Tema 13. Seguridad pública y seguridad privada

Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Ingreso directo.

Enunciado oficial (Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023), dos bloques: «Bloque 1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. CAPÍTULO I. Disposiciones generales. CAPÍTULO II. Documentación e identificación personal. CAPÍTULO III. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. CAPÍTULO IV. Potestades especiales de policía administrativa de seguridad. CAPÍTULO V. Régimen sancionador. Bloque 2. Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. TÍTULO Preliminar. Disposiciones generales. TÍTULO I. Coordinación. TÍTULO II. Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados. TÍTULO III. Personal de seguridad privada. TÍTULO IV. Servicios y medidas de seguridad. TÍTULO V. Control administrativo.»

Autoría	Equipo de contenidos TestMiOpo
Revisión jurídica	Pendiente de revisor colegiado
Última revisión	12 de septiembre de 2026
Normas de referencia	Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE-A-2015-3442), texto consolidado con última actualización publicada el 23 de febrero de 2021. Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE-A-2014-3649), texto consolidado con última actualización publicada el 27 de mayo de 2021
Convocatoria de referencia	Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982)

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1. Mapa del tema

              LA LEY DEL SERVICIO DIARIO (LO 4/2015) Y LA LEY DE LOS QUE COLABORAN (LEY 5/2014)
                                                |
           +------------------------------------+------------------------------------+
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   LO 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA (6 preguntas)                          LEY 5/2014 SEGURIDAD PRIVADA (3 preguntas)
           |                                                                         |
   Cap. I (1-7): objeto, FINES (art. 3:                                 Tit. Prelim. (1-11): complementaria y
   nueve, "menores y personas con                                        subordinada a la publica; ocho
   discapacidad"), principios (4),                                       ACTIVIDADES (5), excluidas (6-7),
   autoridades (5), deber de colaboracion (7)                            principios (8), PROHIBICIONES (10:
           |                                                             detectives no investigan delitos
   Cap. II (8-13): DNI (obligatorio a los                                perseguibles de oficio; empresas y
   14 anos, DG Policia), pasaporte (11-12),                              despachos no se intercambian servicios),
   extranjeros (13)                                                      Registro Nacional (11)
           |                                                                         |
   Cap. III (14-24): entrada en domicilio (15),                        Tit. I coordinacion (12-16): competencias
   IDENTIFICACION (16: 6 HORAS, libro-registro,                          AGE y CCAA, colaboracion profesional,
   VOLANTE: tiempo, causa, agentes),                                     acceso a la informacion, comisiones mixtas
   controles (17), comprobaciones (18),                                             |
   REGISTROS CORPORALES (20: mismo sexo, lugar                          Tit. II empresas y despachos (17-25):
   reservado, contra la voluntad), MEDIDAS                               autorizacion o declaracion responsable,
   EXTRAORDINARIAS (21: EMERGENCIA, ordenes                              requisitos, obligaciones, despachos
   verbales), videocamaras (22), reuniones (23)                          de detectives
           |                                                                         |
   Cap. IV (25-29): registros documentales,                            Tit. III PERSONAL (26-40): SIETE
   establecimientos obligados, espectaculos,                             profesiones (26), habilitacion por el
   ARMAS Y EXPLOSIVOS (28: intervencion por                              Ministerio del Interior (27: DG Policia,
   la DG GUARDIA CIVIL)                                                  guardas rurales DG GUARDIA CIVIL),
           |                                                             REQUISITOS (28: UE/EEE, mayor de edad,
   Cap. V sancionador (30-54): responsables                              sin dolosos, no sancionado 2/4 anos, no
   (30: menores de 14 exentos), CONCURSO (31),                           separado 2 anos, no condenado honor 5 anos),
   COMPETENCIA (32: Ministro muy graves grado                            FORMACION (29; mas en infraestructuras
   maximo; Secretario de Estado medio y minimo;                          criticas, 26.3), principios (30), agente
   Delegados graves y leves; alcaldes),                                  de la autoridad (31), FUNCIONES DE
   graduacion (33), INFRACCIONES muy graves (35:                         VIGILANTES (32), escoltas (33), guardas
   4), graves (36: 23), leves (37: 17),                                  rurales (34), jefes (35), directores (36),
   PRESCRIPCION (38: 6m/1/2 anos; 40: 1/2/3),                            detectives (37), uniforme sin armas (39),
   SANCIONES (39: 100-600 / 601-30.000 /                                 servicios con armas (40)
   30.001-600.000), Registro Central (43),                                          |
   subsidiariedad penal (45), valor probatorio                          Tit. IV servicios y medidas (41-52)
   (52), PROCEDIMIENTO ABREVIADO (54: 15 dias,                          Tit. V control (53-72): inspeccion,
   50 %)                                                                 infracciones (57-59), sanciones (61-63),
                                                                         competencia (66), prescripcion (56, 68)

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2. Introducción y enfoque de estudio

Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.

Este tema vale 4,50 puntos de los 100 del examen, nivel A: cinco preguntas en 2025 y cuatro en 2026, seis de la Ley Orgánica 4/2015 y tres de la Ley 5/2014. Es el tema del servicio cotidiano: la identificación en la calle, el registro corporal, el desalojo de un local, la denuncia por consumo de drogas en la vía pública o por desobediencia, y la relación con los vigilantes de seguridad de un centro comercial. El tribunal lo pregunta con la literalidad de la ley: los fines del artículo 3, el volante del artículo 16.4, los registros del artículo 20, la definición de emergencia del artículo 21 y la competencia sancionadora del artículo 32.

Tres decisiones de estudio.

Primera: la Ley Orgánica 4/2015 se estudia por capítulos y con sus números. Seis horas de identificación, catorce años para el DNI y para responder de las infracciones, tres años de cancelación del libro-registro, seis meses, uno y dos años de prescripción, quince días y 50 por ciento del procedimiento abreviado, y las tres bandas de multa (100 a 600, 601 a 30.000, 30.001 a 600.000 euros) con sus grados. Todas están en tablas.

Segunda: las infracciones se aprenden por familias, no de memoria una a una. Hay cuatro muy graves, veintitrés graves y diecisiete leves. El tribunal no ha preguntado todavía una infracción concreta, pero preguntará. La forma eficaz es agruparlas: reuniones y manifestaciones, desobediencia y resistencia, armas y explosivos, drogas, documentación, orden en la vía pública, y ver qué cambia de grado en cada familia.

