Tema 4. Derecho constitucional

Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Ingreso directo.

Enunciado oficial (Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023), tres bloques: «Bloque 1. La Constitución Española de 1978. Bloque 2. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. TÍTULO I. Nombramiento, cese y condiciones. TÍTULO II. Del Procedimiento. TÍTULO III. De las resoluciones. Disposición Final Única. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Bloque 3. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.»

Autoría	Equipo de contenidos TestMiOpo
Revisión jurídica	Pendiente de revisor colegiado
Última revisión	12 de septiembre de 2026
Normas de referencia	Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), con las reformas del artículo 13.2 (BOE-A-1992-20403), del artículo 135 (BOE-A-2011-15210) y del artículo 49 (BOE-A-2024-3099). Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (BOE-A-1981-10325). Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (BOE-A-1982-11196)
Convocatoria de referencia	Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982)

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1. Mapa del tema

                         TRES NORMAS, UNA IDEA: LOS DERECHOS Y QUIEN LOS GARANTIZA
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        +-------------------------------------+-------------------------------------+
        |                                     |                                     |
  CONSTITUCION 1978                    LO 3/1981                              LO 1/1982
  (6 y 5 preguntas)                    DEFENSOR DEL PUEBLO                    HONOR, INTIMIDAD,
        |                              (1 pregunta al año)                    PROPIA IMAGEN
  Preliminar (1-9):                           |                               (1 pregunta al año)
  valores, soberania,                  art. 54 CE: alto comisionado                  |
  Monarquia parlamentaria              de las Cortes, ley organica            desarrolla el art. 18.1
        |                                     |                               por ley organica (81.1)
  TITULO I (10-55):                    Tit. I (1-8): eleccion                        |
   Cap. I  10-13                       5 anos, 3/5 Congreso + 3/5             art. 1: irrenunciable,
   Cap. II 14-38                       Senado en 20 dias; Pleno               inalienable,
    Secc. 1.a 15-29 AMPARO             convocado en no menos de               imprescriptible
    Secc. 2.a 30-38 sin amparo         10 dias; cese; inviolable;                    |
   Cap. III 39-52 principios           dos Adjuntos                           art. 2: leyes + usos
    rectores (no amparo)                      |                               sociales; ley o
   Cap. IV 53-54 garantias             Tit. II (9-27): quejas en              consentimiento EXPRESO,
   Cap. V  55 suspension               1 ano, gratis, sin abogado;            revocable
        |                              informe en 15 dias; no                        |
  TIT. II Corona (56-65)               anonimas; secretos: Consejo            art. 7: OCHO
   Regencia: Cortes reconocen          de Ministros                           intromisiones
   la inhabilitacion                          |                               ilegitimas
        |                              Tit. III (28-33): no anula,                   |
  TIT. III Cortes (66-96)              sugiere; recomendaciones,               art. 8: excepciones
   Congreso 300-400, 4 anos,           respuesta en 1 mes; informe             (cargo publico,
   convocado en 25 dias;               anual a las Cortes                     caricatura, accesoria)
   Senado 4 por provincia                     |                                      |
        |                              DF unica: Mecanismo Nacional            art. 9: tutela
  TIT. IV Gobierno (97-107)            de Prevencion de la Tortura            judicial, medidas,
   art. 97 funciones; 102.2:                                                   dano moral presunto,
   1/4 Congreso + may. absoluta                                                caducidad 4 anos
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  TIT. V (108-116) censura,
   confianza, estados 116
        |
  TIT. VIII (137-158): art. 155
   Senado mayoria absoluta
        |
  TIT. IX TC (159-165), X reforma

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2. Introducción y enfoque de estudio

Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.

Este tema vale 7,50 puntos de los 100 del examen, nivel A, el cuarto del temario por peso medido: ocho preguntas en 2025 y siete en 2026. El tribunal reparte con una regularidad que se puede planificar: seis y cinco preguntas de la Constitución, una del Defensor del Pueblo y una de la Ley del honor cada año. Es el tema con mejor relación entre lo que se estudia y lo que cae, porque las quince preguntas medidas salieron de artículos concretos y cortos.

Tres decisiones de estudio.

Primera: la Constitución se estudia por títulos y por artículos, con el artículo 53 como llave. De las once preguntas constitucionales medidas, cuatro giraron sobre una sola distinción: qué derechos son fundamentales de la Sección primera, cuáles son derechos de la Sección segunda y cuáles son principios rectores del Capítulo tercero, y qué garantía tiene cada grupo. Quien sabe en qué artículo está cada derecho responde esas cuatro preguntas sin dudar. Por eso el desarrollo del Título I lleva una tabla de ubicación y garantías que hay que memorizar antes que ninguna otra cosa.

Segunda: los números se preguntan literalmente. Veinticinco días para convocar el Congreso electo, la cuarta parte del Congreso y la mayoría absoluta para acusar a un ministro por traición, la mayoría absoluta del Senado para el artículo 155, no menos de diez días para convocar el Pleno que elige al Defensor del Pueblo. Cada una de esas cifras ha sido una pregunta o una opción falsa en los dos últimos cuestionarios. Este manual las agrupa en tablas para que se estudien juntas.

Tercera: las dos leyes orgánicas se estudian enteras, porque son cortas. La Ley del Defensor del Pueblo tiene treinta y siete artículos y una disposición final; la Ley del honor, nueve artículos y una exposición de motivos de la que salió la pregunta de 2025. Se leen completas, no resumidas, y en el orden del enunciado: nombramiento, procedimiento, resoluciones, Mecanismo Nacional de Prevención.

Cómo recorrer el tema. Primero el Título I de la Constitución (4.1.2), donde está la mitad de las preguntas del bloque. Después la organización del Estado (4.1.3 a 4.1.8), estudiada por sus datos numéricos. Después el Defensor del Pueblo (4.2) y al final la Ley del honor (4.3), que desarrolla el artículo 18.1.

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3. Qué se pregunta de este tema

Medido sobre los dos cuestionarios oficiales de conocimientos generales publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, 200 preguntas clasificadas una a una por materia (ANALISIS-FRECUENCIA.md):

Cuestionario	Preguntas del tema 4	Sobre el total	Puntos sobre 100
6 de septiembre de 2025, modelo A	8	100	8,00
11 de julio de 2026, modelo A	7	100	7,00
Media			7,50

7,50 puntos es dato medido, nivel A. Dentro del tema, las quince preguntas se reparten así:

Bloque	2025	2026	Total	Qué se preguntó, sin reproducir el enunciado
Constitución, Título I	4	2	6	Cuál de cuatro derechos es fundamental; cuál no tiene recurso de amparo; principio rector alterado en una palabra; rango de la ley que regula al Defensor del Pueblo; deberes del artículo 30 con una opción alterada; qué derecho puede suspenderse a personas determinadas por el artículo 55.2
Constitución, Títulos II a VIII	2	3	5	Competencias del Gobierno frente a las del Rey y las Cortes; acusación por traición contra miembros del Gobierno; quién reconoce la inhabilitación del Rey para que entre la Regencia; plazos y reglas electorales del Congreso; requisitos del artículo 155
Ley Orgánica 3/1981	1	1	2	Definición, mandato y requisitos del Defensor, con una opción alterada; plazo de convocatoria del Pleno del Congreso para elegirlo
Ley Orgánica 1/1982	1	1	2	Rango fundamental de los derechos y límites según la exposición de motivos, con una opción alterada; medidas que comprende la tutela judicial del artículo 9

Tres lecturas:

El Título I vale seis de las quince preguntas y cuatro de ellas son de ubicación. Derecho fundamental o principio rector, con amparo o sin él, suspendible por el 55.2 o no. No exigen entender nada difícil: exigen saber en qué artículo y en qué sección está cada cosa.

Ocho de las quince preguntas fueron de opción incorrecta o de «señale la correcta» entre cuatro proposiciones casi literales. El tribunal toma un precepto real y cambia una palabra: «desempleo» por «sanidad», «servicio civil» por «servicio social obligatorio», «treinta y sesenta días» por «treinta y cuarenta», «en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos» borrado. Aquí el articulado se estudia literalmente, con sus números.

Las dos leyes orgánicas dan una pregunta segura cada año. Las cuatro medidas salieron de los artículos 1 a 3 de la Ley del Defensor y del preámbulo y el artículo 9 de la Ley del honor. Con esas dos leyes leídas enteras, dos puntos del examen están asegurados.

Nunca se reproduce el enunciado literal de una pregunta oficial. Las preguntas de este manual están redactadas de nuevo.

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4. Desarrollo

El desarrollo sigue el orden de los tres bloques del enunciado oficial. La Constitución se expone por títulos; las dos leyes orgánicas, por los títulos que enumera el temario.

4.1. La Constitución Española de 1978

4.1.1. Datos generales, estructura y Título Preliminar

La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado número 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), fecha en que entró en vigor. Tiene un preámbulo, 169 artículos repartidos en un Título Preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Ha sido reformada tres veces, siempre por el procedimiento ordinario del artículo 167: el artículo 13.2 en 1992, para permitir el sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales; el artículo 135 en 2011, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria; y el artículo 49 en 2024, que sustituyó la expresión «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reescribió el precepto.

Parte	Artículos	Contenido
Título Preliminar	1 a 9	Principios del Estado
Título I. De los derechos y deberes fundamentales	10 a 55	Cinco capítulos
Título II. De la Corona	56 a 65	El Rey, sucesión, Regencia, refrendo
Título III. De las Cortes Generales	66 a 96	Cámaras, leyes, tratados
Título IV. Del Gobierno y de la Administración	97 a 107	Gobierno, Administración, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	108 a 116	Control, confianza, censura, estados excepcionales
Título VI. Del Poder Judicial	117 a 127	Jueces, Consejo General, Ministerio Fiscal
Título VII. Economía y Hacienda	128 a 136	Presupuestos, estabilidad, Tribunal de Cuentas
Título VIII. De la Organización Territorial del Estado	137 a 158	Municipios, provincias, Comunidades Autónomas
Título IX. Del Tribunal Constitucional	159 a 165	Composición, competencias
Título X. De la reforma constitucional	166 a 169	Dos procedimientos

El Título Preliminar condensa en nueve artículos la definición del Estado. El artículo 1 dice tres cosas que se preguntan por separado: España es un Estado social y democrático de Derecho cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (apartado 1); la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (apartado 2); y la forma política es la Monarquía parlamentaria (apartado 3). El artículo 2 fundamenta la Constitución en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas.

Los artículos 3 a 5 fijan los símbolos: el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar; las demás lenguas españolas son también oficiales en sus Comunidades Autónomas según sus Estatutos; la bandera tiene tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas; la capital es la villa de Madrid. Los artículos 6 y 7 tratan con la misma fórmula a los partidos políticos y a los sindicatos y asociaciones empresariales: creación y actividad libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y estructura interna y funcionamiento democráticos. El artículo 8 atribuye a las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. No se confunde con el artículo 104, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que está en el Título IV.

El artículo 9 cierra el Título con el principio de sujeción a la Constitución de ciudadanos y poderes públicos (apartado 1), el mandato de igualdad real y efectiva (apartado 2) y la lista de garantías del apartado 3, que se pregunta como enumeración: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Son siete principios; la opción falsa habitual añade uno que no está, como la «proporcionalidad» o la «eficacia».

4.1.2. Título I. De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10 a 55)

Es el título que más se pregunta y el que exige un estudio distinto del resto: aquí no basta saber qué dice cada derecho, hay que saber dónde está, porque de la ubicación depende la garantía. El Título tiene cinco capítulos y el Capítulo segundo se divide en dos secciones.

Capítulo	Artículos	Nombre oficial	Garantía (artículo 53)
Artículo 10	10	Dignidad de la persona; interpretación conforme a la DUDH y los tratados	Fundamento del orden político
Capítulo primero	11 a 13	De los españoles y los extranjeros	Nacionalidad, mayoría de edad, extranjeros
Capítulo segundo, Sección 1.ª	15 a 29	De los derechos fundamentales y de las libertades públicas	Ley orgánica, contenido esencial, procedimiento preferente y sumario, recurso de amparo, reforma agravada del 168
Capítulo segundo, Sección 2.ª	30 a 38	De los derechos y deberes de los ciudadanos	Reserva de ley, contenido esencial, recurso de inconstitucionalidad; sin amparo (salvo la objeción de conciencia del 30.2)
Artículo 14	14	Igualdad ante la ley	Tiene amparo aunque esté fuera de la Sección 1.ª
Capítulo tercero	39 a 52	De los principios rectores de la política social y económica	Informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos; solo alegables ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen
Capítulo cuarto	53 y 54	De las garantías de las libertades y derechos fundamentales	Artículo 53 y Defensor del Pueblo
Capítulo quinto	55	De la suspensión de los derechos y libertades	Suspensión general (55.1) e individual (55.2)

El artículo 10 abre el Título con el fundamento del orden político y de la paz social: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Su apartado 2 es la regla de interpretación que se estudió en el tema 1: los derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados ratificados por España.

