Tema 25 · Nivel B
Delitos de odio, contra las garantías constitucionales y contra el orden público
«Delitos de odio y discriminación. Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Delitos cometidos por el personal funcionario público contra las garantías constitucionales. Delitos contra el orden público: Atentados contra la autoridad y sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos.»
Tema 25. Delitos de odio, contra las garantías constitucionales y contra el orden público
Categoría de Policía, Escala Básica, Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. Turno libre.
Enunciado oficial (Anexo III, apartado I.A.1, del Decreto 8/2026, de 28 de enero, BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026): «Delitos de odio y discriminación. Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Delitos cometidos por el personal funcionario público contra las garantías constitucionales. Delitos contra el orden público: Atentados contra la autoridad y sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos.»
| Autoría | Equipo de contenidos TestMiOpo |
|---|---|
| Revisión jurídica | Pendiente de revisor colegiado |
| Última revisión | 15 de septiembre de 2026 |
| Normas de referencia | Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444), artículos 22.4.ª, 24, 510 a 515, 520, 521, 522 a 526, 529 a 542, 550 a 561. Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE-A-2022-11589), artículos 2, 4 y 6. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (BOE-A-2000-544), artículo 71. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo (BOE-A-2015-3442), artículos 36 y 37 |
| Norma del temario | Decreto 8/2026, de 28 de enero (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026), Anexo III, apartado I.A.1, tema 25 |
| Convocatoria de referencia | No hay convocatoria unificada todavía; cada ayuntamiento publica sus bases. Comprobación sobre la convocatoria de Gádor, BOJA núm. 132, de 10 de julio de 2026 |
1. Mapa del tema
CODIGO PENAL, LIBRO II: TITULO XXI (CONSTITUCION) Y TITULO XXII (ORDEN PUBLICO) (2,90 puntos, 37 preguntas medidas)
|
+--------------------+--------------------+-----------------------+----------------------+---------------------+
| | | | | |
ODIO Y DISCRIMI- LIBERTAD DE CON- GARANTIAS CONSTITU- ATENTADO, RESISTEN- DESORDENES OTRAS
NACION (510-515) CIENCIA, SENTI- CIONALES (529-542) CIA Y DESOBEDIEN- PUBLICOS (557-561) (2 preg.)
(11 preg.) MIENTOS RELIGIOSOS (13 preg.) CIA (550-556) (3 preg.) organizacion
| Y DIFUNTOS (522-526) | (7 preg.) | criminal
510.1: fomentar, (1 preg.) sujeto: AUTORIDAD O | 557: en grupo y (570 bis)
promover, incitar | FUNCIONARIO, "median- 550: agredir, resis- con el fin de
al odio: 1 a 4 522: impedir o for- do causa por delito"; tir con intimidacion atentar contra la
anos + multa; zar el culto: multa pena tipica: INHABILI- grave o violencia, paz publica: vio-
510.2: humillar, 4 a 10 meses; 523: TACION ESPECIAL; acometer: 1 a 4 anos lencia sobre perso-
enaltecer: 6 me- perturbar actos: 530 detencion con + multa si autoridad, nas o cosas, obsta-
ses a 2 anos; prision 6 meses a 6 violacion de plazos: 6 meses a 3 anos culizar vias, inva-
510.3: internet, anos en lugar de 4 a 8 anos; 531 in- resto; docentes y dir instalaciones:
mitad superior; culto; 524: profa- comunicacion: 2 a 6; sanitarios siempre; 6 meses a 3 anos;
511: particular nacion: 6 meses a 532 imprudencia gra- 551: armas, peligro multitud: 3 a 5;
de servicio pu- 1 ano o multa 12 a ve: suspension; 533 para la vida, vehicu- 557 bis: ocupar
blico que niega 24; 525: escarnio: rigor innecesario; lo, motin: superior local; 558: per-
prestacion; 512: multa 8 a 12; 526: 534 entrar en domici- en grado; 554: FFAA, turbar audiencia,
profesional; 513: sepulcros, cadave- lio sin consentimien- auxiliadores, bombe- colegio electoral,
reuniones ilici- res: 3 a 5 meses o to: multa + 2 a 6; ros, sanitarios, se- espectaculos; 560:
tas; 515.4: aso- multa 6 a 10 535-536 interceptar; guridad privada; 556: telecomunicaciones,
ciacion que fo- 537 abogado y dere- resistencia o desobe- vias ferreas, agua,
menta odio; 22.4: chos del detenido: diencia grave: 3 me- gas, luz: 1 a 5;
agravante; Ley multa + 2 a 4; 538 ses a 1 ano o multa; 561: simular peli-
15/2022: discri- censura; 539 disolver falta de respeto a la gro y movilizar
minacion directa, asociacion; 540 pro- autoridad: multa 1 a servicios: 3 meses
indirecta, por hibir reunion; 541 3 meses; 24: autori- y 1 dia a 1 ano
asociacion, por expropiar; 542 otros dad y funcionario;
error, multiple; derechos civicos LOPSC 36.6 y 37.4:
OBERAXE (LOEX 71) lo que no es delito
2. Introducción y enfoque de estudio
Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.
Este tema vale 2,90 puntos de los 100 del cuestionario, nivel B: 37 preguntas en los 15 cuestionarios de ayuntamientos andaluces de 2025 y 2026, una media de 2,93 por cada cien, con cinco en Alcalá del Valle y cuatro en Las Gabias, Málaga, Utrera, Roquetas y Almería. Son los delitos que el policía local sufre (atentado, resistencia, desobediencia), los que puede cometer (contra las garantías constitucionales) y los que debe reconocer y perseguir (odio, desórdenes).
Tres decisiones de estudio.
Primera: el bloque más preguntado es el que castiga al propio agente. Trece preguntas fueron de los delitos de los funcionarios contra las garantías constitucionales: la detención con violación de plazos (530), la incomunicación (531), la imprudencia (532), la entrada en domicilio sin consentimiento (534), las escuchas (536), la asistencia de abogado (537), la disolución de asociaciones (539), la expropiación (541). Se preguntan por su artículo, su sujeto («autoridad o funcionario público, mediando causa por delito») y su pena, casi siempre de inhabilitación especial. Este tema los reproduce con la pena delante.
Segunda: el atentado se pregunta por su definición literal y por su lista de sujetos. «Los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren» (550.1); los docentes y sanitarios «en todo caso»; los bomberos, el personal sanitario de emergencias y la seguridad privada del 554; y la frontera con la resistencia y desobediencia grave del 556 y con la infracción administrativa del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Siete preguntas.
Tercera: los delitos de odio se preguntan con conceptos. Además del artículo 510 (once preguntas en el bloque), los cuestionarios preguntaron qué es el racismo, la xenofobia, la segregación y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Este tema no inventa definiciones: usa las del artículo 6 de la Ley 15/2022, la lista de motivos del Código y el artículo 71 de la Ley de Extranjería.
Lo que este tema no cubre porque lo cubren otros: los delitos contra la Administración pública (prevaricación, cohecho, desobediencia del funcionario, denegación de auxilio), el tema 24; las detenciones ilegales y las torturas cometidas por particulares y por funcionarios de los artículos 163 a 176, el tema 26; las reglas generales de autoría y penas, el tema 22; el derecho de reunión y su ley orgánica, el tema 2; la Ley de Seguridad Ciudadana como norma administrativa, el tema 15.