Tercera: la Ley 5/2014 se pregunta por el personal. Las tres preguntas medidas salieron de los artículos 10 (prohibiciones), 26.3 (formación reforzada en infraestructuras críticas) y 28 (requisitos de la habilitación). El Título III, con las siete profesiones, los requisitos, los principios y las funciones de los vigilantes, es el núcleo; el resto de la Ley se estudia por sus cifras y por lo que enlaza con la Guardia Civil: la habilitación de los guardas rurales, la inspección de sus cursos y la competencia sancionadora del Director General del Cuerpo.

Cómo recorrer el tema. Primero los Capítulos I a III de la Ley Orgánica 4/2015 (4.1 a 4.3), que son las facultades del agente y llevan cinco de las seis preguntas medidas. Después el régimen sancionador (4.5), con sus tablas, y el Capítulo IV (4.4). Luego el personal de seguridad privada (4.8) y el resto de la Ley 5/2014 (4.6, 4.7, 4.9 y 4.10).

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3. Qué se pregunta de este tema

Medido sobre los dos cuestionarios oficiales de conocimientos generales publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, 200 preguntas clasificadas una a una por materia (ANALISIS-FRECUENCIA.md):

Cuestionario	Preguntas del tema 13	Sobre el total	Puntos sobre 100
6 de septiembre de 2025, modelo A	5	100	5,00
11 de julio de 2026, modelo A	4	100	4,00
Media			4,50

4,50 puntos es dato medido, nivel A. Dentro del tema, las nueve preguntas se reparten así:

Norma y capítulo	2025	2026	Total	Qué se preguntó, sin reproducir el enunciado
LO 4/2015, Capítulo I (fines)	1	0	1	A quiénes atiende especialmente el fin de protección de personas y bienes
LO 4/2015, Capítulo III (actuaciones)	1	3	4	Medidas de seguridad extraordinarias, con una opción alterada; qué acredita el volante de la identificación en dependencias; reglas del registro corporal externo; definición de emergencia
LO 4/2015, Capítulo V (sancionador)	1	0	1	Órgano competente para sancionar las infracciones muy graves en grado máximo
Ley 5/2014, Título Preliminar (prohibiciones)	0	1	1	Cuál de cuatro prohibiciones no existe (los despachos de detectives sí podrían prestar servicios de empresa)
Ley 5/2014, Título III (personal)	2	0	2	En qué servicios puede incrementarse la exigencia formativa; cuál de cuatro es requisito general de la habilitación

Tres lecturas:

El Capítulo III es el corazón del tema: cuatro de las nueve preguntas salieron de tres artículos, el 16, el 20 y el 21, que son las tres diligencias que el guardia civil practica a diario. Se estudian con su texto delante.

Cinco de las nueve preguntas eran de identificar la proposición correcta o incorrecta entre cuatro casi literales, con la alteración en un detalle: «entrada y registro en domicilios» añadida a las medidas extraordinarias, «siempre por un agente del mismo sexo» sin la excepción de urgencia, «carecer de antecedentes penales por cualquier delito» en vez de por delitos dolosos, «despachos de detectives podrán prestar servicios de empresas». El articulado se estudia literalmente.

Ninguna pregunta ha pedido todavía una infracción concreta ni una cuantía de multa. Son los datos más numerosos de la Ley y los que más probabilidad tienen de caer en el próximo cuestionario, por lo que las tablas del epígrafe 6 los recogen completos.

Nunca se reproduce el enunciado literal de una pregunta oficial. Las preguntas de este manual están redactadas de nuevo.

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4. Desarrollo

El desarrollo sigue el orden del enunciado oficial: los cinco capítulos de la Ley Orgánica 4/2015 y después los seis títulos de la Ley 5/2014. Los números de artículo son los de los textos consolidados.

4.1. Ley Orgánica 4/2015, Capítulo I. Disposiciones generales (artículos 1 a 7)

La Ley Orgánica 4/2015 sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992 y se publicó en el BOE de 31 de marzo de 2015 (BOE-A-2015-3442); tiene 54 artículos en cinco capítulos. Su artículo 1 define la seguridad ciudadana como un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, cuya salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, y fija su objeto: un conjunto plural de actuaciones orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias autonómicas, y quedan fuera el buen orden de los espectáculos por la acción administrativa ordinaria y los regímenes de la seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o del transporte, así como la defensa nacional y los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 2).

Los nueve fines (artículo 3), preguntados en 2025 por su letra e):

Letra	Fin
a)	La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas
b)	La garantía del normal funcionamiento de las instituciones
c)	La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas
d)	El respeto a las leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades
e)	La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección
f)	La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y espacios de uso público
g)	La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad
h)	La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas relacionadas con los fines anteriores y la sanción de las tipificadas en esta Ley
i)	La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana

Principios rectores (artículo 4). El ejercicio de las potestades de esta Ley se rige por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se somete al control administrativo y jurisdiccional. Los Capítulos III y V se interpretan y aplican del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales, singularmente reunión y manifestación, expresión e información, libertad sindical y huelga. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se sujeta a los principios básicos de actuación del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986. La intervención se justifica por una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana, y debe emplear el medio menos lesivo.

Autoridades y órganos competentes (artículo 5). Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, la preparación, dirección y ejecución de la política de seguridad ciudadana. En la Administración General del Estado son autoridades: el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los titulares de los órganos directivos del Ministerio que tengan atribuida esa condición, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, y los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares. Lo son también las autoridades de las Comunidades Autónomas con policía propia, y las autoridades locales ejercen las facultades que les atribuyen la Ley Orgánica 2/1986 y la legislación de régimen local. Las relaciones entre Administraciones se rigen por la cooperación y la lealtad institucional (artículo 6).

Deber de colaboración (artículo 7). Todas las autoridades y funcionarios deben colaborar con las autoridades de seguridad ciudadana y poner en su conocimiento inmediatamente los hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana. Las autoridades y los agentes pueden recabar de los particulares su ayuda, especialmente en casos de grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria, siempre que no implique riesgo personal, con indemnización de los daños. Las empresas y el personal de seguridad privada tienen un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones. El personal que realice funciones de policía administrativa tiene el especial deber de colaborar en los fines del artículo 3.

4.2. Ley Orgánica 4/2015, Capítulo II. Documentación e identificación personal (artículos 8 a 13)

El Capítulo II regula los tres documentos con los que el guardia civil comprueba la identidad de las personas, y sus artículos se leen junto con las infracciones leves de documentación del artículo 37: no obtener la documentación exigida ni denunciar su pérdida (37.10), la negligencia en su custodia, que se aprecia a partir de la tercera pérdida en un año (37.11), y la negativa a entregarla cuando se ha acordado su retirada (37.12). El DNI es además el instrumento de la identificación y firma electrónicas, y su regulación de detalle está en el reglamento del Documento Nacional de Identidad y en la legislación de firma electrónica a la que la Ley remite.