Capítulo primero (artículos 11 a 13). La nacionalidad se adquiere, conserva y pierde según la ley, y ningún español de origen puede ser privado de ella; los tratados de doble nacionalidad se conciertan con los países iberoamericanos o con los que tengan particular vinculación con España (artículo 11). La mayoría de edad son los dieciocho años (artículo 12). Los extranjeros gozan de las libertades públicas del Título en los términos de los tratados y la ley; solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, que puede reconocerse por tratado o ley atendiendo a la reciprocidad (esa fue la reforma de 1992); la extradición solo se concede en cumplimiento de tratado o ley, quedan excluidos los delitos políticos y el terrorismo no se considera delito político; la ley regula el asilo (artículo 13).

El artículo 14, igualdad. Los españoles son iguales ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. Está fuera de la Sección primera, pero el artículo 53.2 lo incluye expresamente entre los derechos con amparo.

Sección primera. Derechos fundamentales y libertades públicas (artículos 15 a 29). Son quince artículos y hay que conocerlos uno a uno, porque la pregunta clásica pide identificar cuál de cuatro derechos es de esta Sección.

Artículo	Derecho	Dato que se pregunta
15	Vida e integridad física y moral; prohibición de tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes	Pena de muerte abolida, salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra
16	Libertad ideológica, religiosa y de culto	Límite: el orden público protegido por la ley; nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; ninguna confesión es estatal; cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones
17	Libertad y seguridad	Detención preventiva: el tiempo estrictamente necesario y en todo caso setenta y dos horas máximo; información inmediata y comprensible de derechos y razones; asistencia de abogado; habeas corpus por ley; plazo máximo de prisión provisional por ley
18	Honor, intimidad personal y familiar, propia imagen (18.1); inviolabilidad del domicilio (18.2); secreto de las comunicaciones (18.3); límites a la informática (18.4)	Entrada o registro solo con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito; el secreto de las comunicaciones cede solo ante resolución judicial
19	Libre elección de residencia y circulación por el territorio nacional; entrar y salir de España	No puede limitarse por motivos políticos o ideológicos
20	Libertad de expresión (a), producción y creación literaria, artística, científica y técnica (b), libertad de cátedra (c), información veraz (d)	Sin censura previa; secuestro de publicaciones solo por resolución judicial; límite en el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia
21	Reunión pacífica y sin armas	Sin autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones, comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes
22	Asociación	Ilegales las que persigan fines o utilicen medios delictivos; inscripción en registro a los solos efectos de publicidad; disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada; prohibidas las secretas y las paramilitares
23	Participación en los asuntos públicos; acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos	Solo para españoles, salvo el sufragio municipal del 13.2
24	Tutela judicial efectiva sin indefensión (24.1); garantías del proceso (24.2)	Juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia de letrado, información de la acusación, proceso público sin dilaciones indebidas, prueba, no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable, presunción de inocencia
25	Legalidad penal y sancionadora; fin de las penas	Penas orientadas a la reeducación y reinserción social, sin trabajos forzados; la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad
26	Prohibición de los Tribunales de Honor	En la Administración civil y en las organizaciones profesionales
27	Educación y libertad de enseñanza	Enseñanza básica obligatoria y gratuita; autonomía de las Universidades
28	Libertad sindical (28.1) y huelga (28.2)	La ley puede limitar o exceptuar la sindicación de las Fuerzas o Institutos armados y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar; nadie puede ser obligado a afiliarse; la huelga es de los trabajadores y la ley garantiza los servicios esenciales
29	Petición individual y colectiva, por escrito	Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados solo individualmente y según su legislación específica

Dos artículos de esta Sección afectan directamente al guardia civil: el 28.1, que permite a la ley exceptuar la sindicación de los Institutos armados, lo que hace el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 2/1986 y desarrolla la Ley Orgánica 11/2007 (tema 15), y el 29.2, que reduce su derecho de petición al ejercicio individual.

Sección segunda. Derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 30 a 38). Son derechos constitucionales con reserva de ley y contenido esencial, pero sin recurso de amparo. La pregunta de 2025 sobre el amparo se respondía sabiendo que el derecho de fundación está aquí.

Artículo	Contenido	Dato que se pregunta
30	Derecho y deber de defender a España	La ley fija las obligaciones militares y regula la objeción de conciencia (con amparo, por excepción del 53.2); podrá establecerse un servicio civil para fines de interés general; por ley pueden regularse los deberes en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública
31	Deber de contribuir	Sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y progresividad, nunca confiscatorio; prestaciones personales o patrimoniales públicas solo con arreglo a la ley
32	Matrimonio	El hombre y la mujer con plena igualdad jurídica
33	Propiedad privada y herencia	Función social; privación solo por utilidad pública o interés social, con indemnización y conforme a las leyes
34	Derecho de fundación para fines de interés general	Le rigen los apartados 2 y 4 del artículo 22
35	Deber de trabajar y derecho al trabajo	Sin discriminación por razón de sexo; la ley regula un estatuto de los trabajadores
36	Colegios Profesionales y profesiones tituladas	Estructura y funcionamiento democráticos
37	Negociación colectiva y medidas de conflicto colectivo	Fuerza vinculante de los convenios
38	Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado

La trampa de 2026 sobre el artículo 30 consistió en llamar «servicio social obligatorio» al servicio civil del apartado 3. Las otras tres opciones eran los apartados 2 y 4 literales.

Capítulo tercero. Principios rectores de la política social y económica (artículos 39 a 52). No son derechos subjetivos directamente exigibles: según el artículo 53.3 su reconocimiento, respeto y protección informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen. El examen los usa de dos maneras: como opción falsa cuando pide un derecho fundamental (la protección de la salud y el medio ambiente lo fueron en 2025) y como precepto alterado en una palabra.

Artículo	Principio rector	Palabra que se altera
39	Protección de la familia y de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres cualquiera que sea su estado civil; investigación de la paternidad	«Integral» de los hijos
40	Progreso social y económico, distribución de la renta, pleno empleo; formación profesional, seguridad e higiene, descanso, jornada, vacaciones
41	Régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, con asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo; las complementarias son libres	2025 cambió «desempleo» por «sanidad»
42	Trabajadores españoles en el extranjero; política de retorno
43	Derecho a la protección de la salud; educación sanitaria, educación física y deporte, ocio	Es principio rector, no derecho fundamental
44	Acceso a la cultura; ciencia e investigación
45	Medio ambiente adecuado y deber de conservarlo; sanciones penales o administrativas y reparación del daño	Es principio rector, no derecho fundamental
46	Patrimonio histórico, cultural y artístico; la ley penal sanciona los atentados
47	Vivienda digna y adecuada; suelo, especulación, plusvalías
48	Participación de la juventud
49	Personas con discapacidad: derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas; autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles; atención particular a mujeres y menores con discapacidad	Redacción de la reforma de 2024
50	Tercera edad: pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas; servicios sociales
51	Defensa de los consumidores y usuarios
52	Organizaciones profesionales de defensa de intereses económicos

El artículo 53, la llave del Título. Es el artículo que hay que saber de memoria en sus tres apartados. El apartado 1: los derechos del Capítulo segundo (Secciones primera y segunda) vinculan a todos los poderes públicos; solo por ley, que respetará su contenido esencial, puede regularse su ejercicio, y se tutelan por el recurso de inconstitucionalidad del artículo 161.1.a). El apartado 2: cualquier ciudadano puede recabar la tutela de los derechos del artículo 14 y de la Sección primera ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también se aplica a la objeción de conciencia del artículo 30. El apartado 3: los principios del Capítulo tercero informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según sus leyes de desarrollo.

A esto se añade el artículo 81.1: son leyes orgánicas las que desarrollan los derechos fundamentales y las libertades públicas, es decir, la Sección primera. La Ley del honor es orgánica por eso, como explica su propio preámbulo.

El artículo 54, el Defensor del Pueblo. Una ley orgánica regula la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes. En 2025 se preguntó el rango de esa ley. Es la Ley Orgánica 3/1981, que es el bloque 2 de este tema.

El artículo 55, la suspensión. Tiene dos apartados que el examen distingue con cuidado. El 55.1 es la suspensión general por la declaración del estado de excepción o de sitio: afecta a los artículos 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2; en el estado de excepción no se suspende el 17.3 (información de derechos y asistencia de abogado al detenido). En el estado de alarma no se suspende ningún derecho. El 55.2 es la suspensión individual: una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en que, de forma individual, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, pueden suspenderse a personas determinadas los derechos de los artículos 17.2, 18.2 y 18.3, en relación con las investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de esas facultades produce responsabilidad penal. La pregunta de 2026 pedía el derecho suspendible por esta vía entre cuatro: la inviolabilidad del domicilio (18.2) lo es; el honor (18.1), la intimidad (18.1) y la información al detenido (17.3) no.

Suspensión	Vía	Derechos afectados	Garantía
General (55.1)	Estado de excepción o de sitio	17, 18.2, 18.3, 19, 20.1.a) y d), 20.5, 21, 28.2, 37.2	En excepción no se suspende el 17.3
Individual (55.2)	Ley orgánica, personas determinadas, bandas armadas o terrorismo	17.2 (plazo de detención), 18.2 (domicilio), 18.3 (comunicaciones)	Intervención judicial, control parlamentario, responsabilidad penal por abuso

4.1.3. Título II. De la Corona (artículos 56 a 65)

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (artículo 56.1). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos están siempre refrendados y carecen de validez sin refrendo, salvo el nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa, que hace libremente (artículos 56.3 y 65.2). Refrendan el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del artículo 99 las refrenda el Presidente del Congreso. De los actos del Rey responden quienes los refrendan (artículo 64).

La sucesión (artículo 57) sigue el orden regular de primogenitura y representación: la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo; en el mismo grado, el varón a la mujer; en el mismo sexo, la persona de más edad. El heredero tiene desde su nacimiento la dignidad de Príncipe de Asturias. Extinguidas las líneas, las Cortes Generales proveen a la sucesión. Quien contraiga matrimonio contra la prohibición expresa del Rey y de las Cortes Generales queda excluido de la sucesión por sí y sus descendientes. Las abdicaciones, renuncias y dudas en el orden sucesorio se resuelven por ley orgánica. La Reina consorte o el consorte de la Reina no asumen funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia (artículo 58).

La Regencia (artículo 59) es el precepto preguntado en 2026. Si el Rey es menor de edad, ejerce la Regencia el padre o la madre y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder. Si el Rey se inhabilita para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad es reconocida por las Cortes Generales, entra a ejercer la Regencia el Príncipe heredero, si es mayor de edad; si no lo es, se procede como en la minoría hasta que alcance la mayoría. Si no hay nadie a quien corresponda, la Regencia la nombran las Cortes Generales y se compone de una, tres o cinco personas. Para ser Regente hay que ser español y mayor de edad, y la Regencia se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. El tutor del Rey menor es el nombrado en el testamento del Rey difunto, si es mayor de edad y español de nacimiento; a falta de él, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombran las Cortes, y los cargos de Regente y tutor solo pueden acumularse en el padre, madre o ascendientes directos (artículo 60).

Situación	Quién ejerce la Regencia	Quién decide
Rey menor de edad	Padre o madre; en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder	Automático
Rey inhabilitado, heredero mayor de edad	El Príncipe heredero	Las Cortes Generales reconocen la imposibilidad
Rey inhabilitado, heredero menor	Como en la minoría, hasta la mayoría del heredero	Cortes Generales
Nadie a quien corresponda	Una, tres o cinco personas	Las Cortes Generales las nombran

Las funciones del Rey (artículos 62 y 63) se preguntan por contraste con las del Gobierno y las Cortes, como ocurrió en 2025. Corresponde al Rey: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar a referéndum; proponer y nombrar al Presidente del Gobierno; nombrar y separar a los ministros a propuesta de su Presidente; expedir los decretos del Consejo de Ministros, conferir empleos y conceder honores; ser informado de los asuntos de Estado y presidir el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; el derecho de gracia, que no puede autorizar indultos generales; el Alto Patronazgo de las Reales Academias. Acredita a los embajadores, manifiesta el consentimiento del Estado en los tratados y, previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz. Al ser proclamado jura guardar y hacer guardar la Constitución y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas; el heredero y los Regentes juran además fidelidad al Rey (artículo 61).

4.1.4. Título III. De las Cortes Generales (artículos 66 a 96)

Las Cortes Generales representan al pueblo español, están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y son inviolables (artículo 66). Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras a la vez ni acumular el acta de una Asamblea autonómica con la de Diputado; los parlamentarios no están ligados por mandato imperativo (artículo 67).

