Tema 1 · Nivel A
La Constitución Española de 1978
«La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. El Estado español como Estado social y democrático de derecho. Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los derechos y deberes de la ciudadanía. Los principios rectores de la política social y económica. La protección y suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo. La reforma de la Constitución Española.»
Tema 1. La Constitución Española de 1978
Categoría de Policía, Escala Básica, Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. Turno libre.
Enunciado oficial (Anexo III, apartado I.A.1, del Decreto 8/2026, de 28 de enero, BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026): «La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. El Estado español como Estado social y democrático de derecho. Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los derechos y deberes de la ciudadanía. Los principios rectores de la política social y económica. La protección y suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo. La reforma de la Constitución Española.»
| Autoría | Equipo de contenidos TestMiOpo |
|---|---|
| Revisión jurídica | Pendiente de revisor colegiado |
| Última revisión | 14 de septiembre de 2026 |
| Normas de referencia | Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229, texto consolidado con última actualización publicada el 20 de mayo de 2026), con las reformas del artículo 13.2 (BOE-A-1992-20403), del artículo 135 (BOE-A-2011-15210), del artículo 49 (BOE-A-2024-3099) y del artículo 69.3 (BOE-A-2026-10881). Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (BOE-A-1981-10325) |
| Norma del temario | Decreto 8/2026, de 28 de enero (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026), Anexo III, apartado I.A.1, tema 1 |
| Convocatoria de referencia | No hay convocatoria unificada todavía; cada ayuntamiento publica sus bases. Comprobación sobre la convocatoria de Gádor, BOJA núm. 132, de 10 de julio de 2026 |
1. Mapa del tema
LA CONSTITUCION DE 1978 EN EL EXAMEN DE POLICIA LOCAL (7,48 puntos)
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ESTRUCTURA ESTADO SOCIAL TITULO I PROTECCION Y DEFENSOR REFORMA
Y CONTENIDO Y DEMOCRATICO (arts. 10-55) SUSPENSION DEL PUEBLO (arts. 166-169)
(11 preguntas) DE DERECHO (26 preguntas) (9 preguntas) (10 preguntas) (13 preguntas)
| (arts. 1-9) | | | |
Preambulo (6 preguntas) Cap. I 11-13: art. 53: art. 54 CE: art. 166:
169 articulos | nacionalidad, .1 ley + contenido alto comisionado iniciativa del
Tit. Preliminar art. 1: valores 18 anos, esencial de las Cortes, 87.1 y 2
+ 10 titulos LI-JU-I-PLU; extranjeros .2 amparo: 14, ley organica |
4 DA, 9 DT, soberania: pueblo; art. 14 igualdad 15-29 y 30.2 (LO 3/1981) art. 167:
1 derogatoria, Monarquia parl. Secc. 1.a 15-29: .3 rectores solo | 3/5 cada Camara;
1 final art. 2: unidad FUNDAMENTALES ante jurisdiccion 5 anos, 3/5 referendum si
| y autonomia (amparo) ordinaria Congreso + 3/5 lo pide 1/10
BOE 311, art. 3: castellano Secc. 2.a 30-38: | Senado en 20 dias en 15 dias
29-12-1978 art. 4: bandera DERECHOS Y art. 55.1: Pleno en no menos |
| art. 9.3: siete DEBERES (sin excepcion y sitio: de 10 dias art. 168:
4 reformas: garantias amparo) 17, 18.2 y 3, 19, | Preliminar,
13.2 (1992) Cap. III 39-52: 20.1 a) y d), 20.5, queja: 1 ano, Secc. 1.a,
135 (2011) PRINCIPIOS 21, 28.2, 37.2; gratuita, sin Titulo II o
49 (2024) RECTORES no el 17.3 en abogado; informe revision total:
69.3 (2026) (53.3) excepcion en 15 dias; 2/3, disolucion,
todas por el 167, | art. 55.2: 17.2, recomendacion: 2/3, referendum
sin referendum art. 53 = llave 18.2, 18.3, solo respuesta en 1 mes obligatorio
terrorismo | |
art. 116: alarma no anula: sugiere art. 169: no en
15, excepcion recurre en amparo guerra ni en
30+30, sitio e inconstituc. estados del 116
Congreso may. abs.
2. Introducción y enfoque de estudio
Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.
Este tema vale 7,48 puntos de los 100 del cuestionario, nivel A, el primero del temario por peso medido: 92 preguntas en los 15 cuestionarios de ayuntamientos andaluces de 2025 y 2026 clasificados enANALISIS-FRECUENCIA.md, una media de 7,57 preguntas por cada cien. Cayó en los quince cuestionarios sin excepción, desde las dos preguntas de Málaga hasta las dieciocho de Almería. Ningún otro tema del temario se pregunta en todos los exámenes.
Tres decisiones de estudio.
Primera: la reforma constitucional se estudia entera, porque es el bloque que más se pregunta. Trece de las 92 preguntas medidas salieron de los artículos 166 a 169 y de la lista de artículos reformados. La razón es sencilla: los procedimientos de reforma tienen números (tres quintos, dos tercios, quince días, una décima parte) y los tribunales de los ayuntamientos preguntan números. Y desde el 20 de mayo de 2026 hay un dato nuevo que ningún manual anterior recoge: la Constitución tiene cuatro reformas, no tres, porque el artículo 69.3 se reformó para que Formentera elija un senador propio. Una pregunta de 2025 pedía «cuál fue la última reforma» y la respuesta correcta entonces era la del artículo 49; en un cuestionario de 2027 la respuesta correcta será otra.
Segunda: el Título I se estudia por ubicación antes que por contenido. Veintiséis preguntas medidas fueron del Título I, y buena parte de ellas no exigían entender un derecho sino saber dónde está: si es fundamental de la Sección primera, derecho de la Sección segunda o principio rector del Capítulo tercero, y por tanto si tiene recurso de amparo, si su desarrollo exige ley orgánica y si puede suspenderse. El artículo 53 es la llave de todo el Título y hay que saberlo en sus tres apartados.
Tercera: el Defensor del Pueblo se estudia con su ley orgánica, no solo con el artículo 54. Diez preguntas medidas, y la mitad pedían datos que solo están en la Ley Orgánica 3/1981: el mandato de cinco años, el plazo de convocatoria del Pleno, el informe anual. El enunciado del temario dice solo «El Defensor del Pueblo», pero los tribunales preguntan la ley. La ley tiene treinta y siete artículos y se lee entera en una tarde.
Cómo recorrer el tema. Primero la estructura y las reformas (4.1 y 4.8), que son datos cerrados y se memorizan en una sesión. Después el Título I (4.3 a 4.5) con la tabla de ubicación y garantías. Después la protección y la suspensión (4.6), donde está el artículo 55 y el cuadro de los estados del artículo 116. Y al final el Defensor del Pueblo (4.7) con sus plazos. El Título Preliminar (4.2) se lee al principio, porque es corto, y se repasa al final, porque el artículo 1 y el 9.3 caen todos los años.
Lo que este tema no cubre porque lo cubren otros: las libertades del artículo 16 al 29 una a una con su desarrollo legal son el tema 2; la Corona, las Cortes, el Gobierno, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional como órganos son el tema 3; la organización territorial es el tema 4. Aquí se estudia lo que el enunciado dice y en la profundidad que el examen exige.
3. Qué se pregunta de este tema
No existe todavía un cuestionario oficial único para la categoría de Policía en Andalucía: cada ayuntamiento convoca por sus bases y su tribunal propone las preguntas (artículo 20 del Decreto 8/2026). La frecuencia se ha medido sobre quince cuestionarios de ayuntamientos andaluces de febrero de 2025 a enero de 2026, 1.230 preguntas clasificadas una a una por materia con frecuencia/reglas.py y reasignadas al temario vigente de 45 temas (ANALISIS-FRECUENCIA.md). Todos se hicieron sobre el temario derogado de 40 temas, cuyo tema 1 era casi el mismo enunciado que este; por eso la medida de este tema es de las más fiables del libro.
| Cuestionario | Fecha | Preguntas del tema 1 | Sobre el total | Por cada cien |
|---|---|---|---|---|
| La Carolina (Jaén) | 05/02/2025 | 5 | 50 | 10,00 |
| Las Gabias (Granada) | 13/02/2025 | 3 | 100 | 3,00 |
| Darro (Granada) | 17/02/2025 | 7 | 100 | 7,00 |
| Alcalá del Valle (Cádiz) | 20/02/2025 | 10 | 100 | 10,00 |
| Olvera (Cádiz) | 05/03/2025 | 2 | 50 | 4,00 |
| Huelma (Jaén) | 14/03/2025 | 4 | 50 | 8,00 |
| Jerez de la Frontera (Cádiz) | 22/03/2025 | 5 | 100 | 5,00 |
| Roquetas de Mar (Almería) | 20/06/2025 | 6 | 100 | 6,00 |
| Utrera (Sevilla) | 01/07/2025 | 9 | 100 | 9,00 |
| Lucena (Córdoba) | 08/07/2025 | 6 | 50 | 12,00 |
| Málaga | 12/07/2025 | 2 | 80 | 2,50 |
| Motril (Granada) | 17/07/2025 | 4 | 100 | 4,00 |
| Rociana del Condado (Huelva) | 25/09/2025 | 7 | 100 | 7,00 |
| Almería | 22/12/2025 | 18 | 100 | 18,00 |
| Écija (Sevilla) | 22/01/2026 | 4 | 50 | 8,00 |
| Total y media | 92 | 1.230 | 7,57 |
De la media medida de 7,57 se pasa a 7,48 puntos finales por dos ajustes que frecuencia/pesos.py aplica a todos los temas: la materia que el temario vigente ya no tiene (4,97 puntos por cuestionario de sociología, extranjería o tipos penales sueltos) se reparte entre los 45 temas, lo que sube el tema a 7,96, y después se reserva un suelo de un punto para cada uno de los ocho temas nuevos del decreto que aún no se preguntan, lo que lo deja en 7,48. Nivel A en cualquiera de las tres cifras.
Dentro del tema, las 92 preguntas se reparten así (clasificación por materia de los enunciados con un script de palabras clave sobre el listado de frecuencia/contar.py --ver PL01):
| Bloque del enunciado | Preguntas | Qué se preguntó, sin reproducir ningún enunciado |
|---|---|---|
| La reforma de la Constitución (arts. 166 a 169) | 13 | Mayoría de cada Cámara en el 167; referéndum a petición de una décima parte en quince días; materias del 168; revisión total; artículos reformados hasta hoy; fecha y BOE de la última reforma; estados en que no cabe iniciarla |
| Derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 10 a 29) | 11 | Nacionalidad de origen; doble nacionalidad iberoamericana; sufragio de los extranjeros; derecho de petición; educación; asilo; dignidad de la persona; garantías del proceso |
| Estructura, contenido y datos generales | 11 | Cuántos artículos y títulos; en qué título está cada materia; nombre del Capítulo tercero; fecha de entrada en vigor; palabras del preámbulo; disposiciones adicionales primera y tercera; artículos del Título VI |
| El Defensor del Pueblo (art. 54 y LO 3/1981) | 10 | Artículo que lo regula; alto comisionado de las Cortes; rango de su ley; función; mandato; plazo de convocatoria del Pleno; informe anual |
| Derechos y deberes de la ciudadanía (arts. 30 a 38) | 9 | Defensa de España; sistema tributario justo, igualdad y progresividad; función social de la propiedad; privación de bienes; herencia; estatuto de los trabajadores; clasificación de la Sección segunda |
| Título Preliminar y Estado social y democrático (arts. 1 a 9) | 6 | Valores superiores; fundamento del artículo 2 y solidaridad; participación del 9.2; enseñas autonómicas junto a la bandera; autonomía local |
| Principios rectores (arts. 39 a 52) | 6 | Cuál no es principio rector; literalidad de los artículos 39, 40, 45, 46 y 47 |
| Protección y suspensión (arts. 53 y 55, 116) | 5 | Derechos suspendibles en el estado de sitio y no en el de excepción; suspensión individual del 55.2 |
| Garantías: art. 53.2, amparo y Tribunal Constitucional | 4 | Legitimados para el amparo; contenido del 53.2; subsistencia de la ley en la parte no afectada (164.2) |
| Enunciado genérico o precepto suelto (103.1, 136, tratados del 93 al 95) | 17 | «Señale la correcta conforme a la Constitución» con cuatro preceptos casi literales; la Administración sirve con objetividad; Tribunal de Cuentas; tratados contrarios a la Constitución |
Tres lecturas.
Los números se preguntan literalmente y son pocos. Tres quintos, dos tercios, quince días, una décima parte, setenta y dos horas, dieciocho años, cinco años, diez días, veinte días, un mes, un año. Con esa lista y su artículo se responden más de veinte de las 92 preguntas medidas. Están agrupados en la tabla resumen del epígrafe 6.
Diecisiete preguntas eran de «señale la correcta» entre cuatro proposiciones casi literales. El tribunal toma un precepto real y le cambia una palabra: «igualdad y progresividad» por «igualdad y proporcionalidad», «no podrá ser privado de su nacionalidad» sin el «de origen», «dos tercios» donde dice «tres quintos». Aquí el articulado se estudia con sus palabras, y por eso el desarrollo de este tema cita mucho texto literal.
El Título I vale 26 preguntas y la mitad son de ubicación. Saber si el derecho a la vivienda es principio rector (lo es, artículo 47) o si la objeción de conciencia tiene amparo (lo tiene, por excepción del 53.2) responde preguntas enteras sin necesidad de más.
Nunca se reproduce el enunciado literal de una pregunta de un cuestionario municipal. Las preguntas de este manual están redactadas de nuevo.
4. Desarrollo
El desarrollo sigue el orden de los ocho bloques del enunciado oficial. Los preceptos se citan por su número y se leen del texto consolidado del BOE actualizado a 20 de mayo de 2026; ninguno se ha redactado de memoria.