3. Qué se pregunta de este tema
Medido sobre quince cuestionarios de ayuntamientos andaluces de febrero de 2025 a enero de 2026, 1.230 preguntas, clasificadas una a una por materia con frecuencia/reglas.py y reasignadas al temario vigente de 45 temas (ANALISIS-FRECUENCIA.md). El temario derogado tenía dos temas de Derecho penal especial con parte de este contenido; el clasificador trae aquí las preguntas de los Títulos XXI y XXII del Libro II del Código Penal y las de conceptos de racismo y discriminación.
| Cuestionario | Fecha | Preguntas del tema 25 | Sobre el total | Por cada cien |
|---|---|---|---|---|
| La Carolina (Jaén) | 05/02/2025 | 2 | 50 | 4,00 |
| Las Gabias (Granada) | 13/02/2025 | 4 | 100 | 4,00 |
| Darro (Granada) | 17/02/2025 | 1 | 100 | 1,00 |
| Alcalá del Valle (Cádiz) | 20/02/2025 | 5 | 100 | 5,00 |
| Olvera (Cádiz) | 05/03/2025 | 3 | 50 | 6,00 |
| Huelma (Jaén) | 14/03/2025 | 0 | 50 | 0,00 |
| Jerez de la Frontera (Cádiz) | 22/03/2025 | 3 | 100 | 3,00 |
| Roquetas de Mar (Almería) | 20/06/2025 | 4 | 100 | 4,00 |
| Utrera (Sevilla) | 01/07/2025 | 4 | 100 | 4,00 |
| Lucena (Córdoba) | 08/07/2025 | 1 | 50 | 2,00 |
| Málaga | 12/07/2025 | 4 | 80 | 5,00 |
| Motril (Granada) | 17/07/2025 | 2 | 100 | 2,00 |
| Rociana del Condado (Huelva) | 25/09/2025 | 0 | 100 | 0,00 |
| Almería | 22/12/2025 | 4 | 100 | 4,00 |
| Écija (Sevilla) | 22/01/2026 | 0 | 50 | 0,00 |
| Total y media | 37 | 1.230 | 2,93 |
De la media medida de 2,93 se pasa a 2,90 puntos finales por los dos ajustes de frecuencia/pesos.py comunes a todo el libro: el reparto de la materia del temario derogado que el vigente no tiene, que sube el tema a 3,09, y la reserva de un punto de suelo para cada uno de los ocho temas nuevos del decreto, que lo deja en 2,90. Nivel B en las tres cifras.
Dentro del tema, las 37 preguntas se reparten así (clasificación por materia de los enunciados sobre el listado de frecuencia/contar.py --ver PL25):
| Bloque del enunciado | Preguntas | Qué se preguntó, sin reproducir ningún enunciado |
|---|---|---|
| Delitos de los funcionarios contra las garantías constitucionales (artículos 529 a 542) | 13 | La detención con violación de plazos y su pena (tres veces); la entrada en domicilio sin consentimiento (dos veces); la incomunicación; la imprudencia grave; la entrega de una causa por el juez; el rigor innecesario del funcionario penitenciario; la asistencia de abogado; las escuchas; la disolución de asociaciones; la expropiación ilegal; cuál de cuatro delitos no es de este capítulo |
| Delitos de odio y discriminación (artículos 510 a 515, conceptos) | 11 | La conducta y la pena del artículo 510 (cuatro veces); qué es el racismo; qué es la xenofobia (dos veces); la segregación; las reuniones ilícitas del artículo 513; el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia; los protocolos policiales de igualdad |
| Atentado, resistencia y desobediencia (artículos 550 a 556) | 7 | Quiénes son reos de atentado (cuatro veces); las agravaciones del artículo 551; la resistencia grave con intimidación; las penas del 550.2 |
| Desórdenes públicos (artículos 557 a 561) | 3 | El requisito del artículo 557.1; las conductas del artículo 558; la simulación de peligro del artículo 561 |
| Libertad de conciencia y sentimientos religiosos (artículos 522 a 526) | 1 | La pena de la profanación del artículo 524 |
| Otras | 2 | La definición de organización criminal (570 bis) y el asesinato cometido por miembro de organización criminal (140), que el clasificador dejó aquí |
Dos lecturas.
La pregunta de las garantías constitucionales es siempre la misma frase. «La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad (...) con violación de los plazos o demás garantías» (530) cayó en Darro, Motril, Utrera y Roquetas, con distractores en la pena (cuatro a ocho años de inhabilitación) y en el requisito «mediando causa por delito», que es lo que separa este delito de la detención ilegal del artículo 167.
El atentado se pregunta con los verbos. Agredir, acometer y resistir gravemente con intimidación grave o violencia son atentado (550); resistir o desobedecer gravemente sin esos medios es el 556; faltar al respeto a la autoridad es la multa del 556.2, y a los agentes, la infracción leve del 37.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Nunca se reproduce el enunciado literal de una pregunta de un cuestionario municipal. Las preguntas de este manual están redactadas de nuevo.
4. Desarrollo
El desarrollo sigue los cinco bloques del enunciado oficial. El Código Penal se ha leído de data/leyes/lo-10-1995-codigo-penal.json (texto consolidado con la última actualización publicada por el BOE el 9 de abril de 2026); la Ley 15/2022, del XML consolidado del BOE; la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana, de data/leyes/. Todos los delitos van con su pena, porque los cuestionarios la preguntan.
4.1. Delitos de odio y discriminación
El marco. El Código Penal no tiene un título de «delitos de odio»: la expresión reúne la agravante genérica del artículo 22.4.ª y los delitos de la Sección 1.ª del Capítulo IV del Título XXI, «De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas» (510 a 521). La agravante castiga «cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta» (22.4.ª). Esa lista de motivos se repite, con variantes, en cada tipo.
Incitación al odio (510.1). Prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses para: a) quienes «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel», por los motivos de la lista; b) quienes produzcan, posean para distribuir, faciliten, distribuyan, difundan o vendan escritos o material idóneos para ello (Las Gabias); c) quienes «públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado», o a sus autores, «cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación» (Alcalá del Valle). Esta última cláusula viene de la STC 235/2007, que anuló la negación pura del genocidio del antiguo artículo 607.2 (epígrafe 5).
Humillación y enaltecimiento (510.2). Prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses para: a) quienes «lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito» de alguno de los grupos o de una persona por su pertenencia a ellos, o difundan material idóneo para ello (Olvera); b) quienes «enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo (...) o a quienes hayan participado en su ejecución» (Las Gabias); con la pena del apartado 1 (uno a cuatro años) si con ello «se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación».
Agravaciones y accesorias (510.3 a 510.6). Mitad superior cuando los hechos se realicen «a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información», accesibles a un elevado número de personas (510.3); mitad superior, elevable a la superior en grado, cuando sean idóneos para alterar la paz pública o crear grave temor en el grupo (510.4); en todos los casos, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, docentes, deportivos y de tiempo libre, por tiempo superior entre tres y diez años al de la prisión (510.5); y destrucción del material, retirada de contenidos y bloqueo del acceso a internet (510.6). La persona jurídica responde con multa de dos a cinco años (510 bis).
Denegación de prestaciones (511 y 512). El particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona, o a una asociación, «una prestación a la que tenga derecho» por los motivos de la lista: prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación de uno a tres años (511.1 y 511.2); el funcionario público que lo haga, las mismas penas en su mitad superior e inhabilitación de dos a cuatro años (511.3). Quien lo haga «en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales»: inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio de uno a cuatro años (512). Para el policía local, el 511.3 es el delito de negar un servicio, una denuncia o un auxilio por la raza, la religión o la orientación de quien lo pide.
Reuniones y asociaciones (513 a 521). Son reuniones o manifestaciones ilícitas «las que se celebren con el fin de cometer algún delito» y «aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso» (513; La Carolina). Sus promotores o directores, que son quienes las convocan o presiden, sufren prisión de uno a tres años y multa (514.1); los asistentes armados, prisión de uno a dos años (514.2); quienes en ellas ejerzan violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades, la pena de su delito en su mitad superior (514.3); y quienes impidan una reunión lícita, prisión de dos a tres años con violencia (514.4). Son asociaciones ilícitas las que tengan por objeto cometer delitos, las que empleen medios violentos o de control de la personalidad, las paramilitares y «las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia» por los motivos de la lista (515); el juez acuerda su disolución (520), y si el reo es autoridad, agente o funcionario, inhabilitación absoluta de diez a quince años (521).