Dato	Congreso (artículo 68)	Senado (artículo 69)
Composición	Mínimo 300 y máximo 400 Diputados	Cuatro Senadores por provincia; tres por cada isla mayor (Gran Canaria, Mallorca, Tenerife) y uno por Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma; dos por Ceuta y dos por Melilla; las Comunidades Autónomas designan uno más otro por cada millón de habitantes
Sufragio	Universal, libre, igual, directo y secreto	El mismo
Circunscripción	La provincia; Ceuta y Melilla, un Diputado cada una	La provincia; en las insulares, cada isla con Cabildo o Consejo
Criterio	Representación proporcional	Cámara de representación territorial
Mandato	Cuatro años o hasta la disolución	Cuatro años o hasta la disolución
Electores y elegibles	Todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos
Plazos	Elecciones entre los treinta y sesenta días desde el fin del mandato; el Congreso electo se convoca dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones

La pregunta de 2026 sobre las Cámaras jugó con este cuadro: la opción correcta era el plazo de veinticinco días, y las falsas cambiaban «proporcional» por «territorial», «derechos políticos» por «derechos sociales» y «sesenta» por «cuarenta».

Inelegibilidad e incompatibilidad (artículo 70). Comprenden en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley salvo los miembros del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y a los miembros de las Juntas Electorales. Un guardia civil en activo no puede ser Diputado ni Senador.

Prerrogativas (artículo 71). Inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones; inmunidad durante el mandato, de modo que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin autorización de la Cámara (el suplicatorio); fuero ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Funcionamiento (artículos 72 a 80). Dos períodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio; sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras (artículo 73). Las Cámaras pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de leyes, salvo la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos (artículo 75). Las conclusiones de las Comisiones de investigación no vinculan a los Tribunales y es obligatorio comparecer (artículo 76). En cada Cámara hay una Diputación Permanente de un mínimo de veintiún miembros, que asume las facultades de la Cámara cuando está disuelta o ha expirado su mandato (artículo 78). Los acuerdos exigen la asistencia de la mayoría de los miembros y el voto de la mayoría de los presentes; el voto es personal e indelegable (artículo 79).

Las leyes (artículos 81 a 92). Son leyes orgánicas las de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las de los Estatutos de Autonomía, la del régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución; exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto (artículo 81). La delegación legislativa se hace por ley de bases o por ley ordinaria para refundir textos, y produce Decretos Legislativos (artículos 82 a 85). Los Decretos-leyes los dicta el Gobierno por extraordinaria y urgente necesidad, no pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, al Título I, al régimen autonómico ni al Derecho electoral general, y se someten al Congreso en treinta días (artículo 86). La iniciativa legislativa es del Gobierno, del Congreso y del Senado, y de las Asambleas autonómicas; la iniciativa popular exige 500.000 firmas y no cabe en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni de gracia (artículo 87). El Senado tiene dos meses para vetar por mayoría absoluta o enmendar, veinte días naturales si el proyecto es urgente (artículo 90). El Rey sanciona en quince días (artículo 91). El referéndum consultivo lo convoca el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, autorizada por el Congreso (artículo 92).

Los tratados (artículos 93 a 96). Exigen autorización previa de las Cortes los tratados políticos, militares, los que afecten a la integridad territorial o al Título I, los que impliquen obligaciones financieras y los que modifiquen leyes (artículo 94). Un tratado contrario a la Constitución exige la previa revisión constitucional (artículo 95), y los tratados publicados forman parte del ordenamiento interno (artículo 96).

4.1.5. Título IV. Del Gobierno y de la Administración (artículos 97 a 107)

El artículo 97 es la lista de funciones del Gobierno, preguntada en 2025 por contraste con las del Rey: dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Convocar elecciones y referéndum es del Rey (artículo 62); aprobar los Presupuestos es de las Cortes (artículo 66.2); el Gobierno los elabora (artículo 134.1).

El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley; el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina a sus miembros; los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario ni actividad profesional o mercantil alguna (artículo 98).

La investidura (artículo 99). Tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes de los Grupos políticos y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato. El candidato expone su programa y pide la confianza; la obtiene por mayoría absoluta, y si no la alcanza, en una nueva votación cuarenta y ocho horas después basta la mayoría simple. Si en dos meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (artículo 100). El Gobierno cesa tras las elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento de su Presidente, y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo (artículo 101).

La responsabilidad criminal (artículo 102), preguntada en 2025, se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo puede plantearse por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa de gracia no es aplicable a ninguno de estos supuestos.

La Administración (artículos 103 a 107). Sirve con objetividad los intereses generales según los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho; el acceso a la función pública se rige por mérito y capacidad (artículo 103). El artículo 104 es el de la casa: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y una ley orgánica (la 2/1986, tema 15) determina sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos. Los particulares tienen derecho a indemnización por toda lesión causada por los servicios públicos, salvo fuerza mayor (artículo 106). El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (artículo 107).

4.1.6. Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108 a 116)

El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso (artículo 108). Las Cámaras pueden recabar información, reclamar la presencia de los miembros del Gobierno y formularles interpelaciones y preguntas, con un tiempo mínimo semanal (artículos 109 a 111).

Instrumento	Quién	Mayoría	Plazos y reglas
Cuestión de confianza (112)	El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, ante el Congreso	Mayoría simple	Sobre su programa o una declaración de política general
Moción de censura (113)	Al menos la décima parte de los Diputados, con candidato a la Presidencia	Mayoría absoluta del Congreso	No se vota hasta pasados cinco días; mociones alternativas en los dos primeros días; si fracasa, sus firmantes no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones
Disolución (115)	El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, decretada por el Rey		No cabe con una moción de censura en trámite ni antes de un año desde la anterior, salvo el 99.5

Si el Congreso niega la confianza, el Gobierno dimite y se aplica el artículo 99; si adopta una moción de censura, el candidato incluido en ella se entiende investido y el Rey lo nombra (artículo 114).

Los estados excepcionales (artículo 116) se regulan por ley orgánica y se preguntan por su cuadro:

Estado	Quién lo declara	Plazo	Prórroga
Alarma	El Gobierno, por decreto en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso	Quince días	Solo con autorización del Congreso
Excepción	El Gobierno, por decreto en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso	Treinta días	Otros treinta, con los mismos requisitos
Sitio	La mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno	El que fije el Congreso

Durante estos estados no puede disolverse el Congreso, las Cámaras quedan automáticamente convocadas, y si el Congreso está disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

4.1.7. Títulos VI y VII. Poder Judicial, Economía y Hacienda (artículos 117 a 136)

Ninguna de las quince preguntas medidas salió de estos dos títulos, que se estudian por sus datos. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; rige la unidad jurisdiccional, la jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense y al estado de sitio, y se prohíben los Tribunales de excepción (artículo 117). El Consejo General del Poder Judicial lo integran el Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años: doce entre Jueces y Magistrados, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado por mayoría de tres quintos (artículo 122). El Ministerio Fiscal actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeto a legalidad e imparcialidad; al Fiscal General del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo (artículo 124). La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en la averiguación del delito (artículo 126, tema 9).

Del Título VII: los Presupuestos los elabora el Gobierno y las Cortes los examinan, enmiendan y aprueban; son anuales, se presentan al menos tres meses antes de expirar los anteriores, que se prorrogan automáticamente si no hay aprobación, y la Ley de Presupuestos no puede crear tributos (artículo 134). El artículo 135, reformado en 2011, impone la estabilidad presupuestaria y da prioridad absoluta al pago de la deuda. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y depende directamente de las Cortes Generales (artículo 136).

4.1.8. Títulos VIII, IX y X. Organización territorial, Tribunal Constitucional y reforma (artículos 137 a 169)

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses (artículo 137). Los municipios tienen personalidad jurídica plena, los Concejales se eligen por sufragio universal y los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos (artículo 140). La alteración de los límites provinciales exige ley orgánica (artículo 141). Las Comunidades Autónomas se constituyen por la vía del artículo 143 (iniciativa de las Diputaciones y de dos tercios de los municipios, en seis meses; si fracasa, se reitera a los cinco años) o por la vía del artículo 151; en ningún caso se admite la federación de Comunidades (artículo 145). El Estatuto es su norma institucional básica (artículo 147). El artículo 149 lista las competencias exclusivas del Estado, entre ellas Defensa y Fuerzas Armadas (4.ª), armas y explosivos (26.ª) y seguridad pública (29.ª), sin perjuicio de las policías autonómicas; el derecho estatal es supletorio (149.3). Un Delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en cada Comunidad (artículo 154).

El artículo 155, preguntado en 2026, es la coerción estatal: si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen, o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, si no es atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso o para proteger el interés general, y dar instrucciones a todas las autoridades autonómicas. Tres datos que el examen altera: es el Gobierno, no el Presidente; es el Senado, no el Congreso ni las Cortes; es mayoría absoluta, no informe favorable.

El Tribunal Constitucional (artículos 159 a 165) tiene doce miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por tres quintos, cuatro del Senado con idéntica mayoría, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial; son juristas con más de quince años de ejercicio, designados por nueve años y renovados por terceras partes cada tres; el Presidente lo nombra el Rey a propuesta del Pleno por tres años. Conoce del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo por violación de los derechos del artículo 53.2, de los conflictos de competencia y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Para el recurso de inconstitucionalidad están legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores y los órganos ejecutivos y Asambleas autonómicas; para el amparo, toda persona con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (artículo 162). El órgano judicial que dude de la constitucionalidad de una ley aplicable al caso plantea la cuestión de inconstitucionalidad (artículo 163). Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares, tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso contra ellas (artículo 164).

La reforma (artículos 166 a 169) tiene dos procedimientos:

Reforma	Materia	Mayoría	Referéndum
Ordinaria (167)	Todo lo demás	Tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión paritaria; en último caso mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso	Solo si lo pide la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras en los quince días siguientes
Agravada (168)	Revisión total, Título Preliminar, Sección 1.ª del Capítulo II del Título I, Título II	Dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata, ratificación por las nuevas Cámaras y nueva aprobación por dos tercios	Obligatorio

La iniciativa es la del artículo 87.1 y 2 (Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas autonómicas, sin iniciativa popular), y no puede iniciarse en tiempo de guerra ni durante los estados del artículo 116 (artículo 169). Las tres reformas hechas hasta hoy fueron por el procedimiento ordinario y sin referéndum.

4.2. La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo

Es la ley orgánica que exige el artículo 54 de la Constitución. Publicada en el BOE de 7 de mayo de 1981 (BOE-A-1981-10325), tiene treinta y siete artículos en cuatro títulos y una disposición final única, añadida en 2009, que convirtió al Defensor en Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El temario enumera los Títulos I, II y III y la disposición final; el Título IV, de medios personales y materiales, se resume en un párrafo. El artículo 1 repite la definición constitucional: el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes. Las dos preguntas medidas salieron de los artículos 2 y 3.

4.2.1. Título I. Nombramiento, cese y condiciones (artículos 1 a 8)

La elección (artículo 2). El Defensor es elegido por las Cortes Generales por cinco años y se dirige a ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. Una Comisión Mixta Congreso-Senado se encarga de relacionarse con él y propone a los Plenos el candidato o candidatos; sus acuerdos se adoptan por mayoría simple. Propuesto el candidato, se convoca al Pleno del Congreso en término no inferior a diez días para la elección: es designado quien obtiene tres quintos de los miembros del Congreso y es ratificado, en un plazo máximo de veinte días, por tres quintos del Senado. Si no se alcanzan esas mayorías, la Comisión formula sucesivas propuestas en el plazo máximo de un mes, y entonces, conseguidos los tres quintos del Congreso, basta la mayoría absoluta del Senado. La pregunta de 2026 fue exactamente el plazo de convocatoria del Pleno: no inferior a diez días, no «no superior».

Paso	Regla	Número
Propuesta	Comisión Mixta Congreso-Senado, por mayoría simple
Convocatoria del Pleno del Congreso	En término no inferior a	10 días
Elección en el Congreso	Tres quintos de los miembros	3/5
Ratificación en el Senado	Misma mayoría, en plazo máximo de	20 días, 3/5
Si fracasa	Nuevas propuestas en plazo máximo de	1 mes
Segunda vuelta	Tres quintos del Congreso y	mayoría absoluta del Senado
Mandato		5 años

Requisitos (artículo 3). Puede ser elegido cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. La opción falsa de 2025 borró la segunda mitad de la frase: no basta ser español mayor de edad.

Nombramiento y toma de posesión (artículo 4). Lo acreditan conjuntamente con sus firmas los Presidentes del Congreso y del Senado, se publica en el BOE y toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, con juramento o promesa.