4.1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido
4.1.1. Datos de elaboración y aprobación
La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales, en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, el 31 de octubre de 1978; ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978; sancionada por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978; y publicada en el Boletín Oficial del Estado número 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229). Su disposición final dice que entra en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el BOE, así que la fecha de entrada en vigor es el 29 de diciembre de 1978, y añade que se publicará también en las demás lenguas de España. Cuatro fechas, cuatro preguntas posibles; la que más cae es la de entrada en vigor, y la opción falsa habitual es el 6 de diciembre, que es la del referéndum y el día festivo.
El preámbulo, que forma parte del texto y se pregunta por sus palabras, empieza así: «La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de» y enumera seis propósitos: garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; establecer una sociedad democrática avanzada; y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Termina con la fórmula «las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica». Dos cuestionarios de 2025 pidieron completar la primera frase: los tres sustantivos son justicia, libertad y seguridad, en ese orden, y la opción falsa mete «igualdad», que es valor superior del artículo 1 pero no está en el preámbulo.
4.1.2. Estructura
La Constitución tiene un preámbulo, 169 artículos repartidos en un Título Preliminar y diez títulos numerados (del I al X), cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Es la estructura que se pregunta como enumeración («se estructura en»), y la opción falsa habitual cambia el número de disposiciones transitorias o inventa un título undécimo.
| Parte | Artículos | Contenido |
|---|---|---|
| Preámbulo | Justicia, libertad, seguridad; seis propósitos | |
| Título Preliminar | 1 a 9 | Principios del Estado |
| Título I. De los derechos y deberes fundamentales | 10 a 55 | Cinco capítulos; el segundo con dos secciones |
| Título II. De la Corona | 56 a 65 | El Rey, sucesión, Regencia, refrendo |
| Título III. De las Cortes Generales | 66 a 96 | Cámaras, elaboración de las leyes, tratados |
| Título IV. Del Gobierno y de la Administración | 97 a 107 | Gobierno, Administración (103), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (104) |
| Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales | 108 a 116 | Control, confianza, censura, estados excepcionales (116) |
| Título VI. Del Poder Judicial | 117 a 127 | Once artículos: jueces, Consejo General, Ministerio Fiscal, policía judicial (126) |
| Título VII. Economía y Hacienda | 128 a 136 | Presupuestos, estabilidad (135), Tribunal de Cuentas (136) |
| Título VIII. De la Organización Territorial del Estado | 137 a 158 | Municipios, provincias, Comunidades Autónomas |
| Título IX. Del Tribunal Constitucional | 159 a 165 | Composición, competencias, legitimación, sentencias |
| Título X. De la reforma constitucional | 166 a 169 | Los dos procedimientos y sus límites |
| Disposiciones adicionales | 4 | Derechos históricos forales (1.ª), mayoría de edad y derechos forales (2.ª), régimen económico y fiscal canario (3.ª), Audiencias Territoriales (4.ª) |
| Disposiciones transitorias | 9 | Proceso autonómico, Navarra, Ceuta y Melilla, órganos provisionales |
| Disposición derogatoria | 1 | Deroga la Ley para la Reforma Política de 1977 y las Leyes Fundamentales del régimen anterior |
| Disposición final | 1 | Entrada en vigor el día de su publicación; publicación en las demás lenguas |
Tres preguntas medidas salieron de esta tabla por caminos poco habituales: cuántos artículos tiene el Título VI (once, del 117 al 127); en qué título está «Del Gobierno y la Administración» (el IV); y qué dicen las disposiciones adicionales primera y tercera. La primera dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, y que su actualización general se hará, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La segunda aclara que la mayoría de edad del artículo 12 no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado. La tercera exige, para modificar el régimen económico y fiscal del archipiélago canario, informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. La disposición derogatoria deroga la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales anteriores, y en su apartado 3 cuantas disposiciones se opongan a la Constitución.
4.1.3. Contenido: la parte dogmática y la parte orgánica
Es habitual dividir el contenido en dos partes. La parte dogmática son el Título Preliminar y el Título I: los principios del Estado y los derechos, deberes y garantías. La parte orgánica son los Títulos II a IX: los órganos del Estado, sus relaciones y la organización territorial. El Título X, la reforma, es la cláusula de cierre. El temario de Policía Local sigue exactamente esa división: este tema es la parte dogmática más el Defensor del Pueblo y la reforma; el tema 3 es la parte orgánica; el tema 4, la territorial.
Para el policía local hay cinco preceptos fuera de este tema que conviene tener localizados desde ahora, porque se preguntan citando su número y el tribunal los mezcla con los de este tema: el artículo 103.1, que dice que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (fue pregunta en Darro); el artículo 104, que da a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y remite a una ley orgánica sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos (tema 14); el artículo 126, la policía judicial (tema 31); el artículo 148.1.22.ª, que permite a las Comunidades Autónomas asumir la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica, y que es la base constitucional de la Ley 6/2023 de Policías Locales de Andalucía (tema 17); y el artículo 149.1.29.ª, que reserva al Estado la seguridad pública sin perjuicio de las policías autonómicas. Y el artículo 136, preguntado en Almería: el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, depende directamente de las Cortes Generales, y una ley orgánica regula su composición, organización y funciones.
4.1.4. Las cuatro reformas
La Constitución ha sido reformada cuatro veces, siempre por el procedimiento ordinario del artículo 167 y ninguna se sometió a referéndum, porque en ningún caso lo pidió la décima parte de los miembros de una Cámara en los quince días siguientes a la aprobación. El desarrollo de los procedimientos está en 4.8; aquí va la lista, que es una pregunta segura.
| Reforma | Artículo | Fecha de la reforma | Publicación | Qué cambió |
|---|---|---|---|---|
| Primera | 13.2 | 27 de agosto de 1992 | BOE núm. 207, de 28 de agosto de 1992 (BOE-A-1992-20403) | Añade «y pasivo» al sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales, para cumplir el Tratado de Maastricht |
| Segunda | 135 | 27 de septiembre de 2011 | BOE núm. 233, de 27 de septiembre de 2011 (BOE-A-2011-15210) | Estabilidad presupuestaria y prioridad absoluta del pago de la deuda pública |
| Tercera | 49 | 15 de febrero de 2024 | BOE núm. 43, de 17 de febrero de 2024 (BOE-A-2024-3099) | Sustituye «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reescribe el precepto |
| Cuarta | 69.3 | 19 de mayo de 2026 | BOE núm. 123, de 20 de mayo de 2026 (BOE-A-2026-10881) | Formentera deja de formar agrupación con Ibiza y elige un senador propio; en vigor el mismo día de su publicación, con eficacia pospuesta a las primeras elecciones al Senado que se celebren después |
La cuarta reforma fue aprobada por el Pleno del Congreso el 26 de marzo de 2026 y por el del Senado el 22 de abril de 2026, y sancionada el 19 de mayo. Tres de las preguntas medidas pedían «qué artículos se han reformado» o «cuál fue la última reforma»; los cuestionarios de 2025 tenían como respuesta correcta el artículo 49, y desde el 20 de mayo de 2026 la respuesta a «la última» es el artículo 69.3. Ninguna de las cuatro reformas tocó materias del artículo 168: el 13.2 está en el Capítulo primero del Título I, el 135 en el Título VII, el 49 en el Capítulo tercero y el 69 en el Título III, así que ninguna exigía el procedimiento agravado.
4.2. El Estado español como Estado social y democrático de Derecho
El Título Preliminar, artículos 1 a 9, es corto y cae todos los años. El artículo 1 tiene tres apartados y cada uno es una pregunta distinta. El apartado 1: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Son cuatro y en ese orden; la opción falsa clásica añade la «seguridad jurídica» (que es principio del 9.3), la «solidaridad» (que es del artículo 2) o la «dignidad» (que es del 10.1). El apartado 2: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El apartado 3: la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Las tres palabras de la fórmula del apartado 1 tienen contenido. Estado de Derecho significa sujeción de todos, ciudadanos y poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento (9.1), separación de poderes y garantías del 9.3. Estado democrático significa que la soberanía es del pueblo (1.2), que los partidos expresan el pluralismo político (6) y que la participación es un derecho fundamental (23). Estado social significa que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (9.2) y que existe un catálogo de principios rectores de la política social y económica (39 a 52). La pregunta de examen no pide la teoría: pide que se sepa que la «igualdad real y efectiva» está en el 9.2 y que la «igualdad ante la ley» está en el 14. Son dos artículos distintos y dos igualdades distintas.
El artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Tres ideas en un artículo, unidad, autonomía y solidaridad, y tres preguntas medidas: en qué se fundamenta la Constitución (en la unidad, no en la soberanía popular, que es el 1.2), y dónde está consagrado el principio de solidaridad (aquí, y su garantía efectiva en el artículo 138, que está en el tema 4).
Los artículos 3 a 5 son los símbolos y la capital. El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; las demás lenguas españolas son también oficiales en sus Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos; la riqueza de las modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección. La bandera tiene tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, con la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas; y el apartado 2 del artículo 4, preguntado en Almería, dice que los Estatutos pueden reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Para un policía local andaluz este es un precepto de servicio: la bandera de Andalucía ondea junto a la de España en el ayuntamiento, no en lugar de ella. La capital del Estado es la villa de Madrid (artículo 5).
Los artículos 6 y 7 tratan con la misma fórmula a los partidos políticos y a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales: su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Los partidos, además, «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política». El artículo 8 atribuye a las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, y remite a una ley orgánica las bases de la organización militar. No se confunde con el artículo 104: las Fuerzas Armadas defienden la integridad territorial; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad protegen los derechos y garantizan la seguridad ciudadana. La Policía Local es un instituto armado de naturaleza civil y está en el segundo grupo.
El artículo 9 cierra el Título Preliminar con tres apartados que se preguntan por separado. El 9.1: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El 9.2: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (la pregunta de Huelma pedía a quién debe facilitarse la participación: a todos los ciudadanos, no solo a los grupos). El 9.3 es la lista que hay que saber de memoria, porque se pregunta como enumeración: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Son siete; la opción falsa añade la «proporcionalidad», la «eficacia» o la «igualdad».
Con el Título Preliminar suele preguntarse un precepto de la organización territorial que en el temario de 40 temas caía aquí y que la clasificación por materia sigue trayendo a este tema: la Constitución garantiza la autonomía de los municipios en el artículo 140 (Huelma preguntó el número), y el 137 dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todas con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Se estudian en el tema 8.
4.3. Los derechos fundamentales y libertades públicas
4.3.1. El Título I y su arquitectura
El Título I se llama «De los derechos y deberes fundamentales» y va del artículo 10 al 55. Tiene cinco capítulos y el segundo se divide en dos secciones. Toda la técnica del examen sobre este Título consiste en saber en qué casilla está cada derecho, porque de la casilla dependen tres cosas: la garantía del artículo 53, la reserva de ley orgánica del 81.1 y la reforma agravada del 168.
| Capítulo | Artículos | Nombre oficial | Garantía |
|---|---|---|---|
| Artículo 10 | 10 | Sin capítulo: dignidad de la persona; interpretación conforme a la DUDH y los tratados | Fundamento del orden político y de la paz social |
| Capítulo primero | 11 a 13 | De los españoles y los extranjeros | Nacionalidad, mayoría de edad, extranjeros |
| Capítulo segundo | 14 a 38 | Derechos y libertades | Artículo 14, igualdad, con amparo aunque esté fuera de la Sección primera |
| Sección 1.ª del Capítulo segundo | 15 a 29 | De los derechos fundamentales y de las libertades públicas | Ley orgánica (81.1), contenido esencial, procedimiento preferente y sumario, recurso de amparo, reforma agravada del 168 |
| Sección 2.ª del Capítulo segundo | 30 a 38 | De los derechos y deberes de los ciudadanos | Reserva de ley, contenido esencial, recurso de inconstitucionalidad; sin amparo salvo la objeción de conciencia del 30.2 |
| Capítulo tercero | 39 a 52 | De los principios rectores de la política social y económica | Informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos; solo alegables ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen |
| Capítulo cuarto | 53 y 54 | De las garantías de las libertades y derechos fundamentales | El artículo 53 y el Defensor del Pueblo |
| Capítulo quinto | 55 | De la suspensión de los derechos y libertades | Suspensión general (55.1) e individual (55.2) |
El enunciado del temario usa la expresión «derechos fundamentales y libertades públicas», que es el nombre de la Sección primera, y «derechos y deberes de la ciudadanía», que es el de la Sección segunda con lenguaje actual. Se desarrollan por ese orden.
4.3.2. El artículo 10 y el Capítulo primero
El artículo 10 abre el Título con el fundamento de todo lo demás: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Fue pregunta literal en Málaga, y la opción falsa cambiaba «paz social» por «convivencia democrática». Su apartado 2 es la regla de interpretación: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. No dice «el Convenio Europeo» ni «la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo»: dice la Declaración Universal y los tratados ratificados.
Capítulo primero, de los españoles y los extranjeros (artículos 11 a 13). El artículo 11 regula la nacionalidad y dio dos preguntas en 2025: la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley (apartado 1); ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad (apartado 2, y la trampa consiste en preguntar si «un español de origen puede perder» la nacionalidad, a lo que la respuesta es que puede perderla, por ejemplo por renuncia, pero no ser privado de ella); y el Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con los que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, y en esos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, los españoles pueden naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen (apartado 3, preguntado en Utrera). El artículo 12: los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
El artículo 13 es el de los extranjeros y tiene cuatro apartados que se preguntan por separado. Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley (13.1). Solamente los españoles son titulares de los derechos del artículo 23 (participación política y acceso a cargos públicos), salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (13.2, la redacción de la reforma de 1992; Darro preguntó qué sufragio no tienen los extranjeros y la respuesta es el de las elecciones generales y autonómicas, no el municipal). La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad; quedan excluidos los delitos políticos, y los actos de terrorismo no se consideran delitos políticos (13.3). La ley establece los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas pueden gozar del derecho de asilo en España (13.4; Almería preguntó dónde se contempla el asilo, y la respuesta es el 13.4, no la Sección primera). El desarrollo de este artículo es la Ley Orgánica 4/2000, de extranjería, que ya no forma parte del temario vigente.