Los conceptos. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, reconoce el derecho de toda persona, con independencia de su nacionalidad, edad o residencia legal, a no ser discriminada «por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (2.1); considera vulneraciones «la discriminación, directa o indirecta, por asociación y por error, la discriminación múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar» y las represalias (4.1); y define: discriminación directa, cuando una persona «sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable»; indirecta, cuando «una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar (...) una desventaja particular»; por asociación, por la relación con otra persona en la que concurre la causa; por error, la «que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona»; múltiple, por dos o más causas simultáneas o consecutivas; interseccional, cuando varias causas interactúan generando una forma específica (6). En el lenguaje del Código, el racismo es la discriminación por la etnia, raza o nación; la xenofobia, por el origen nacional; el antisemitismo y el antigitanismo, contra judíos y gitanos, y la aporofobia, por la pobreza o exclusión social, incorporados el antigitanismo y la aporofobia a los artículos 22.4.ª y 510 por la Ley Orgánica 6/2022, complementaria de la Ley 15/2022; y la segregación, separación física o social de un grupo por esas causas, encaja en la discriminación directa del artículo 6.1.a) de la Ley 15/2022 en cuanto trato menos favorable. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) lo crea el artículo 71 de la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, «con funciones de estudio y análisis, y con capacidad para elevar propuestas de actuación, en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia» (Málaga); está integrado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para el agente, el principio de neutralidad del artículo 5.1.b) de la Ley Orgánica 2/1986 prohíbe discriminar «por razón de raza, religión u opinión» (tema 14), y la actuación ante un delito de odio (Almería) consiste en identificar el móvil discriminatorio en el atestado, recoger sus indicadores (expresiones, símbolos, fecha, lugar, relación entre autor y víctima) y hacer constar la agravante del 22.4.ª.
4.2. Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos
Sección 2.ª del mismo Capítulo IV (522 a 526). Impedir o forzar el culto (522): multa de cuatro a diez meses para quienes «por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen, o asistir a los mismos» (1.º), o fuercen a otro «a practicar o concurrir a actos de culto o ritos, o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión, o a mudar la que profesen» (2.º). Perturbar actos religiosos (523): el que «con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas» en el registro del Ministerio de Justicia: prisión de seis meses a seis años si es en lugar destinado al culto, y multa de cuatro a diez meses en cualquier otro lugar. Profanación (524): «el que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados»: prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses (Jerez). Escarnio (525): multa de ocho a doce meses para quienes, «para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente (...) escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican» (1), y para quienes hagan escarnio «de quienes no profesan religión o creencia alguna» (2). Respeto a los difuntos (526): el que, «faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos»: prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses. Son los delitos de procesiones, cementerios y templos.
4.3. Delitos cometidos por el personal funcionario público contra las garantías constitucionales
Capítulo V del Título XXI (529 a 542), en tres secciones. El sujeto es la autoridad o el funcionario público (24: autoridad es quien «por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia»; funcionario, «todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas»); la mayoría exigen que se actúe «mediando causa por delito», esto es, en una investigación penal real: si no hay causa, el hecho es la detención ilegal del artículo 167 o el allanamiento del 204 (tema 26). La pena típica es la inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Sección 1.ª: libertad individual (529 a 533). El juez o magistrado que entregue una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, «que ilegalmente se la reclame»: inhabilitación de seis meses a dos años, y la superior en grado si además entrega al detenido (529; Alcalá del Valle). La autoridad o funcionario que, mediando causa por delito, «acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales»: inhabilitación de cuatro a ocho años (530; Darro, Motril, Utrera, Roquetas). El que «decretare, practicare o prolongare la incomunicación» con violación de plazos o garantías: inhabilitación de dos a seis años (531; Utrera). Si los hechos de los dos artículos anteriores se cometen «por imprudencia grave»: suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años (532; Motril). El funcionario penitenciario o de centros de menores que imponga «sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario»: inhabilitación de dos a seis años (533; Olvera).
Sección 2.ª: inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad (534 a 536). Multa de seis a doce meses e inhabilitación de dos a seis años para la autoridad o funcionario que, mediando causa por delito y sin respetar las garantías, «entre en un domicilio sin el consentimiento del morador» (534.1.1.º; Roquetas, Almería) o «registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio» sin consentimiento libre (534.1.2.º); si no devuelve inmediatamente lo registrado, inhabilitación de seis a doce años y multa de doce a veinticuatro meses; y quien «con ocasión de lícito registro» cometa «cualquier vejación injusta o daño innecesario», las penas de esos hechos en su mitad superior más inhabilitación (534.2). Interceptar «cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica» con violación de garantías: inhabilitación de dos a seis años, y en su mitad superior más multa si divulga la información (535). La autoridad, funcionario «o agente de éstos» que intercepte «las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación» con violación de garantías: inhabilitación de dos a seis años, agravada si divulga (536; Málaga). Son el reverso penal de los artículos 18.2 y 18.3 de la Constitución: sin consentimiento, auto judicial o flagrancia no se entra, y sin auto no se escucha (STC 22/1984 y 341/1993, epígrafe 5).
Sección 3.ª: otros derechos individuales (537 a 542). Multa de cuatro a diez meses e inhabilitación de dos a cuatro años para quien «impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención» (537; Las Gabias): es el delito de la lectura de derechos del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Censura previa o recogida de ediciones o suspensión de emisiones fuera de los casos permitidos: inhabilitación absoluta de seis a diez años (538). Disolver o suspender una asociación legalmente constituida «sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le impida la celebración de sus sesiones»: inhabilitación de ocho a doce años y multa de seis a doce meses (539; Utrera). Prohibir una reunión pacífica o disolverla fuera de los casos permitidos por las leyes: inhabilitación de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses (540). Expropiar «fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales»: inhabilitación de uno a cuatro años y multa (541; Málaga). Impedir «a sabiendas» el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes: inhabilitación de uno a cuatro años (542). No pertenecen a este capítulo, aunque los cometa un funcionario, la prevaricación, el cohecho o la denegación de auxilio (Título XIX, tema 24) ni las torturas (174, tema 26) (Roquetas, Jerez).
4.4. Delitos contra el orden público: atentado, resistencia y desobediencia
Título XXII, Capítulo II (550 a 556). Atentado (550). «Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas» (550.1; Motril, Utrera, Roquetas, Olvera). «En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas» (550.1, párrafo segundo; Alcalá del Valle). Penas: prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado es contra autoridad, y prisión de seis meses a tres años en los demás casos, entre ellos el atentado contra el agente (550.2; Almería); si la autoridad es miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno autonómicos, del Congreso, del Senado, de las asambleas autonómicas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o fiscal, prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses (550.3). El policía local es agente de la autoridad (Ley Orgánica 2/1986, 7.1); el Alcalde y los concejales son autoridad.
Agravaciones (551). Penas superiores en grado cuando el atentado se cometa: 1.º «haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos»; 2.º cuando la violencia «resulte potencialmente peligrosa para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves», incluidos «el lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos»; 3.º «acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor»; 4.º con ocasión de un motín o incidente colectivo en un centro penitenciario (Jerez). La provocación, conspiración y proposición se castigan con la pena inferior en uno o dos grados (553).
Sujetos equiparados (554). Las penas del atentado se aplican también cuando se cometa contra un miembro de las Fuerzas Armadas de uniforme en servicio legalmente encomendado (554.1); contra «las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios» (554.2); y contra los bomberos, el personal sanitario o los equipos de socorro que intervengan en un siniestro, calamidad o emergencia, con la finalidad de impedirles sus funciones, y el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que actúe «en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» (554.3).
Resistencia y desobediencia (556). «Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada» que coopere bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (556.1). «Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses» (556.2). La escala completa: la resistencia grave con intimidación grave o violencia, y el acometimiento, son atentado (550); la resistencia pasiva o la desobediencia grave sin esos medios, el 556.1; la falta de respeto a la autoridad, el 556.2; y la desobediencia o resistencia leve a la autoridad o a sus agentes, la negativa a identificarse y la alegación de datos falsos, la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, mientras que las faltas de respeto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son la infracción leve del 37.4 «cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal» (tema 15).
4.5. Desórdenes públicos
Capítulo III del Título XXII (557 a 561). Desórdenes (557). Prisión de seis meses a tres años para «los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: a) sobre las personas o las cosas; u b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o c) invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares» (557.1; Málaga): los dos requisitos son el grupo y el fin de atentar contra la paz pública. Prisión de tres a cinco años e inhabilitación cuando se cometan «por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público», con inhabilitación absoluta de seis a ocho años si los autores son autoridad (557.2); mitad superior para quienes porten instrumentos peligrosos o realicen actos de pillaje, y grado superior con armas de fuego (557.3); provocación, conspiración y proposición de los apartados 2 y 3, penas inferiores en uno o dos grados (557.4); prisión de seis meses a dos años para quien «en lugar concurrido provocara avalancha, estampida u otra reacción análoga» con peligro para la vida o la salud (557.5); todo ello sin perjuicio de las lesiones, amenazas, coacciones o daños concretos (557.6). Ocupación de locales (557 bis): los que, actuando en grupo, «invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público», causando «una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal»: prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.