Cese (artículo 5). Cinco causas: renuncia; expiración del plazo; muerte o incapacidad sobrevenida; notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones del cargo; condena firme por delito doloso. La vacante la declara el Presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo; en los demás (negligencia, condena, incapacidad) la deciden tres quintos de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. Vacante el cargo, el procedimiento para el nuevo nombramiento se inicia en plazo no superior a un mes, y mientras tanto desempeñan sus funciones, interinamente y en su propio orden, los Adjuntos.

Estatuto (artículos 6 y 7). No está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Goza de inviolabilidad por las opiniones y actos del ejercicio de su cargo; en los demás casos solo puede ser detenido en caso de flagrante delito, y su procesamiento y juicio corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El cargo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político, servicio activo en cualquier Administración, afiliación a un partido político, funciones directivas en partido, sindicato, asociación o fundación, carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional, mercantil o laboral. Debe cesar en toda incompatibilidad en los diez días siguientes a su nombramiento; si no, se entiende que no acepta.

Los Adjuntos (artículo 8). Un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los que puede delegar y que le sustituyen por su orden. Los nombra y separa el propio Defensor, previa conformidad de las Cámaras, y su nombramiento se publica en el BOE. Les son aplicables los artículos 3, 6 y 7.

4.2.2. Título II. Del procedimiento (artículos 9 a 27)

Iniciación y ámbito (artículos 9 a 14). El Defensor puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación sobre los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, a la luz del artículo 103.1 de la Constitución. Sus atribuciones alcanzan a ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones. Puede dirigirse a él toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin que sean impedimento la nacionalidad, la residencia, el sexo, la minoría de edad, la incapacidad legal o el internamiento en un centro penitenciario. También pueden pedir su intervención los Diputados y Senadores, las comisiones de investigación y la Comisión Mixta. En cambio, ninguna autoridad administrativa puede presentar quejas en asuntos de su competencia. Su actividad no se interrumpe cuando las Cortes no están reunidas, han sido disueltas o ha expirado su mandato (se dirige entonces a las Diputaciones Permanentes), ni por la declaración de los estados de excepción o de sitio. Puede supervisar por sí mismo la actividad de las Comunidades Autónomas, en coordinación con sus órganos similares. Las quejas sobre la Administración de Justicia las dirige al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial. Y vela por los derechos del Título I en la Administración Militar, sin interferir en el mando de la Defensa Nacional.

La queja (artículos 15 a 17). Se presenta firmada, con nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado y en papel común, en el plazo máximo de un año desde que se conocieron los hechos. Todas las actuaciones son gratuitas y no es preceptivo abogado ni procurador; de toda queja se acusa recibo. La correspondencia dirigida al Defensor desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia no puede ser censurada, ni escuchadas sus conversaciones con esas personas. El Defensor registra las quejas y las tramita o rechaza por escrito motivado; no examina las quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y suspende su actuación si el interesado acude a los Tribunales, aunque puede investigar los problemas generales; rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento o que perjudiquen el derecho de un tercero. Sus decisiones no son recurribles.

La investigación (artículos 18 a 22). Admitida la queja, promueve una investigación sumaria e informal y pide al Jefe del organismo afectado un informe escrito en el plazo máximo de quince días, ampliable. La negativa o negligencia en enviarlo puede calificarse de hostil y entorpecedora, hacerse pública de inmediato y destacarse en el informe a las Cortes. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliarle con carácter preferente y urgente; puede personarse en cualquier centro de la Administración y no puede negársele el acceso a ningún expediente. Si la queja afecta a la conducta de un funcionario, este responde por escrito en un plazo no inferior a diez días, prorrogable a instancia de parte por la mitad. El superior que prohíba a un funcionario responder debe hacerlo por escrito motivado. El Defensor puede pedir cualquier documento, incluidos los clasificados como secretos; la no remisión de estos debe acordarla el Consejo de Ministros con certificación del acuerdo, y si el documento afecta de forma decisiva a la investigación, lo pone en conocimiento de la Comisión Mixta. Las investigaciones se hacen con la más absoluta reserva.

Responsabilidades (artículos 23 a 27). Si la queja se debe a abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor puede dirigirse a él y a su superior; la actitud hostil persistente puede ser objeto de un informe especial. Si conoce hechos presumiblemente delictivos, los pone de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado. Puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra autoridades, funcionarios y agentes civiles, sin previa reclamación escrita.

4.2.3. Título III. De las resoluciones (artículos 28 a 33)

El Defensor no es competente para modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, pero puede sugerir la modificación de los criterios utilizados para dictarlos; si el cumplimiento riguroso de una norma provoca situaciones injustas, puede sugerir al legislador o a la Administración su modificación (artículo 28). Está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo (artículo 29), en coherencia con el artículo 162 de la Constitución. Con ocasión de sus investigaciones puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias, y las autoridades están obligadas a responder por escrito en término no superior a un mes; si no se adopta medida adecuada en plazo razonable, lo pone en conocimiento del Ministro del Departamento o de la máxima autoridad de la Administración afectada, y si tampoco obtiene justificación, incluye el asunto en su informe anual con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios (artículo 30). Informa al interesado del resultado y a la autoridad afectada (artículo 31).

El informe (artículos 32 y 33). Da cuenta anualmente a las Cortes de su gestión, en período ordinario de sesiones; cuando la gravedad o urgencia lo aconseje, presenta un informe extraordinario, dirigido a las Diputaciones Permanentes si las Cámaras no están reunidas. Los informes se publican. El informe anual recoge el número y tipo de quejas, las rechazadas y sus causas, las investigadas y su resultado, y las recomendaciones admitidas; no contiene datos personales que permitan identificar a los interesados; lleva un anexo con la liquidación del presupuesto; y un resumen se expone oralmente ante los Plenos de ambas Cámaras, con intervención de los grupos parlamentarios.

Título IV, medios personales y materiales (artículos 34 a 37). El Defensor designa libremente a sus asesores; su personal se considera al servicio de las Cortes; los adjuntos y asesores cesan automáticamente al tomar posesión un nuevo Defensor; su dotación es una partida de los Presupuestos de las Cortes Generales.

4.2.4. Disposición final única. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, en vigor desde el 5 de noviembre de 2009. El Defensor del Pueblo ejerce las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura conforme a la Constitución, a la propia Ley y al Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura de las Naciones Unidas (estudiado en el tema 1). Se crea un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica, presidido por el Adjunto en quien el Defensor delegue estas funciones; su estructura, composición y funcionamiento los fija el Reglamento. Para el guardia civil, esto significa que el Defensor y sus delegados pueden visitar sin previo aviso cualquier lugar de privación de libertad, incluidos los calabozos de los Puestos y Comandancias, y que la correspondencia de un detenido con el Defensor no puede censurarse (artículo 16).

4.3. La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Publicada en el BOE de 14 de mayo de 1982 (BOE-A-1982-11196), tiene nueve artículos y una exposición de motivos de la que salió una de las dos preguntas medidas. Desarrolla el artículo 18.1 de la Constitución por la vía del artículo 81.1, y por eso es orgánica.

La exposición de motivos, que hay que leer porque se pregunta, dice cuatro cosas. Primera: conforme al artículo 18.1, los tres derechos tienen el rango de fundamentales, y el artículo 20.4 los convierte en límite de las libertades de expresión. Segunda: cuando exista protección penal, esta tiene aplicación preferente, pero la responsabilidad civil derivada del delito se fija con los criterios de esta Ley. Tercera: los derechos no pueden considerarse absolutamente ilimitados: los imperativos del interés público pueden hacer que por ley se autoricen determinadas entradas en el ámbito de la intimidad, y tampoco es ilegítima la consentida por el interesado, con consentimiento expreso y revocable. Cuarta: la Ley fija el cauce legal de defensa y las pretensiones del perjudicado. La opción falsa de 2025 decía que los derechos son «absolutamente ilimitados».

Artículo 1. Objeto y caracteres. El derecho fundamental del artículo 18 se protege civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas. El carácter delictivo de la intromisión no impide acudir a la tutela judicial del artículo 9. Los derechos son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles; la renuncia a la protección es nula, sin perjuicio del consentimiento del artículo 2.

Artículo 2. Ámbito. La protección queda delimitada por las leyes y por los usos sociales, atendiendo al ámbito que cada persona, por sus propios actos, mantenga reservado para sí o su familia. No hay intromisión ilegítima cuando está expresamente autorizada por ley, cuando el titular ha dado su consentimiento expreso, o, por el artículo 71 de la Constitución, cuando se trata de opiniones de Diputados o Senadores en el ejercicio de sus funciones; el proceso civil contra un parlamentario exige la previa autorización de su Cámara, tramitada como suplicatorio. El consentimiento es revocable en cualquier momento, indemnizando los daños, incluidas las expectativas justificadas.

Artículo 3. Menores e incapaces. Prestan el consentimiento por sí mismos si sus condiciones de madurez lo permiten; en otro caso lo otorga por escrito su representante legal, que debe comunicarlo previamente al Ministerio Fiscal; si el Fiscal se opone en ocho días, resuelve el Juez.

Artículos 4 a 6. Personas fallecidas. Las acciones corresponden a quien el fallecido designó en testamento, que puede ser una persona jurídica; a falta de designación, al cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos que vivieran al tiempo del fallecimiento; a falta de todos, al Ministerio Fiscal, siempre que no hayan pasado ochenta años desde el fallecimiento. Cuando la intromisión afecta a las víctimas de un delito (artículo 7.8), está legitimado el ofendido o perjudicado y, en todo caso, el Fiscal. Si sobreviven varios parientes, cualquiera puede actuar. Si el titular fallece sin haber podido ejercitar las acciones, lo hacen las personas del artículo 4, que también pueden continuar la acción ya entablada.

Artículo 7. Las ocho intromisiones ilegítimas. Es la lista que se pregunta como enumeración y como opción falsa:

N.º	Intromisión ilegítima
1	El emplazamiento de aparatos de escucha, de filmación, dispositivos ópticos o cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima
2	La utilización de esos aparatos para conocer la vida íntima o manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien los usa, y su grabación, registro o reproducción
3	La divulgación de hechos de la vida privada que afecten a la reputación y buen nombre, y la revelación o publicación de cartas, memorias u otros escritos íntimos
4	La revelación de datos privados conocidos por la actividad profesional u oficial de quien los revela
5	La captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo el artículo 8.2
6	La utilización del nombre, la voz o la imagen para fines publicitarios, comerciales o análogos
7	La imputación de hechos o los juicios de valor que lesionen la dignidad, menoscabando la fama o atentando contra la propia estimación
8	La utilización del delito por el condenado en sentencia firme para conseguir notoriedad u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando menoscabe la dignidad de las víctimas

El número 4 afecta directamente al guardia civil: revelar datos privados conocidos por razón del servicio es intromisión ilegítima, además de la infracción disciplinaria y, en su caso, el delito de revelación de secretos.

Artículo 8. Lo que no es intromisión. Con carácter general, las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni aquellas en que predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. En particular, el derecho a la propia imagen no impide: a) su captación, reproducción o publicación cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público; b) la caricatura de esas personas, de acuerdo con el uso social; c) la información gráfica sobre un suceso público cuando la imagen de una persona aparezca como meramente accesoria. Las excepciones a) y b) no se aplican a las autoridades o personas cuyas funciones necesiten el anonimato, cláusula que ampara a los agentes que trabajan de paisano o en unidades de información.

Artículo 9. La tutela judicial, preguntado en 2026. Puede recabarse por las vías procesales ordinarias, por el procedimiento del artículo 53.2 de la Constitución (preferente y sumario) y, cuando proceda, por el recurso de amparo. La tutela comprende todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión y, en particular: a) el restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión, el cese inmediato y la reposición del estado anterior; en el honor, incluye, sin perjuicio del derecho de réplica, la publicación total o parcial de la sentencia a costa del condenado con al menos la misma difusión que tuvo la intromisión; b) prevenir intromisiones inminentes o ulteriores; c) la indemnización de los daños y perjuicios; d) la apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión. Todo ello sin perjuicio de la tutela cautelar. La opción falsa de 2026 decía «publicación total» y «sin derecho de réplica».

El daño moral se presume siempre que se acredite la intromisión, y la indemnización se extiende a él, valorado según las circunstancias, la gravedad de la lesión y la difusión o audiencia del medio (artículo 9.3). En los casos de fallecido, la indemnización corresponde a los legitimados del artículo 4.2 y, en su defecto, a los causahabientes; en los del artículo 6, se integra en la herencia (artículo 9.4). Las acciones caducan a los cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas (artículo 9.5).