4.3.3. El artículo 14 y la Sección primera (artículos 15 a 29)
El artículo 14 abre el Capítulo segundo fuera de las dos secciones: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Aunque no esté en la Sección primera, el artículo 53.2 lo incluye expresamente entre los derechos con amparo. Es la igualdad formal; la material es la del 9.2.
La Sección primera son quince artículos, del 15 al 29, y hay que conocerlos uno a uno porque la pregunta clásica pide identificar cuál de cuatro derechos es fundamental. El tema 2 los desarrolla con sus leyes; aquí va lo que la Constitución dice de cada uno y el dato que se pregunta.
| Artículo | Derecho | Dato que se pregunta |
|---|---|---|
| 15 | Vida e integridad física y moral; prohibición de tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes | Pena de muerte abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra |
| 16 | Libertad ideológica, religiosa y de culto | Único límite: el orden público protegido por la ley; nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; ninguna confesión tiene carácter estatal; cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones |
| 17 | Libertad y seguridad | Detención preventiva: el tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, setenta y dos horas máximo; información inmediata y comprensible de derechos y razones; no puede ser obligado a declarar; asistencia de abogado; habeas corpus regulado por ley; plazo máximo de prisión provisional fijado por ley |
| 18 | Honor, intimidad personal y familiar y propia imagen (18.1); inviolabilidad del domicilio (18.2); secreto de las comunicaciones, en especial postales, telegráficas y telefónicas (18.3); límite a la informática (18.4) | Entrada o registro solo con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito; las comunicaciones ceden solo ante resolución judicial |
| 19 | Elegir libremente la residencia y circular por el territorio nacional; entrar y salir libremente de España | Solo para españoles según la letra del precepto; no puede limitarse por motivos políticos o ideológicos |
| 20 | Expresión y difusión (a); producción y creación literaria, artística, científica y técnica (b); libertad de cátedra (c); comunicar o recibir información veraz (d) | Sin censura previa; secuestro de publicaciones solo por resolución judicial; límite en el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia |
| 21 | Reunión pacífica y sin armas | No necesita autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones, comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes |
| 22 | Asociación | Ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito; inscripción en registro a los solos efectos de publicidad; disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada; prohibidas las secretas y las paramilitares |
| 23 | Participar en los asuntos públicos; acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos | Solo para españoles (13.2), salvo el sufragio municipal |
| 24 | Tutela judicial efectiva sin indefensión (24.1); garantías del proceso (24.2) | Juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia de letrado, información de la acusación, proceso público sin dilaciones indebidas, prueba, no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable, presunción de inocencia (Motril preguntó por las garantías del proceso) |
| 25 | Legalidad penal y sancionadora (25.1); fin de las penas (25.2); límite a la Administración (25.3) | Penas y medidas orientadas a la reeducación y reinserción social, sin trabajos forzados; el preso conserva los derechos fundamentales salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria; la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad |
| 26 | Prohibición de los Tribunales de Honor | En el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales |
| 27 | Educación y libertad de enseñanza | La enseñanza básica es obligatoria y gratuita (27.4); autonomía de las Universidades (27.10); diez apartados (Jerez y Utrera lo preguntaron) |
| 28 | Libertad sindical (28.1) y huelga (28.2) | La ley puede limitar o exceptuar la sindicación de las Fuerzas o Institutos armados y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar y regular sus peculiaridades para los funcionarios; nadie puede ser obligado a afiliarse; la huelga es de los trabajadores y la ley garantiza los servicios esenciales |
| 29 | Petición individual y colectiva, por escrito | Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo individualmente y según su legislación específica (Darro preguntó qué reconoce el 29) |
Dos artículos de esta Sección afectan de forma directa al personal de la Policía Local. El 28.1 permite a la ley exceptuar la sindicación de los Institutos armados y regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios: la Policía Local es un instituto armado de naturaleza civil y sus miembros sí tienen derecho de sindicación, con las peculiaridades de la Ley Orgánica 2/1986 (tema 14); lo que no tienen es derecho de huelga, que la ley les excluye. Y el 29.2 solo limita el derecho de petición al ejercicio individual para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados sometidos a disciplina militar, que no es el caso de la Policía Local. Ambas cuestiones se desarrollan en el tema 2, que el temario dedica a las libertades una a una y a la «especial referencia al personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad».
4.4. Los derechos y deberes de la ciudadanía
La Sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 30 a 38), son derechos constitucionales con reserva de ley y contenido esencial, pero sin recurso de amparo y sin reserva de ley orgánica. Nueve preguntas medidas salieron de aquí, y casi todas de tres artículos: el 30, el 31 y el 33.
| Artículo | Contenido | Dato que se pregunta |
|---|---|---|
| 30 | Derecho y deber de defender a España (30.1) | La ley fija las obligaciones militares y regula, con las debidas garantías, la objeción de conciencia y las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer una prestación social sustitutoria (30.2); podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general (30.3); mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (30.4). La objeción de conciencia tiene amparo por excepción expresa del 53.2 |
| 31 | Deber de contribuir | Todos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio (31.1); el gasto público hace una asignación equitativa y responde a criterios de eficiencia y economía (31.2); solo pueden establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley (31.3). Tres cuestionarios lo preguntaron y la palabra que se altera es «progresividad» |
| 32 | Matrimonio | El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica; la ley regula las formas, la edad y capacidad, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas de separación y disolución |
| 33 | Propiedad privada y herencia | La función social de estos derechos delimita su contenido, de acuerdo con las leyes (33.2; Roquetas lo preguntó); nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con las leyes (33.3; Darro preguntó las causas, y la trampa está en citarlas como del artículo 34) |
| 34 | Derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley | Le rigen los apartados 2 y 4 del artículo 22: ilegales las de fines delictivos, disolución solo judicial |
| 35 | Deber de trabajar y derecho al trabajo | Libre elección de profesión u oficio, promoción a través del trabajo y remuneración suficiente para las necesidades propias y de la familia, sin discriminación por razón de sexo; la ley regulará un estatuto de los trabajadores (35.2, preguntado en Almería) |
| 36 | Colegios Profesionales y profesiones tituladas | La ley regula sus peculiaridades; estructura interna y funcionamiento democráticos |
| 37 | Negociación colectiva laboral (37.1) y medidas de conflicto colectivo (37.2) | La ley garantiza la fuerza vinculante de los convenios; el 37.2 es suspendible por el 55.1 |
| 38 | Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado | Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación |
La pregunta de clasificación de La Carolina pedía distinguir qué es derecho fundamental, qué es derecho de los ciudadanos y qué es principio rector. Con la tabla del 4.3.1 y esta se responde: la propiedad y la herencia (33) y el trabajo (35) son de la Sección segunda, sin amparo; la educación (27) y la sindicación (28) son de la Sección primera, con amparo; la vivienda (47) y la salud (43) son principios rectores.
4.5. Los principios rectores de la política social y económica
El Capítulo tercero (artículos 39 a 52) no contiene derechos subjetivos directamente exigibles. El artículo 53.3 lo dice con precisión: el reconocimiento, el respeto y la protección de estos principios informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. El examen los usa de dos maneras: como opción falsa cuando pide un derecho fundamental (la salud y el medio ambiente son las opciones falsas clásicas) y como precepto alterado en una palabra. Seis preguntas medidas, y cinco de ellas literales de los artículos 39, 40, 45, 46 y 47.
| Artículo | Principio rector | Lo que dice y lo que se altera |
|---|---|---|
| 39 | Protección de la familia | Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (39.1); la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres cualquiera que sea su estado civil; la ley posibilita la investigación de la paternidad (39.2); los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad (39.3); los niños gozan de la protección de los acuerdos internacionales (39.4). Lucena preguntó la literalidad |
| 40 | Progreso social y económico | Distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica; de manera especial, una política orientada al pleno empleo (40.1); formación y readaptación profesionales, seguridad e higiene en el trabajo, descanso mediante la limitación de la jornada, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados (40.2, preguntado en Almería) |
| 41 | Régimen público de Seguridad Social | Para todos los ciudadanos, con asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo; las complementarias son libres |
| 42 | Trabajadores españoles en el extranjero | Salvaguardia de sus derechos y política orientada a su retorno |
| 43 | Protección de la salud | Derecho a la protección de la salud (43.1); compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y prestaciones (43.2); fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y adecuada utilización del ocio (43.3). Es principio rector, no derecho fundamental |
| 44 | Cultura, ciencia e investigación | Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho (44.1; Motril lo preguntó citando por error el artículo 45, y la respuesta correcta era «los poderes públicos»); promoverán la ciencia y la investigación en beneficio del interés general (44.2) |
| 45 | Medio ambiente | Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo (45.1); utilización racional de los recursos naturales apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva (45.2); para quienes violen lo anterior, sanciones penales o, en su caso, administrativas, y obligación de reparar el daño causado (45.3). Es principio rector, no derecho fundamental |
| 46 | Patrimonio histórico, cultural y artístico | Los poderes públicos garantizan la conservación y promueven el enriquecimiento del patrimonio de los pueblos de España, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad; la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio (Roquetas preguntó la literalidad) |
| 47 | Vivienda digna y adecuada | Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; los poderes públicos regulan la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación; la comunidad participa en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (Lucena preguntó la literalidad) |
| 48 | Participación de la juventud | En el desarrollo político, social, económico y cultural |
| 49 | Personas con discapacidad | Redacción de la reforma de 2024: ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas; protección especial por ley; políticas de plena autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles; participación de sus organizaciones; atención particular a las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad |
| 50 | Tercera edad | Pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas y sistema de servicios sociales para salud, vivienda, cultura y ocio |
| 51 | Consumidores y usuarios | Defensa mediante procedimientos eficaces de su seguridad, salud y legítimos intereses económicos; información y educación; la ley regula el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales (tema 20) |
| 52 | Organizaciones profesionales | De defensa de los intereses económicos propios; estructura y funcionamiento democráticos |
La pregunta de Alcalá del Valle pedía cuál de cuatro no es principio rector, y la opción correcta era un derecho de la Sección segunda o de la primera colocado entre tres del Capítulo tercero. Se resuelve con la regla de los números: del 39 al 52, principio rector; fuera de ese tramo, no.
4.6. La protección y suspensión de los derechos y libertades
4.6.1. El artículo 53, la llave del Título I
Es el artículo que hay que saber de memoria en sus tres apartados, porque cada uno fija la garantía de un grupo de derechos.
Apartado 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo (Secciones primera y segunda, más el artículo 14) vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio, y se tutelan de acuerdo con el artículo 161.1.a), es decir, por el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que los vulnere. El contenido esencial es la parte del derecho sin la cual deja de ser reconocible, según la STC 11/1981 del epígrafe 5.
Apartado 2. Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de los derechos del artículo 14 y de la Sección primera ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Almería preguntó el contenido de este apartado, y la opción falsa extendía el amparo a toda la Sección segunda.
Apartado 3. Los principios del Capítulo tercero informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
A estas tres garantías se suman dos que están fuera del Título I. La reserva de ley orgánica del artículo 81.1: son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, es decir, de la Sección primera, además de las que aprueban los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución; su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto. Y la reforma agravada del artículo 168, que protege la Sección primera exigiendo dos tercios, disolución y referéndum obligatorio (4.8).
| Grupo | Artículos | Ley | Contenido esencial | Amparo | Reforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Igualdad | 14 | Ley | Sí | Sí | Ordinaria (167) |
| Sección 1.ª | 15 a 29 | Orgánica | Sí | Sí | Agravada (168) |
| Sección 2.ª | 30 a 38 | Ley | Sí | No, salvo objeción de conciencia (30.2) | Ordinaria |
| Capítulo III | 39 a 52 | Ley que los desarrolle | No son derechos subjetivos | No | Ordinaria |
4.6.2. El recurso de amparo y el Tribunal Constitucional
El amparo es la garantía que más se pregunta de este bloque, y se pregunta por sus legitimados. El artículo 161.1.b) atribuye al Tribunal Constitucional el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, en los casos y formas que la ley establezca. El artículo 162.1.b) dice quién puede interponerlo: toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Dos cuestionarios lo preguntaron, y las opciones falsas eran los legitimados del recurso de inconstitucionalidad del 162.1.a): el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas. El Defensor del Pueblo está en las dos listas; el Ministerio Fiscal solo en la del amparo; los cincuenta parlamentarios solo en la del recurso de inconstitucionalidad.
Del artículo 164 salió una pregunta en Almería: las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el BOE con los votos particulares, tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas; las que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos; y, salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad (164.2). El Tribunal como órgano (doce miembros, nueve años, renovación por tercios) es materia del tema 3.
4.6.3. El artículo 55: la suspensión general y la individual
El 55.1 es la suspensión general. Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, pueden suspenderse los derechos de los artículos 17; 18, apartados 2 y 3; 19; 20, apartados 1.a) y d) y 5; 21; 28, apartado 2; y 37, apartado 2. Es decir: la libertad y seguridad personal con sus setenta y dos horas, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, la residencia y circulación, la libertad de expresión e información y el secuestro de publicaciones, la reunión y manifestación, la huelga y las medidas de conflicto colectivo. Con una excepción que el examen pregunta todos los años: el apartado 3 del artículo 17 (información de derechos y asistencia de abogado al detenido) no se suspende en el estado de excepción; solo en el de sitio. Las Gabias y Jerez preguntaron exactamente eso: qué derecho puede suspenderse en el estado de sitio y no en el de excepción. Y en el estado de alarma no se suspende ningún derecho: el 55.1 no lo menciona.