Documento	Reglas que se preguntan	Artículos
Documento Nacional de Identidad	Es un documento público y oficial y el único con suficiente valor por sí solo para acreditar la identidad y los datos personales de su titular; contiene fotografía y firma y no puede recoger datos de raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual ni afiliación política o sindical; permite la identificación y firma electrónicas a los mayores de edad con plena capacidad y a los menores emancipados. Es obligatorio a partir de los catorce años, personal e intransferible; su titular debe conservarlo y no puede ser privado de él, ni siquiera temporalmente, salvo sustitución por otro documento; los obligados a obtenerlo lo están también a exhibirlo cuando lo requiera la autoridad o sus agentes para los fines del artículo 16.1; la sustracción o extravío se comunica tan pronto como sea posible a la comisaría o puesto más próximo. La competencia exclusiva sobre su confección y expedición es del Ministerio del Interior, ejercida por la Dirección General de la Policía, y está sujeta a tasa	8, 9 y 10
Pasaporte	Documento público, personal, individual e intransferible que acredita, salvo prueba en contrario, la identidad y nacionalidad de los españoles fuera de España y, dentro, la de los no residentes. Se exceptúa su expedición a los condenados a penas o medidas privativas de libertad no extinguidas, a quienes el juez haya retirado el pasaporte, a los sometidos a libertad vigilada con prohibición de salir del territorio, y a los menores o personas con capacidad modificada con prohibición judicial de salida; los sujetos a patria potestad o tutela necesitan el consentimiento de quien la ejerza. Lo expide en España la Dirección General de la Policía y en el extranjero las representaciones diplomáticas y consulares, con tasa; el Gobierno desarrolla su régimen a propuesta de los Ministros del Interior y de Asuntos Exteriores	11 y 12
Extranjeros	Tienen el derecho y la obligación de conservar y portar la documentación que acredite su identidad, expedida por su país, y la que acredite su situación regular en España; no pueden ser privados de su documentación de origen salvo en investigaciones judiciales penales; deben exhibirla cuando la requieran las autoridades o sus agentes, por el tiempo imprescindible, y pueden acreditar la identidad por cualquier otro medio si no la llevan	13

4.3. Ley Orgánica 4/2015, Capítulo III. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana (artículos 14 a 24)

Es el capítulo que el guardia civil aplica en la calle y el que lleva cuatro de las nueve preguntas medidas. Las autoridades competentes pueden dictar las órdenes y prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias, mediante resolución motivada (artículo 14).

Entrada y registro en domicilio y en edificios oficiales (artículo 15). Los agentes solo pueden entrar y registrar un domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos de las leyes. Es causa legítima suficiente para la entrada la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Para entrar en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas no es preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tenga a su cargo. Cuando entren en un domicilio por estas causas, remiten sin dilación el acta o atestado a la autoridad judicial. Es el desarrollo legal del artículo 18.2 de la Constitución y de la STC 22/1984 del epígrafe 5.

Identificación de personas (artículo 16), preguntado en 2026:

Regla	Contenido
Cuándo pueden requerir la identificación	En las funciones de indagación y prevención delictiva y para sancionar infracciones penales y administrativas, en dos supuestos: a) cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción; b) cuando se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito
Dónde	Las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar del requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible por prenda u objeto que lo cubra
Principios	Proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión u otra condición
Traslado a dependencias	Cuando no sea posible la identificación por cualquier medio, incluidos los telemáticos o telefónicos, o la persona se niegue, los agentes pueden requerirla para que les acompañe a las dependencias policiales más próximas con medios adecuados, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso puede superar las seis horas; la persona es informada de modo inmediato y comprensible de las razones y del requerimiento
Libro-registro	En esas dependencias se lleva un libro-registro con solo asientos de seguridad ciudadana: diligencias practicadas, motivos, circunstancias y duración; sus datos solo se comunican a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal; se remite mensualmente al Fiscal un extracto con el tiempo de cada diligencia; los asientos se cancelan de oficio a los tres años
Volante	A las personas desplazadas se les expide a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes actuantes (los tres datos, respuesta de 2026)
Negativa	La resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones se sanciona conforme al Código Penal, a esta Ley (infracción grave del 36.6) o a la ley de tráfico

Restricción del tránsito y controles (artículo 17). Los agentes pueden limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse, por el tiempo imprescindible, y ocupar preventivamente los efectos susceptibles de acciones ilegales. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social y para descubrir y detener a sus partícipes y recoger instrumentos, efectos o pruebas, pueden establecer controles en vías, lugares o establecimientos públicos con identificación de personas, registro de vehículos y control superficial de efectos personales.

Comprobaciones y registros en lugares públicos (artículo 18). Los agentes pueden practicar comprobaciones en personas, bienes y vehículos para impedir que en lugares públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos que generen un riesgo potencialmente grave, cuando tengan indicios de su presencia, y ocupar temporalmente cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso las armas que se porten con licencia, para prevenir un delito o cuando exista peligro para personas o bienes. Los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar.

Disposiciones comunes (artículo 19). Las diligencias de identificación, registro y comprobación no están sujetas a las formalidades de la detención. La aprehensión de armas, drogas u otros efectos de un delito o infracción se hace constar en acta firmada por el interesado, dejando constancia de su negativa a firmar; el acta goza de presunción de veracidad salvo prueba en contrario.

Registros corporales externos (artículo 20), preguntado en 2026 con una opción alterada:

Regla	Contenido
Cuándo	Cuando existan indicios racionales de que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u objetos relevantes para la indagación y prevención
Quién y dónde	Salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes: el registro lo realiza un agente del mismo sexo y, si exige dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se efectúa en lugar reservado y fuera de la vista de terceros; se deja constancia escrita de la diligencia, sus causas y la identidad del agente
Principios	Los del artículo 16.1 y el de injerencia mínima, del modo que cause menor perjuicio a la intimidad y dignidad; la persona es informada de modo inmediato y comprensible de las razones
Contra la voluntad	Pueden llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, con las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad

La opción falsa de 2026 decía «siempre por un agente del mismo sexo»: la ley exceptúa la urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes. Y el registro contra la voluntad se rige por idoneidad, necesidad y proporcionalidad, no por «necesidad y oportunidad».

Medidas de seguridad extraordinarias (artículo 21), preguntado los dos años. Las autoridades competentes pueden acordar el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la prohibición del paso, la evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados, o el depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales, en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario. Pueden adoptarlas los agentes de la autoridad si la urgencia lo hace imprescindible, incluso mediante órdenes verbales. Se entiende por emergencia aquella situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación rápida de la autoridad o de sus agentes para evitarla o mitigar sus efectos. La opción falsa de 2025 incluía entre estas medidas la entrada y registro en domicilios, que es materia del artículo 15.