Perturbación de actos (558). Prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses para «los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales», con la posible privación de acudir a esos lugares por hasta tres años más que la prisión (Alcalá del Valle).
Daños a servicios (560). Prisión de uno a cinco años para quienes causen daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal (1), causen daños en vías férreas o grave daño a la circulación ferroviaria (2), o dañen «las conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad para las poblaciones, interrumpiendo o alterando gravemente el suministro o servicio» (3).
Falsa alarma (561). «Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses» (Utrera).
Lo que se quedó fuera del enunciado pero cayó. El artículo 570 bis define la organización criminal como «la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos» (Roquetas), con prisión de cuatro a ocho años para quienes la promuevan o dirijan si su fin son delitos graves.
5. Jurisprudencia esencial
Cinco sentencias, cada una comprobada en el BOE o en el buscador oficial del Tribunal Constitucional con su fallo.
STC 235/2007, de 7 de noviembre (Pleno, cuestión de inconstitucionalidad 5152-2000, BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2007, con votos particulares). La Audiencia Provincial de Barcelona cuestionó el artículo 607.2 del Código Penal, que castigaba la difusión de ideas que «nieguen o justifiquen» los delitos de genocidio. El Tribunal estimó parcialmente la cuestión: declaró inconstitucional y nula la expresión «nieguen o», porque la mera negación de un genocidio, sin incitación, está amparada por la libertad de expresión, y conforme la justificación interpretada como incitación indirecta al odio. Es la razón de que el actual artículo 510.1.c) castigue negar, trivializar o enaltecer el genocidio solo «cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación».
STC 136/1999, de 20 de julio (Pleno, recurso de amparo 5459/1997 avocado al Pleno, BOE-T-1999-17665). Los veintitrés miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna fueron condenados a siete años de prisión por colaboración con banda armada por ceder sus espacios electorales a un vídeo de ETA. El Tribunal otorgó el amparo por vulneración de la legalidad penal (artículo 25.1 de la Constitución) por desproporción de la pena respecto de una conducta en la frontera de la libertad de expresión. Su doctrina, la proporcionalidad como límite del legislador y del juez cuando se castigan mensajes, es la que obliga a leer el artículo 510 de forma restrictiva: solo la incitación, no la opinión.
STC 22/1984, de 17 de febrero (Sala Segunda, recurso de amparo 59/1983, BOE-T-1984-6110). La Administración municipal entró en una vivienda para ejecutar una orden de desalojo sin resolución judicial. El Tribunal otorgó el amparo: el artículo 18.2 protege también frente a la ejecución administrativa, y sin consentimiento, flagrante delito o auto judicial nadie entra. Es el bien jurídico del artículo 534.1.1.º: la entrada del funcionario en un domicilio sin consentimiento del morador y sin las garantías constitucionales es delito.
STC 341/1993, de 18 de noviembre (Pleno, recursos de inconstitucionalidad 1045/1992, 1279/1992 y 1314/1992 y cuestiones acumuladas, BOE-T-1993-29248). Declaró inconstitucional y nulo el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/1992, que permitía a los agentes entrar en un domicilio con «conocimiento fundado» de un delito de drogas: la flagrancia exige la percepción directa y evidente del delito. Define cuándo la entrada del artículo 534 tiene «las garantías constitucionales o legales» y cuándo no.
STC 172/2020, de 19 de noviembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 2896-2015, BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020). Más de cincuenta diputados recurrieron la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. El Pleno declaró inconstitucional y nulo el inciso «no autorizado» del artículo 36.23 (uso de imágenes de los agentes), interpretó conformes otros preceptos y desestimó el resto, validando bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y menor lesividad las potestades policiales de la ley. Para este tema fija la frontera entre el delito y la infracción administrativa: la desobediencia y la resistencia leves son el artículo 36.6 de la ley, y las faltas de respeto a los agentes el 37.4, solo «cuando no sean constitutivas de infracción penal».
6. Tabla resumen
| Dato | Contenido | Artículo |
|---|---|---|
| Agravante de discriminación | Motivos racistas, antisemitas, antigitanos, ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo, edad, orientación o identidad sexual, género, aporofobia, exclusión social, enfermedad, discapacidad; aunque no concurran en la víctima | 22.4.ª |
| Autoridad y funcionario | Autoridad: mando o jurisdicción propia; parlamentarios y fiscales; funcionario: participa en funciones públicas por ley, elección o nombramiento | 24 |
| Incitación al odio | Fomentar, promover o incitar públicamente; difundir material idóneo; negar, trivializar o enaltecer el genocidio si favorece un clima de odio: prisión 1 a 4 años y multa 6 a 12 meses | 510.1 |
| Humillación y enaltecimiento | Lesionar la dignidad con humillación, menosprecio o descrédito; enaltecer o justificar delitos contra el grupo: prisión 6 meses a 2 años y multa 6 a 12 meses; 1 a 4 años si favorece un clima de odio | 510.2 |
| Agravaciones | Internet o medios: mitad superior; alterar la paz pública: mitad superior o superior en grado; inhabilitación educativa 3 a 10 años más; retirada de contenidos | 510.3 a 510.6 |
| Denegar prestaciones | Particular encargado de servicio público: prisión 6 meses a 2 años, multa e inhabilitación; funcionario: mitad superior e inhabilitación 2 a 4 años; profesional: inhabilitación 1 a 4 años | 511 y 512 |
| Reuniones ilícitas | Para cometer delito o con armas; promotores 1 a 3 años; asistentes armados 1 a 2 años | 513 y 514 |
| Asociaciones ilícitas | Delictivas, violentas, paramilitares, que fomenten el odio; disolución judicial; funcionario: inhabilitación absoluta 10 a 15 años | 515, 520, 521 |
| Ley 15/2022 | Discriminación directa, indirecta, por asociación, por error, múltiple, interseccional; acoso; represalias | 4 y 6 |
| OBERAXE | Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia: estudio, análisis y propuestas | LOEX 71 |
| Impedir o forzar el culto | Multa 4 a 10 meses | 522 |
| Perturbar actos religiosos | Prisión 6 meses a 6 años en lugar de culto; multa 4 a 10 meses en otro lugar | 523 |
| Profanación | Prisión 6 meses a 1 año o multa 12 a 24 meses | 524 |
| Escarnio | Multa 8 a 12 meses; también de quienes no profesan religión | 525 |
| Difuntos | Sepulcros, cadáveres, cenizas, urnas, lápidas: prisión 3 a 5 meses o multa 6 a 10 meses | 526 |
| Entrega de causa | Juez que entrega causa a autoridad que la reclama ilegalmente: inhabilitación 6 meses a 2 años | 529 |
| Detención con violación de plazos | Mediando causa por delito: inhabilitación 4 a 8 años | 530 |
| Incomunicación | Inhabilitación 2 a 6 años | 531 |
| Imprudencia grave | Suspensión 6 meses a 2 años | 532 |
| Rigor innecesario | Funcionario penitenciario o de menores: inhabilitación 2 a 6 años | 533 |
| Domicilio y registro | Sin consentimiento del morador: multa 6 a 12 meses e inhabilitación 2 a 6 años; no devolver: 6 a 12 años; vejación en registro lícito | 534 |
| Correspondencia | Inhabilitación 2 a 6 años; divulgar: mitad superior y multa | 535 |
| Telecomunicaciones y escuchas | Autoridad, funcionario o agente: inhabilitación 2 a 6 años; divulgar: más multa | 536 |
| Abogado y derechos | Impedir la asistencia, favorecer la renuncia o no informar: multa 4 a 10 meses e inhabilitación 2 a 4 años | 537 |
| Censura | Inhabilitación absoluta 6 a 10 años | 538 |
| Asociaciones | Disolver o suspender sin resolución judicial: inhabilitación 8 a 12 años y multa | 539 |
| Reuniones | Prohibir o disolver reunión pacífica: inhabilitación 4 a 8 años y multa 6 a 9 meses | 540 |
| Expropiación | Inhabilitación 1 a 4 años y multa | 541 |
| Otros derechos cívicos | A sabiendas: inhabilitación 1 a 4 años | 542 |