El 55.2 es la suspensión individual. Una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos de los artículos 17.2 (plazo de detención), 18.2 (domicilio) y 18.3 (comunicaciones) pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de esas facultades producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Tres cuestionarios lo preguntaron, siempre por la lista: solo tres derechos, plazo, casa y teléfono. Ni el honor, ni la intimidad, ni la información al detenido, ni la reunión. Hoy la ley orgánica de desarrollo es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los artículos que regulan la detención y la prórroga en delitos de terrorismo (tema 30).
| Suspensión | Vía | Derechos afectados | Garantía |
|---|---|---|---|
| General (55.1) | Estado de excepción o de sitio | 17, 18.2, 18.3, 19, 20.1.a) y d), 20.5, 21, 28.2, 37.2 | En excepción no se suspende el 17.3; en alarma no se suspende nada |
| Individual (55.2) | Ley orgánica, personas determinadas, bandas armadas o terrorismo | 17.2, 18.2, 18.3 | Intervención judicial, control parlamentario, responsabilidad penal por abuso |
4.6.4. Los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 116)
El artículo 116 está en el Título V, pero el enunciado «protección y suspensión de los derechos» no se entiende sin él, y los tribunales lo preguntan junto al 55. Una ley orgánica regula los tres estados: es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio (BOE-A-1981-12774), que fija además qué puede hacerse en cada uno.
| Estado | Quién lo declara | Plazo | Prórroga | Derechos |
|---|---|---|---|---|
| Alarma (116.2) | El Gobierno, por decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso reunido inmediatamente | Quince días | Solo con autorización del Congreso | No se suspende ninguno; se limitan |
| Excepción (116.3) | El Gobierno, por decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso | Treinta días | Otro plazo igual, con los mismos requisitos | Los del 55.1 salvo el 17.3 |
| Sitio (116.4) | La mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno | El que fije el Congreso, con su ámbito y condiciones | Los del 55.1, incluido el 17.3 |
Las reglas comunes (116.5 y 6): no puede disolverse el Congreso mientras esté declarado alguno de los estados; las Cámaras quedan automáticamente convocadas si no están en período de sesiones; el funcionamiento de las Cámaras y de los demás poderes constitucionales no puede interrumpirse; si el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato, sus competencias las asume la Diputación Permanente; y la declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes. Para el policía local esto último importa: en un estado de alarma la Policía Local actúa bajo las órdenes de la autoridad competente que designe el decreto, pero responde de sus actos exactamente igual que en tiempo normal. Y el artículo 169, que se ve en 4.8, prohíbe iniciar la reforma constitucional mientras esté vigente cualquiera de los tres.
4.7. El Defensor del Pueblo
4.7.1. El artículo 54 de la Constitución
Está en el Capítulo cuarto del Título I, junto al artículo 53, y dice en una sola frase todo lo que se pregunta de él a nivel constitucional: una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Seis preguntas medidas salieron de esa frase: el número del artículo (54), el rango de la ley (orgánica), de quién es comisionado (de las Cortes, no del Gobierno ni del Rey), qué defiende (los derechos del Título I, no solo los fundamentales), qué hace para ello (supervisar la Administración) y a quién da cuenta (a las Cortes). La opción falsa habitual lo convierte en «alto comisionado del Gobierno» o le atribuye la defensa «de los derechos fundamentales de la Sección primera».
Andalucía tiene su propia figura, el Defensor del Pueblo Andaluz, prevista en el Estatuto de Autonomía y que coordina sus funciones con el estatal según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981; se estudia en el tema 6.
4.7.2. La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril
Es la ley orgánica que exige el artículo 54. Publicada en el BOE de 7 de mayo de 1981 (BOE-A-1981-10325), tiene treinta y siete artículos en cuatro títulos y una disposición final única añadida en 2009. El artículo 1 repite la definición constitucional y añade que ejercerá las funciones que le encomiendan la Constitución y la propia ley. El temario de Policía Local no enumera los títulos de la ley, pero cuatro de las diez preguntas medidas salieron de ella: el mandato, el plazo de convocatoria del Pleno, la incompatibilidad y el informe anual.
Nombramiento (artículo 2). El Defensor es elegido por las Cortes Generales por cinco años y se dirige a ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. Una Comisión Mixta Congreso-Senado se relaciona con él e informa a los Plenos; se reúne cuando lo acuerdan conjuntamente los dos Presidentes y, en todo caso, para proponer el candidato o candidatos; sus acuerdos se adoptan por mayoría simple. Propuesto el candidato, se convoca en término no inferior a diez días al Pleno del Congreso: es designado quien obtiene tres quintos de los miembros del Congreso y, en un plazo máximo de veinte días, es ratificado por esa misma mayoría del Senado. Si no se alcanzan esas mayorías, la Comisión formula sucesivas propuestas en el plazo máximo de un mes, y entonces, conseguidos los tres quintos del Congreso, la designación queda hecha al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. Las Gabias preguntó el plazo de convocatoria del Pleno; la trampa consiste en decir «no superior» donde la ley dice «no inferior».
| Paso | Regla | Número |
|---|---|---|
| Propuesta | Comisión Mixta Congreso-Senado, por mayoría simple | |
| Convocatoria del Pleno del Congreso | En término no inferior a | 10 días |
| Elección en el Congreso | Tres quintos de los miembros | 3/5 |
| Ratificación en el Senado | Misma mayoría, en plazo máximo de | 20 días |
| Si fracasa | Nuevas propuestas en plazo máximo de | 1 mes |
| Segunda vuelta | Tres quintos del Congreso y | mayoría absoluta del Senado |
| Mandato | 5 años |
Requisitos, toma de posesión y cese (artículos 3 a 5). Puede ser elegido cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos (artículo 3). Los Presidentes de las dos Cámaras acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento, que se publica en el BOE, y el Defensor toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, con juramento o promesa (artículo 4). Cesa por cinco causas: renuncia; expiración del plazo; muerte o incapacidad sobrevenida; notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo; y condena, mediante sentencia firme, por delito doloso. La vacante la declara el Presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo; en los demás la deciden tres quintos de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. Vacante el cargo, el procedimiento de nuevo nombramiento se inicia en plazo no superior a un mes; mientras tanto, desempeñan las funciones interinamente, en su propio orden, los Adjuntos (artículo 5).
Estatuto (artículos 6 y 7). No está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad; desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad: no puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido ni juzgado por las opiniones o actos del ejercicio de su cargo. En los demás casos, mientras esté en funciones, solo puede ser detenido o retenido en caso de flagrante delito, y su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponden exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Lo mismo vale para los Adjuntos. El cargo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública, con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido, sindicato, asociación o fundación, con las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Debe cesar en toda incompatibilidad dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta; si la incompatibilidad es sobrevenida, se entiende que renuncia en la fecha en que se produjo. Motril preguntó la afirmación incorrecta sobre el Defensor, y la falsa era la que lo hacía compatible con la afiliación a un partido.
Los Adjuntos (artículo 8). Un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los que puede delegar sus funciones y que le sustituyen por su orden en los supuestos de imposibilidad temporal y de cese. Los nombra y separa el propio Defensor, previa conformidad de las Cámaras, y su nombramiento se publica en el BOE. Les son aplicables los artículos 3, 6 y 7.
El ámbito de la supervisión (artículos 9 a 14). El Defensor puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación sobre los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, a la luz del artículo 103.1 de la Constitución y del respeto debido a los derechos del Título I. Sus atribuciones alcanzan a ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones públicas, y eso incluye a la Administración municipal y a la Policía Local. Puede dirigirse a él toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna: no son impedimento la nacionalidad, la residencia, el sexo, la minoría de edad, la incapacidad legal, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión ni ninguna relación especial de sujeción. También pueden pedir su intervención, por escrito motivado, los Diputados y Senadores individualmente, las comisiones de investigación y la Comisión Mixta. En cambio, ninguna autoridad administrativa puede presentar quejas en asuntos de su competencia. Su actividad no se interrumpe cuando las Cortes no están reunidas, han sido disueltas o ha expirado su mandato (se dirige entonces a las Diputaciones Permanentes), ni por la declaración de los estados de excepción o de sitio, sin perjuicio del artículo 55. Puede supervisar por sí mismo la actividad de las Comunidades Autónomas, y sus órganos similares coordinan funciones con él. Las quejas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia las dirige al Ministerio Fiscal o las traslada al Consejo General del Poder Judicial. Y vela por los derechos del Título I en la Administración Militar, sin interferir en el mando de la Defensa Nacional.
La queja (artículos 15 a 17). Se presenta firmada por el interesado, con nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos. Todas las actuaciones son gratuitas y no es preceptiva la asistencia de letrado ni de procurador; de toda queja se acusa recibo. La correspondencia dirigida al Defensor desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia no puede ser objeto de censura de ningún tipo, ni escuchadas o interferidas sus conversaciones con esas personas. El Defensor registra las quejas y las tramita o rechaza por escrito motivado; no entra en el examen individual de las quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y suspende su actuación si el interesado acude a los Tribunales o al Constitucional, aunque puede investigar los problemas generales; rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen el derecho de un tercero. Sus decisiones no son susceptibles de recurso.
La investigación (artículos 18 a 22). Admitida la queja, promueve una investigación sumaria e informal y da cuenta de su contenido sustancial al organismo afectado para que su Jefe remita informe escrito en el plazo máximo de quince días, ampliable. La negativa o negligencia en enviarlo puede calificarse de hostil y entorpecedora, hacerse pública de inmediato y destacarse en el informe a las Cortes. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliarle con carácter preferente y urgente; puede personarse en cualquier centro de la Administración y no puede negársele el acceso a ningún expediente. Si la queja afecta a la conducta de una persona al servicio de la Administración, se da cuenta a la afectada y a su inmediato superior, y aquella responde por escrito en un plazo que en ningún caso es inferior a diez días, prorrogable a instancia de parte por la mitad. El superior que prohíba a un funcionario responder o entrevistarse con el Defensor debe hacerlo por escrito motivado, y el Defensor dirige entonces la investigación al superior. Puede pedir cualquier documento, incluidos los clasificados como secretos; la no remisión de estos debe acordarla el Consejo de Ministros con certificación del acuerdo, y si el documento afecta de forma decisiva a la investigación lo pone en conocimiento de la Comisión Mixta. Las investigaciones se hacen con la más absoluta reserva.
Responsabilidades (artículos 23 a 27). Si la queja se debe a abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor puede dirigirse a él haciendo constar su criterio y dar traslado al superior con sus sugerencias. La actitud hostil persistente puede ser objeto de un informe especial. Si conoce conductas o hechos presumiblemente delictivos, los pone de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado, que le informa periódicamente del trámite. Puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local, sin previa reclamación escrita.
Las resoluciones (artículos 28 a 31). El Defensor no es competente para modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, pero puede sugerir la modificación de los criterios utilizados para dictarlos; si el cumplimiento riguroso de una norma provoca situaciones injustas, puede sugerir al legislador o a la Administración su modificación; y si los hechos se producen en servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, puede instar el ejercicio de las potestades de inspección y sanción (artículo 28). Está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo (artículo 29), como dice el 162 de la Constitución. Con ocasión de sus investigaciones puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias, y las autoridades y funcionarios están obligados a responder por escrito en término no superior a un mes; si en plazo razonable no se adopta medida adecuada, lo pone en conocimiento del Ministro del Departamento o de la máxima autoridad de la Administración afectada, y si tampoco obtiene justificación, incluye el asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios (artículo 30). Informa al interesado del resultado y a la autoridad afectada (artículo 31).
El informe a las Cortes (artículos 32 y 33). Da cuenta anualmente a las Cortes Generales de su gestión en un informe que presenta cuando están reunidas en período ordinario de sesiones (Lucena preguntó cuándo); cuando la gravedad o urgencia lo aconsejen, presenta un informe extraordinario, dirigido a las Diputaciones Permanentes si las Cámaras no están reunidas. Los informes se publican. El informe anual recoge el número y tipo de quejas, las rechazadas y sus causas, las investigadas y su resultado, y las sugerencias o recomendaciones admitidas; no contiene datos personales que permitan identificar a los interesados; lleva un anexo con la liquidación del presupuesto; y un resumen se expone oralmente ante los Plenos de ambas Cámaras, con intervención de los grupos parlamentarios.
Medios (artículos 34 a 37) y disposición final. El Defensor designa libremente a sus asesores dentro del presupuesto; su personal se considera al servicio de las Cortes y conserva la plaza de origen; los Adjuntos y asesores cesan automáticamente al tomar posesión un nuevo Defensor; su dotación es una partida de los Presupuestos de las Cortes Generales. La disposición final única, añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE-A-2009-17492), le atribuye las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura conforme al Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura, con un Consejo Asesor presidido por el Adjunto en quien delegue. Para el policía local esto tiene una consecuencia práctica: el Defensor y sus delegados pueden visitar sin previo aviso los calabozos municipales, y la carta de un detenido dirigida al Defensor no se abre.
4.8. La reforma de la Constitución Española
El Título X, artículos 166 a 169, es el bloque más preguntado del tema: trece preguntas medidas. Tiene cuatro artículos y hay que saberlos con sus números.
La iniciativa (artículo 166) se ejerce en los términos de los apartados 1 y 2 del artículo 87: corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, y las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto o remitir a la Mesa del Congreso una proposición, delegando ante el Congreso un máximo de tres miembros para su defensa. Queda excluida la iniciativa popular del 87.3: las quinientas mil firmas sirven para proposiciones de ley, no para reformar la Constitución.
El procedimiento ordinario (artículo 167). Los proyectos de reforma deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hay acuerdo entre ambas, se intenta obtenerlo mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presenta un texto votado por el Congreso y el Senado (167.1). Si tampoco así se logra, y siempre que el texto haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de dos tercios (167.2). Aprobada la reforma por las Cortes Generales, se somete a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (167.3). Écija preguntó los tres apartados en tres preguntas distintas; Alcalá del Valle y Utrera, la mayoría del 167.1 y el referéndum del 167.3. Las cifras que se alteran: «dos tercios» por «tres quintos» en el primer paso, «un mes» por «quince días», «una cuarta parte» por «una décima parte».