Videocámaras y reuniones (artículos 22 a 24). La autoridad gubernativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden grabar personas, lugares u objetos con cámaras fijas o móviles legalmente autorizadas (22). Las autoridades protegen las reuniones y manifestaciones y pueden acordar su disolución en los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, así como disolver concentraciones de vehículos y retirar obstáculos de las vías; las medidas de intervención son graduales y proporcionadas y la disolución es el último recurso; antes de adoptarlas, las unidades avisan a los afectados, verbalmente si la urgencia lo exige, salvo que se produzca una alteración con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes, en que pueden disolver sin aviso (23). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad colaboran entre sí en estos casos (24).

4.4. Ley Orgánica 4/2015, Capítulo IV. Potestades especiales de policía administrativa de seguridad (artículos 25 a 29)

Obligaciones de registro documental (artículo 25). Las actividades relevantes para la seguridad ciudadana quedan sujetas a obligaciones de registro e información: hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos, compraventa de joyas y metales, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, chatarra, y venta de productos químicos peligrosos; también los titulares de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras. Los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y las infraestructuras críticas pueden ser obligados reglamentariamente a adoptar medidas de seguridad (26). El Estado puede dictar normas de seguridad pública para los espectáculos y actividades recreativas, y las autoridades pueden prohibir o suspender los que generen un peligro cierto o graves alteraciones; los delegados de la autoridad presentes pueden suspenderlos previo aviso (27).

Armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos (artículos 28 y 29). Corresponde al Gobierno regular los requisitos de fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, tenencia y utilización de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales, y de los explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, y adoptar las medidas de control. La intervención de armas, explosivos, cartuchería y pirotecnia corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyos servicios están habilitados para realizar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones necesarias en los espacios destinados a su fabricación, depósito, comercialización o utilización. Las medidas de control (29) son la sujeción de fábricas, talleres y depósitos a requisitos de catalogación, autorización, inspección y vigilancia, la obligatoria titularidad de licencias, permisos o autorizaciones para adquirir, tener y usar armas de fuego, con expedición restrictiva en las armas de defensa personal, limitada a supuestos de estricta necesidad y con consentimiento del solicitante para recabar sus antecedentes penales, y la prohibición de fabricación, tenencia y comercialización de las armas, cartuchería y artículos prohibidos. Es la base legal de los Reglamentos de Armas y de Explosivos que aplican las Intervenciones de Armas del Cuerpo.

4.5. Ley Orgánica 4/2015, Capítulo V. Régimen sancionador (artículos 30 a 54)

Sujetos responsables (artículo 30). La responsabilidad recae directamente en el autor del hecho. Están exentos los menores de catorce años; si la infracción la comete un menor de esa edad, la autoridad lo comunica al Ministerio Fiscal. Son organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones quienes hayan suscrito la comunicación preceptiva y, aunque no la hayan suscrito, quienes de hecho las presidan, dirijan o realicen actos semejantes, o quienes por publicaciones, declaraciones, lemas o pancartas puedan determinarse como directores. Los padres o tutores responden solidariamente de los daños causados por los menores no emancipados y personas con capacidad modificada (42.3).

Normas concursales (artículo 31). Como en el Código Penal: especialidad, consunción y, en su defecto, el precepto más grave; si un hecho constituye dos o más infracciones, o una es medio para cometer otra, se sanciona por la que aplique mayor sanción; una circunstancia que gradúe o califique no puede sancionarse además como infracción independiente.

Órganos competentes (artículo 32), preguntado en 2025:

Órgano	Sanciona	Artículo
Ministro del Interior	Infracciones muy graves en grado máximo	32.1.a)
Secretario de Estado de Seguridad	Infracciones muy graves en grado medio y en grado mínimo	32.1.b)
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla	Infracciones graves y leves	32.1.c)
Autoridades de las Comunidades Autónomas con competencias	Las sanciones de esta Ley en su ámbito	32.2
Alcaldes	Cuando las infracciones se cometan en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que tengan competencia sobre la materia según la legislación específica; las ordenanzas pueden introducir especificaciones o graduaciones	32.3

Graduación (artículo 33). Rige el principio de proporcionalidad. En las infracciones muy graves y graves las multas se dividen en tres tramos de igual extensión (grados mínimo, medio y máximo). La infracción se sanciona en grado mínimo; en grado medio cuando concurre al menos una de estas circunstancias: reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en dos años, declarada por resolución firme), violencia, amenaza o intimidación, uso de prenda u objeto que cubra el rostro para dificultar la identificación, o utilización de menores, personas con discapacidad o vulnerables; y en grado máximo cuando los hechos revistan especial gravedad. Dentro de cada grado se individualiza por la entidad del riesgo, la cuantía del perjuicio, la trascendencia para la seguridad ciudadana, la alteración de servicios públicos, el grado de culpabilidad, el beneficio económico, la capacidad económica del infractor y la reparación.

Las infracciones (artículos 34 a 37) se clasifican en muy graves, graves y leves.

Muy graves (artículo 35)	Contenido
35.1	Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones de servicios básicos o sus inmediaciones, y la intrusión en sus recintos, incluido el sobrevuelo, cuando se haya generado riesgo para la vida o la integridad; responden los organizadores
35.2	Fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, transporte, adquisición, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos, cartuchería o pirotecnia incumpliendo la normativa, sin documentación o excediendo los límites, cuando no sea delito, y la omisión de las medidas de seguridad obligatorias, siempre que causen perjuicios muy graves
35.3	Celebración de espectáculos públicos quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por razones de seguridad pública
35.4	Proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores que pueda deslumbrarles y provocar accidentes

