra los Juzgados de Violencia |
| Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer | 70 | Fiscal de Sala nombrado por el Fiscal General, oído el Consejo Fiscal | Diligencias, procesos de especial trascendencia, coordinación de Secciones; informe semestral |
| Secciones contra la Violencia sobre la Mujer | 71 | En cada Fiscalía de TSJ y de Audiencia Provincial | Intervienen en los procedimientos de los Juzgados de Violencia; registro |
| Unidades de valoración forense integral | DA 2.ª | Servicios forenses del Gobierno y de las CCAA con competencias en justicia | Protocolos de actuación global e integral, con atención a la violencia vicaria |
Las cifras
| Cifra | Regla | Artículo |
|---|---|---|
| 1 mes | Creación de la Comisión del Plan Estatal | 3.1.d |
| 1 año | Constitución de la Comisión del Consejo Interterritorial | 16 |
| 24 horas | Asesoramiento jurídico como servicio esencial | 17.3 |
| 100 por 100 y 6 meses | Bonificación de cuotas en la interinidad; duración en movilidad o cambio de centro | 21.3 |
| 6 meses | Suspensión de la cotización de las autónomas | 21.5 |
| 75 por 100 del SMI | Tope de rentas para la ayuda de pago único | 27.1 |
| 6, 12, 18 y 24 meses de subsidio | Ayuda general, con discapacidad del 33 por 100, con responsabilidades familiares, con ambas | 27.2 y 27.4 |
| Anual | Informe del Observatorio; informe de la Comisión sanitaria; informe del Plan Estatal | 30.2, 16 y 3 |
| Semestral | Informe del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer | 70.1.e |
| Trienal | Periodicidad mínima de la Macroencuesta | DA 21.ª |
| 150.000 habitantes | Partido cuyo juzgado puede servir un Magistrado | 51 |
| 24 horas y 24 horas | Comparecencia con el Fiscal y decisión del Fiscal en el proceso civil | 57 (49 bis LEC) |
| 6 meses a 1 año | Prisión por malos tratos, amenazas y coacciones leves y por quebrantamiento | 37 a 40 |
| 1 año y 1 día a 3 años | Privación del derecho a armas en esos delitos | 37 a 39 |
| Hasta 5 años | Inhabilitación para la patria potestad | 37 a 39 |
| 30 días y 6 meses | Entrada en vigor general y de los títulos IV y V | DF 7.ª |
7. Trampas de examen
Veinticuatro confusiones; las cuatro primeras salen de las preguntas oficiales de 2025 y 2026.
1. El informe del Observatorio al Gobierno y a las Comunidades Autónomas es anual (30.2); el del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer es semestral (70) y la Macroencuesta, trienal (DA 21.ª).
2. En el Observatorio participan en todo caso las asociaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones de mujeres de todo el territorio del Estado y las empresariales y sindicales más representativas (30.3); ni «de una Comunidad Autónoma» ni «cualquiera».
3. Las Administraciones sanitarias actúan en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (15.1), donde se constituye la Comisión contra la Violencia de Género (16).
4. La violencia se acredita con sentencia, orden de protección u otra resolución con medida cautelar, informe del Fiscal, informe de servicios sociales o cualquier otro título sectorial (23); no con el atestado, la denuncia ni un informe del Letrado de la Administración de Justicia.
5. El autor es o ha sido cónyuge o pareja «aun sin convivencia» (1.1); la ley no cubre la violencia de otros familiares, que es violencia doméstica del artículo 173.2 del Código Penal.
6. La violencia sobre los familiares o allegados menores para dañar a la mujer es violencia de género desde la Ley Orgánica 8/2021 (1.4): la violencia vicaria.
7. Once principios rectores, de la a a la k; la transversalidad es el último (2.k); la Delegación y el Observatorio aparecen en la letra f.
8. La Comisión del Plan Estatal se crea en un mes y el informe anual del Plan va a las Cortes Generales (3.1.d), no al Gobierno.
9. Están legitimados para la acción de cesación de publicidad ilícita la Delegación, el Instituto de la Mujer, el Fiscal y las asociaciones de objetivo único (12); no cualquier asociación.