El procedimiento agravado (artículo 168). Cuando se proponga la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II, se procede a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes (168.1). Las Cámaras elegidas deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto, que debe ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras (168.2). Aprobada la reforma por las Cortes, será sometida a referéndum para su ratificación (168.3): aquí el referéndum es obligatorio, no a petición. Lucena, Roquetas y Almería lo preguntaron; la trampa clásica pone el Título I entero entre las materias protegidas, cuando solo lo está la Sección primera, o dice que la Corona se reforma por el 167.
| Reforma | Materias | Mayorías | Disolución | Referéndum |
|---|---|---|---|---|
| Ordinaria (167) | Todo lo que no esté en el 168 | 3/5 de cada Cámara; sin acuerdo, Comisión paritaria; en último caso, mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso | No | Solo si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días |
| Agravada (168) | Revisión total; Título Preliminar; Sección 1.ª del Capítulo II del Título I; Título II | 2/3 de cada Cámara para el principio; 2/3 de ambas para el texto por las nuevas Cortes | Inmediata | Obligatorio |
Los límites (artículo 169). No puede iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116: alarma, excepción y sitio. Olvera y Utrera lo preguntaron, y la segunda lo hizo al revés: en cuál de los estados del 116 no cabe iniciar la reforma, y la respuesta es en ninguno de los tres. El precepto habla de iniciar, no de continuar, y de los tres estados, no solo del sitio.
Las cuatro reformas hechas hasta hoy (4.1.4) siguieron el artículo 167 y en ninguna se pidió el referéndum del 167.3. Las cuatro afectaron a artículos fuera del ámbito del 168, y por eso ninguna exigió la disolución de las Cortes.
5. Jurisprudencia esencial
Ninguna de las 92 preguntas medidas pidió una sentencia por su número. Las seis que siguen están aquí porque fijan el sentido de los artículos que sí se preguntan: el contenido esencial del 53.1, la suspensión individual del 55.2, la inviolabilidad del domicilio y la flagrancia del 18.2, el derecho a la vida del 15, y el Defensor del Pueblo ejerciendo la legitimación del 162. Las seis están comprobadas en el BOE, con su fallo.
STC 11/1981, de 8 de abril (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 192/1980, BOE-T-1981-9433). Cincuenta y dos Diputados recurrieron el Real Decreto-ley 17/1977 sobre el derecho de huelga. El Tribunal estimó parcialmente el recurso y anuló varias exigencias de la norma preconstitucional, pero su importancia está en la doctrina: la Constitución no impone un modelo de huelga, y el legislador puede regular el derecho siempre que respete su contenido esencial, aquella parte sin la cual el derecho deja de ser reconocible como tal o resulta impracticable. Es la definición del contenido esencial del artículo 53.1 que rige desde entonces para todo el Capítulo segundo.
STC 25/1981, de 14 de julio (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 25/1981, BOE-T-1981-18418). El Parlamento Vasco recurrió la Ley Orgánica 11/1980, la primera que desarrolló el artículo 55.2. El Tribunal desestimó el recurso: la suspensión individual de los derechos de los artículos 17.2, 18.2 y 18.3 para personas determinadas es una habilitación constitucional expresa al legislador orgánico, esa ley orgánica es facultativa y la decisión sobre su conveniencia corresponde a las Cortes Generales. Hoy la materia está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
STC 22/1984, de 17 de febrero (Sala Segunda, recurso de amparo 59/1983, BOE-T-1984-6110). La Administración municipal entró en una vivienda para ejecutar una orden de desalojo sin resolución judicial. El Tribunal otorgó el amparo y reconoció el derecho de la recurrente a la inviolabilidad de su domicilio y a impedir la entrada y el registro sin su consentimiento o, en su defecto, sin una resolución judicial expresa. Fijó que el artículo 18.2 protege también frente a la ejecución administrativa: sin consentimiento, flagrante delito o auto judicial nadie entra, ni siquiera un ayuntamiento para ejecutar un acto firme. Es la sentencia que más afecta al servicio diario de la Policía Local.
STC 341/1993, de 18 de noviembre (Pleno, recursos de inconstitucionalidad 1045/1992, 1279/1992 y 1314/1992 y cuestiones acumuladas, BOE-T-1993-29248). Es la sentencia sobre la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Declaró inconstitucional y nulo su artículo 21.2, que permitía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrar en un domicilio sin autorización judicial cuando tuvieran «conocimiento fundado» de que se estaba cometiendo un delito de tráfico de drogas. La razón: la flagrancia que autoriza el artículo 18.2 exige la percepción directa y evidente del delito que se está cometiendo, y un mero conocimiento fundado no es flagrancia. Define el único supuesto en que un agente puede entrar sin auto ni consentimiento.
STC 120/1990, de 27 de junio (Pleno, recurso de amparo 443/1990, BOE-T-1990-18314). Recurso de amparo contra la autorización judicial de alimentación forzosa a presos en huelga de hambre. El Tribunal denegó el amparo y precisó el contenido del derecho a la vida y a la integridad física del artículo 15: el derecho a la vida no incluye el derecho a la propia muerte, y las intervenciones sobre el cuerpo sin consentimiento solo caben ante un riesgo grave, con garantías legales y sin constituir trato inhumano o degradante. Es la resolución de referencia sobre los límites de la actuación coactiva de los poderes públicos sobre la persona, incluida la que ejerce la policía sobre un detenido.
STC 292/2000, de 30 de noviembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 1463/2000, BOE-T-2001-332). Es el recurso que el Defensor del Pueblo interpuso contra los artículos 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, en ejercicio de la legitimación que le dan el artículo 162.1.a) de la Constitución y el artículo 29 de su ley orgánica. El Tribunal estimó el recurso y anuló los incisos que permitían ceder datos entre Administraciones sin consentimiento y limitar los derechos de acceso por razones administrativas. Doctrina: el artículo 18.4 contiene un derecho fundamental autónomo a la protección de datos, distinto de la intimidad, cuyos límites debe fijar la ley con precisión. Es el Defensor del Pueblo haciendo lo que dice el artículo 29 de su ley.
6. Tabla resumen
Los números de la Constitución que se preguntan en este tema
| Dato | Cifra | Artículo o parte |
|---|---|---|
| Aprobación por las Cortes | 31 de octubre de 1978 | |
| Referéndum | 6 de diciembre de 1978 | |
| Sanción | 27 de diciembre de 1978 | |
| Publicación y entrada en vigor | 29 de diciembre de 1978, BOE núm. 311 | Disposición final |
| Artículos | 169 | |
| Títulos | Preliminar más diez numerados | |
| Disposiciones | 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria, 1 final | |
| Artículos del Título I | 10 a 55 | |
| Artículos del Título VI | 11 (117 a 127) | |
| Palabras del preámbulo | Justicia, libertad y seguridad | Preámbulo |
| Reformas | 4: 13.2 (1992), 135 (2011), 49 (2024), 69.3 (2026), todas por el 167 y sin referéndum | |
| Última reforma | Artículo 69.3, de 19 de mayo de 2026, BOE núm. 123, de 20 de mayo de 2026 | |
| Valores superiores | Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político | 1.1 |
| Principios garantizados | 7: legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad | 9.3 |
| Mayoría de edad | 18 años | 12 |
| Sufragio de extranjeros | Activo y pasivo, solo municipal, por reciprocidad | 13.2 |
| Detención preventiva | 72 horas máximo | 17.2 |
| Entrada en domicilio | Consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito | 18.2 |
| Sección 1.ª | Artículos 15 a 29 | |
| Sección 2.ª | Artículos 30 a 38 | |
| Principios rectores | Artículos 39 a 52 | |
| Derechos con amparo | Art. 14, Sección 1.ª y objeción de conciencia del 30 | 53.2 |
| Suspensión general | 17, 18.2, 18.3, 19, 20.1.a) y d), 20.5, 21, 28.2, 37.2; no el 17.3 en excepción | 55.1 |
| Suspensión individual | 17.2, 18.2, 18.3; terrorismo; ley orgánica; intervención judicial y control parlamentario | 55.2 |
| Ley orgánica | Mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto | 81.2 |
| Iniciativa popular | 500.000 firmas; excluida de la reforma constitucional | 87.3 y 166 |
| Estado de alarma | Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso | 116.2 |
| Estado de excepción | Gobierno con autorización previa del Congreso, 30 días prorrogables por otros 30 | 116.3 |
| Estado de sitio | Mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno | 116.4 |
| Legitimados para el recurso de inconstitucionalidad | Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, ejecutivos y Asambleas de las CCAA | 162.1.a) |
| Legitimados para el amparo | Persona con interés legítimo, Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal | 162.1.b) |
| Sentencias del TC | Cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación; sin recurso; subsiste la ley en lo no afectado | 164 |
| Reforma ordinaria | 3/5 de cada Cámara; Comisión paritaria; mayoría absoluta del Senado más 2/3 del Congreso; referéndum si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días | 167 |
| Reforma agravada | 2/3, disolución inmediata, ratificación, 2/3, referéndum obligatorio | 168 |
| Prohibición de reformar | En tiempo de guerra o vigencia de los estados del 116 | 169 |
Dónde está cada derecho (la pregunta más repetida)
| Derecho | Artículo | Grupo | ¿Amparo? | ¿Ley orgánica? |
|---|---|---|---|---|
| Igualdad ante la ley | 14 | Capítulo II, fuera de sección | Sí | No |
| Vida, libertad ideológica, libertad y seguridad, honor e intimidad, domicilio, comunicaciones, residencia y circulación, expresión, cátedra, información, reunión, asociación, participación, tutela judicial, legalidad penal, educación, sindicación y huelga, petición | 15 a 29 | Sección 1.ª | Sí | Sí |
| Defender a España y objeción de conciencia | 30 | Sección 2.ª | Solo la objeción | No |
| Tributos, matrimonio, propiedad y herencia, fundación, trabajo, colegios, negociación colectiva, empresa | 31 a 38 | Sección 2.ª | No | No |
| Familia, pleno empleo, Seguridad Social, salud, cultura, medio ambiente, patrimonio, vivienda, juventud, discapacidad, pensiones, consumidores | 39 a 52 | Capítulo III, principios rectores | No; solo ante la jurisdicción ordinaria según sus leyes | No |
Los números del Defensor del Pueblo
| Dato | Cifra | Artículo de la LO 3/1981 |
|---|---|---|
| Naturaleza | Alto comisionado de las Cortes Generales; defiende los derechos del Título I; supervisa la Administración | 54 CE y 1 |
| Mandato | 5 años | 2.1 |
| Convocatoria del Pleno del Congreso | No inferior a 10 días | 2.4 |
| Elección | 3/5 del Congreso; ratificación por 3/5 del Senado en 20 días | 2.4 |
| Segunda ronda | Nuevas propuestas en 1 mes; 3/5 Congreso más mayoría absoluta Senado | 2.5 |
| Requisitos | Español, mayor de edad, pleno disfrute de derechos civiles y políticos | 3 |
| Toma de posesión | Ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente | 4.2 |
| Cese por negligencia, condena o incapacidad | 3/5 de cada Cámara, con debate y audiencia | 5.2 |
| Nuevo nombramiento tras vacante | En plazo no superior a 1 mes | 5.3 |
| Detención | Solo en flagrante delito; juzga la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo | 6.3 |
| Cese en incompatibilidades | 10 días desde el nombramiento, antes de tomar posesión | 7.2 |
| Adjuntos | Primero y Segundo, nombrados por el Defensor previa conformidad de las Cámaras | 8 |
| Quién puede quejarse | Toda persona con interés legítimo, también menores e internos; ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia | 10 |
| Plazo para presentar la queja | 1 año desde el conocimiento de los hechos | 15.1 |
| Coste | Gratuita; sin abogado ni procurador | 15.2 |
| Quejas rechazadas | Las anónimas siempre; las de mala fe o sin fundamento, a su criterio; sin recurso | 17.3 |
| Informe del organismo | 15 días, ampliable | 18.1 |
| Respuesta del funcionario afectado | No inferior a 10 días, prorrogable por la mitad | 20.2 |
| Documentos secretos no remitidos | Acuerdo del Consejo de Ministros con certificación | 22.1 |
| Hechos delictivos | Se comunican al Fiscal General del Estado | 25.1 |
| Poderes sobre los actos | No anula ni modifica; sugiere | 28.1 |
| Recursos que puede interponer | Inconstitucionalidad y amparo | 29 |
| Respuesta a recomendaciones | No superior a 1 mes | 30.1 |
| Informe a las Cortes | Anual, en período ordinario de sesiones; extraordinario si urge; resumen oral ante los Plenos | 32 y 33 |
| Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura | Desde la LO 1/2009; Consejo Asesor presidido por el Adjunto delegado | Disposición final única |
7. Trampas de examen
1. «La Constitución entró en vigor el 6 de diciembre de 1978.» No. El 6 de diciembre fue el referéndum. Entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, el día de su publicación en el BOE, por su disposición final.
2. «La Constitución tiene 169 artículos, diez títulos y cuatro disposiciones transitorias.» Tiene un Título Preliminar más diez títulos numerados, cuatro adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
3. «La Constitución ha sido reformada en tres ocasiones.» Desde el 20 de mayo de 2026 son cuatro: 13.2 (1992), 135 (2011), 49 (2024) y 69.3 (2026), la del senador de Formentera.
4. «La última reforma de la Constitución fue la del artículo 49, en 2024.» Ya no. La última es la del artículo 69.3, de 19 de mayo de 2026, BOE núm. 123 de 20 de mayo de 2026.
5. «Alguna de las reformas constitucionales se sometió a referéndum.» Ninguna. Las cuatro fueron por el artículo 167 y en ninguna lo pidió la décima parte de una Cámara en quince días.
6. «Los valores superiores del ordenamiento son la libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad jurídica.» Son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (1.1). La seguridad jurídica es un principio del 9.3.
7. «La Constitución se fundamenta en la soberanía del pueblo español.» La soberanía es el 1.2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española (artículo 2).
8. «El preámbulo dice que la Nación española desea establecer la justicia, la libertad y la igualdad.» Dice justicia, libertad y seguridad.
9. «El artículo 9.3 garantiza el principio de proporcionalidad.» No está. Los siete son legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de las sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
10. «Ningún español puede ser privado de su nacionalidad.» Ningún español de origen (11.2). El que la adquirió después sí puede ser privado de ella en los casos que fije la ley.