Graves (artículo 36), por familias	Apartados
Orden público y reuniones: perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos, solemnidades y oficios religiosos (1); perturbación grave con ocasión de reuniones frente al Congreso, el Senado y las Asambleas autonómicas cuando no estén reunidos (2); causar desórdenes u obstaculizar la vía pública con mobiliario, vehículos o contenedores (3); actos de obstrucción a la autoridad o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones (4); impedir u obstaculizar los servicios de emergencia (5); negativa a la disolución de reuniones ordenada por la autoridad (7); perturbación de una reunión lícita (8); intrusión en infraestructuras de servicios básicos con interferencia grave (9)	1 a 5, 7 a 9
Desobediencia y colaboración: la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes, cuando no sea delito, la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos (6); la negativa de acceso o la obstrucción de las inspecciones (13); la falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos (15)	6, 13, 15
Armas y uniformes: portar, exhibir o usar armas prohibidas o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio o fuera de los lugares habilitados (10); actividades con armas y explosivos con incumplimientos que no causen perjuicios muy graves (12); uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales (14)	10, 12, 14
Drogas: el consumo o tenencia ilícitos de drogas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, aunque no estén destinadas al tráfico, y el abandono de los útiles (16); el traslado de personas en vehículo para facilitarles el acceso a drogas (17); la plantación y cultivo ilícitos en lugares visibles al público (18); la tolerancia del consumo o tráfico en locales públicos (19)	16 a 19
Otras: solicitud o aceptación de servicios sexuales retribuidos cerca de lugares frecuentados por menores (11); carencia de los registros obligatorios (20); datos falsos para obtener documentaciones (21); restricciones a la navegación de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras (22); uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro su seguridad o el éxito de una operación (23)	11, 20 a 23

Leves (artículo 37), por familias	Apartados
Reuniones y vía pública: reuniones o manifestaciones incumpliendo los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983 (sin comunicación), responsables los organizadores (1); incumplir las restricciones de circulación con ocasión de un acto (3); remoción de vallas o perímetros sin riesgo (15)	1, 3, 15
Respeto a los agentes: las faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean delito (4); proyección de haces de luz sobre agentes para impedir o dificultar su función (6)	4, 6
Objetos y conductas peligrosas: exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio (2); actos contra la libertad e indemnidad sexual o exhibición obscena (5); ocupación de inmuebles o de la vía pública con venta ambulante (7); escalamiento de edificios o monumentos con riesgo (14); animales feroces sueltos o abandonados (16); consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad (17); daños o deslucimiento de bienes de uso público (13)	2, 5, 7, 13, 14, 16, 17
Documentación: omisión de medidas de conservación de la documentación de armas y falta de denuncia de su pérdida (8); irregularidades en los registros (9); no obtener la documentación personal exigida ni denunciar su pérdida (10); negligencia en la custodia del DNI, considerándose tal la tercera y posteriores pérdidas en un año (11); negativa a entregar la documentación cuando se haya acordado su retirada (12)	8 a 12

Prescripción y sanciones (artículos 38 a 40):

Concepto	Leves	Graves	Muy graves	Artículo
Prescripción de las infracciones	6 meses	1 año	2 años	38
Multa	100 a 600 euros	601 a 30.000 euros	30.001 a 600.000 euros	39.1
Grado mínimo		601 a 10.400	30.001 a 220.000	39.1
Grado medio		10.401 a 20.200	220.001 a 410.000	39.1
Grado máximo		20.201 a 30.000	410.001 a 600.000	39.1
Prescripción de las sanciones	1 año	2 años	3 años	40
Suspensión de licencias y clausura de locales (materias del Capítulo IV)		Hasta 6 meses (reincidencia: hasta 2 años)	De 6 meses y 1 día a 2 años (reincidencia: de 2 años y 1 día a 6 años)	39.2

El plazo de prescripción de las infracciones se cuenta desde su comisión, o desde la última infracción o el cese de la situación ilícita en las continuadas y permanentes, y se interrumpe por cualquier actuación administrativa con conocimiento formal del interesado, reanudándose si el procedimiento se paraliza más de un mes; también lo interrumpe la apertura de un procedimiento penal (38). Las sanciones accesorias (39.2) son la retirada de las armas y de sus licencias, el comiso de los bienes, medios o instrumentos, la suspensión temporal de licencias y la clausura de fábricas o locales. La resolución puede exigir además la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños, con responsabilidad civil solidaria entre los causantes (42). Existe en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, a los solos efectos de apreciar la reincidencia, cuyos asientos se cancelan de oficio a los tres años en las infracciones muy graves, dos en las graves y uno en las leves, desde la firmeza de la sanción (43).

Procedimiento sancionador (artículos 44 a 54). Se rige por la legislación de procedimiento administrativo común con las especialidades de este capítulo (44). Es subsidiario del penal: no se sancionan los hechos ya sancionados penal o administrativamente con identidad de sujeto, hecho y fundamento, y si los hechos pueden ser delito, el órgano administrativo pasa el tanto de culpa al juez o al Fiscal y se abstiene mientras no haya sentencia firme, quedando interrumpida la prescripción; los hechos declarados probados por resolución judicial firme vinculan a la Administración (45). Las autoridades pueden acceder a los datos de otras Administraciones sin consentimiento del titular (46). Los agentes intervienen y aprehenden cautelarmente los instrumentos de la infracción y el dinero o productos obtenidos, y en caso de grave riesgo o peligro inminente pueden adoptar directamente las medidas provisionales del artículo 49, salvo la suspensión de espectáculos, que deben ser ratificadas, modificadas o revocadas en el acuerdo de incoación en el plazo máximo de quince días (47). Caben actuaciones previas sin intervención del presunto responsable, que no interrumpen la prescripción (48), y medidas provisionales motivadas durante el procedimiento: depósito de instrumentos, medidas de seguridad a cargo de los titulares, suspensión o clausura de establecimientos, retirada de armas y licencias (49). El procedimiento caduca al año desde la incoación sin notificación de la resolución (50). Las denuncias, atestados o actas de los agentes que presenciaron los hechos, previa ratificación si son negados, constituyen base suficiente para resolver, salvo prueba en contrario (52). La sanción se ejecuta una vez firme en vía administrativa; la suspensión de licencias empieza al mes de la firmeza y las multas se pagan en quince días, y después por apremio (53).

El procedimiento abreviado (artículo 54) es el que resuelve la mayoría de las denuncias del guardia civil: notificado el acuerdo de incoación por infracción grave o leve, el interesado dispone de quince días para el pago voluntario con reducción o para alegar. El pago dentro de esos quince días concluye el procedimiento con la reducción del 50 por ciento de la multa, la renuncia a alegar, la terminación sin resolución expresa, el agotamiento de la vía administrativa y la apertura del plazo del recurso contencioso. No se aplica a las infracciones muy graves.

4.6. Ley 5/2014, Título Preliminar. Disposiciones generales (artículos 1 a 11)

La Ley 5/2014 sustituyó a la Ley 23/1992 y se publicó en el BOE de 5 de abril de 2014 (BOE-A-2014-3649); tiene 72 artículos en un Título Preliminar y cinco títulos. Su idea rectora está en el artículo 1: las actividades de seguridad privada tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública, y la Ley establece el marco de coordinación de los servicios privados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios. Regula la prestación por personas privadas de actividades y servicios de seguridad contratados, voluntaria u obligatoriamente, para la protección de personas y bienes, y las investigaciones privadas.