| Atentado | Agredir, acometer o resistir gravemente con intimidación grave o violencia a autoridad, agentes o funcionarios; docentes y sanitarios en todo caso; autoridad: prisión 1 a 4 años y multa 3 a 6 meses; resto: 6 meses a 3 años; Gobierno, parlamentarios, corporaciones locales, jueces y fiscales: 1 a 6 años | 550 |
| Agravado | Armas u objetos peligrosos; violencia peligrosa para la vida; vehículo de motor; motín penitenciario: superior en grado | 551 |
| Actos preparatorios | Inferior en uno o dos grados | 553 |
| Equiparados | Fuerzas Armadas de uniforme; auxiliadores; bomberos, sanitarios y socorro en emergencias; seguridad privada bajo mando policial | 554 |
| Resistencia y desobediencia grave | Prisión 3 meses a 1 año o multa 6 a 18 meses | 556.1 |
| Falta de respeto a la autoridad | Multa 1 a 3 meses | 556.2 |
| Infracciones administrativas | Desobediencia o resistencia leve y negativa a identificarse: grave (36.6); falta de respeto a los agentes: leve (37.4) | LO 4/2015 |
| Desórdenes | En grupo y para atentar contra la paz pública: violencia sobre personas o cosas, obstaculizar vías con peligro, invadir instalaciones: 6 meses a 3 años; multitud: 3 a 5 años; instrumentos peligrosos o pillaje: mitad superior; armas de fuego: superior en grado; avalancha: 6 meses a 2 años | 557 |
| Ocupación de locales | En grupo, con perturbación relevante: 3 a 6 meses o multa | 557 bis |
| Perturbar actos | Audiencia, actos de autoridad, colegio electoral, oficina, centro docente, espectáculos: 3 a 6 meses o multa | 558 |
| Daños a servicios | Telecomunicaciones, correo, vías férreas, agua, gas, electricidad: 1 a 5 años | 560 |
| Falsa alarma | Movilizar policía, asistencia o salvamento: 3 meses y 1 día a 1 año o multa 3 a 18 meses | 561 |
| Organización criminal | Más de dos personas, estable, concertada y coordinada, para cometer delitos | 570 bis |
7. Trampas de examen
1. «La agravante de discriminación exige que la víctima pertenezca realmente al grupo.» Se aplica «con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta» (22.4.ª).
2. «La incitación al odio del 510.1 se castiga con prisión de seis meses a dos años.» Con prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses; los seis meses a dos años son la humillación y el enaltecimiento del 510.2.
3. «Negar el genocidio es delito en todo caso.» Solo cuando se promueva o favorezca «un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación» (510.1.c; STC 235/2007).
4. «El funcionario que deniega una prestación por motivos discriminatorios responde por el 510.» Por el 511.3, con las penas del particular encargado de servicio público en su mitad superior e inhabilitación de dos a cuatro años.
5. «Una manifestación no comunicada es una reunión ilícita del Código Penal.» Solo lo son las celebradas «con el fin de cometer algún delito» y aquellas a las que concurran personas con armas u objetos peligrosos (513); la falta de comunicación es infracción administrativa.
6. «Las asociaciones ilícitas son solo las que cometen delitos.» También las de medios violentos o de control de la personalidad, las paramilitares y las que fomenten el odio (515).
7. «El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia lo crea el Código Penal.» Lo crea el artículo 71 de la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería.
8. «La discriminación indirecta es la que se comete por error sobre la víctima.» La indirecta es la de una disposición, criterio o práctica «aparentemente neutros» que causan una desventaja; la por error se funda en una apreciación incorrecta (Ley 15/2022, 6).
9. «Perturbar un acto religioso se castiga siempre con prisión.» Con prisión de seis meses a seis años si es en lugar destinado al culto; en cualquier otro lugar, multa de cuatro a diez meses (523).
10. «La profanación de un cadáver es el artículo 524.» Es el 526 (respeto a los difuntos); el 524 es la profanación en templo o ceremonia en ofensa de los sentimientos religiosos.
11. «El escarnio solo protege a quienes profesan una religión.» También a «quienes no profesan religión o creencia alguna» (525.2).
12. «La detención del 530 se castiga con prisión.» Con inhabilitación especial de cuatro a ocho años; en este capítulo las penas son de inhabilitación, no de prisión.
13. «El 530 castiga cualquier detención ilegal por un funcionario.» Solo la practicada «mediando causa por delito» con violación de plazos o garantías; sin causa por delito es la detención ilegal agravada del 167.
14. «La incomunicación ilegal se castiga igual que la detención ilegal del 530.» Con inhabilitación de dos a seis años (531); la del 530 es de cuatro a ocho.
15. «La imprudencia grave en los delitos del 530 y 531 se castiga con inhabilitación.» Con suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años (532).
16. «El 534 castiga al funcionario que entra en un domicilio con orden del Alcalde.» Castiga la entrada «sin el consentimiento del morador» y «sin respetar las garantías constitucionales o legales»: la orden del Alcalde no es una de ellas (STC 22/1984).
17. «Las escuchas ilegales del 536 solo las comete la autoridad o el funcionario.» También «el agente de éstos» (536).
18. «No informar al detenido de sus derechos es una mera irregularidad.» Es el delito del 537: multa de cuatro a diez meses e inhabilitación de dos a cuatro años.
19. «La censura previa se castiga con inhabilitación especial.» Con inhabilitación absoluta de seis a diez años (538), la única absoluta del capítulo.
20. «Disolver una asociación sin resolución judicial se castiga con inhabilitación de cuatro a ocho años.» De ocho a doce años y multa (539); los cuatro a ocho son los de prohibir una reunión (540).
21. «La prevaricación es un delito contra las garantías constitucionales.» Es un delito contra la Administración pública (Título XIX, tema 24); este capítulo es el V del Título XXI.
22. «Es atentado toda resistencia a los agentes.» Solo la resistencia grave con intimidación grave o violencia, la agresión y el acometimiento (550.1); la resistencia o desobediencia grave sin esos medios es el 556.1.
23. «El atentado contra un policía local se castiga con prisión de uno a cuatro años.» De seis meses a tres años: el policía es agente, no autoridad (550.2); uno a cuatro años y multa es contra la autoridad.
24. «Acometer al agente con un vehículo es un atentado simple.» Es agravado, con la pena superior en grado (551.3.º).
25. «Las personas que auxilian a un agente no están protegidas por el atentado.» Sí: las mismas penas para quienes acometan o intimiden «a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios» (554.2).
26. «Faltar al respeto a un policía local es el delito del 556.2.» El 556.2 protege a la autoridad; la falta de respeto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la infracción leve del 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015.
27. «Negarse a identificarse es delito de desobediencia.» Es la infracción grave del 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, salvo que la desobediencia sea grave (556.1).
28. «Los desórdenes públicos exigen daños.» Exigen actuar en grupo y «con el fin de atentar contra la paz pública», con violencia o intimidación sobre personas o cosas, obstaculización de vías con peligro o invasión de instalaciones (557.1).
29. «Perturbar gravemente un pleno municipal no es delito.» Es el 558: actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, prisión de tres a seis meses o multa.
30. «Simular un peligro que moviliza a la policía se castiga solo con multa.» Con prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses (561).
8. Reglas mnemotécnicas
«Fomentar, difundir, negar»
Las tres letras del 510.1 (a, b, c), con prisión de uno a cuatro años.
«Humillar y enaltecer»
Las dos del 510.2, con prisión de seis meses a dos años.
«Servicio público 511, profesión 512»
Quién deniega la prestación: el encargado de servicio público (funcionario en su mitad superior) o el profesional o empresario.
«Delito o armas»
Las dos reuniones ilícitas del 513.
«Directa, indirecta, asociación, error, múltiple, interseccional»
Las seis discriminaciones del artículo 6 de la Ley 15/2022.
«22 impide, 23 perturba, 24 profana, 25 escarnece, 26 los muertos»
Los cinco artículos religiosos (522 a 526).