11. «Los extranjeros no tienen derecho de sufragio en ninguna elección.» Pueden tenerlo, activo y pasivo, en las elecciones municipales, por tratado o ley y con reciprocidad (13.2, redacción de 1992).
12. «Los actos de terrorismo se consideran delitos políticos a efectos de extradición.» Al contrario: los delitos políticos quedan excluidos de la extradición, y el terrorismo no se considera delito político (13.3).
13. «La protección de la salud y el medio ambiente son derechos fundamentales.» Son principios rectores (43 y 45), Capítulo tercero, sin amparo.
14. «El derecho de propiedad puede tutelarse en amparo.» No. Está en el artículo 33, Sección segunda. Tienen amparo el 14, los artículos 15 a 29 y la objeción de conciencia del 30.
15. «El sistema tributario se inspira en los principios de igualdad y proporcionalidad.» En los de igualdad y progresividad, y no tendrá alcance confiscatorio (31.1).
16. «La función social de la propiedad limita su ejercicio.» La función social delimita su contenido, de acuerdo con las leyes (33.2). Y la privación exige causa de utilidad pública o interés social, indemnización y ley (33.3).
17. «La Seguridad Social garantiza prestaciones suficientes especialmente en caso de enfermedad.» El artículo 41 dice especialmente en caso de desempleo.
18. «Los principios rectores pueden alegarse directamente ante cualquier tribunal.» Solo ante la jurisdicción ordinaria y de acuerdo con las leyes que los desarrollen (53.3).
19. «Cualquier ciudadano puede pedir amparo por los derechos de la Sección segunda.» El 53.2 cubre el artículo 14 y la Sección primera, más la objeción de conciencia. La Sección segunda, no.
20. «Están legitimados para el recurso de amparo cincuenta Diputados o cincuenta Senadores.» Esos son legitimados del recurso de inconstitucionalidad (162.1.a). Para el amparo: persona con interés legítimo, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal (162.1.b).
21. «En el estado de alarma pueden suspenderse los derechos del artículo 55.1.» No. El 55.1 solo menciona excepción y sitio. La alarma limita, no suspende.
22. «En el estado de excepción se suspende el derecho del detenido a ser informado y asistido de abogado.» El 55.1 exceptúa el 17.3 en el estado de excepción; solo se suspende en el de sitio.
23. «El artículo 55.2 permite suspender a personas determinadas el derecho de reunión.» Solo los artículos 17.2, 18.2 y 18.3: plazo de detención, domicilio y comunicaciones, en investigaciones de terrorismo.
24. «El estado de sitio lo declara el Gobierno por decreto.» Lo declara la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno (116.4). El Gobierno declara la alarma y la excepción.
25. «El Defensor del Pueblo es el alto comisionado del Gobierno.» Es alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas, y da cuenta a las Cortes (54).
26. «La institución del Defensor del Pueblo se regula por ley ordinaria.» Por ley orgánica (54), que es la 3/1981.
27. «El Defensor del Pueblo defiende los derechos fundamentales de la Sección primera.» Defiende los derechos comprendidos en el Título I entero, del 10 al 55.
28. «El mandato del Defensor del Pueblo es de cuatro años.» Cinco años (artículo 2.1 de la LO 3/1981).
29. «El Pleno del Congreso se convoca para elegir al Defensor en un plazo no superior a diez días.» En término no inferior a diez días (2.4).
30. «Puede ser Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad.» Falta la mitad: en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos (artículo 3).
31. «El Defensor del Pueblo puede anular los actos de la Administración.» No es competente para modificar ni anular; sugiere la modificación de los criterios (28.1).
32. «Las quejas anónimas se tramitan si tienen fundamento.» Se rechazan siempre (17.3). Y las decisiones del Defensor no admiten recurso.
33. «El Defensor del Pueblo presenta su informe anual a las Cortes en cualquier momento del año.» Lo presenta cuando las Cortes están reunidas en período ordinario de sesiones (32.1); el extraordinario, cuando la gravedad o urgencia lo aconsejen.
34. «La reforma ordinaria exige dos tercios de cada Cámara.» Exige tres quintos de cada Cámara (167.1). Los dos tercios del Congreso son el último recurso, con mayoría absoluta del Senado (167.2).
35. «El referéndum de la reforma ordinaria lo puede pedir una cuarta parte de una Cámara en el plazo de un mes.» Una décima parte de cualquiera de las Cámaras, en los quince días siguientes a la aprobación (167.3).
36. «La reforma del Título I exige el procedimiento agravado.» Solo la de la Sección primera del Capítulo segundo del Título I (168.1), junto con el Título Preliminar, el Título II y la revisión total. El artículo 49, del Capítulo tercero, se reformó en 2024 por el 167.
37. «En el procedimiento agravado el referéndum se celebra si lo piden las Cámaras.» Es obligatorio: «será sometida a referéndum» (168.3).
38. «No puede iniciarse la reforma constitucional durante el estado de sitio, pero sí durante el de alarma.» No puede iniciarse en tiempo de guerra ni durante ninguno de los tres estados del 116 (169).
8. Reglas mnemotécnicas
Las cuatro fechas de 1978: «31, 6, 27, 29»
Aprobada por las Cortes el 31 de octubre, referéndum el 6 de diciembre, sancionada el 27 de diciembre, publicada y en vigor el 29 de diciembre. Si la pregunta dice «entró en vigor», la respuesta es 29.
«4-9-1-1» y «169»
Cuatro adicionales, nueve transitorias, una derogatoria, una final. Ciento sesenta y nueve artículos. El preámbulo no se numera.
Las reformas: «13, 135, 49, 69» y «92, 11, 24, 26»
Artículo 13.2 en 1992, 135 en 2011, 49 en 2024, 69.3 en 2026. Cuatro reformas, cuatro veces el 167, cero referéndums.
Los valores superiores: «LI-JU-I-PLU»
Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político. La seguridad jurídica es del 9.3; la solidaridad, del artículo 2; la dignidad, del 10.1.
El preámbulo: «JU-LI-SE»
Justicia, libertad y seguridad, en ese orden. Sin igualdad.
Los siete del 9.3: «LE-JE-PU-IR-SE-RE-IN»
Legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad. Siete y ni uno más.
El Título I por tramos: «11-13 españoles, 14 igualdad, 15-29 amparo, 30-38 sin amparo, 39-52 rectores, 53-54 garantías, 55 suspensión»
Si el artículo está entre 15 y 29, es fundamental y tiene amparo y ley orgánica. Si es el 14, amparo también. Si está entre 30 y 38, no tiene amparo, salvo la objeción de conciencia. Si está entre 39 y 52, es principio rector.
El 53 en tres palabras: «vinculan, amparo, informan»
Apartado 1, los del Capítulo II vinculan a los poderes públicos y solo por ley con contenido esencial. Apartado 2, amparo para el 14, la Sección primera y la objeción. Apartado 3, los rectores informan y solo se alegan según sus leyes.
El 55.2 suspende «plazo, casa y teléfono»
17.2, 18.2 y 18.3. Solo para terrorismo, solo por ley orgánica, con juez y con Parlamento. Nada más.
Alarma 15, excepción 30 más 30, sitio lo que diga el Congreso
Y quién declara: alarma, el Gobierno solo; excepción, el Gobierno con permiso previo del Congreso; sitio, el Congreso por mayoría absoluta. En alarma no se suspende nada; en excepción, todo el 55.1 menos el 17.3; en sitio, todo.
Amparo: «persona, Defensor, Fiscal». Inconstitucionalidad: «Presidente, Defensor, 50, 50, Comunidades»
El Defensor está en las dos listas. El Fiscal solo en la del amparo. Los cincuenta solo en la de inconstitucionalidad.
Defensor: «5 años, 10 días, 3/5, 20 días, 1 mes»
Mandato de cinco años; Pleno convocado en no menos de diez días; tres quintos del Congreso; ratificación del Senado en veinte días; si fracasa, nuevas propuestas en un mes.
La queja al Defensor: «1 año, 15 días, 1 mes»
Un año para presentarla, quince días para que el organismo informe, un mes para que la autoridad responda a la recomendación. Gratis, sin abogado, nunca anónima.
Reforma: «167 tres quintos y referéndum si se pide; 168 dos tercios, disolución y referéndum seguro»
Y el 168 protege cuatro cosas: la revisión total, el Preliminar, la Sección primera y la Corona. El 169 lo cierra: ni en guerra ni en alarma, excepción o sitio.
9. Aplicación práctica
Situación 1. Una vecina se niega a que la patrulla entre en su vivienda.
Dos agentes de la Policía Local acuden a un aviso por ruidos en una vivienda y la titular no consiente la entrada. El artículo 18.2 solo permite la entrada o el registro con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito. El ruido no es flagrante delito, y la STC 22/1984 añade que ni siquiera la ejecución de un acto administrativo firme del ayuntamiento autoriza a entrar sin auto judicial; la STC 341/1993 recuerda que la flagrancia exige percepción directa del delito, no sospecha fundada. La actuación correcta es identificarse, requerir desde la puerta el cese del ruido, documentar los hechos para el expediente sancionador municipal y, si hay indicios de delito, pedir mandamiento judicial. Solo el 55.2, con la ley orgánica de desarrollo y en investigaciones de terrorismo, permite otra cosa, y nunca a una patrulla de Policía Local por su cuenta.
Situación 2. Un detenido pide escribir al Defensor del Pueblo desde el calabozo municipal.
El artículo 10.1 de la Ley Orgánica 3/1981 dice que el internamiento en un centro de detención no es impedimento para dirigirse al Defensor, y el artículo 16 prohíbe cualquier censura de la correspondencia dirigida a él desde un centro de detención, internamiento o custodia, y cualquier escucha de las conversaciones con él o sus delegados. El agente de custodia facilita papel, recoge el escrito y lo cursa sin abrirlo. La queja tiene un año de plazo, es gratuita y no exige abogado. Y desde 2009 el Defensor es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así que puede presentarse en el calabozo sin aviso y hay que darle acceso con carácter preferente y urgente (artículo 19). Si además el detenido dice que lleva más de setenta y dos horas, no es asunto del Defensor sino del artículo 17.2 y del habeas corpus del 17.4: se pone de inmediato a disposición judicial.
Situación 3. Una concentración no comunicada delante del ayuntamiento.
Un grupo de personas se concentra en la plaza del ayuntamiento con pancartas sin haber comunicado nada a la Subdelegación del Gobierno. El artículo 21.1 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas sin autorización previa; el 21.2 exige, para reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. La falta de comunicación no convierte por sí sola la reunión en ilegal ni autoriza a la Policía Local a disolverla; las consecuencias las fija la Ley Orgánica 4/2015 (tema 15) y la disolución corresponde a la autoridad gubernativa por sus agentes. Lo que el policía local hace es informar a la Jefatura, observar que la reunión sea pacífica y sin armas, regular el tráfico y actuar solo si aparece peligro real para personas o bienes. El derecho de reunión es de los que se suspenden en excepción y sitio (55.1), no en alarma.
Situación 4. Un ciudadano extranjero pregunta en la Jefatura si puede votar al alcalde.
Un vecino con nacionalidad de otro Estado, empadronado desde hace años, pregunta si puede votar en las elecciones municipales. El artículo 13.2, en la redacción de la reforma de 1992, dice que solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo lo que por tratado o ley, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Los ciudadanos de la Unión Europea votan y pueden ser elegidos concejales; los de otros Estados, solo si hay tratado de reciprocidad con su país y cumplen los requisitos de la ley electoral. En las elecciones al Parlamento de Andalucía y a las Cortes Generales, no. El agente no resuelve el caso: remite al ciudadano al padrón municipal y a la Oficina del Censo Electoral, que es donde se inscribe la solicitud de voto.
Situación 5. El alcalde ordena a la Policía Local desalojar un local para ejecutar una clausura.
El ayuntamiento ha decretado la clausura de un bar por incumplir la licencia y el alcalde ordena a la Policía Local entrar y desalojarlo. Si el local está abierto al público, no es domicilio y la entrada para ejecutar la orden no necesita auto judicial, con las cautelas de la ley de procedimiento. Pero si la clausura afecta a la vivienda del titular anexa al local, o a cualquier espacio que sea domicilio, el 18.2 y la STC 22/1984 exigen consentimiento del titular o resolución judicial: el ayuntamiento debe pedir la autorización de entrada al juzgado de lo contencioso-administrativo antes de ejecutar. El policía local que entra sin ella en un domicilio comete la violación del derecho fundamental, y el perjudicado tiene amparo (53.2) además de la queja ante el Defensor del Pueblo por el acto del ayuntamiento (artículo 9 de la LO 3/1981).
10. Preguntas de test con respuesta explicada
Sesenta preguntas, que con las diez de la sección siguiente completan las setenta del nivel A. Redactadas de nuevo por TestMiOpo; ninguna reproduce un enunciado de un cuestionario municipal. Repartidas según el peso medido de cada bloque: reforma, Título I, estructura y Defensor del Pueblo llevan la mayor parte.
1. La Constitución Española de 1978 entró en vigor:
a) El 6 de diciembre de 1978, día del referéndum.
b) El 27 de diciembre de 1978, día de su sanción.
c) El 29 de diciembre de 1978, día de su publicación en el BOE.
d) El 1 de enero de 1979.
Respuesta: c). La disposición final dice que entra en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el BOE, que fue el número 311, de 29 de diciembre de 1978.
2. La Constitución fue ratificada por el pueblo español en referéndum el:
a) 31 de octubre de 1978.
b) 6 de diciembre de 1978.
c) 27 de diciembre de 1978.
d) 29 de diciembre de 1978.
Respuesta: b). El 31 de octubre la aprobaron las Cortes; el 27 de diciembre la sancionó el Rey; el 29 se publicó.
3. La Constitución Española consta de:
a) 169 artículos, un Título Preliminar y nueve títulos.
b) 169 artículos, un Título Preliminar y diez títulos.
c) 170 artículos, un Título Preliminar y diez títulos.
d) 169 artículos y once títulos numerados.