Definiciones (artículo 2). La seguridad privada es el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas por empresas de seguridad, despachos de detectives y personal de seguridad privada, para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales o realizar averiguaciones sobre personas y bienes. La Ley define también las actividades, los servicios, las funciones y las medidas de seguridad, las empresas, los despachos, el personal, los usuarios y los centros de formación. Se aplica a las empresas, al personal, a los despachos, a los servicios, a las medidas y a los contratos, y, en lo pertinente, a los establecimientos obligados, los usuarios, los técnicos, los operadores, los profesores, las empresas de seguridad informática y las centrales de alarma de uso propio (artículo 3).

Fines (artículo 4): satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios; contribuir a garantizar la seguridad pública, prevenir infracciones y aportar información a los procedimientos; y complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando sus medios como recurso externo de la seguridad pública.

Las ocho actividades de seguridad privada (artículo 5.1):

Letra	Actividad	Quién la presta
a)	Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, y de las personas que estén en ellos	Empresas de seguridad
b)	Acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, incluidas las autoridades	Empresas de seguridad
c)	Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas, billetes, títulos, joyas, metales preciosos, obras de arte y objetos valiosos	Empresas de seguridad
d)	Depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería, sustancias y objetos peligrosos	Empresas de seguridad
e)	Transporte y distribución de los objetos de las letras c) y d)	Empresas de seguridad
f)	Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad conectados a centrales de alarma o centros de control	Empresas de seguridad
g)	Explotación de centrales de recepción, verificación y transmisión de señales de alarma, y comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	Empresas de seguridad
h)	Investigación privada sobre personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte	Despachos de detectives, con carácter exclusivo y excluyente

Quedan fuera de la Ley las actividades compatibles (artículo 6: fabricación y venta de productos de seguridad y cerrajería, equipos electrónicos no conectados a centrales, conexión de alarmas técnicas o de incendios, consultoría, formación de personal no de seguridad) y las actividades excluidas (artículo 7): la autoprotección, las cautelas que cada uno adopta por sí y para sí sin contraprestación ni servicio a terceros, sin que las empresas puedan usar a sus empleados para funciones reservadas; la obtención de información por uno mismo y la contratación de servicios de información que no sean investigación privada; y las funciones de vigilancia del personal de las Administraciones y de los servicios de bomberos.

Principios rectores (artículo 8). Los servicios se prestan con respeto a la Constitución y a la Ley; los prestadores colaboran en todo momento y lugar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que estas dispongan, y tienen la especial obligación de auxiliar y colaborar con ellas y de seguir sus instrucciones en lo que afecte a la seguridad pública; los servicios se prestan con arreglo a los contratos y con respeto a los derechos fundamentales. No puede prestarse ningún servicio que no haya sido previamente contratado por escrito y, en su caso, autorizado, y los contratos se comunican al Ministerio del Interior o al órgano autonómico antes de iniciarse (artículo 9).

Prohibiciones (artículo 10), preguntadas en 2026: a) la prestación o publicidad de servicios por personas físicas o jurídicas sin autorización o declaración responsable; b) el ejercicio de funciones por personas físicas sin habilitación o acreditación profesional; c) la prestación de servicios incumpliendo los requisitos legales; d) el empleo de medios no homologados o de medios que atenten contra el honor, la intimidad, la propia imagen o el secreto de las comunicaciones. Además, los despachos de detectives no pueden celebrar contratos que tengan por objeto la investigación de delitos perseguibles de oficio, ni investigarlos, y deben denunciar inmediatamente los que conozcan; y las empresas de seguridad no pueden realizar investigación privada ni los despachos de detectives prestar servicios propios de las empresas. Esta última regla es la que la opción falsa de 2026 invertía. Existe un Registro Nacional de Seguridad Privada en el Ministerio del Interior, con inscripción de oficio del personal, las empresas, los despachos, los centros de formación y las medidas, y registros autonómicos (artículo 11).

4.7. Ley 5/2014, Títulos I y II. Coordinación; empresas de seguridad privada y despachos de detectives (artículos 12 a 25)

Competencias (artículos 12 y 13). Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, la autorización o recepción de la declaración responsable, la inspección y la sanción de las empresas, la recepción de la declaración responsable de los despachos de detectives, la habilitación del personal y su sanción, y el control de los centros de formación, salvo lo asumido por las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de personas y bienes y policía propia, que ejecutan la legislación del Estado respecto de las empresas y despachos con domicilio y ámbito en su territorio.

Colaboración profesional y acceso a la información (artículos 14 y 15). La especial obligación de colaboración de las empresas, despachos y personal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desarrolla con sujeción al principio de legalidad, para asegurar el buen fin de las actuaciones de seguridad pública y con la debida reserva y confidencialidad; deben comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tan pronto como sea posible, los hechos delictivos de que tengan conocimiento y poner a su disposición a los delincuentes, los instrumentos y las pruebas. Se autorizan las cesiones de datos necesarias para la seguridad ciudadana y el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas de las empresas que permitan comprobar la información en tiempo real cuando sea necesario para prevenir un peligro real.

Coordinación (artículo 16). El Ministerio del Interior adopta las medidas organizativas para coordinar los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y se constituyen comisiones mixtas de seguridad privada, nacionales, autonómicas o provinciales, como órganos consultivos y de colaboración entre las Administraciones y el sector.

Empresas de seguridad privada (artículos 17 a 23). Solo pueden prestar servicios sobre las actividades del artículo 5.1, excepto la investigación privada (letra h), y además las actividades compatibles y la formación del personal (17). Necesitan autorización administrativa e inscripción de oficio en el registro; la autorización se sustituye por declaración responsable cuando se dediquen exclusivamente a la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad (5.1.f); las empresas de otros Estados del Espacio Económico Europeo que operen en España se someten a un régimen específico (18). Los requisitos generales (19) son estar legalmente constituidas e inscritas y tener por objeto exclusivo las actividades de seguridad privada, tener nacionalidad de un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, contar con los medios humanos, financieros, materiales y técnicos adecuados, disponer de las medidas de seguridad reglamentarias, suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantías, constituir el aval o seguro de caución a disposición de las autoridades, y no haber sido condenadas por delitos económicos, contra la Hacienda o la Seguridad Social, ni por intromisión ilegítima en los derechos fundamentales. Sus obligaciones (21) incluyen desarrollar las actividades en los términos de la autorización, contar con la infraestructura exigida, comunicar los contratos y las altas y bajas del personal, comunicar al Registro las variaciones, prestar los servicios con personal habilitado, y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sus representantes legales deben ser personas físicas residentes en el Espacio Económico Europeo sin antecedentes por delitos dolosos (22), y el sector tiene la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento (23).