10. Los principios de la atención integral son cuatro: permanente, urgente, especializada y multidisciplinar (19.1); los contenidos de la atención multidisciplinar son siete (19.2).
11. La asistencia jurídica gratuita cubre el asesoramiento previo a la denuncia y la defensa en todos los procesos y procedimientos administrativos, con una misma dirección letrada (20.1); alcanza a los causahabientes que no fueran partícipes.
12. La víctima puede personarse como acusación particular en cualquier momento, sin retrotraer actuaciones (20.7); el abogado la representa hasta que haya procurador (20.6).
13. La bonificación del contrato de interinidad es del 100 por 100 de las cuotas por contingencias comunes, durante toda la suspensión o seis meses en movilidad (21.3); las autónomas dejan de cotizar seis meses (21.5).
14. La ayuda de pago único exige rentas no superiores al 75 por 100 del SMI y vale 6, 12, 18 o 24 meses de subsidio (27); la conceden las Administraciones de servicios sociales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
15. La Delegación del Gobierno formula las políticas y hace la Macroencuesta; el Observatorio asesora, evalúa e informa (29 y 30); la legitimada ante los tribunales es la titular de la Delegación.
16. Las unidades especializadas se crean en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales cooperan (31); las policías autonómicas quedan incluidas por el apartado 4.
17. El título IV modifica el Código Penal, no crea delitos en la propia ley; la sustitución de la prisión solo cabe por trabajos en beneficio de la comunidad (35).
18. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer está en cada partido con sede en la capital, y solo excepcionalmente abarca dos o más partidos de la misma provincia (43).
19. La competencia civil es exclusiva y excluyente solo si concurren simultáneamente los cuatro requisitos del 87 ter.3 y en todos esos casos está vedada la mediación (44.5).
20. Los recursos contra los Juzgados de Violencia van a la Audiencia Provincial, con secciones especializadas en lo penal (45) y en lo civil (46).
21. La competencia territorial la fija el domicilio de la víctima (59), no el lugar de los hechos; la conexión sigue los números 3.º y 4.º del artículo 17 (60).
22. En el proceso civil, la comparecencia con el Fiscal es en 24 horas y el Fiscal decide en otras 24; no cabe declinatoria (57).
23. La suspensión de visitas se ordena; la de la patria potestad se puede acordar (66 y 65); ambas exigen pronunciamiento en todo caso y las medidas se adoptan por auto motivado con el Fiscal (68).
24. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer es Fiscal de Sala nombrado por el Fiscal General oído el Consejo Fiscal e informa semestralmente (70); las Secciones están en las Fiscalías de TSJ y Audiencias Provinciales (71).
8. Reglas mnemotécnicas
- «Cónyuge o pareja, con o sin techo»: el autor es o ha sido pareja, aun sin convivencia (1.1).
- «Física, psicológica, sexual, amenaza, coacción, privación»: los seis contenidos de la violencia del artículo 1.3.
- «Un mes la Comisión, un año la sanitaria»: plazos de los artículos 3 y 16.
- «PUEM»: Permanente, Urgente, Especializada, Multidisciplinar: los principios de la atención integral (19.1).
- «SOFI + servicios + otro título»: Sentencia, Orden de protección, Fiscal, Informe de servicios sociales, cualquier otro título sectorial (23).
- «75 y 6-12-18-24»: tope del SMI y meses de subsidio de la ayuda de pago único (27).
- «La Delegación manda, el Observatorio mira»: políticas y Macroencuesta frente a informes y evaluación (29 y 30).
- «Anual el Observatorio, semestral el Fiscal, trienal la Macroencuesta»: las tres periodicidades.
- «Cuatro requisitos, cero mediación»: la competencia civil exclusiva y excluyente (44.3 y 44.5).
- «Se instruye donde vive ella»: competencia territorial por el domicilio de la víctima (59).
- «Visitas se suspenden, potestad se puede suspender»: artículos 66 y 65.
- «30 y 6»: treinta días de vigor general, seis meses para los títulos penal y judicial (DF 7.ª).