Respuesta: b). Preámbulo, Título Preliminar, diez títulos numerados del I al X, 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
4. Las disposiciones transitorias de la Constitución son:
a) Cuatro.
b) Siete.
c) Nueve.
d) Doce.
Respuesta: c). Nueve transitorias; las adicionales son cuatro.
5. El Título VI de la Constitución, «Del Poder Judicial», comprende los artículos:
a) 108 a 116.
b) 117 a 127.
c) 128 a 136.
d) 137 a 158.
Respuesta: b). Once artículos. El Título V es el 108 a 116, el VII el 128 a 136 y el VIII el 137 a 158.
6. El preámbulo de la Constitución proclama que la Nación española desea establecer:
a) La justicia, la libertad y la seguridad.
b) La libertad, la justicia y la igualdad.
c) La justicia, la igualdad y el pluralismo político.
d) La paz, la libertad y la solidaridad.
Respuesta: a). Y promover el bien de cuantos la integran. La igualdad y el pluralismo son los valores superiores del artículo 1.1, no palabras del preámbulo.
7. La disposición adicional primera de la Constitución:
a) Declara que la mayoría de edad no perjudica los derechos forales en el Derecho privado.
b) Exige informe previo de la Comunidad Autónoma para modificar el régimen económico y fiscal canario.
c) Deroga la Ley para la Reforma Política.
d) Ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.
Respuesta: d). La a) es la adicional segunda; la b), la tercera; la c), la disposición derogatoria.
8. ¿Cuántas veces ha sido reformada la Constitución Española hasta la fecha?
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Cinco.
Respuesta: c). Artículo 13.2 en 1992, artículo 135 en 2011, artículo 49 en 2024 y artículo 69.3 en 2026.
9. La reforma constitucional de 19 de mayo de 2026 afectó al:
a) Artículo 49, sobre las personas con discapacidad.
b) Artículo 13.2, sobre el sufragio de los extranjeros.
c) Artículo 135, sobre estabilidad presupuestaria.
d) Artículo 69.3, para que Formentera elija un senador propio.
Respuesta: d). Publicada en el BOE núm. 123, de 20 de mayo de 2026. Las otras tres son las reformas de 2024, 2011 y 1992.
10. Señale la afirmación CORRECTA sobre las reformas de la Constitución:
a) Todas se tramitaron por el procedimiento del artículo 168.
b) La reforma del artículo 135 se sometió a referéndum.
c) Todas se tramitaron por el procedimiento del artículo 167 y ninguna se sometió a referéndum.
d) La reforma del artículo 13.2 exigió la disolución de las Cortes.
Respuesta: c). Ninguna afectó a materias del 168 y en ninguna se pidió el referéndum del 167.3.
11. La reforma del artículo 13.2 de la Constitución, de 27 de agosto de 1992, tuvo por objeto:
a) Añadir el sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales.
b) Reconocer a los extranjeros el sufragio activo en las elecciones generales.
c) Suprimir el requisito de reciprocidad.
d) Regular el derecho de asilo.
Respuesta: a). Se añadió «y pasivo» para cumplir el Tratado de la Unión Europea. El sufragio sigue siendo solo municipal y por reciprocidad.
12. Según el artículo 1.1 de la Constitución, España se constituye en:
a) Un Estado democrático de Derecho.
b) Un Estado social de Derecho.
c) Una Monarquía parlamentaria social y democrática.
d) Un Estado social y democrático de Derecho.
Respuesta: d). La Monarquía parlamentaria es la forma política del Estado, en el apartado 3.
13. Son valores superiores del ordenamiento jurídico según el artículo 1.1:
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad jurídica.
c) La libertad, la dignidad, la igualdad y la solidaridad.
d) La legalidad, la justicia, la igualdad y la democracia.
Respuesta: a). La seguridad jurídica es principio del 9.3; la dignidad, fundamento del 10.1; la solidaridad, del artículo 2.
14. Según el artículo 2, la Constitución se fundamenta en:
a) La soberanía nacional que reside en el pueblo español.
b) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
c) La dignidad de la persona.
d) La indisoluble unidad de la Nación española.
Respuesta: d). Patria común e indivisible de todos los españoles. La autonomía y la solidaridad se reconocen y garantizan en el mismo artículo, pero el fundamento es la unidad.
15. Señale la afirmación INCORRECTA sobre el artículo 3 de la Constitución:
a) El castellano es la lengua española oficial del Estado.
b) Todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo.
c) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
d) Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma en que residan.
Respuesta: d). El deber de conocimiento solo existe respecto del castellano.
16. Según el artículo 4.2, las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas:
a) Sustituirán a la bandera de España en los edificios públicos autonómicos.
b) Solo podrán utilizarse en actos no oficiales.
c) Se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
d) Requieren autorización del Gobierno para su reconocimiento.
Respuesta: c). Los Estatutos pueden reconocerlas y se usan junto a la de España.
17. El artículo 9.2 de la Constitución encomienda a los poderes públicos facilitar la participación en la vida política, económica, cultural y social de:
a) Los partidos políticos y sindicatos.
b) Los grupos sociales significativos.
c) Los españoles mayores de edad.
d) Todos los ciudadanos.
Respuesta: d). Junto a promover las condiciones para la libertad e igualdad reales y efectivas y remover los obstáculos.
18. ¿Cuál de los siguientes principios NO figura en el artículo 9.3 de la Constitución?
a) La publicidad de las normas.
b) La proporcionalidad de las sanciones.
c) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.
d) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Respuesta: b). Los siete son legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de las sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
19. Según el artículo 10.1, son fundamento del orden político y de la paz social:
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La soberanía nacional y la unidad de la Nación.
c) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
d) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España.
Respuesta: c). La d) es el criterio de interpretación del 10.2.
20. Conforme al artículo 11.2 de la Constitución:
a) Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad.
b) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
c) La nacionalidad española de origen no puede perderse por ninguna causa.
d) Los españoles de origen no pueden adquirir otra nacionalidad.
Respuesta: b). Solo el de origen está protegido frente a la privación; sí puede perderla, por ejemplo por renuncia voluntaria, según la ley.
21. El artículo 11.3 permite que los españoles se naturalicen sin perder su nacionalidad de origen en:
a) Los países iberoamericanos o con particular vinculación con España, aun cuando no reconozcan un derecho recíproco.
b) Cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
c) Solo los países con los que exista tratado de doble nacionalidad.
d) Los países que reconozcan un derecho recíproco a sus ciudadanos.
Respuesta: a). La reciprocidad no es exigible en ese caso.
22. Los españoles son mayores de edad, según el artículo 12:
a) A los 16 años.
b) A los 18 años.
c) A los 21 años.
d) A la edad que fije la ley.
Respuesta: b). Y la disposición adicional segunda aclara que esa declaración no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales.
23. Según el artículo 13.2, los extranjeros pueden ser titulares del derecho de sufragio:
a) Activo y pasivo en las elecciones municipales, por tratado o ley y atendiendo a criterios de reciprocidad.
b) Activo en todas las elecciones, si residen legalmente en España.
c) Solo activo en las elecciones municipales.
d) Activo y pasivo en las elecciones municipales y autonómicas.
Respuesta: a). Solamente los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, con esa única excepción.
24. En materia de extradición, el artículo 13.3 dispone que:
a) Se concederá siempre que lo solicite otro Estado.
b) Quedan excluidos los delitos políticos, considerándose como tales los actos de terrorismo.
c) Corresponde al Defensor del Pueblo autorizarla.
d) Solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y quedan excluidos los delitos políticos, sin que el terrorismo se considere delito político.
Respuesta: d). El terrorismo queda expresamente fuera de la noción de delito político.
25. El derecho de asilo se contempla en la Constitución en:
a) El artículo 13.4, remitiendo a la ley los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar de él.
b) El artículo 19, como parte de la libertad de circulación.
c) La Sección primera del Capítulo segundo, con recurso de amparo.
d) El artículo 10.2, por remisión a los tratados.
Respuesta: a). Está en el Capítulo primero, no entre los derechos fundamentales de la Sección primera.
26. El artículo 14 de la Constitución prohíbe la discriminación por razón de:
a) Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) Nacimiento, raza, sexo y religión, exclusivamente.
c) Sexo, orientación sexual, discapacidad y edad.
d) Nacionalidad, raza y lengua.
Respuesta: a). Es una lista abierta, cerrada con la cláusula «cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
27. Conforme al artículo 15 de la Constitución, la pena de muerte:
a) Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
b) Queda abolida en todo caso.
c) Subsiste para los delitos de terrorismo.
d) Puede establecerse por ley orgánica.
Respuesta: a). La reserva militar de guerra sigue en el texto constitucional aunque la ley penal militar la haya suprimido.
28. Según el artículo 17.2, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, en el plazo máximo de:
a) 24 horas.
b) 48 horas.
c) 72 horas.
d) 5 días.
Respuesta: c). Setenta y dos horas para poner al detenido en libertad o a disposición judicial.
29. El artículo 18.2 permite la entrada o registro en el domicilio:
a) Con consentimiento del titular, resolución judicial o en caso de flagrante delito.
b) Con autorización del Alcalde para ejecutar actos municipales.
c) Con orden del Jefe de la Policía Local en casos urgentes.
d) Siempre que existan indicios racionales de delito.
Respuesta: a). La STC 22/1984 extendió la garantía a la ejecución administrativa y la STC 341/1993 exigió percepción directa del delito para la flagrancia.
30. Según el artículo 21 de la Constitución, el derecho de reunión pacífica y sin armas:
a) Requiere autorización previa de la autoridad gubernativa.
b) Puede ser prohibido por la autoridad por cualquier motivo de orden público.
c) Requiere comunicación previa al Alcalde en todos los casos.
d) No necesita autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad.
Respuesta: d). La autoridad solo puede prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
31. El artículo 22.5 de la Constitución prohíbe:
a) Las asociaciones de carácter religioso.
b) Las asociaciones no inscritas en el registro.
c) Las asociaciones de funcionarios públicos.
d) Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Respuesta: d). La inscripción es a los solos efectos de publicidad, y la disolución o suspensión exige resolución judicial motivada.
32. Entre las garantías del artículo 24.2 NO figura:
a) El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.
b) La presunción de inocencia.
c) El derecho a no declarar contra sí mismo.
d) El derecho a un abogado de oficio gratuito en todo proceso.
Respuesta: d). El 24.2 garantiza la defensa y asistencia de letrado; la gratuidad es materia del artículo 119 y de la ley.
33. Según el artículo 25.3 de la Constitución:
a) La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
b) La Administración civil podrá imponer arrestos de hasta quince días.
c) Las sanciones administrativas se orientarán a la reeducación del infractor.
d) La Administración militar no podrá imponer sanciones privativas de libertad.
Respuesta: a). El límite se refiere a la Administración civil; la potestad sancionadora municipal nunca puede llegar a la privación de libertad.
34. Conforme al artículo 27.4 de la Constitución:
a) Toda la enseñanza es obligatoria y gratuita.
b) La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
c) La enseñanza universitaria es gratuita.
d) La enseñanza básica es voluntaria y gratuita.
Respuesta: b). Es el apartado que más se pregunta del artículo 27, junto con la autonomía universitaria del apartado 10.
35. El artículo 28.1 de la Constitución permite a la ley:
a) Prohibir la sindicación de todos los funcionarios públicos.
b) Prohibir las confederaciones sindicales internacionales.
c) Obligar a los trabajadores a afiliarse a un sindicato.
d) Limitar o exceptuar la sindicación de las Fuerzas o Institutos armados o de los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regular sus peculiaridades para los funcionarios.
Respuesta: d). Y nadie puede ser obligado a afiliarse. La Policía Local, instituto armado de naturaleza civil, tiene derecho de sindicación con las peculiaridades de la Ley Orgánica 2/1986.
36. El derecho de petición del artículo 29 se ejerce:
a) Verbalmente o por escrito, de forma individual o colectiva.
b) Por escrito, individual y colectivamente; los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, solo individualmente.
c) Solo colectivamente, a través de asociaciones.
d) Solo por los españoles mayores de edad y por escrito.
Respuesta: b). La limitación al ejercicio individual afecta a los Cuerpos sometidos a disciplina militar.
37. ¿Cuál de los siguientes derechos está en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título I?
a) El derecho de asociación.
b) El derecho a la educación.
c) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
d) El derecho a la protección de la salud.
Respuesta: c). Artículo 33. La asociación (22) y la educación (27) son de la Sección primera; la salud (43) es principio rector.
38. Según el artículo 30 de la Constitución, señale la afirmación INCORRECTA:
a) Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
b) La ley regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia.
c) Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
d) Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, quedando excluidos de estos deberes los funcionarios.
Respuesta: d). El 30.4 no excluye a nadie. Es la base constitucional de los deberes ciudadanos en emergencias que desarrolla la legislación de protección civil (tema 21).
39. El sistema tributario, según el artículo 31.1, se inspira en los principios de:
a) Igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio.
b) Igualdad y proporcionalidad.
c) Generalidad y capacidad económica, con alcance confiscatorio en casos excepcionales.
d) Eficiencia y economía.
Respuesta: a). Eficiencia y economía son los criterios del gasto público del 31.2.
40. Conforme al artículo 33.3, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino:
a) Por sentencia judicial firme.
b) Por razones de orden público apreciadas por la autoridad gubernativa.
c) Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
d) Por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Respuesta: d). Y la función social de la propiedad delimita su contenido (33.2).
41. Según el artículo 35.2 de la Constitución:
a) La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
b) Un real decreto regulará el estatuto de los trabajadores.
c) Los convenios colectivos regularán el estatuto de los trabajadores.
d) La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos.
Respuesta: a). La d) es el artículo 103.3.
42. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio rector de la política social y económica?
a) La protección de la salud.
b) La defensa de los consumidores y usuarios.
c) La libertad de empresa.
d) El derecho a una vivienda digna y adecuada.