Dato de la Ley del honor	Cifra
Artículos	9
Oposición del Fiscal al consentimiento de un menor prestado por su representante	8 días
Acciones del Ministerio Fiscal por un fallecido	Hasta 80 años desde el fallecimiento
Caducidad de las acciones	4 años
Intromisiones ilegítimas del artículo 7	8
Excepciones del artículo 8.2	3 (cargo público en acto público, caricatura, imagen accesoria)
Medidas de la tutela del artículo 9.2	4 (restablecer, prevenir, indemnizar, apropiar el lucro)

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5. Jurisprudencia esencial

Ninguna de las quince preguntas medidas pidió jurisprudencia. Las seis sentencias siguientes están aquí porque fijan el sentido de los artículos que sí se preguntan: el contenido esencial del 53.1, la suspensión individual del 55.2, la inviolabilidad del domicilio, la ley armonizadora del 150.3, la legitimación del Defensor del Pueblo y el alcance de la Ley del honor. Las seis están comprobadas en el BOE, con su fallo.

STC 11/1981, de 8 de abril (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 192/1980, BOE-T-1981-9433). Cincuenta y dos Diputados recurrieron el Real Decreto-ley 17/1977 sobre el derecho de huelga. El Tribunal estimó parcialmente el recurso y anuló varias exigencias de la norma preconstitucional, pero su importancia está en la doctrina: la Constitución no impone un modelo de huelga, y el legislador puede regular el derecho siempre que respete su contenido esencial, aquella parte sin la cual el derecho deja de ser reconocible o resulta impracticable. Es la definición del contenido esencial del artículo 53.1 que rige desde entonces para todo el Capítulo segundo.

STC 25/1981, de 14 de julio (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 25/1981, BOE-T-1981-18418). El Parlamento Vasco recurrió la Ley Orgánica 11/1980, la primera que desarrolló el artículo 55.2 de la Constitución. El Tribunal desestimó el recurso: la suspensión individual de los derechos de los artículos 17.2, 18.2 y 18.3 para personas determinadas es una habilitación constitucional expresa al legislador orgánico, esa ley orgánica es facultativa, y la decisión sobre su conveniencia corresponde a las Cortes Generales. Hoy la materia está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (tema 9).

STC 22/1984, de 17 de febrero (Sala Segunda, recurso de amparo 59/1983, BOE-T-1984-6110). La Administración municipal entró en una vivienda para ejecutar una orden de desalojo sin resolución judicial. El Tribunal otorgó el amparo y reconoció el derecho de la recurrente a la inviolabilidad de su domicilio y a impedir la entrada y el registro sin su consentimiento o, en su defecto, sin una resolución judicial expresa. Fijó que el artículo 18.2 protege también frente a la ejecución administrativa: sin consentimiento, flagrante delito o auto judicial nadie entra, ni siquiera para ejecutar un acto administrativo firme.

STC 76/1983, de 5 de agosto (Pleno, recursos previos de inconstitucionalidad 311, 313, 314, 315 y 316/1982 acumulados, BOE-T-1983-22276). Es la sentencia de la LOAPA, el proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. El Tribunal estimó parcialmente los recursos y declaró que el proyecto no podía promulgarse como ley orgánica ni como ley armonizadora, y que buena parte de su articulado era inconstitucional. Doctrina: el legislador estatal no puede dictar normas meramente interpretativas de la Constitución que se impongan a las Comunidades Autónomas, y la ley de armonización del artículo 150.3 es excepcional y exige que las Cortes aprecien la necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara.

STC 231/1988, de 2 de diciembre (Sala Segunda, recurso de amparo 1247/1986, BOE-T-1988-29203). La viuda del torero Francisco Rivera, «Paquirri», demandó por la comercialización en vídeo de las imágenes de su agonía en la enfermería de la plaza de Pozoblanco. El Tribunal Supremo había desestimado la demanda; el Constitucional anuló esa sentencia, reconoció el derecho de la recurrente a su intimidad personal y familiar y ordenó dictar nueva sentencia respetándolo. Doctrina para el bloque 3: la imagen de un personaje público en un momento de su vida privada es intromisión ilegítima del artículo 7.5 de la Ley Orgánica 1/1982 cuando no concurre la excepción del artículo 8.2.a), porque la enfermería no es un lugar abierto al público ni la agonía un acto público. Los derechos de la personalidad se extinguen con la muerte, pero la intimidad familiar de los supervivientes sigue protegida.

STC 292/2000, de 30 de noviembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 1463/2000, BOE-T-2001-332). Es el recurso que el Defensor del Pueblo interpuso contra los artículos 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos, en ejercicio de la legitimación que le dan el artículo 162.1.a) de la Constitución y el artículo 29 de su Ley Orgánica. El Tribunal estimó el recurso y anuló los incisos que permitían ceder datos entre Administraciones sin consentimiento y limitar los derechos de acceso por razones administrativas. Doctrina: el artículo 18.4 contiene un derecho fundamental autónomo a la protección de datos, distinto de la intimidad, cuyos límites debe fijar la ley con precisión. Es el Defensor haciendo lo que dice el artículo 29 de su Ley.

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6. Tabla resumen

Los números de la Constitución que se preguntan

Dato	Cifra	Artículo
Artículos de la Constitución	169
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria, final	4, 9, 1, 1
Publicación en el BOE	29 de diciembre de 1978, núm. 311
Reformas	1992 (13.2), 2011 (135), 2024 (49)
Mayoría de edad	18 años	12
Detención preventiva	72 horas máximo	17.2
Derechos con amparo	Art. 14, Sección 1.ª (15 a 29) y objeción de conciencia (30.2)	53.2
Suspensión individual	Arts. 17.2, 18.2 y 18.3	55.2
Regencia nombrada por las Cortes	1, 3 o 5 personas	59.3
Diputados	Mínimo 300, máximo 400	68.1
Senadores por provincia	4; islas mayores 3; islas menores 1; Ceuta y Melilla 2; CCAA 1 + 1 por millón	69
Mandato de las Cámaras	4 años	68.4 y 69.6
Elecciones	Entre 30 y 60 días desde el fin del mandato	68.6
Convocatoria del Congreso electo	Dentro de los 25 días siguientes a las elecciones	68.6
Períodos de sesiones	Septiembre a diciembre; febrero a junio	73.1
Diputación Permanente	Mínimo 21 miembros	78.1
Ley orgánica	Mayoría absoluta del Congreso, votación final de conjunto	81.2
Decreto-ley	Convalidación en 30 días	86.2
Iniciativa popular	500.000 firmas	87.3
Veto del Senado	Mayoría absoluta, en 2 meses (20 días naturales si urgente)	90
Sanción real	15 días	91
Investidura	Mayoría absoluta; 48 horas después, simple; 2 meses para disolver	99
Acusación por traición contra el Gobierno	Iniciativa de 1/4 del Congreso, aprobación por mayoría absoluta	102.2
Cuestión de confianza	Mayoría simple	112
Moción de censura	1/10 de Diputados la proponen; mayoría absoluta; 5 días; alternativas en 2 días	113
Nueva disolución	No antes de 1 año	115.3
Estado de alarma	Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso	116.2
Estado de excepción	Gobierno con autorización previa del Congreso, 30 días prorrogables por 30	116.3
Estado de sitio	Mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno	116.4
Consejo General del Poder Judicial	Presidente del TS + 20 vocales, 5 años, 12 judiciales, 4 Congreso, 4 Senado, 3/5	122.3
Presupuestos	Presentación al menos 3 meses antes; prórroga automática	134
Iniciativa autonómica	2/3 de los municipios, 6 meses; reiteración a los 5 años	143.2 y 3
Artículo 155	Requerimiento al Presidente de la CA; mayoría absoluta del Senado	155.1
Tribunal Constitucional	12 miembros: 4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ; 9 años; renovación por tercios cada 3; Presidente 3 años	159 y 160
Recurso de inconstitucionalidad	Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, ejecutivos y Asambleas de las CCAA	162.1.a)
Reforma ordinaria	3/5 de cada Cámara; referéndum si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días	167
Reforma agravada	2/3, disolución, 2/3, referéndum obligatorio	168

Dónde está cada derecho (la pregunta más repetida)

Derecho	Artículo	Grupo	¿Amparo?
Igualdad	14	Capítulo II, fuera de sección	Sí
Vida, integridad, libertad ideológica, libertad y seguridad, honor e intimidad, residencia y circulación, expresión y cátedra, reunión, asociación, participación, tutela judicial, legalidad penal, educación, sindicación y huelga, petición	15 a 29	Sección 1.ª	Sí
Defensa de España y objeción de conciencia	30	Sección 2.ª	Solo la objeción
Tributos, matrimonio, propiedad y herencia, fundación, trabajo, colegios, negociación colectiva, empresa	31 a 38	Sección 2.ª	No
Familia, pleno empleo, Seguridad Social, salud, cultura, medio ambiente, patrimonio, vivienda, juventud, discapacidad, pensiones, consumidores	39 a 52	Capítulo III, principios rectores	No; solo ante la jurisdicción ordinaria según sus leyes

Los números del Defensor del Pueblo

Dato	Cifra	Artículo
Mandato	5 años	2.1
Convocatoria del Pleno del Congreso	No inferior a 10 días	2.4
Elección	3/5 del Congreso; ratificación por 3/5 del Senado en 20 días	2.4
Segunda ronda	Nuevas propuestas en 1 mes; 3/5 Congreso + mayoría absoluta Senado	2.5
Cese por negligencia o condena	3/5 de cada Cámara, con debate y audiencia	5.2
Nuevo nombramiento tras vacante	En plazo no superior a 1 mes	5.3
Cese en incompatibilidades	10 días desde el nombramiento, antes de tomar posesión	7.2
Adjuntos	Primero y Segundo	8.1
Plazo para presentar la queja	1 año desde el conocimiento de los hechos	15.1
Informe del organismo	15 días, ampliable	18.1
Respuesta del funcionario afectado	No inferior a 10 días, prorrogable por la mitad	20.2
Documentos secretos no remitidos	Acuerdo del Consejo de Ministros con certificación	22.1
Respuesta a recomendaciones	No superior a 1 mes	30.1
Informe a las Cortes	Anual, en período ordinario; extraordinario si urge	32
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura	Consejo Asesor presidido por el Adjunto delegado	DF única

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7. Trampas de examen

1. «La protección de la salud es un derecho fundamental.» No. Es un principio rector del artículo 43, Capítulo tercero. Fundamental es, por ejemplo, la libertad de cátedra (20.1.c).

2. «El derecho de fundación puede tutelarse en amparo.» No. Está en el artículo 34, Sección segunda, sin amparo. Tienen amparo el 14, los artículos 15 a 29 y la objeción de conciencia del 30.

3. «La Seguridad Social garantiza prestaciones suficientes especialmente en caso de acceso a la sanidad.» El artículo 41 dice especialmente en caso de desempleo.

4. «Podrá establecerse un servicio social obligatorio para fines de interés general.» El artículo 30.3 habla de un servicio civil, sin la palabra «obligatorio».

5. «El artículo 55.2 permite suspender a personas determinadas el derecho al honor.» No. Solo los artículos 17.2, 18.2 y 18.3: plazo de detención, domicilio y comunicaciones.

6. «En el estado de excepción se suspende el derecho del detenido a ser informado y asistido de abogado.» No: el artículo 55.1 exceptúa el 17.3 en el estado de excepción.

7. «En el estado de alarma pueden suspenderse derechos fundamentales.» No. El 55.1 solo menciona excepción y sitio. La alarma limita, no suspende.

8. «La Regencia por inhabilitación del Rey entra cuando la imposibilidad la reconoce el Gobierno.» La reconocen las Cortes Generales (59.2), y entonces entra el Príncipe heredero si es mayor de edad.

9. «Corresponde al Gobierno convocar elecciones y referéndum.» Corresponde al Rey (62.b y c). El Gobierno dirige la Administración civil y militar y la defensa (97).

10. «Las Cortes Generales elaboran los Presupuestos.» El Gobierno los elabora; las Cortes los examinan, enmiendan y aprueban (134.1).

11. «La acusación por traición contra un ministro la plantea la mayoría absoluta del Senado.» La plantea la cuarta parte del Congreso y la aprueba la mayoría absoluta del Congreso (102.2). El Senado no interviene.

12. «Entre el fin del mandato del Congreso y las elecciones median de treinta a cuarenta días.» Median entre treinta y sesenta (68.6). El Congreso electo se convoca en veinticinco días.

13. «El Senado se elige por representación proporcional.» El Senado es la Cámara de representación territorial (69.1); la proporcional es la del Congreso (68.3).

14. «El artículo 155 exige la aprobación por mayoría absoluta del Congreso.» Exige la del Senado (155.1), previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma.

15. «La moción de censura se aprueba por mayoría simple.» Por mayoría absoluta (113.1). La mayoría simple es la de la cuestión de confianza (112).