«Mediando causa por delito, inhabilitación»
La frase y la pena de los delitos de los funcionarios contra las garantías (530 a 542).
«4 a 8 detiene, 2 a 6 incomunica, suspende el imprudente»
Las penas de 530, 531 y 532.
«Casa 534, carta 535, escucha 536, abogado 537»
Los cuatro artículos de la intimidad y del detenido.
«Censura absoluta»
La única inhabilitación absoluta del capítulo (538).
«8 a 12 la asociación, 4 a 8 la reunión»
Las penas de 539 y 540.
«Agredir, acometer, resistir con violencia»
Los verbos del atentado (550.1).
«Autoridad 1 a 4, agente 6 meses a 3»
Las dos penas del 550.2.
«Armas, peligro, vehículo, motín»
Las cuatro agravaciones del 551.
«Uniforme, auxilio, emergencia, privada»
Los sujetos equiparados del 554.
«Grave: 556; leve: 36.6; respeto al agente: 37.4»
Dónde acaba el delito y empieza la infracción administrativa.
«Grupo y paz pública»
Los dos requisitos de los desórdenes (557.1).
«Tribunal, autoridad, colegio, oficina, escuela, espectáculo»
Los seis lugares del 558.
9. Aplicación práctica
Situación 1. La identificación que acaba en forcejeo.
Una patrulla requiere la identificación de un joven que orina en la calle. Se niega a identificarse, insulta a los agentes y, cuando van a conducirlo a dependencias, forcejea, se agarra a una farola y da un empujón a uno de ellos, que cae al suelo. Hay que separar las conductas. La negativa a identificarse y los insultos, por sí solos, son infracciones de la Ley Orgánica 4/2015: la desobediencia leve y la negativa a identificarse son la infracción grave del 36.6 y la falta de respeto a los agentes la leve del 37.4 (STC 172/2020). El forcejeo pasivo sería la resistencia o desobediencia grave del 556.1. Pero el empujón que derriba al agente es agresión: atentado del 550.1, con prisión de seis meses a tres años por ser contra agente y no contra autoridad (550.2), en concurso con las lesiones que se causen. Si hubiera usado un objeto contundente, la pena sería la superior en grado (551.1.º). Todo ello se documenta en el atestado con la conducción del detenido (Ley de Enjuiciamiento Criminal, 492 y 520, tema 30).
Situación 2. El detenido que pasa la noche sin abogado.
Un policía local detiene a las 23:00 al autor de un robo con fuerza y, para «adelantar», le toma declaración en dependencias sin avisar al abogado, le dice que «si renuncia al abogado sale antes» y no le entrega la información de derechos por escrito; a las 10:00 lo conduce al juzgado. La detención existe «mediando causa por delito», así que los tipos aplicables son los del Capítulo V. Impedir u obstaculizar la asistencia de abogado, «procurar o favorecer la renuncia» y no informar de forma inmediata y comprensible de los derechos y las razones es el 537: multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial de dos a cuatro años. Si además hubiera prolongado la detención más allá del tiempo estrictamente necesario o de las setenta y dos horas, sería el 530 (inhabilitación de cuatro a ocho años); y si hubiera sido por imprudencia grave, el 532 (suspensión). La declaración prestada así es nula (Constitución, 17.3 y 24.2, tema 2) y el agente responde también disciplinariamente (tema 17).
Situación 3. Las pintadas contra el asentamiento.
Aparecen pintadas en el muro de un asentamiento de temporeros («fuera de aquí», con símbolos nazis) y un vídeo en redes sociales, grabado por vecinos identificables, en el que se llama a «echarlos a golpes». Las pintadas son daños (263) con la agravante del 22.4.ª por motivos racistas o xenófobos. El vídeo que llama a la violencia contra el grupo por su origen nacional es la incitación al odio del 510.1.a), con prisión de uno a cuatro años y multa, en su mitad superior por difundirse por internet ante un elevado número de personas (510.3), y con la inhabilitación educativa del 510.5. Si el mensaje se hubiera limitado a humillar o menospreciar al grupo, sería el 510.2.a). El atestado recoge los indicadores del móvil discriminatorio (símbolos, expresiones, destinatarios), la identificación de los autores, la retirada de los contenidos que el juez acordará (510.6) y la comunicación al servicio de delitos de odio de la Fiscalía; la Ley 15/2022 obliga además a la Administración a atender a las víctimas sin discriminación por su situación administrativa (2.1).
10. Preguntas de test con respuesta explicada
Cuarenta preguntas, que con las diez de la sección siguiente completan las cincuenta del nivel B. Redactadas de nuevo por TestMiOpo; ninguna reproduce un enunciado de un cuestionario municipal.
1. La agravante de cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación está en el artículo:
a) 21 del Código Penal.
b) 22.4.ª del Código Penal.
c) 23 del Código Penal.
d) 510 del Código Penal.
Respuesta: b). Se aplica aunque la condición no concurra realmente en la víctima.
2. Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por motivos racistas serán castigados con:
a) Prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.
b) Multa de doce a veinticuatro meses.
c) Prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
d) Prisión de dos a cinco años.
Respuesta: c). Artículo 510.1.a).
3. Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de un grupo por motivos discriminatorios serán castigados con:
a) Prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.
b) Prisión de uno a cuatro años.
c) Multa de seis a doce meses.
d) Inhabilitación especial de uno a tres años.
Respuesta: a). Artículo 510.2.a).
4. Negar públicamente un delito de genocidio es delito del artículo 510.1.c):
a) En todo caso.
b) Solo si se hace por internet.
c) Nunca; fue despenalizado por la STC 235/2007.
d) Solo cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación.
Respuesta: d). Es la cláusula que la STC 235/2007 impuso.
5. Cuando los delitos de odio se cometan a través de internet o de un medio de comunicación social, de modo que sean accesibles a un elevado número de personas, la pena se impondrá:
a) En su mitad inferior.
b) En su mitad superior.
c) En el grado superior.
d) Sin variación.
Respuesta: b). Artículo 510.3.
6. El funcionario público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su etnia incurre en:
a) El artículo 510.1, prisión de uno a cuatro años.
b) El artículo 512, inhabilitación profesional de uno a cuatro años.
c) El artículo 511.3, las penas del particular encargado de servicio público en su mitad superior e inhabilitación de dos a cuatro años.
d) Una infracción disciplinaria únicamente.
Respuesta: c). Artículo 511.3.
7. Según el artículo 513 del Código Penal, tienen la consideración de reuniones o manifestaciones ilícitas:
a) Las que se celebren con el fin de cometer algún delito y aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos peligrosos.
b) Las no comunicadas a la autoridad gubernativa.
c) Las que corten el tráfico.
d) Las convocadas por asociaciones no inscritas.
Respuesta: a). La falta de comunicación es infracción administrativa, no delito.
8. Son asociaciones ilícitas, según el artículo 515 del Código Penal, entre otras:
a) Las que no estén inscritas en el registro.
b) Las de carácter religioso.
c) Las que tengan más de cien miembros.
d) Las que fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas o grupos por razón de su etnia, religión u orientación sexual.
Respuesta: d). Artículo 515.4.º; también las delictivas, las violentas y las paramilitares.
9. Según el artículo 6 de la Ley 15/2022, la discriminación que se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona una desventaja particular a una persona por una causa protegida es la:
a) Discriminación directa.
b) Discriminación indirecta.
c) Discriminación por error.
d) Discriminación múltiple.
Respuesta: b). La directa es el trato menos favorable en situación comparable.
10. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia se constituye en virtud del artículo 71 de:
a) El Código Penal.
b) La Ley 15/2022.
c) La Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
d) La Ley Orgánica 4/2015.
Respuesta: c). Con funciones de estudio, análisis y propuestas de actuación.
11. Quienes por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a los miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de sus creencias serán castigados con:
a) Multa de cuatro a diez meses.
b) Prisión de seis meses a un año.
c) Prisión de seis meses a seis años.
d) Multa de ocho a doce meses.
Respuesta: a). Artículo 522.
12. El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho perturbe los actos de una confesión religiosa inscrita, en lugar destinado al culto, será castigado con:
a) Multa de cuatro a diez meses.
b) Prisión de tres a cinco meses.
c) Prisión de seis meses a un año.
d) Prisión de seis meses a seis años.