9. Aplicación práctica
Situación 1. Llamada por agresión de una expareja sin convivencia. Una mujer denuncia amenazas de quien fue su novio, con quien nunca convivió. Está dentro del artículo 1.1: relación similar de afectividad aun sin convivencia. La patrulla informa de sus derechos (18), de la asistencia jurídica gratuita inmediata y del asesoramiento previo a la denuncia (20.1), y del derecho a solicitar la orden de protección (62). El atestado va al Juzgado de Violencia sobre la Mujer del domicilio de la víctima (59), y si procede juicio rápido la Policía Judicial cita ante ese juzgado en el día hábil más próximo coordinando día y hora (54). La amenaza leve de la expareja es el tipo del artículo 171.4 que el artículo 38 introdujo, declarado constitucional por la STC 45/2009.
Situación 2. Control de una orden de alejamiento con dispositivo. El inculpado se acerca a menos de la distancia mínima fijada por el juez. La medida del artículo 64.3 permite instrumentos tecnológicos para verificar el incumplimiento y se acordó bajo apercibimiento de responsabilidad penal; el sistema telemático es servicio esencial (17.3). La unidad especializada del artículo 31 controla la ejecución de la medida judicial, y el quebrantamiento es el delito del artículo 468.2 en la redacción del artículo 40 de la ley (prisión de seis meses a un año en todo caso). La medida procedía aunque la víctima ya hubiera abandonado el domicilio (64.4).
Situación 3. Víctima que pide cómo acreditar su situación en el trabajo. Una trabajadora quiere pedir la reducción de jornada y la movilidad geográfica del artículo 21. Se acredita con la orden de protección, con otra resolución con medida cautelar, con el informe del Ministerio Fiscal o con el informe de los servicios sociales (23); la copia de la denuncia o el atestado no bastan. La suspensión del contrato le da situación legal de desempleo con cotización efectiva (21.2), y si carece de rentas superiores al 75 por 100 del SMI y tiene especiales dificultades de empleo puede pedir la ayuda de pago único de seis meses de subsidio (27).
Situación 4. Menores presentes en la agresión. En la intervención hay hijos menores de la víctima. Son también víctimas: la ley asiste a los hijos menores (1.2), reconoce su derecho a la asistencia social integral con psicólogos infantiles (19.5 y 19 bis), y el juez debe pronunciarse en todo caso sobre la patria potestad y la custodia (65) y ordenar la suspensión del régimen de visitas salvo interés superior del menor (66). Si la violencia sobre ellos busca dañar a la madre, es violencia vicaria (1.4), materia también de las unidades de valoración forense integral (DA 2.ª).
10. Preguntas de test con respuesta explicada
Cuarenta preguntas, que con las diez de la sección siguiente completan las cincuenta del nivel B. Redactadas de nuevo por TestMiOpo; ninguna reproduce un enunciado oficial.
1. La Ley Orgánica 1/2004 actúa contra la violencia ejercida sobre las mujeres por:
a) Cualquier familiar que conviva con ellas.
b) Cualquier hombre, con independencia de la relación.
c) Quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
d) Sus superiores jerárquicos en el trabajo.
Respuesta: c). Artículo 1.1; la convivencia no es requisito y la relación puede haber terminado.
2. Conforme al artículo 1.3, la violencia de género comprende:
a) Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
b) Solo la violencia física con resultado de lesión.
c) Solo las agresiones sexuales.
d) Únicamente las amenazas y coacciones graves.
Respuesta: a). El apartado 4 añade la violencia sobre familiares o allegados menores ejercida para dañar a la mujer.
3. El principio de transversalidad de las medidas figura en el artículo 2 como fin:
a) Primero, letra a.
b) Sexto, letra f.
c) Séptimo, letra g.
d) Último, letra k.
Respuesta: d). Exige atender a las necesidades específicas de todas las mujeres víctimas; la letra f es la tutela institucional.
4. La Comisión de amplia participación que controla el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención se crea en un plazo máximo de:
a) Quince días.
b) Un mes.
c) Tres meses.
d) Seis meses.
Respuesta: b). Artículo 3.1.d; la Delegación, oída la Comisión, remite el informe anual del Plan a las Cortes Generales.