Respuesta: c). Artículo 38, Sección segunda. Salud (43), consumidores (51) y vivienda (47) están en el Capítulo tercero.
43. Según el artículo 41, el régimen público de Seguridad Social garantizará prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de:
a) Enfermedad.
b) Jubilación.
c) Discapacidad.
d) Desempleo.
Respuesta: d). Y la asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
44. Conforme al artículo 45.3 de la Constitución, para quienes violen el deber de conservar el medio ambiente se establecerán:
a) Solo sanciones administrativas.
b) Sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
c) Únicamente la obligación de reparar el daño causado.
d) Sanciones penales en todo caso.
Respuesta: b). En los términos que la ley fije.
45. Según el artículo 47, los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para:
a) Fomentar la construcción de viviendas de protección oficial.
b) Promover el turismo.
c) Garantizar la plusvalía de los propietarios.
d) Impedir la especulación.
Respuesta: d). Y la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
46. El artículo 49 de la Constitución, en su redacción de 2024:
a) Mantiene la expresión «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos».
b) Reconoce que las personas con discapacidad ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.
c) Fue reformado por el procedimiento del artículo 168.
d) Se sometió a referéndum.
Respuesta: b). Es la tercera reforma, por el 167 y sin referéndum; sustituyó «disminuidos» por «personas con discapacidad».
47. Según el artículo 53.1 de la Constitución, los derechos y libertades del Capítulo segundo:
a) Vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que respetará su contenido esencial, puede regularse su ejercicio.
b) Solo pueden regularse por ley orgánica.
c) Solo vinculan al poder legislativo.
d) Pueden regularse por reglamento cuando la ley lo autorice.
Respuesta: a). La reserva de ley orgánica del 81.1 solo alcanza a la Sección primera.
48. El recurso de amparo, según el artículo 53.2, protege:
a) Todos los derechos del Título I.
b) Los derechos del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo segundo, y la objeción de conciencia del artículo 30.
c) Los derechos de la Sección segunda del Capítulo segundo.
d) Los principios rectores del Capítulo tercero.
Respuesta: b). Con carácter previo, la tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario.
49. Los principios rectores del Capítulo tercero, según el artículo 53.3:
a) Pueden alegarse directamente ante el Tribunal Constitucional.
b) Vinculan solo a la Administración.
c) Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen.
d) Son derechos fundamentales de eficacia diferida.
Respuesta: c). No son derechos subjetivos directamente exigibles.
50. Están legitimados para interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:
a) Cincuenta Diputados o cincuenta Senadores.
b) El Presidente del Gobierno y los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
c) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
d) Únicamente la persona directamente agraviada.
Respuesta: c). Artículo 162.1.b). Las opciones a) y b) son legitimados del recurso de inconstitucionalidad.
51. Según el artículo 164.2 de la Constitución, salvo que en el fallo se disponga otra cosa:
a) La ley declarada inconstitucional queda íntegramente derogada.
b) La ley quedará suspendida durante cinco meses.
c) La sentencia carecerá de efectos hasta que el legislador apruebe una nueva ley.
d) Subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
Respuesta: d). Las sentencias tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE y no cabe recurso contra ellas.
52. Los derechos del artículo 55.1 podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de:
a) Alarma.
b) Alarma o excepción.
c) Excepción o sitio.
d) Alarma, excepción o sitio.
Respuesta: c). El estado de alarma no permite suspender ningún derecho; en el de excepción se exceptúa además el 17.3.
53. El derecho del detenido a ser informado de sus derechos y a la asistencia de abogado (artículo 17.3):
a) Puede suspenderse en los estados de excepción y de sitio.
b) Puede suspenderse en el estado de sitio, pero no en el de excepción.
c) Puede suspenderse en el estado de excepción, pero no en el de sitio.
d) No puede suspenderse en ningún caso.
Respuesta: b). El 55.1 exceptúa el 17.3 solo para el estado de excepción.
54. De conformidad con el artículo 55.2, pueden suspenderse de forma individual, para personas determinadas, los derechos de los artículos:
a) 17.2, 18.2 y 18.3.
b) 17, 18 y 19.
c) 17.3, 18.1 y 21.
d) 18.2, 20.1 y 28.2.
Respuesta: a). Plazo de detención, domicilio y comunicaciones, mediante ley orgánica, con intervención judicial y control parlamentario, en investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas.
55. El estado de excepción será declarado por:
a) El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso.
b) El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
c) La mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.
d) El Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.
Respuesta: b). Por treinta días prorrogables por otro plazo igual. La a) es la alarma; la c), el sitio.
56. El estado de alarma tendrá un plazo máximo de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 30 días.
d) 60 días.
Respuesta: b). Quince días, prorrogables solo con autorización del Congreso.
57. Según el artículo 54 de la Constitución, el Defensor del Pueblo es:
a) El alto comisionado del Gobierno para la defensa de los derechos fundamentales.
b) El alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I.
c) Un órgano del Poder Judicial encargado de tramitar las quejas contra la Administración.
d) El presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado.
Respuesta: b). A cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
58. La institución del Defensor del Pueblo se regula por:
a) Ley ordinaria.
b) Reglamento de las Cortes Generales.
c) Real decreto.
d) Ley orgánica.
Respuesta: d). El artículo 54 lo exige; es la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
59. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un período de:
a) 3 años.
b) 4 años.
c) 5 años.
d) 9 años.
Respuesta: c). Artículo 2.1 de la Ley Orgánica 3/1981.
60. Propuesto el candidato a Defensor del Pueblo, el Pleno del Congreso se convocará para su elección:
a) En término no inferior a diez días.
b) En término no superior a diez días.
c) En el plazo de veinte días.
d) En el plazo de un mes.
Respuesta: a). Artículo 2.4. Los veinte días son el plazo de ratificación por el Senado, y el mes, el de nuevas propuestas si fracasa la elección.
11. Preguntas de estilo examen
Diez preguntas más, redactadas con el formato de los cuestionarios municipales medidos, que suelen empezar citando la norma y el artículo y ofrecen cuatro proposiciones casi literales. Completan las setenta del nivel A.
61. Conforme a la Constitución Española, ¿en qué estado de los previstos en el artículo 116 no puede iniciarse la reforma constitucional?
a) Solo en el estado de sitio.
b) En los estados de excepción y de sitio.
c) En ninguno de los tres, ni en tiempo de guerra.
d) En ninguno: la reforma puede iniciarse en cualquier momento.
Respuesta: c). Artículo 169: no podrá iniciarse la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del 116.
62. De acuerdo con el artículo 167.1 de la Constitución Española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:
a) Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
b) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
c) Mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
d) Mayoría de tres quintos del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
Respuesta: b). Si no hay acuerdo, Comisión paritaria; en último caso, mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso (167.2).
63. Según el artículo 167.3 de la Constitución Española, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación:
a) En todo caso.
b) Cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
c) Cuando lo soliciten, dentro del mes siguiente, una cuarta parte de los Diputados.
d) Cuando lo acuerde el Gobierno.
Respuesta: b). El referéndum obligatorio es el del 168.3.
64. Señale la respuesta CORRECTA en relación con el artículo 168 de la Constitución Española:
a) Se aplica a la revisión total y a la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II.
b) Se aplica a cualquier reforma que afecte al Título I.
c) Exige mayoría de tres quintos de cada Cámara y disolución de las Cortes.
d) El referéndum se celebrará si lo solicita una décima parte de una Cámara.
Respuesta: a). Dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata, ratificación por las nuevas Cámaras, dos tercios y referéndum obligatorio.
65. Señale qué artículos de la Constitución Española han sido reformados desde su entrada en vigor:
a) Los artículos 13.2, 135 y 49.
b) Los artículos 13.2, 135, 49 y 69.3.
c) Los artículos 13, 49 y 69.
d) Los artículos 135 y 49.
Respuesta: b). La cuarta reforma, la del apartado 3 del artículo 69, es de 19 de mayo de 2026.
66. De conformidad con el artículo 53.2 de la Constitución Española, señale la afirmación INCORRECTA:
a) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los derechos del artículo 14 y de la Sección primera ante los Tribunales ordinarios.
b) El procedimiento ante los Tribunales ordinarios se basará en los principios de preferencia y sumariedad.
c) El recurso de amparo será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
d) El recurso de amparo será aplicable a todos los derechos y deberes de la Sección segunda.
Respuesta: d). La Sección segunda no tiene amparo, salvo la objeción de conciencia.
67. Conforme a la Constitución Española, señale la respuesta CORRECTA:
a) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales (artículo 103.1).
b) Los Alcaldes serán elegidos exclusivamente por los vecinos (artículo 140).
c) El Tribunal de Cuentas depende directamente del Gobierno (artículo 136).
d) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del Poder Judicial (artículo 104).
Respuesta: a). Los Alcaldes se eligen por los Concejales o por los vecinos; el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del Gobierno.
68. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, señale la afirmación INCORRECTA:
a) El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno.
b) El Defensor del Pueblo podrá ser detenido en caso de flagrante delito.
c) La condición de Defensor del Pueblo es compatible con la afiliación a un partido político.
d) El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo.
Respuesta: c). Es incompatible con la afiliación a un partido político y con todo mandato representativo, cargo político o actividad profesional (artículo 7.1).
69. Según la Ley Orgánica 3/1981, el Defensor del Pueblo dará cuenta a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe:
a) Semestral, presentado ante la Comisión Mixta.
b) Anual, presentado ante las Cortes cuando se hallen reunidas en período ordinario de sesiones.
c) Anual, presentado en cualquier momento ante las Diputaciones Permanentes.
d) Extraordinario, presentado ante el Gobierno.
Respuesta: b). Artículo 32.1. El extraordinario procede cuando la gravedad o urgencia lo aconsejen, y se dirige a las Diputaciones Permanentes si las Cámaras no están reunidas.
70. Conforme a la Ley Orgánica 3/1981, toda queja ante el Defensor del Pueblo se presentará:
a) Por escrito firmado, con nombre, apellidos y domicilio, en el plazo máximo de un año desde el conocimiento de los hechos.
b) Por escrito, con asistencia de abogado, en el plazo de seis meses.
c) De forma anónima si el interesado lo desea, sin plazo.
d) Ante el Ministerio Fiscal, que la remitirá al Defensor.
Respuesta: a). Las actuaciones son gratuitas, no es preceptivo abogado ni procurador y las quejas anónimas se rechazan (artículos 15 y 17).
12. Fuentes oficiales
Todos los textos se han leído de la fuente oficial antes de escribir sobre ellos, y todos los identificadores del BOE se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el propio Boletín.
| Norma o fuente | Referencia | Enlace |
|---|---|---|
| Constitución Española | BOE-A-1978-31229, texto consolidado, última actualización publicada el 20 de mayo de 2026; BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 |
| Reforma del artículo 13.2, de 27 de agosto de 1992 | BOE-A-1992-20403, BOE núm. 207, de 28 de agosto de 1992 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20403 |
| Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011 | BOE-A-2011-15210, BOE núm. 233, de 27 de septiembre de 2011 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15210 |
| Reforma del artículo 49, de 15 de febrero de 2024 | BOE-A-2024-3099, BOE núm. 43, de 17 de febrero de 2024 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-3099 |
| Reforma del apartado 3 del artículo 69, de 19 de mayo de 2026 | BOE-A-2026-10881, BOE núm. 123, de 20 de mayo de 2026 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-10881 |
| Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo | BOE-A-1981-10325, texto consolidado | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-10325 |
| Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (añade la disposición final única, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) | BOE-A-2009-17492 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17492 |
| Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio | BOE-A-1981-12774, texto consolidado | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774 |
Jurisprudencia citada, comprobada una a una en el BOE: STC 11/1981, de 8 de abril (BOE-T-1981-9433); STC 25/1981, de 14 de julio (BOE-T-1981-18418); STC 22/1984, de 17 de febrero (BOE-T-1984-6110); STC 120/1990, de 27 de junio (BOE-T-1990-18314); STC 341/1993, de 18 de noviembre (BOE-T-1993-29248); STC 292/2000, de 30 de noviembre (BOE-T-2001-332).
Temario: Anexo III, apartado I.A.1, del Decreto 8/2026, de 28 de enero, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026), transcrito en TEMARIO-OFICIAL.md; comprobado sobre la convocatoria del Ayuntamiento de Gádor, BOJA núm. 132, de 10 de julio de 2026.
Frecuencia: quince cuestionarios de ayuntamientos andaluces de febrero de 2025 a enero de 2026, 1.230 preguntas, clasificados en ANALISIS-FRECUENCIA.md con frecuencia/reglas.py; listado del tema con frecuencia/contar.py --ver PL01. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta.
13. Control de calidad
- [x] Los ocho bloques del enunciado oficial tienen subapartado propio en el epígrafe 4, en el orden del temario
- [x] Ningún precepto se ha redactado de memoria: los artículos de la Constitución y los 37 de la Ley Orgánica 3/1981 se han leído de
data/leyes/; el preámbulo, las disposiciones y la reforma de 2026, del texto consolidado y del diario del BOE - [x] La cuarta reforma constitucional (artículo 69.3, 19 de mayo de 2026) está recogida; se detectó en el análisis del BOE, no de memoria
- [x] Los identificadores del BOE de las normas, de las cuatro reformas y de las seis sentencias se han comprobado con
curlleyendo el título que devuelve el Boletín - [x] Seis resoluciones del Tribunal Constitucional citadas y verificadas con su fallo en el epígrafe 5
- [x] Treinta y ocho trampas de examen, por encima del mínimo de doce
- [x] Setenta preguntas con respuesta explicada, las que corresponden al nivel A, con la letra correcta repartida y las opciones numéricas en orden creciente
- [x] Ninguna pregunta reproduce el enunciado de un cuestionario municipal
- [x] Las cifras de frecuencia proceden de
frecuencia/conteo.jsony del listado decontar.py, no se han escrito a mano - [x] Sin raya ni semirraya en todo el archivo
- [ ] Revisión por revisor colegiado: pendiente
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Las preguntas son de práctica y orientación. No garantizamos que aparezcan en el examen oficial.