16. «El estado de sitio lo declara el Gobierno por decreto.» Lo declara la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno (116.4).

17. «El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros, cuatro a propuesta del Gobierno.» Cuatro del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial (159.1).

18. «La institución del Defensor del Pueblo se regula por ley ordinaria.» Por ley orgánica (54 CE), que es la 3/1981.

19. «Puede ser Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad.» Falta la mitad: en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos (artículo 3).

20. «El Pleno del Congreso se convoca para elegir al Defensor en un plazo no superior a diez días.» En término no inferior a diez días (2.4).

21. «El Defensor del Pueblo puede anular los actos de la Administración.» No es competente para modificar ni anular; sugiere la modificación de los criterios (28.1).

22. «Las quejas anónimas se tramitan si tienen fundamento.» Las quejas anónimas se rechazan siempre (17.3).

23. «Los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen son absolutamente ilimitados.» El preámbulo de la Ley Orgánica 1/1982 dice lo contrario: no pueden considerarse absolutamente ilimitados; la ley y el consentimiento expreso los delimitan.

24. «En el honor, el restablecimiento incluye la publicación total de la sentencia, sin derecho de réplica.» Incluye la publicación total o parcial, sin perjuicio del derecho de réplica (9.2.a).

25. «La captación de la imagen de un cargo público es siempre lícita.» Solo cuando se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público (8.2.a), y nunca respecto de quienes necesiten el anonimato por sus funciones.

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8. Reglas mnemotécnicas

Los valores superiores del artículo 1: «LI-JU-I-PLU»

Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político. Cuatro, en ese orden. La «seguridad jurídica» no es valor superior: es principio del 9.3.

Las tres respuestas del artículo 1: Estado social y democrático de Derecho, pueblo, Monarquía parlamentaria

Apartado 1, qué es el Estado; apartado 2, de quién es la soberanía; apartado 3, qué forma tiene. Tres apartados, tres preguntas distintas.

La Sección primera va «del 15 al 29»: quince artículos con amparo, más el 14 y la objeción

Si el artículo está entre 15 y 29, tiene amparo. Si es el 14, también. Si está entre 30 y 38, no, salvo la objeción de conciencia del 30. Si está entre 39 y 52, es principio rector.

El 55.2 suspende «plazo, casa y teléfono»

17.2 (plazo de setenta y dos horas), 18.2 (domicilio) y 18.3 (comunicaciones). Nada más: ni honor, ni intimidad, ni información al detenido.

Alarma 15, excepción 30 + 30, sitio lo que diga el Congreso

Y quién declara: alarma, el Gobierno solo; excepción, el Gobierno con permiso del Congreso; sitio, el Congreso por mayoría absoluta.

Confianza simple, censura absoluta

La cuestión de confianza se gana por mayoría simple; la moción de censura se aprueba por mayoría absoluta y necesita candidato.

155: «requiere al Presidente, aprueba el Senado»

Requerimiento al Presidente de la Comunidad y mayoría absoluta del Senado. Es la única gran decisión constitucional en la que manda el Senado.

Tribunal Constitucional: «4-4-2-2, 9 años, tercios cada 3»

Cuatro Congreso, cuatro Senado, dos Gobierno, dos Consejo General del Poder Judicial; nueve años de mandato; renovación por terceras partes cada tres.

Defensor: «5 años, 10 días, 3/5, 20 días, 1 mes»

Mandato de cinco años; Pleno convocado en no menos de diez días; tres quintos del Congreso; ratificación del Senado en veinte días; si fracasa, nuevas propuestas en un mes.

La queja al Defensor: «1 año, 15 días, 1 mes»

Un año para presentarla, quince días para que el organismo informe, un mes para que la autoridad responda a la recomendación.

Honor: «ocho intromisiones, tres excepciones, cuatro medidas, cuatro años»

Ocho conductas del artículo 7, tres excepciones del 8.2, cuatro medidas de la tutela del 9.2, cuatro años de caducidad.

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9. Aplicación práctica

Situación 1. Un vecino se niega a que la patrulla entre en su vivienda.

Un guardia civil acude a un aviso por ruidos y el titular de la vivienda no consiente la entrada. El artículo 18.2 solo permite la entrada o el registro con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito. El ruido no es flagrante delito. La STC 22/1984 añade que ni siquiera la ejecución de un acto administrativo firme autoriza a entrar sin auto judicial. La actuación correcta es pedir la identificación desde la puerta, documentar los hechos y, si procede, solicitar mandamiento judicial. Solo en el supuesto del artículo 55.2, con la ley orgánica de desarrollo (hoy la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y en investigaciones de terrorismo, cabe una entrada con reglas distintas, y siempre con intervención judicial.

Situación 2. Un detenido pide escribir al Defensor del Pueblo desde el calabozo.

El artículo 10.1 de la Ley Orgánica 3/1981 dice que el internamiento en un centro de detención no es impedimento para dirigirse al Defensor, y el artículo 16 prohíbe cualquier censura de la correspondencia dirigida a él desde un centro de detención, internamiento o custodia, y cualquier escucha de las conversaciones con él o sus delegados. El guardia civil debe facilitar el escrito y cursarlo sin abrirlo. Además, desde 2009 el Defensor es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y puede visitar el calabozo sin aviso. La queja tiene un año de plazo y es gratuita.

Situación 3. Un guardia civil publica en redes sociales la fotografía de un detenido.

Un agente sube a una red social la imagen de una persona detenida en el momento de su detención, con comentarios. La captación y publicación de la imagen de una persona fuera de los casos del artículo 8.2 es intromisión ilegítima del artículo 7.5 de la Ley Orgánica 1/1982; el detenido no ejerce cargo público ni profesión de notoriedad, así que la excepción a) no se aplica. Si además revela datos conocidos por razón del servicio, es la intromisión del artículo 7.4. El perjudicado puede pedir el cese, la indemnización (el daño moral se presume) y la apropiación del lucro si lo hubo, en un plazo de cuatro años. Y la conducta tiene además consecuencias disciplinarias y, en su caso, penales, que la Ley civil no excluye (artículo 1.2).

Situación 4. Una manifestación no comunicada en la vía pública.

Un grupo de personas se concentra en una plaza sin haber comunicado nada a la autoridad. El artículo 21.1 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas sin autorización previa; el 21.2 exige, para reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. La falta de comunicación no convierte por sí sola la reunión en ilegal ni autoriza a disolverla; las consecuencias las fija la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (tema 13). Y el derecho de reunión es de los que se suspenden en los estados de excepción y de sitio (55.1), no en el de alarma.

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10. Preguntas de test con respuesta explicada

Sesenta preguntas, que con las diez de la sección siguiente completan las setenta del nivel A. Redactadas de nuevo por TestMiOpo; ninguna reproduce un enunciado oficial. Se han repartido según el peso medido de cada bloque: la Constitución lleva la mayor parte, y dentro de ella el Título I.

1. Los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama el artículo 1.1 de la Constitución son:

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

b) La libertad, la seguridad jurídica, la igualdad y la solidaridad.

c) La dignidad, la libertad, la justicia y la paz social.

d) La legalidad, la justicia, la igualdad y la democracia.

Respuesta: a). Cuatro valores. La seguridad jurídica es principio del 9.3; la dignidad, fundamento del orden político del 10.1.

2. Según el artículo 8 de la Constitución, la misión de las Fuerzas Armadas es:

a) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

b) Mantener el orden público y la seguridad interior bajo la dependencia del Gobierno.

c) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

d) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección de las fronteras.

Respuesta: c). La opción a) es la misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del artículo 104.

3. Señale cuál de los siguientes NO figura entre los principios que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución:

a) La proporcionalidad de las sanciones.

b) La publicidad de las normas.

c) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

d) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.

Respuesta: a). Los siete principios son legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de las sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.

4. Conforme al artículo 10.2 de la Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con:

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

b) La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exclusivamente.

c) El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

d) Los principios generales del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas.

Respuesta: a). Es la cláusula que abre el derecho interno a los instrumentos internacionales del tema 1.

5. Según el artículo 13 de la Constitución, quedan excluidos de la extradición:

a) Los delitos políticos, considerándose como tales los actos de terrorismo.

b) Los delitos cometidos por españoles de origen.

c) Los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

d) Los delitos castigados con pena de muerte en el Estado requirente.

Respuesta: c). El terrorismo nunca es delito político a estos efectos.

6. ¿Cuál de los siguientes derechos está incluido en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución?

a) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.

b) El derecho a la negociación colectiva laboral.

c) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

d) El derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto.

Respuesta: d). Artículo 16. La propiedad (33) y la negociación colectiva (37) son de la Sección segunda; la vivienda (47) es principio rector.

7. El plazo máximo de la detención preventiva conforme al artículo 17.2 de la Constitución es de:

a) Veinticuatro horas.

b) Cuarenta y ocho horas.

c) Setenta y dos horas.

d) Cinco días.

Respuesta: c). Tras ese plazo el detenido pasa a libertad o a disposición judicial.

8. Conforme al artículo 18.2 de la Constitución, la entrada o registro en el domicilio puede hacerse:

a) Con consentimiento del titular, con resolución judicial o en caso de flagrante delito.

b) Con orden del Ministerio Fiscal o de la autoridad gubernativa.

c) Solo con resolución judicial motivada, sin excepción.

d) Con consentimiento del titular o por decisión del jefe de la unidad policial.

Respuesta: a). Tres supuestos, y ninguno más. La STC 22/1984 extendió la garantía a la ejecución de actos administrativos.

9. Según el artículo 20 de la Constitución, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información:

a) Solo puede acordarse en virtud de resolución judicial.

b) Puede acordarlo la autoridad gubernativa en casos de urgencia.

c) Está prohibido en todo caso, como forma de censura previa.

d) Puede acordarlo el Ministerio Fiscal cuando afecte a menores.

Respuesta: a). Artículo 20.5. La censura previa está prohibida (20.2), pero el secuestro judicial es posible.

10. El derecho de reunión en lugares de tránsito público y las manifestaciones, según el artículo 21.2 de la Constitución:

a) Requieren autorización previa de la autoridad gubernativa.

b) No requieren comunicación ni autorización de ningún tipo.

c) Requieren comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

d) Requieren autorización judicial cuando superen las mil personas.

Respuesta: c). El derecho de reunión no necesita autorización previa (21.1); las manifestaciones exigen comunicación previa, que no es autorización.

11. Conforme al artículo 22 de la Constitución, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades:

a) Por resolución del Ministerio del Interior.

b) Por acuerdo de la mayoría de sus miembros.

c) Por resolución judicial motivada.

d) Por resolución del Registro de Asociaciones.

Respuesta: c). Artículo 22.4. La inscripción registral es a los solos efectos de publicidad.

12. Según el artículo 25.3 de la Constitución, la Administración civil:

a) Podrá imponer sanciones privativas de libertad de hasta setenta y dos horas.

b) No podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

c) Podrá imponer arresto domiciliario en materia de seguridad ciudadana.

d) Solo podrá imponer sanciones privativas de libertad con autorización judicial.

Respuesta: b). Por eso las sanciones de la Ley de seguridad ciudadana son siempre multas.

13. El artículo 28.1 de la Constitución dispone que la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio del derecho de sindicación:

a) A los funcionarios públicos en general.

b) A los miembros del Poder Judicial exclusivamente.

c) A los trabajadores de los servicios esenciales de la comunidad.

d) A las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.

Respuesta: d). La Ley Orgánica 2/1986 excluye la sindicación de la Guardia Civil por esta habilitación.

14. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, según el artículo 29.2 de la Constitución, podrán ejercer el derecho de petición:

a) Solo individualmente y con arreglo a su legislación específica.

b) Individual y colectivamente, como cualquier español.

c) Solo a través de sus asociaciones profesionales.

d) En ningún caso, mientras permanezcan en activo.

Respuesta: a). El derecho de petición del guardia civil existe, pero es individual. Lo desarrolla la Ley Orgánica 11/2007 (tema 15).

15. Señale la proposición CORRECTA sobre el artículo 30 de la Constitución:

a) La ley regulará la objeción de conciencia, que no podrá tutelarse mediante el recurso de amparo.

b) Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

c) Los españoles tienen el derecho, pero no el deber, de defender a España.

d) Los deberes de los ciudadanos en casos de catástrofe se regularán por real decreto.

Respuesta: b). Artículo 30.3. Defender a España es derecho y deber (30.1); los deberes en catástrofe se regulan por ley (30.4); la objeción sí tiene amparo (53.2).

16. ¿Cuál de los siguientes derechos NO puede tutelarse mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?

a) El derecho a la igualdad ante la ley del artículo 14.

b) El derecho a la libertad de empresa.

c) El derecho a la tutela judicial efectiva.

d) El derecho a la objeción de conciencia.