5. Según el artículo 4, la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia:
a) El aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.
b) El análisis crítico de las desigualdades de sexo.
c) La investigación en igualdad de género.
d) La madurez personal, social y moral.
Respuesta: a). El análisis crítico corresponde a Bachillerato y Formación Profesional; la investigación, a las Universidades.
6. Están legitimados para ejercitar la acción de cesación de la publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria la imagen de la mujer, según el artículo 12:
a) Cualquier ciudadano.
b) Solo el Ministerio Fiscal.
c) La Delegación Especial del Gobierno, el Instituto de la Mujer u órgano autonómico equivalente, el Ministerio Fiscal y las asociaciones cuyo objetivo único sea la defensa de la mujer.
d) Los Consejos Escolares.
Respuesta: c). La publicidad ilícita se define por remisión a la Ley 34/1988, General de Publicidad (artículo 10).
7. La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituye en el plazo de:
a) Seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
b) Un año desde la entrada en vigor de la ley.
c) Dos años desde la entrada en vigor de la ley.
d) Un mes desde la entrada en vigor de la ley.
Respuesta: b). Artículo 16; está compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas competentes y emite un informe anual.
8. El informe anual de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial se remite:
a) A las Cortes Generales.
b) Al Ministerio de Sanidad únicamente.
c) A la Delegación del Gobierno.
d) Al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.
Respuesta: d). Artículo 16, último párrafo; el informe del Plan Estatal es el que va a las Cortes.
9. Según el artículo 17.3, tienen carácter de servicios esenciales:
a) Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, asesoramiento jurídico 24 horas, acogida y asistencia social integral.
b) Solo los servicios de acogida.
c) Solo el teléfono de atención.
d) Los servicios de empleo.
Respuesta: a). También el sistema de seguimiento telemático de las medidas y penas de prohibición de aproximación.
10. Los servicios sociales de atención a las víctimas responden, según el artículo 19.1, a los principios de:
a) Gratuidad, voluntariedad y confidencialidad.
b) Proximidad, rapidez y economía.
c) Atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
d) Descentralización y subsidiariedad.
Respuesta: c). Los organizan las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales; la atención multidisciplinar comprende siete contenidos.
11. El derecho a la atención sanitaria del artículo 19 bis, añadido por la Ley Orgánica 10/2022, garantiza a las víctimas y a sus hijos e hijas:
a) Solo la asistencia de urgencia.
b) La atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y el seguimiento hasta su total recuperación.
c) Un seguro sanitario privado.
d) La atención en centros de otra Comunidad Autónoma.
Respuesta: b). Con psicólogos infantiles para los menores víctimas de violencia vicaria y respeto a las decisiones de la mujer.
12. La asistencia jurídica gratuita del artículo 20 comprende:
a) Solo la defensa en el proceso penal.
b) Solo la representación por procurador.
c) La defensa en el proceso civil de divorcio exclusivamente.
d) El asesoramiento gratuito inmediatamente previo a la denuncia y la defensa y representación gratuitas en todos los procesos y procedimientos administrativos con causa en la violencia.
Respuesta: d). Una misma dirección letrada asume la defensa; el derecho alcanza a los causahabientes que no fueran partícipes.
13. La víctima de violencia de género puede personarse como acusación particular:
a) En cualquier momento del procedimiento, sin retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas.
b) Solo antes del auto de apertura del juicio oral.
c) Solo en la fase de instrucción.
d) Solo si renuncia a la asistencia jurídica gratuita.
Respuesta: a). Artículo 20.7; hasta la designación de procurador, el abogado tiene habilitación para la representación procesal.
14. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas que hayan suspendido su contrato tienen una bonificación de las cuotas empresariales por contingencias comunes del:
a) 50 por 100.
b) 75 por 100.
c) 100 por 100.
d) 30 por 100.
Respuesta: c). Artículo 21.3, durante toda la suspensión o seis meses en movilidad geográfica o cambio de centro.
15. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas que cesen en su actividad se les suspende la obligación de cotizar durante:
a) Tres meses.
b) Seis meses.
c) Nueve meses.
d) Doce meses.