Respuesta: d). Artículo 523; fuera del lugar de culto, multa de cuatro a diez meses.
13. El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecute actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados será castigado con:
a) Multa de cuatro a diez meses.
b) Prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.
c) Prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses.
d) Prisión de uno a tres años.
Respuesta: b). Artículo 524.
14. El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, profane un cadáver o sus cenizas será castigado con:
a) Prisión de seis meses a un año.
b) Multa de ocho a doce meses.
c) Prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses.
d) Prisión de uno a dos años.
Respuesta: c). Artículo 526.
15. El juez que entregue una causa criminal a otra autoridad o funcionario que ilegalmente se la reclame será castigado con:
a) Inhabilitación especial de seis meses a dos años.
b) Prisión de uno a tres años.
c) Suspensión de seis meses a dos años.
d) Multa de seis a doce meses.
Respuesta: a). Artículo 529.1; la superior en grado si entrega al detenido.
16. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acuerde, practique o prolongue una privación de libertad con violación de los plazos o garantías será castigado con:
a) Prisión de dos a cuatro años.
b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.
c) Suspensión de empleo de seis meses a dos años.
d) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años.
Respuesta: d). Artículo 530.
17. La incomunicación de un detenido decretada o prolongada con violación de los plazos o garantías por la autoridad o funcionario, mediando causa por delito, se castiga con:
a) Inhabilitación especial de cuatro a ocho años.
b) Inhabilitación especial de dos a seis años.
c) Prisión de seis meses a dos años.
d) Inhabilitación absoluta de seis a diez años.
Respuesta: b). Artículo 531.
18. Si los hechos de los artículos 530 y 531 se cometen por imprudencia grave, la pena es de:
a) Inhabilitación especial de uno a tres años.
b) Multa de seis a doce meses.
c) Suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años.
d) No son punibles.
Respuesta: c). Artículo 532.
19. El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que imponga a los internos sanciones o privaciones indebidas o use con ellos un rigor innecesario será castigado con:
a) Inhabilitación especial de dos a seis años.
b) Prisión de uno a tres años.
c) Multa de doce a veinticuatro meses.
d) Suspensión de un año.
Respuesta: a). Artículo 533.
20. La autoridad o funcionario que, mediando causa por delito y sin respetar las garantías constitucionales o legales, entre en un domicilio sin el consentimiento del morador será castigado con:
a) Prisión de uno a cuatro años.
b) Inhabilitación absoluta de seis a diez años.
c) Multa de cuatro a diez meses.
d) Multa de seis a doce meses e inhabilitación especial de dos a seis años.
Respuesta: d). Artículo 534.1.
21. El delito de interceptación de las telecomunicaciones o uso de artificios de escucha del artículo 536 puede ser cometido por:
a) Solo la autoridad.
b) La autoridad, el funcionario público o el agente de éstos.
c) Cualquier particular.
d) Solo los jueces.
Respuesta: b). Inhabilitación especial de dos a seis años.
22. La autoridad o funcionario que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido, favorezca su renuncia o no le informe de sus derechos será castigado con:
a) Prisión de seis meses a dos años.
b) Inhabilitación especial de cuatro a ocho años.
c) Multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial de dos a cuatro años.
d) Suspensión de seis meses a dos años.
Respuesta: c). Artículo 537.
23. La autoridad o funcionario que disuelva o suspenda en sus actividades a una asociación legalmente constituida sin previa resolución judicial será castigado con:
a) Inhabilitación especial de ocho a doce años y multa de seis a doce meses.
b) Inhabilitación especial de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses.
c) Inhabilitación absoluta de seis a diez años.
d) Prisión de uno a tres años.
Respuesta: a). Artículo 539; los cuatro a ocho años son los de la reunión (540).
24. La autoridad o funcionario que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales incurre en:
a) Prisión de dos a cinco años.
b) Inhabilitación especial de ocho a doce años.
c) Multa de doce a veinticuatro meses.
d) Inhabilitación especial de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
Respuesta: d). Artículo 541.
25. No es un delito cometido por los funcionarios contra las garantías constitucionales:
a) La entrada en domicilio sin consentimiento del morador mediando causa por delito.
b) La prevaricación administrativa.
c) El establecimiento de censura previa.
d) La prohibición de una reunión pacífica fuera de los casos permitidos.
Respuesta: b). La prevaricación es un delito contra la Administración pública (Título XIX).
26. Según el artículo 550.1 del Código Penal, son reos de atentado:
a) Los que desobedezcan a los agentes de la autoridad.
b) Los que falten al respeto a la autoridad.
c) Los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.
d) Los que se nieguen a identificarse.
Respuesta: c). Es la definición literal.
27. Según el artículo 550.1, párrafo segundo, se consideran actos de atentado en todo caso los cometidos contra:
a) Los funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
b) Los empleados de banca.
c) Los conductores de transporte público.
d) Los vigilantes de seguridad en cualquier caso.
Respuesta: a). El personal de seguridad privada se equipara solo bajo el mando policial (554.3.b).
28. El atentado contra un agente de la autoridad se castiga con prisión de:
a) Uno a cuatro años y multa de tres a seis meses.
b) Uno a seis años y multa de seis a doce meses.
c) Tres meses a un año.
d) Seis meses a tres años.
Respuesta: d). Artículo 550.2; uno a cuatro años y multa si es contra autoridad.
29. Se imponen las penas superiores en grado en el atentado, según el artículo 551, entre otros casos, cuando se cometa:
a) De noche.
b) Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario haciendo uso de un vehículo de motor.
c) Contra un agente fuera de servicio.
d) Por dos o más personas.
Respuesta: b). Artículo 551.3.º; también armas, violencia peligrosa para la vida y motín penitenciario.
30. Las penas del atentado se aplican también a quienes acometan, empleen violencia o intimiden gravemente a:
a) Cualquier empleado público.
b) Los taxistas.
c) Los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un siniestro o emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.
d) Los árbitros deportivos.
Respuesta: c). Artículo 554.3.a).
31. Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones serán castigados con:
a) Prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.
b) Prisión de seis meses a tres años.
c) Multa de uno a tres meses.
d) Prisión de uno a cuatro años.
Respuesta: a). Artículo 556.1.
32. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con:
a) Prisión de tres meses a un año.
b) Multa de seis a dieciocho meses.
c) Una infracción administrativa leve.
d) Multa de uno a tres meses.
Respuesta: d). Artículo 556.2; la falta de respeto a los agentes es la infracción leve del 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015.
33. La desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes cuando no sean constitutivas de delito, y la negativa a identificarse, son, según la Ley Orgánica 4/2015:
a) Infracción muy grave.
b) Infracción grave.
c) Infracción leve.
d) Delito leve.
Respuesta: b). Artículo 36.6.
34. Para que exista el delito de desórdenes públicos del artículo 557.1 se exige que los autores:
a) Actúen individualmente.
b) Porten armas de fuego.
c) Actúen en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública.
d) Causen lesiones graves.
Respuesta: c). Con violencia o intimidación sobre personas o cosas, obstaculización de vías con peligro o invasión de instalaciones.
35. Los desórdenes públicos cometidos por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público se castigan con prisión de:
a) Seis meses a tres años.
b) Uno a dos años.
c) Tres a cinco años.
d) Cinco a diez años.
Respuesta: c). Artículo 557.2, con inhabilitación especial por el mismo tiempo.
36. Quien en lugar concurrido provoque una avalancha, estampida u otra reacción análoga que ponga en peligro la vida o la salud de las personas será castigado con:
a) Prisión de seis meses a dos años.
b) Multa de seis a doce meses.
c) Prisión de tres a seis meses.
d) Prisión de tres a cinco años.
Respuesta: a). Artículo 557.5.
37. No figura entre los lugares o actos cuya grave perturbación del orden castiga el artículo 558:
a) La audiencia de un tribunal o juzgado.
b) Un colegio electoral.
c) Un centro docente.
d) Una vivienda particular.
Respuesta: d). Los lugares son tribunales, actos de autoridad o corporación, colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente y espectáculos.
38. Los que causen daños que interrumpan u obstaculicen las conducciones de agua, gas o electricidad para las poblaciones, alterando gravemente el suministro, serán castigados con prisión de:
a) Tres a seis meses.
b) Seis meses a dos años.
c) Uno a cinco años.
d) Tres a cinco años.