Respuesta: b). La libertad de empresa está en el artículo 38, Sección segunda. El amparo cubre el 14, la Sección primera y la objeción de conciencia (53.2).

17. Los principios rectores de la política social y económica, según el artículo 53.3 de la Constitución:

a) Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen.

b) Solo pueden ser regulados por ley orgánica.

c) Vinculan a todos los poderes públicos y se tutelan mediante el recurso de amparo.

d) Son directamente exigibles ante cualquier Tribunal sin necesidad de desarrollo legal.

Respuesta: a). Es la diferencia entre un principio rector y un derecho fundamental: el primero necesita ley de desarrollo para ser alegado.

18. Señale la proposición INCORRECTA sobre los principios rectores del Capítulo tercero del Título I:

a) Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica durante la tercera edad.

b) Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios.

c) Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

d) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones suficientes, especialmente en caso de enfermedad.

Respuesta: d). El artículo 41 dice «especialmente en caso de desempleo». Las otras tres son los artículos 50, 51 y 47 literales.

19. Según el artículo 55.1 de la Constitución, el derecho que NO se suspende en el estado de excepción, aunque sí en el de sitio, es:

a) La inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2.

b) El derecho del detenido a ser informado de sus derechos y a la asistencia de abogado del artículo 17.3.

c) La libertad de residencia y circulación del artículo 19.

d) El derecho de huelga del artículo 28.2.

Respuesta: b). El 55.1 exceptúa expresamente el apartado 3 del artículo 17 «para el supuesto de declaración de estado de excepción».

20. Conforme al artículo 55.2 de la Constitución, la suspensión individual de derechos para personas determinadas en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas exige:

a) Ley orgánica, la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario.

b) Ley ordinaria, intervención del Ministerio Fiscal y control judicial.

c) Decreto del Gobierno con autorización del Congreso.

d) Declaración previa del estado de excepción.

Respuesta: a). Y la utilización injustificada o abusiva de esas facultades produce responsabilidad penal. Los derechos afectados son los de los artículos 17.2, 18.2 y 18.3.

21. Según el artículo 56.3 de la Constitución, la persona del Rey:

a) Es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y sus actos estarán siempre refrendados.

b) Es responsable ante las Cortes Generales de sus actos políticos.

c) Es inviolable, salvo en las causas por traición que conoce el Tribunal Supremo.

d) Responde civilmente de sus actos, pero no penalmente.

Respuesta: a). De los actos del Rey responden quienes los refrendan (64.2).

22. En el orden de sucesión a la Corona del artículo 57.1 de la Constitución, dentro del mismo grado se prefiere:

a) Al varón sobre la mujer, y en el mismo sexo, a la persona de más edad.

b) A la persona de más edad, sin distinción de sexo.

c) A la mujer sobre el varón, y en el mismo sexo, a la persona de más edad.

d) A quien designe el Rey en testamento.

Respuesta: a). Primogenitura y representación: línea anterior, grado más próximo, varón sobre mujer, mayor edad.

23. La Regencia nombrada por las Cortes Generales, cuando no hay persona a quien corresponda, se compondrá de:

a) Una persona.

b) Una, tres o cinco personas.

c) Dos o cuatro personas.

d) Tres personas en todo caso.

Respuesta: b). Artículo 59.3. Para ejercer la Regencia hay que ser español y mayor de edad (59.4).

24. Conforme al artículo 62 de la Constitución, corresponde al Rey:

a) Dirigir la política interior y exterior.

b) Dirigir la Administración civil y militar.

c) Aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

d) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

Respuesta: d). Las opciones a) y b) son del Gobierno (97); la c), de las Cortes (66.2). El Rey también tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas (62.h).

25. Según el artículo 63.3 de la Constitución, declarar la guerra y hacer la paz corresponde:

a) Al Rey, previa autorización de las Cortes Generales.

b) A las Cortes Generales en sesión conjunta.

c) Al Gobierno, dando cuenta al Congreso.

d) Al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Respuesta: a). Es acto del Rey con autorización previa de las Cortes y, como todos, refrendado.

26. El Congreso de los Diputados, según el artículo 68 de la Constitución, se compone de:

a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.

b) 350 Diputados.

c) Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados.

d) Un mínimo de 250 y un máximo de 350 Diputados.

Respuesta: a). La cifra de 350 la fija la ley electoral, no la Constitución. La circunscripción es la provincia, con un Diputado para Ceuta y otro para Melilla.

27. Conforme al artículo 69 de la Constitución, en cada provincia se elegirán:

a) Dos Senadores.

b) Tres Senadores.

c) Cuatro Senadores.

d) Un número de Senadores proporcional a su población.

Respuesta: c). Tres por cada isla mayor, uno por cada isla menor, dos por Ceuta y dos por Melilla, y uno más otro por millón de habitantes por Comunidad Autónoma.

28. Según el artículo 68.6 de la Constitución, el Congreso electo deberá ser convocado:

a) En los quince días siguientes a las elecciones.

b) En los veinticinco días siguientes a las elecciones.

c) En los treinta días siguientes a las elecciones.

d) En los sesenta días siguientes a las elecciones.

Respuesta: b). Y las elecciones tienen lugar entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del mandato.

29. Señale cuál de los siguientes NO es causa de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores según el artículo 70.1 de la Constitución:

a) Ser miembro del Gobierno.

b) Ser militar profesional en activo.

c) Ser miembro de una Junta Electoral.

d) Ser Defensor del Pueblo.

Respuesta: a). Los altos cargos de la Administración del Estado son inelegibles «con la excepción de los miembros del Gobierno». Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo sí lo son.

30. Los Diputados y Senadores, según el artículo 71.2 de la Constitución, solo podrán ser detenidos:

a) Con autorización previa de la Cámara respectiva.

b) Por orden del Tribunal Supremo.

c) Fuera de los períodos de sesiones.

d) En caso de flagrante delito.

Respuesta: d). Es la inmunidad. Para inculparlos o procesarlos hace falta la autorización de la Cámara.

31. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, según el artículo 73.1 de la Constitución:

a) De enero a junio y de septiembre a diciembre.

b) De septiembre a diciembre y de enero a mayo.

c) De octubre a diciembre y de febrero a julio.

d) De septiembre a diciembre y de febrero a junio.

Respuesta: d). Las sesiones extraordinarias las piden el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

32. La Diputación Permanente de cada Cámara, según el artículo 78 de la Constitución, está compuesta por:

a) Un mínimo de quince miembros.

b) Un mínimo de veintiún miembros.

c) Un máximo de veintiún miembros.

d) Un número igual de Diputados y Senadores.

Respuesta: b). Representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica y la preside el Presidente de la Cámara.

33. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige, según el artículo 81.2 de la Constitución:

a) Mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado.

b) Mayoría simple de ambas Cámaras.

c) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

d) Mayoría de dos tercios del Congreso.

Respuesta: c). Son orgánicas las de desarrollo de los derechos fundamentales, las de los Estatutos, la electoral general y las demás previstas en la Constitución.

34. Los Decretos-leyes, según el artículo 86 de la Constitución:

a) Pueden regular los derechos, deberes y libertades del Título I en caso de urgencia.

b) Deben someterse a debate y votación de totalidad del Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación.

c) Requieren autorización previa de la Diputación Permanente.

d) Solo pueden dictarse cuando las Cortes están disueltas.

Respuesta: b). No pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, al Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

35. La iniciativa legislativa popular exige, conforme al artículo 87.3 de la Constitución:

a) No menos de 50.000 firmas acreditadas.

b) No menos de 100.000 firmas acreditadas.

c) No menos de 500.000 firmas acreditadas.

d) No menos de 1.000.000 de firmas acreditadas.

Respuesta: c). Y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional ni en la prerrogativa de gracia.

36. El Senado dispone, según el artículo 90.2 de la Constitución, para oponer su veto o introducir enmiendas a un proyecto de ley, de un plazo de:

a) Veinte días naturales.

b) Un mes.

c) Dos meses.

d) Tres meses.

Respuesta: c). Veinte días naturales solo en los proyectos urgentes. El veto exige mayoría absoluta del Senado.

37. De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, el Gobierno:

a) Ejerce la potestad legislativa del Estado.

b) Aprueba los Presupuestos Generales del Estado.

c) Convoca y disuelve las Cortes Generales.

d) Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.

Respuesta: d). Las otras tres son de las Cortes (66.2 y 134.1) y del Rey (62.b).

38. En la investidura del Presidente del Gobierno, si el candidato no obtiene la mayoría absoluta en la primera votación, según el artículo 99.3 de la Constitución:

a) Se propone un nuevo candidato.

b) Se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después, y bastará la mayoría simple.

c) Se someterá la misma propuesta a nueva votación siete días después, y bastará la mayoría simple.

d) Se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones.

Respuesta: b). La disolución solo procede si en dos meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza (99.5).

39. La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, según el artículo 102.1 de la Constitución, ante:

a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

b) El Pleno del Tribunal Supremo.

c) El Tribunal Constitucional.

d) La Audiencia Nacional.

Respuesta: a). Por traición o delito contra la seguridad del Estado, la acusación la plantea la cuarta parte del Congreso y la aprueba su mayoría absoluta.

40. Según el artículo 104 de la Constitución, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión:

a) Garantizar la soberanía e independencia de España.

b) Defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

c) Auxiliar a los Jueces y Tribunales en la averiguación del delito.

d) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Respuesta: d). Las opciones a) y b) son la misión de las Fuerzas Armadas del artículo 8.

41. La moción de censura, según el artículo 113 de la Constitución:

a) Se aprueba por mayoría simple y no requiere candidato.

b) Debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

c) Debe ser propuesta por la cuarta parte de los Diputados y se vota a las cuarenta y ocho horas.

d) Puede presentarse en el Senado cuando el Gobierno pierda la confianza de esa Cámara.

Respuesta: b). Se aprueba por mayoría absoluta y no puede votarse hasta pasados cinco días.

42. El estado de excepción, según el artículo 116.3 de la Constitución, lo declara:

a) El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.

b) El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso.

c) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno.

d) El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Respuesta: a). La opción c) describe el estado de sitio y la b), el de alarma.

43. Según el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 1/1982, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es:

a) Renunciable mediante consentimiento expreso otorgado ante notario.

b) Irrenunciable, inalienable e imprescriptible.

c) Transmisible por herencia a los descendientes.

d) Prescriptible a los cuatro años desde la intromisión.

Respuesta: b). La renuncia a la protección es nula. Lo que caduca a los cuatro años son las acciones (9.5), no el derecho.

44. Conforme al artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, NO se apreciará intromisión ilegítima cuando:

a) El titular del derecho hubiere otorgado su consentimiento tácito.

b) La intromisión estuviere expresamente autorizada por ley o el titular hubiere otorgado su consentimiento expreso.

c) El autor de la intromisión sea un medio de comunicación.

d) La persona afectada tenga notoriedad pública, en todo caso.

Respuesta: b). El consentimiento debe ser expreso y es revocable en cualquier momento, indemnizando los daños y las expectativas justificadas (2.3). Tampoco hay intromisión en las opiniones de Diputados y Senadores en el ejercicio de sus funciones.

45. Según el artículo 155.1 de la Constitución, para que el Gobierno adopte las medidas necesarias frente a una Comunidad Autónoma que atente gravemente al interés general de España se requiere:

a) Requerimiento previo a su Presidente y, de no ser atendido, la aprobación por mayoría absoluta del Senado.

b) Requerimiento previo a su Presidente y la aprobación por mayoría absoluta del Congreso.

c) La autorización de las Cortes Generales en sesión conjunta.

d) Dictamen favorable del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional.

Respuesta: a). El Gobierno puede además dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma (155.2).

46. Los miembros del Tribunal Constitucional, según el artículo 159 de la Constitución, son designados por un período de:

a) Cinco años, renovables.

b) Seis años, con renovación por mitades cada tres.

c) Nueve años, con renovación por terceras partes cada tres.

d) Doce años, sin posibilidad de renovación.

Respuesta: c). Son doce: cuatro del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial.

47. ¿Cuál de los siguientes NO está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad según el artículo 162.1.a) de la Constitución?

a) El Defensor del Pueblo.

b) Cincuenta Diputados.

c) El Ministerio Fiscal.

d) El Presidente del Gobierno.

Respuesta: c). El Ministerio Fiscal está legitimado para el amparo (162.1.b), no para el recurso de inconstitucionalidad.

48. La reforma de la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución exige, según el artículo 168:

a) Mayoría de tres quintos de cada Cámara y referéndum facultativo.

b) Mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, aprobación por dos tercios y referéndum obligatorio.

c) Mayoría absoluta de cada Cámara y referéndum obligatorio.

d) Mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado.

Respuesta: b). Es el procedimiento agravado, que protege también el Título Preliminar y el Título II.

49. Conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1981, el Defensor del Pueblo es:

a) El alto comisionado del Gobierno para la defensa de los derechos humanos.

b) El alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución.

c) Un órgano del Poder Judicial encargado de supervisar a la Administración.

d) Un magistrado del Tribunal Constitucional con funciones de supervisión administrativa.

Respuesta: b). Supervisa la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes. Reproduce la definición del artículo 54 de la Constitución.

50. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales, según el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 3/1981, para un período de:

a) Cuatro años.

b) Cinco años.

c) Seis años.

d) Nueve años.

Respuesta: b). Y se dirige a las Cortes a través de los Presidentes del Congreso y del Senado.

51. Para ser designado Defensor del Pueblo, el candidato debe obtener en el Congreso una votación favorable de:

a) La mayoría absoluta de sus miembros.

b) Las tres quintas partes de sus miembros, y ser ratificado por la misma mayoría del Senado en un plazo máximo de veinte días.

c) Las dos terceras partes de sus miembros.

d) La mayoría simple de los presentes.

Respuesta: b). Si fracasa, en la segunda ronda bastan los tres quintos del Congreso y la mayoría absoluta del Senado.

52. Señale la proposición INCORRECTA sobre el cese del Defensor del Pueblo según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1981:

a) Cesa por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.

b) Cesa por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones del cargo.

c) La vacante por muerte, renuncia o expiración del plazo la declara el Presidente del Congreso.

d) En los casos de cese, mientras no se designe nuevo Defensor, sus funciones las asume el Presidente de la Comisión Mixta.

Respuesta: d). Las asumen interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo (5.4).

53. Conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1981, el Defensor del Pueblo, fuera de los actos propios del ejercicio de su cargo:

a) Puede ser detenido por cualquier delito con autorización de las Cortes.

b) Está sometido al fuero de la Audiencia Nacional.

c) Goza de inviolabilidad absoluta y no puede ser juzgado por ningún hecho.

d) No puede ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito, y su procesamiento corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Respuesta: d). No está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad (6.1). Las mismas reglas se aplican a los Adjuntos.

54. El Defensor del Pueblo estará auxiliado, según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1981, por:

a) Un Adjunto único nombrado por las Cortes.

b) Un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, que nombra y separa el propio Defensor previa conformidad de las Cámaras.

c) Tres Adjuntos nombrados por el Congreso.

d) Un Secretario General nombrado por el Gobierno.

Respuesta: b). Le sustituyen por su orden y en ellos puede delegar. Su nombramiento se publica en el BOE.

55. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1981, NO podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo:

a) Una persona internada en un centro penitenciario.

b) Un menor de edad.

c) Una autoridad administrativa en asuntos de su competencia.

d) Un extranjero no residente en España.

Respuesta: c). Puede dirigirse al Defensor toda persona con interés legítimo, sin que sean impedimento la nacionalidad, la residencia, la minoría de edad ni el internamiento.

56. La queja ante el Defensor del Pueblo, conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica 3/1981, se presentará en el plazo máximo de:

a) Tres meses desde que se conocieron los hechos.

b) Seis meses desde que se conocieron los hechos.

c) Un año desde que se conocieron los hechos.

d) Dos años desde que se conocieron los hechos.

Respuesta: c). Firmada, con nombre, apellidos y domicilio, en papel común; es gratuita y no requiere abogado ni procurador.

57. Admitida una queja, el Defensor del Pueblo dará cuenta de su contenido al organismo afectado para que su Jefe remita informe escrito, según el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1981, en el plazo máximo de:

a) Diez días.

b) Quince días, ampliable.

c) Un mes.

d) Dos meses.

Respuesta: b). La negativa o negligencia en enviarlo puede considerarse actitud hostil y entorpecedora, hacerse pública y destacarse en el informe a las Cortes.

58. Los documentos clasificados como secretos que el Defensor del Pueblo solicite, según el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1981:

a) No pueden serle remitidos en ningún caso.

b) Solo pueden denegarse por resolución judicial.

c) Los autoriza el Ministro de Defensa.

d) Solo pueden denegarse por acuerdo del Consejo de Ministros, con certificación acreditativa del acuerdo.

Respuesta: d). Si el documento no remitido afecta de forma decisiva a la investigación, lo pone en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado.

59. Las autoridades y funcionarios a quienes el Defensor del Pueblo formule recomendaciones o recordatorios de deberes legales, según el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, están obligados a responder por escrito en un término no superior a:

a) Diez días.

b) Quince días.

c) Un mes.

d) Tres meses.

Respuesta: c). Si no se adopta medida adecuada, el Defensor acude al Ministro y, en último término, incluye el caso en su informe anual con nombres.

60. Conforme a la disposición final única de la Ley Orgánica 3/1981, las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura las ejerce:

a) El Ministerio Fiscal.

b) El Consejo General del Poder Judicial.

c) El Defensor del Pueblo, con un Consejo Asesor presidido por el Adjunto en quien delegue.

d) La Comisión Mixta Congreso-Senado.

Respuesta: c). Conforme al Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura. La disposición la añadió la Ley Orgánica 1/2009.

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11. Preguntas de estilo examen

Diez preguntas más, redactadas con el formato y la extensión de los cuestionarios oficiales de la Escala de Cabos y Guardias, que empiezan siempre nombrando la norma. Completan las setenta del nivel A.

61. Constitución Española. De los siguientes derechos, ¿cuál se encuentra entre los principios rectores de la política social y económica y NO entre los derechos fundamentales y libertades públicas?

a) El derecho a la educación.

b) El derecho a la tutela judicial efectiva.

c) El derecho a la libertad de cátedra.

d) El derecho a la protección de la salud.

Respuesta: d). Artículo 43, Capítulo tercero. Educación (27), cátedra (20.1.c) y tutela judicial (24) son de la Sección primera.

62. Constitución Española. Señale la proposición INCORRECTA en relación con el artículo 53:

a) Los derechos del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos.

b) Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los derechos del Capítulo segundo.

c) El recurso de amparo será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

d) Los principios rectores del Capítulo tercero podrán alegarse directamente ante cualquier jurisdicción sin necesidad de ley que los desarrolle.

Respuesta: d). Solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (53.3).

63. Constitución Española. De la Corona. Si el Rey fuere menor de edad, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia:

a) El Príncipe heredero, si fuere mayor de edad.

b) El Presidente del Gobierno, en nombre del Rey.

c) La persona que designen las Cortes Generales por mayoría absoluta.

d) El padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona.

Respuesta: d). Artículo 59.1. El Príncipe heredero entra en la Regencia en el supuesto distinto de la inhabilitación del Rey reconocida por las Cortes (59.2).

64. Constitución Española. Señale la proposición CORRECTA sobre los estados de alarma, excepción y sitio:

a) El estado de alarma será declarado por el Gobierno por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.

b) El estado de excepción será declarado por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.

c) El estado de sitio será declarado por el Gobierno mediante decreto, previa autorización del Senado.

d) Durante la vigencia de cualquiera de estos estados podrá disolverse el Congreso si lo acuerda el Rey.

Respuesta: a). Artículo 116.2. El de excepción exige autorización previa del Congreso; el de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso; y el Congreso no puede disolverse mientras estén declarados.

65. Constitución Española. Del Tribunal Constitucional. El recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 puede ser interpuesto por:

a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

b) Cincuenta Diputados o cincuenta Senadores.

c) El Presidente del Gobierno y los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

d) Únicamente la persona directamente agraviada.

Respuesta: a). Artículo 162.1.b). La opción b) y la c) describen legitimados para el recurso de inconstitucionalidad.

66. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Del procedimiento. Señale la opción INCORRECTA:

a) El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación sobre los actos de la Administración pública y sus agentes.

b) El Defensor del Pueblo rechazará las quejas anónimas.

c) Las quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia se dirigirán al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial.

d) La actividad del Defensor del Pueblo se interrumpirá durante la declaración de los estados de excepción o de sitio.

Respuesta: d). Ni la disolución de las Cortes ni los estados de excepción o de sitio interrumpen su actividad (artículo 11); en el primer caso se dirige a las Diputaciones Permanentes.

67. Ley Orgánica sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Tendrá la consideración de intromisión ilegítima:

a) La captación de la imagen de una persona que ejerza un cargo público durante un acto público.

b) La utilización de la caricatura de una persona con proyección pública de acuerdo con el uso social.

c) La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

d) La información gráfica sobre un suceso público en la que la imagen de una persona aparezca como meramente accesoria.

Respuesta: c). Artículo 7.4. Las otras tres son las tres excepciones del artículo 8.2.

68. Ley Orgánica sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos:

a) Un año desde que el legitimado pudo ejercitarlas.

b) Dos años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.

c) Cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.

d) Cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.

Respuesta: c). Artículo 9.5. Es caducidad, no prescripción, y el plazo distinto de la ley son los ochenta años del Ministerio Fiscal para el fallecido.

69. Ley Orgánica sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. A falta de persona designada en testamento y de cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos, el ejercicio de las acciones de protección de una persona fallecida corresponde:

a) Al Defensor del Pueblo.

b) Al Ministerio Fiscal, siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento.

c) A cualquier persona que acredite interés legítimo, sin límite de tiempo.

d) Al Estado, como heredero abintestato.

Respuesta: b). Artículo 4.3. El Fiscal puede actuar de oficio o a instancia de persona interesada.

70. Ley Orgánica sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Señale la opción CORRECTA sobre la indemnización:

a) La existencia de perjuicio deberá probarse siempre por el perjudicado.

b) La difusión o audiencia del medio no se tendrá en cuenta para valorar el daño.

c) La indemnización no comprende el daño moral, que solo se repara con la publicación de la sentencia.

d) La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima, y la indemnización se extenderá al daño moral.

Respuesta: d). Artículo 9.3. El daño moral se valora según las circunstancias del caso, la gravedad de la lesión y la difusión o audiencia del medio.

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12. Fuentes oficiales

Todos los textos se han leído de la fuente oficial antes de escribir sobre ellos, y todos los identificadores del BOE se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el propio Boletín.

Norma o fuente	Referencia	Enlace
Constitución Española	BOE-A-1978-31229, texto consolidado; BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
Reforma del artículo 13.2, de 27 de agosto de 1992	BOE-A-1992-20403	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20403
Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011	BOE-A-2011-15210	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15210
Reforma del artículo 49, de 15 de febrero de 2024	BOE-A-2024-3099	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-3099
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo	BOE-A-1981-10325, texto consolidado	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-10325
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (añade la disposición final única, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura)	BOE-A-2009-17492	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17492
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen	BOE-A-1982-11196, texto consolidado	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-11196

Jurisprudencia citada, comprobada una a una en el BOE: STC 11/1981, de 8 de abril (BOE-T-1981-9433); STC 25/1981, de 14 de julio (BOE-T-1981-18418); STC 22/1984, de 17 de febrero (BOE-T-1984-6110); STC 76/1983, de 5 de agosto (BOE-T-1983-22276); STC 231/1988, de 2 de diciembre (BOE-T-1988-29203); STC 292/2000, de 30 de noviembre (BOE-T-2001-332).

Temario y convocatoria: temario fijado por la Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023, transcrito en TEMARIO-OFICIAL.md; convocatoria de referencia, Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982).

Frecuencia: cuestionarios oficiales de conocimientos generales de 2025 y 2026, modelo A, publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, clasificados en ANALISIS-FRECUENCIA.md. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta oficial.

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13. Control de calidad

• [x] Los tres bloques del enunciado oficial tienen apartado propio en el epígrafe 4, y los títulos de la Ley del Defensor del Pueblo que enumera el temario, subapartado propio
• [x] Ningún precepto se ha redactado de memoria: los 169 artículos de la Constitución, los 37 de la Ley Orgánica 3/1981 y los 9 de la Ley Orgánica 1/1982 se han leído del texto consolidado en data/leyes/; la disposición final única y la exposición de motivos, del texto consolidado del BOE
• [x] La Constitución se estudia por títulos, con tabla de ubicación y garantía de cada derecho, porque es lo que miden las preguntas
• [x] Los identificadores del BOE de las normas, de las tres reformas constitucionales y de las seis sentencias se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el Boletín
• [x] Seis resoluciones del Tribunal Constitucional citadas y verificadas con su fallo en el epígrafe 5
• [x] Veinticinco trampas de examen, por encima del mínimo de doce
• [x] Setenta preguntas con respuesta explicada, las que corresponden al nivel A
• [x] Ninguna pregunta reproduce el enunciado de un cuestionario oficial
• [x] Las cifras de frecuencia proceden de frecuencia/conteo.json y no se han escrito a mano
• [x] Sin raya ni semirraya en todo el archivo
• [ ] Revisión por revisor colegiado: pendiente