Respuesta: b). Artículo 21.5; se consideran cotizados y la situación es asimilada al alta.
16. Entre los títulos que acreditan la situación de violencia de género según el artículo 23 NO figura:
a) La sentencia condenatoria.
b) El informe del Ministerio Fiscal que indique indicios.
c) El informe de los servicios sociales especializados.
d) La copia de la denuncia presentada ante la Guardia Civil.
Respuesta: d). Sí figuran la orden de protección, cualquier resolución con medida cautelar y cualquier otro título previsto en la normativa sectorial.
17. La ayuda de pago único del artículo 27 exige que la víctima carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al:
a) 50 por 100 del salario mínimo interprofesional.
b) 60 por 100 del salario mínimo interprofesional.
c) 75 por 100 del salario mínimo interprofesional.
d) 100 por 100 del salario mínimo interprofesional.
Respuesta: c). Excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y con especiales dificultades para obtener empleo.
18. El importe de la ayuda de pago único, con carácter general, equivale a:
a) Seis meses de subsidio por desempleo.
b) Doce meses de subsidio por desempleo.
c) Dieciocho meses de subsidio por desempleo.
d) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo.
Respuesta: a). Doce con discapacidad del 33 por 100; dieciocho con responsabilidades familiares; veinticuatro con ambas circunstancias.
19. El derecho a la reparación de las víctimas, según el artículo 28 bis, comprende:
a) Solo la indemnización económica.
b) La compensación económica, la recuperación física, psíquica y social, la reparación simbólica y las garantías de no repetición.
c) Solo la recuperación psicológica.
d) Una pensión vitalicia.
Respuesta: b). Capítulo V del título II, añadido por la Ley Orgánica 10/2022; la indemnización la pagan los responsables civil o penalmente.
20. La Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres la elabora:
a) El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
b) El Instituto Nacional de Estadística.
c) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
d) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Respuesta: d). Artículo 29.1; con periodicidad mínima trienal según la disposición adicional vigesimoprimera.
21. La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género:
a) Está legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos de la ley.
b) Preside el Observatorio Estatal.
c) Nombra al Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.
d) Dirige las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Respuesta: a). Artículo 29.2; su rango y funciones se determinan reglamentariamente, hoy por el Real Decreto 237/2005.
22. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es:
a) Un órgano unipersonal.
b) Un organismo autónomo.
c) Un órgano colegiado de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y propuestas.
d) Una autoridad administrativa independiente.
Respuesta: c). Artículo 30.1; sus informes consignan los datos desagregados por sexo.
23. Las unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales las establece el Gobierno en:
a) Las Policías Locales.
b) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
c) Los servicios sociales.
d) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Respuesta: d). Artículo 31.1; las Policías Locales cooperan en el cumplimiento de las medidas judiciales.
24. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta materia debe tener en cuenta:
a) El Plan Nacional de Salud.
b) El Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales.
c) Las instrucciones del Observatorio.
d) El Estatuto de los Trabajadores.
Respuesta: b). Artículo 31.3; los planes de colaboración del artículo 32 implican también a sanidad, justicia y servicios sociales.
25. Conforme al artículo 35 de la ley, en los delitos relacionados con la violencia de género la pena de prisión solo puede sustituirse por:
a) Trabajos en beneficio de la comunidad.
b) Multa.
c) Localización permanente.
d) Expulsión del territorio.
Respuesta: a). Con programas de reeducación y tratamiento psicológico y las reglas 1.ª y 2.ª del artículo 83.
26. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas que el artículo 153.1 del Código Penal, en la redacción de la ley, impone en todo caso dura:
a) De seis meses a un año.
b) De tres meses a un año.
c) De un año y un día a tres años.
d) Hasta cinco años.
Respuesta: c). La prisión es de seis meses a un año y la inhabilitación para la patria potestad, hasta cinco años.
27. Las Juntas de Tratamiento valorarán el seguimiento de los programas específicos para condenados por violencia de género en:
a) La clasificación inicial únicamente.
b) Las progresiones de grado, la concesión de permisos y la libertad condicional.
c) La concesión de indultos.
d) La suspensión de la pena.