Despachos de detectives privados (artículos 24 y 25). Pueden abrirlos las personas físicas habilitadas como detectives y las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives habilitados, que solo desarrollan la investigación privada; se inscriben de oficio previa declaración responsable. Deben formalizar por escrito un contrato por cada servicio y comunicarlo al Ministerio del Interior o al órgano autonómico, llevar un libro-registro, elaborar un informe por cada investigación y conservarlo, y comunicar las altas y bajas de su personal.

4.8. Ley 5/2014, Título III. Personal de seguridad privada (artículos 26 a 40)

Es el título que más se pregunta de esta Ley: dos de sus tres preguntas medidas.

Las siete profesiones (artículo 26). Solo puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, integrado por:

Profesión	Especialidades	Dato
Vigilantes de seguridad	Vigilantes de explosivos	Para habilitarse como vigilante de explosivos hay que serlo antes de seguridad
Escoltas privados
Guardas rurales	Guardas de caza y guardapescas marítimos	Para las especialidades hay que ser antes guarda rural
Jefes de seguridad
Directores de seguridad
Detectives privados

Para los servicios en infraestructuras críticas, en los esenciales para la comunidad y en los que excepcionalmente lo requieran por sus características, se podrá incrementar reglamentariamente la exigencia formativa al personal encargado (26.3): fue la pregunta de 2025. Reglamentariamente se regula la obtención de habilitaciones adicionales, con exclusión de los requisitos ya acreditados (26.4).

La habilitación (artículo 27). El personal necesita la habilitación previa del Ministerio del Interior, que expide la tarjeta de identidad profesional, documento público de acreditación durante el servicio, que incluye todas las habilitaciones del titular. La habilitación de todo el personal corresponde a la Dirección General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades, que corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil. El personal ejerce exclusivamente las funciones para las que está habilitado (27.4), y la pérdida de alguno de los requisitos produce la extinción de la habilitación y la cancelación de la inscripción (28.3). Los funcionarios públicos en activo pueden habilitarse pero no ejercer funciones de seguridad privada, salvo la de director de seguridad en su propio centro (28.4).

Los requisitos generales de la habilitación (artículo 28.1), preguntados en 2025 con tres opciones alteradas:

Letra	Requisito
a)	Nacionalidad de un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o de un tercer Estado con convenio de reciprocidad con España (no se exige la española)
b)	Ser mayor de edad
c)	Capacidad física y aptitud psicológica necesarias
d)	Estar en posesión de la formación previa del artículo 29
e)	Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos (no por cualquier delito)
f)	No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada
g)	No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas en los dos años anteriores (no cinco)
h)	No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el honor, la intimidad, la propia imagen, el secreto de las comunicaciones u otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores
i)	Superar las pruebas de comprobación que establezca el Ministerio del Interior

Además de los generales, el personal debe reunir los requisitos específicos que reglamentariamente se determinen según las funciones (28.2).

Formación (artículo 29). Para vigilantes, vigilantes de explosivos, escoltas, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas: certificación de un centro de formación que haya presentado declaración responsable, certificado de profesionalidad o título de formación profesional; en estos dos últimos casos no se exige la prueba de comprobación. Para jefes y directores de seguridad, titulación universitaria oficial o curso reconocido. Para detectives, título universitario oficial o curso de investigación privada. Los centros de formación necesitan declaración responsable y sus profesores acreditación, y el personal debe seguir cursos de actualización.

Principios de actuación del personal (artículo 30): legalidad, integridad, dignidad en el ejercicio de sus funciones, corrección en el trato con los ciudadanos, congruencia (medidas proporcionadas y adecuadas a los riesgos), proporcionalidad en el uso de técnicas y medios, reserva profesional sobre los hechos que conozca, y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: obligación de auxiliarlas, facilitarles la información y seguir sus instrucciones. El personal de seguridad privada, debidamente identificado, tiene la protección jurídica de agente de la autoridad frente a las agresiones y desobediencias cuando desarrolle actividades en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 31).

Funciones de los vigilantes de seguridad (artículo 32). Es el precepto que el guardia civil debe conocer para saber qué puede y qué no puede hacer el vigilante con el que se encuentra:

Letra	Función	Límite
a)	Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, y de las personas que estén en ellos, con las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias
b)	Controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido su interior, en el acceso o interior de los inmuebles donde presten servicio	Nunca pueden retener la documentación, pero sí impedir el acceso o ordenar el abandono del inmueble a quien se niegue
c)	Evitar la comisión de delitos e infracciones en relación con el objeto de su protección, oponiéndose e interviniendo cuando los presencien o sea precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia
d)	Detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas, en relación con el objeto de su protección, y denunciar las infracciones administrativas	No pueden interrogar; anotar los datos personales para comunicarlos no es interrogatorio; sin perjuicio de la detención por cualquier persona de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
e)	Proteger el almacenamiento, recuento, transporte y dispensado de dinero, obras de arte, valores y objetos valiosos	Los guardas rurales no pueden ejercerla
f)	Verificación personal y respuesta de las señales de alarma de las centrales receptoras, y su recepción y transmisión

Los vigilantes se dedican exclusivamente a las funciones de seguridad propias (32.2), y los vigilantes de explosivos, integrados en empresas de seguridad, protegen el almacenamiento y transporte de explosivos con el mismo régimen de uniformidad y armamento (32.3).

Las demás profesiones (artículos 33 a 37). Los escoltas privados acompañan, defienden y protegen a personas o grupos determinados impidiendo agresiones; no pueden identificar ni detener ni restringir la libre circulación, salvo que sea imprescindible por una agresión o intento manifiesto contra la persona protegida o contra ellos mismos, poniendo entonces al detenido a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin interrogatorio (33). Los guardas rurales vigilan y protegen personas y bienes en fincas rústicas y sus instalaciones, con el régimen de los vigilantes salvo la función de transporte de fondos; los guardas de caza añaden la vigilancia del régimen cinegético y de la pesca fluvial, y los guardapescas marítimos, la de los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas (34). Los jefes de seguridad, en la empresa de seguridad, analizan riesgos, planifican los servicios, organizan e inspeccionan el personal, proponen y validan los sistemas y controlan la formación (35). Los directores de seguridad, en la empresa o entidad usuaria, organizan y administran los recursos de seguridad, evalúan riesgos, elaboran los planes de seguridad y ejercen la interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre la seguridad integral de la entidad (36). Los detectives privados ejecutan personalmente los servicios de investigación sobre personas, hechos y conductas privadas, confeccionan los informes de investigación, colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sus actuaciones se relacionen con hechos delictivos y ratifican sus informes ante las autoridades judiciales o policiales; su función es incompatible con las demás de seguridad privada (37).