Respuesta: c). Artículo 560.3.
39. Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento será castigado con:
a) Multa de uno a tres meses.
b) Prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.
c) Prisión de uno a tres años.
d) Prisión de seis meses a tres años.
Respuesta: b). Artículo 561.
40. A los efectos del Código Penal, se entiende por organización criminal la agrupación formada por:
a) Dos personas con carácter estable.
b) Cinco o más personas.
c) Más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan tareas con el fin de cometer delitos.
d) Cualquier grupo que cometa un delito.
Respuesta: c). Artículo 570 bis.1.
11. Preguntas de estilo examen
Diez preguntas más con el formato de los cuestionarios municipales medidos, que citan la norma y el artículo.
41. Según el artículo 24.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se reputa autoridad al que:
a) Por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia.
b) Sea funcionario de carrera.
c) Vista uniforme.
d) Sea agente de la autoridad.
Respuesta: a). En todo caso, los parlamentarios y los fiscales.
42. De conformidad con el artículo 510.5 de la Ley Orgánica 10/1995, en todos los delitos de odio se impone además la pena de inhabilitación especial para:
a) El derecho de sufragio pasivo.
b) Conducir vehículos a motor.
c) El ejercicio de la patria potestad.
d) Profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por tiempo superior entre tres y diez años al de la prisión.
Respuesta: d). Artículo 510.5.
43. Según el artículo 514.1 de la Ley Orgánica 10/1995, los promotores o directores de una reunión celebrada con el fin de cometer algún delito incurren en:
a) Multa de seis a doce meses.
b) Prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.
c) Prisión de tres a seis meses.
d) Inhabilitación especial de uno a cuatro años.
Respuesta: b). Se reputan promotores quienes las convoquen o presidan.
44. Según el artículo 521 de la Ley Orgánica 10/1995, en el delito de asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público se le impondrá además:
a) Inhabilitación absoluta de diez a quince años.
b) Inhabilitación especial de dos a seis años.
c) Multa de doce a veinticuatro meses.
d) Suspensión de empleo de un año.
Respuesta: a). Artículo 521.
45. Según el artículo 525 de la Ley Orgánica 10/1995, quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias incurren en:
a) Multa de cuatro a diez meses.
b) Prisión de seis meses a un año.
c) Prisión de tres a cinco meses.
d) Multa de ocho a doce meses.
Respuesta: d). También quienes hagan escarnio de quienes no profesan religión (525.2).
46. Según el artículo 538 de la Ley Orgánica 10/1995, la autoridad o funcionario que establezca la censura previa incurre en la pena de:
a) Inhabilitación especial de dos a seis años.
b) Inhabilitación absoluta de seis a diez años.
c) Prisión de uno a cuatro años.
d) Multa de seis a doce meses.
Respuesta: b). Es la única inhabilitación absoluta del capítulo.
47. Según el artículo 540 de la Ley Orgánica 10/1995, la autoridad o funcionario que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos permitidos por las leyes será castigado con:
a) Inhabilitación especial de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses.
b) Inhabilitación especial de ocho a doce años y multa de seis a doce meses.
c) Prisión de seis meses a dos años.
d) Suspensión de seis meses a dos años.
Respuesta: a). Artículo 540.
48. Según el artículo 550.3 de la Ley Orgánica 10/1995, el atentado contra un miembro de una Corporación local se castiga con prisión de:
a) Seis meses a tres años.
b) Uno a cuatro años y multa de tres a seis meses.
c) Dos a ocho años.
d) Uno a seis años y multa de seis a doce meses.
Respuesta: d). Junto con los miembros del Gobierno, parlamentarios, jueces, magistrados y fiscales.
49. Según el artículo 554.3.b) de la Ley Orgánica 10/1995, las penas del atentado se imponen a quienes acometan al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que:
a) Preste cualquier servicio de seguridad.
b) Desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Vista uniforme.
d) Sea funcionario público.
Respuesta: b). Artículo 554.3.b); en el 556.1 la misma condición para la resistencia.
50. Según el artículo 557 bis de la Ley Orgánica 10/1995, los que, actuando en grupo, invadan u ocupen contra la voluntad de su titular un establecimiento o local, aunque esté abierto al público, causando una perturbación relevante de la paz pública, serán castigados con:
a) Prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.
b) Prisión de seis meses a tres años.
c) Multa de uno a tres meses.
d) Prisión de tres a cinco años.
Respuesta: a). Salvo que los hechos tengan pena más grave en otro precepto.
12. Fuentes oficiales
Todos los textos se han leído de la fuente oficial y todos los identificadores del BOE se han comprobado con curl.
| Norma o fuente | Referencia | Enlace |
|---|---|---|
| Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (artículos 22, 24, 167, 204, 263, 510 a 526, 529 a 542, 550 a 561 y 570 bis) | BOE-A-1995-25444, BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 1995, texto consolidado (última actualización publicada el 9 de abril de 2026) | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 |
| Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de modificación del Código Penal (antigitanismo y aporofobia en los artículos 22.4.ª y 510) | BOE-A-2022-11588 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11588 |
| Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (artículos 2, 4 y 6) | BOE-A-2022-11589, BOE núm. 167, de 13 de julio de 2022 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11589 |
| Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (artículo 71) | BOE-A-2000-544, BOE núm. 10, de 12 de enero de 2000, texto consolidado | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 |
| Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (artículos 36.6 y 37.4) | BOE-A-2015-3442, BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015, texto consolidado | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442 |
| Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículos 5.1.b y 7.1) | BOE-A-1986-6859 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-6859 |
Jurisprudencia citada, comprobada en el BOE o en el buscador oficial del Tribunal Constitucional (hj.tribunalconstitucional.es) con su fallo: STC 235/2007, de 7 de noviembre (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2007); STC 136/1999, de 20 de julio (BOE-T-1999-17665); STC 22/1984, de 17 de febrero (BOE-T-1984-6110); STC 341/1993, de 18 de noviembre (BOE-T-1993-29248); STC 172/2020, de 19 de noviembre (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020).
Temario: Anexo III, apartado I.A.1, del Decreto 8/2026, de 28 de enero (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026), transcrito en TEMARIO-OFICIAL.md; comprobado sobre la convocatoria del Ayuntamiento de Gádor, BOJA núm. 132, de 10 de julio de 2026.
Frecuencia: quince cuestionarios de ayuntamientos andaluces de febrero de 2025 a enero de 2026, 1.230 preguntas, clasificados en ANALISIS-FRECUENCIA.md con frecuencia/reglas.py; listado del tema con frecuencia/contar.py --ver PL25. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta.
13. Control de calidad
- [x] Los cinco bloques del enunciado oficial tienen subapartado propio en el epígrafe 4, en el orden del temario
- [x] Ningún precepto se ha redactado de memoria: el Código Penal, la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana se han leído de
data/leyes/; la Ley 15/2022 y la Ley Orgánica 6/2022, del XML consolidado del BOE; todos los tipos se reproducen con su pena literal - [x] Los identificadores del BOE se han comprobado con
curl; las sentencias 235/2007 y 172/2020 se han comprobado en el buscador del Tribunal Constitucional y las otras tres se toman verificadas de los temas 1 y 2 y del manual de Guardia Civil - [x] Cinco resoluciones del Tribunal Constitucional citadas y verificadas con su fallo en el epígrafe 5
- [x] Treinta trampas de examen, por encima del mínimo de doce
- [x] Cincuenta preguntas con respuesta explicada, las que corresponden al nivel B, con la letra correcta repartida y las opciones numéricas en orden creciente
- [x] Ninguna pregunta reproduce el enunciado de un cuestionario municipal
- [x] Las cifras de frecuencia proceden de
frecuencia/conteo.jsony del listado decontar.py, no se han escrito a mano - [x] Sin raya ni semirraya en todo el archivo
- [ ] Revisión por revisor colegiado: pendiente
TestMiOpo es una plataforma educativa independiente. No está afiliada a ninguna administración pública. El contenido debe revisarse junto con la convocatoria oficial correspondiente.
Las preguntas son de práctica y orientación. No garantizamos que aparezcan en el examen oficial.