Respuesta: b). Artículo 42.2; los programas específicos los realiza la Administración penitenciaria para los condenados por violencia de género.
28. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen su sede en:
a) La capital de la provincia.
b) La capital de la Comunidad Autónoma.
c) El municipio de mayor población del partido.
d) La capital del partido judicial.
Respuesta: d). Artículos 43 y 49; toman su designación del municipio de su sede y pueden abarcar excepcionalmente varios partidos de la misma provincia.
29. Entre las materias civiles de las que pueden conocer los Juzgados de Violencia sobre la Mujer NO está:
a) La nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
b) La filiación, maternidad y paternidad.
c) Las reclamaciones de cantidad entre los cónyuges por deudas comunes.
d) La guarda y custodia de hijos menores y alimentos.
Respuesta: c). Artículo 44.2; también la adopción de medidas de trascendencia familiar, el asentimiento en la adopción y la oposición a resoluciones de protección de menores.
30. En los procedimientos de competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la mediación:
a) Está vedada en todos los casos.
b) Es obligatoria en los asuntos civiles.
c) Es voluntaria.
d) Solo cabe en las faltas.
Respuesta: a). Artículo 44.5; y el juez puede inadmitir la pretensión si los actos notoriamente no son violencia de género.
31. Los recursos contra las resoluciones penales dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer corresponden a:
a) El Tribunal Superior de Justicia.
b) La Audiencia Provincial, con una o varias secciones especializadas.
c) La Audiencia Nacional.
d) El Juzgado de lo Penal.
Respuesta: b). Artículo 45; en lo civil también conoce la Audiencia Provincial (46).
32. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán ser servidos por Magistrados cuando estén radicados en un partido judicial superior a:
a) 50.000 habitantes de derecho.
b) 75.000 habitantes de derecho.
c) 100.000 habitantes de derecho.
d) 150.000 habitantes de derecho.
Respuesta: d). Artículo 51; en todo caso los de capital de provincia y los del anexo XIII (50).
33. En los juicios rápidos de competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial realizará las citaciones ante ese juzgado:
a) En el día hábil más próximo, coordinando día y hora con el juzgado.
b) En el plazo de siete días.
c) Ante el Juzgado de Guardia en todo caso.
d) Solo si la víctima lo solicita.
Respuesta: a). Artículo 54; el detenido solo va al Juzgado de Guardia para regularizar su situación si no puede presentarse ante el de Violencia.
34. Cuando un juez civil tiene noticia de un posible acto de violencia de género que no ha dado lugar a proceso penal ni a orden de protección, debe citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal en las siguientes:
a) 12 horas.
b) 48 horas.
c) 24 horas.
d) 72 horas.
Respuesta: c). Artículo 57 (49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil); el Fiscal decide en las 24 horas siguientes si denuncia o pide orden de protección.
35. La competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer viene determinada por:
a) El lugar de comisión de los hechos.
b) El lugar del domicilio de la víctima.
c) El domicilio del inculpado.
d) El lugar de la detención.
Respuesta: b). Artículo 59 (15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), sin perjuicio de la orden de protección o medidas urgentes del juez del lugar de los hechos.
36. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el juez competente deberá pronunciarse sobre la pertinencia de las medidas cautelares:
a) Solo a instancia de la víctima.
b) Solo a instancia del Ministerio Fiscal.
c) Solo si hay hijos menores.
d) En todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de los convivientes, del Fiscal o de la Administración de los servicios de atención.
Respuesta: d). Artículo 61.2, especialmente sobre las medidas de los artículos 64, 65 y 66, fijando plazo y régimen.
37. La medida de alejamiento del artículo 64:
a) Puede acordarse con independencia de que la víctima hubiera abandonado previamente el lugar, con una distancia mínima fijada por el juez.
b) Exige que la víctima permanezca en el domicilio.
c) No admite instrumentos tecnológicos de control.
d) Solo puede acordarse junto con la salida del domicilio.
Respuesta: a). Cabe la tecnología para verificar el incumplimiento y las medidas se acuerdan acumulada o separadamente.
38. Respecto del régimen de visitas del inculpado por violencia de género con los menores que dependan de él, el artículo 66 establece que el juez:
a) Lo mantendrá siempre.
b) Podrá suspenderlo discrecionalmente.
c) Ordenará su suspensión y, si en interés superior del menor no la acuerda, se pronunciará sobre su forma de ejercicio.
d) Lo remitirá al juez civil.
Respuesta: c). La suspensión de la patria potestad del artículo 65 es, en cambio, facultativa.
39. Las medidas restrictivas de derechos del capítulo IV del título V se adoptan:
a) Por providencia.
b) Mediante auto motivado con juicio de proporcionalidad y necesidad, intervención del Ministerio Fiscal y respeto de la contradicción, audiencia y defensa.
c) Por decreto del Letrado de la Administración de Justicia.
d) Verbalmente en la comparecencia.
Respuesta: b). Artículo 68; pueden mantenerse tras la sentencia definitiva y durante los recursos (69).
40. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer es nombrado por:
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministro de Justicia.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, con categoría de Fiscal de Sala.
Respuesta: d). Artículo 70; elabora semestralmente un informe para la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal.
11. Preguntas de estilo examen
Diez preguntas más con el formato de los cuestionarios oficiales, que empiezan nombrando la norma.
41. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tutela institucional. ¿A qué Ministerio está adscrita la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género?:
a) Al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia.
b) Al Ministerio del Interior.
c) Al Ministerio de Justicia.
d) Al Ministerio de la Presidencia.
Respuesta: a). Artículo 29.1; formula las políticas públicas y elabora la Macroencuesta.
42. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Observatorio Estatal. Señale la afirmación INCORRECTA:
a) Es un órgano colegiado.
b) Sus informes considerarán de forma especial a las mujeres con mayor riesgo o mayores dificultades de acceso a los servicios.
c) Su informe sobre la evolución de la violencia se remite al Gobierno y a las Comunidades Autónomas cada dos años.
d) Sus datos se consignarán desagregados por sexo.
Respuesta: c). Artículo 30.2: la periodicidad del informe es anual, con los tipos penales aplicados y las necesidades de reforma legal.
43. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Derechos de las funcionarias públicas. La funcionaria víctima tiene derecho, en los términos de su legislación específica, a…:
a) La extinción de la relación funcionarial con indemnización.
b) La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica de centro y la excedencia.
c) La jubilación anticipada.
d) Una plaza en cualquier Administración.
Respuesta: b). Artículo 24; la acreditación se hace por el artículo 23 (26).
44. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ámbito sanitario. La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial estará compuesta por…:
a) Representantes de las asociaciones de mujeres.
b) Representantes de los Colegios de Médicos.
c) Representantes del Ministerio de Sanidad únicamente.
d) Representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
Respuesta: d). Artículo 16, segundo párrafo; apoya técnicamente y orienta la planificación de las medidas sanitarias.
45. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tutela judicial. ¿Cuántos requisitos deben concurrir simultáneamente para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tengan competencia civil exclusiva y excluyente?:
a) Cuatro.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cinco.
Respuesta: a). Artículo 44.3: materia civil de las enumeradas, parte víctima, parte imputada y actuaciones penales u orden de protección.
46. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Gobierno promoverá que las Policías Locales cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas judiciales previstas en la ley, en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en…:
a) El artículo 173.2 del Código Penal.
b) El artículo 468 del Código Penal.
c) El artículo 57 del Código Penal.
d) El artículo 153 del Código Penal.
Respuesta: c). Artículo 31.2; el apartado 4 extiende la regla a las policías autonómicas.
47. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Entrada en vigor. Los títulos IV y V entraron en vigor…:
a) A los treinta días de su publicación.
b) A los seis meses de su publicación.
c) El día siguiente al de su publicación.
d) A los tres meses de su publicación.
Respuesta: b). Disposición final séptima; el resto de la ley, a los treinta días.
48. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Derechos de las víctimas. ¿En qué formato debe ofrecerse la información a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género?:
a) Únicamente por escrito.
b) A través de su representante legal.
c) Solo en lengua de signos.
d) En formato accesible y comprensible, como lengua de signos u otras modalidades, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.
Respuesta: d). Artículo 18.2; también accesible para quienes desconozcan el castellano o la otra lengua oficial (18.3).
49. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Medidas judiciales. La suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas del inculpado…:
a) Es automática con la denuncia.
b) Solo la acuerda el Juzgado de Guardia.
c) Puede acordarla el juez, con obligación de depositar las armas conforme a la normativa vigente.
d) Corresponde a la Intervención de Armas de la Guardia Civil sin intervención judicial.
Respuesta: c). Artículo 67; como las demás medidas del capítulo, por auto motivado con el Fiscal (68).
50. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tutela penal. Las lesiones del artículo 148 del Código Penal, en la redacción dada por la ley, podrán castigarse con prisión de dos a cinco años si la víctima…:
a) Fuere o hubiere sido esposa, o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
b) Fuere funcionaria pública.
c) Fuere mayor de sesenta y cinco años.
d) Fuere extranjera.
Respuesta: a). Ordinal 4.º; el 5.º añade a la persona especialmente vulnerable que conviva con el autor; STC 41/2010.
12. Fuentes oficiales
Todos los identificadores del BOE se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el Boletín.
| Norma o fuente | Referencia | Enlace |
|---|---|---|
| Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género | BOE-A-2004-21760, BOE de 29 de diciembre de 2004; texto consolidado con última actualización publicada el 7 de septiembre de 2022 (data/leyes/lo-1-2004-violencia-genero.json) | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 |
| Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (modifica la ley y añade el 19 bis, el capítulo V del título II y la DA 21.ª) | BOE-A-2022-14630 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14630 |
| Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género | BOE-A-2021-4629 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4629 |
| Real Decreto 752/2022, de 13 de septiembre, del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer | BOE-A-2022-15763 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-15763 |
| Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo, de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer | BOE-A-2005-3774 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-3774 |
Jurisprudencia citada, comprobada una a una en el BOE: STC 59/2008, de 14 de mayo (BOE-T-2008-9606); STC 45/2009, de 19 de febrero (BOE-A-2009-4366); STC 127/2009, de 26 de mayo (BOE-A-2009-10260); STC 41/2010, de 22 de julio (BOE-A-2010-12885).
Temario y convocatoria: temario fijado por la Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023, transcrito en TEMARIO-OFICIAL.md; convocatoria de referencia, Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982).
Frecuencia: cuestionarios oficiales de conocimientos generales de 2025 y 2026, modelo A, publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, clasificados en ANALISIS-FRECUENCIA.md; las respuestas de 2026 se han contrastado con la plantilla oficial del tribunal. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta oficial.
13. Control de calidad
- [x] El bloque único del enunciado oficial se desarrolla completo: título preliminar y títulos I a V, artículos 1 a 72 más 19 bis, 28 bis y 28 ter, con apartado propio por título y capítulo en el epígrafe 4 y una subsección sobre lo que la ley encarga a la Guardia Civil
- [x] Ningún precepto se ha redactado de memoria: la ley se ha leído del texto consolidado del BOE (7 de septiembre de 2022) persistido en
data/leyes/, comprobando en el análisis del BOE las reformas de las Leyes Orgánicas 10/2022, 8/2021 y 8/2015 y de la Ley 1/2021 - [x] El título IV se presenta como lo que es, una reforma del Código Penal de 2004, advirtiendo de que el Código ha cambiado después
- [x] Los identificadores del BOE de las normas y de las cuatro sentencias se han comprobado con
curlleyendo el título que devuelve el Boletín - [x] Cuatro sentencias del Tribunal Constitucional citadas y verificadas con su fallo en el epígrafe 5
- [x] Veinticuatro trampas de examen, por encima del mínimo de doce
- [x] Cincuenta preguntas con respuesta explicada, las del nivel B; las cuatro oficiales medidas tienen su materia cubierta y su respuesta razonada en el desarrollo
- [x] Ninguna pregunta reproduce el enunciado de un cuestionario oficial
- [x] Las cifras de frecuencia proceden de
frecuencia/conteo.jsony no se han escrito a mano - [x] Sin raya ni semirraya en todo el archivo
- [ ] Revisión por revisor colegiado: pendiente
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