Prestación y forma (artículos 38 a 40). Los servicios los prestan únicamente empresas, despachos y personal de seguridad privada, conforme a los contratos y a los artículos 8 y 30; los vigilantes, vigilantes de explosivos, escoltas y jefes de seguridad ejercen integrados en las empresas que los contratan, mientras que los directores de seguridad y los guardas rurales pueden hacerlo también en las entidades usuarias (38). Los medios deben estar homologados por el Ministerio del Interior, y los vehículos, uniformes y distintivos no pueden inducir a confusión con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de las Fuerzas Armadas; el personal uniformado (vigilantes, vigilantes de explosivos y guardas rurales con sus especialidades) presta servicio con uniforme, distintivo y medios de defensa reglamentarios, que no incluyen armas de fuego, salvo excepciones reglamentarias; los escoltas, jefes, directores y detectives no van uniformados y no pueden usar el uniforme de vigilante (39). Se prestan con armas de fuego (40): la vigilancia del almacenamiento, recuento y transporte de dinero y valores; la de fábricas, depósitos y transporte de armas y explosivos; la de buques mercantes y pesqueros españoles en aguas con grave riesgo; y, cuando lo requieran, la vigilancia perimetral de centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, establecimientos militares y otros edificios de organismos públicos, incluidas las infraestructuras críticas, y los servicios en que el Ministerio del Interior lo autorice por riesgo.

4.9. Ley 5/2014, Título IV. Servicios y medidas de seguridad (artículos 41 a 52)

El Título IV describe cada uno de los servicios que corresponden a las ocho actividades del artículo 5 y las medidas de seguridad que pueden o deben adoptar las personas y las empresas. Para el guardia civil, los preceptos útiles son el artículo 41, que fija dónde puede actuar un vigilante fuera del recinto que protege, el artículo 42, que somete la videovigilancia privada a la normativa de protección de datos y obliga a poner las grabaciones a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando tengan relación con un delito, y el artículo 47, que explica cómo llega una señal de alarma desde la central hasta la patrulla. Las medidas de seguridad obligatorias en determinados establecimientos (joyerías, entidades de crédito, estaciones de servicio, entre las que fija el reglamento) se comunican a la Administración y son objeto de inspección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y su omisión es infracción del usuario.

Servicio	Quién lo presta y reglas	Artículo
Vigilancia y protección	Vigilantes de seguridad o guardas rurales, con carácter general en el interior de los edificios o propiedades; fuera de ellos y en la vía pública, sin autorización previa, en la manipulación de bienes o equipos valiosos, la retirada y reposición de fondos en cajeros, los desplazamientos por funciones del inmueble, la vigilancia de medios de transporte y sus infraestructuras, los servicios de ronda discontinua, la persecución de sorprendidos en flagrante delito y las razones humanitarias; otros servicios en vías públicas (polígonos, urbanizaciones, eventos, y en cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) requieren autorización previa	41
Videovigilancia	Cámaras fijas o móviles que captan y graban imágenes y sonidos, con sujeción a la normativa de protección de datos; las grabaciones se conservan como máximo lo que fije esa normativa y se ponen a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando tengan relación con delitos	42
Protección personal	Escoltas privados, con independencia del lugar donde esté la persona protegida, incluida la vía pública, sin identificaciones, restricciones ni detenciones salvo flagrante delito relacionado con su protección	43
Depósito y transporte	Vigilantes de seguridad; obligatorios cuando los objetos alcancen las cuantías reglamentarias; vehículos blindados u otros medios homologados	44 y 45
Instalación y mantenimiento	Técnicos acreditados, con conexión a centrales de alarma o centros de control; certificado de instalación y revisiones	46
Gestión de alarmas	Operadores de seguridad en las centrales, que reciben, verifican de forma no personal y transmiten las señales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; los servicios de respuesta ante alarmas los prestan vigilantes o guardas rurales, con custodia de llaves y verificación personal	47
Investigación privada	Detectives; averiguaciones sobre conductas o hechos privados, en el ámbito económico, laboral, mercantil, familiar o para procedimientos, y sobre delitos perseguibles a instancia de parte por encargo de los legitimados; nunca sobre la vida íntima en domicilios o lugares reservados; informe único por servicio y deber de reserva	48 a 50
Medidas de seguridad	Las personas físicas y jurídicas pueden dotarse de ellas y pueden ser obligadas reglamentariamente por el riesgo; tipos: físicas, electrónicas, informáticas, organizativas y de personal; los productos deben cumplir la normativa y las instalaciones obligatorias se comunican y son inspeccionadas	51 y 52

4.10. Ley 5/2014, Título V. Control administrativo (artículos 53 a 72)

Control e inspección (artículos 53 a 55). Corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el control de las empresas, despachos, servicios, personal y medios, y el cumplimiento de sus órdenes e instrucciones por los prestadores; establecen planes anuales de inspección y pueden inspeccionar en cualquier momento los libros, registros, documentos y sistemas, con deber de colaboración de las empresas y con acta de la inspección. Sus miembros pueden acordar excepcionalmente medidas provisionales anteriores al procedimiento: la ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibidos o no homologados, y la suspensión de los servicios prestados sin garantías o sin autorización, con intervención de los medios empleados, dando cuenta inmediata a la autoridad.

Infracciones (artículos 56 a 60). Se clasifican en leves, graves y muy graves, y prescriben a los seis meses, al año y a los dos años. Se tipifican por sujetos: las de las empresas, sus representantes, los despachos y las centrales de uso propio (57), las del personal y de los técnicos, operadores y profesores (58), y las de los usuarios y centros de formación (59). Entre las muy graves del personal (58.1) están el ejercicio de funciones sin habilitación o con ella suspendida, la falta de reserva cuando cause perjuicio grave, el abuso en el ejercicio de sus funciones, la negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la comisión de un delito doloso en el servicio, la investigación de delitos perseguibles de oficio por los detectives y el uso de medios que atenten contra los derechos fundamentales; entre las graves (58.2), el ejercicio de funciones fuera de las propias, la falta de respeto al público, el abandono del servicio, el uso indebido de uniformes o armas y la negativa a identificarse; y entre las leves (58.3), el incumplimiento de las obligaciones sin trascendencia y las faltas de corrección menores.

Sanciones (artículos 61 a 68):

Sujeto	Muy graves	Graves	Leves	Artículo
Empresas, representantes, despachos y centrales de uso propio	Multa de 30.001 a 600.000 euros; extinción de la autorización o cierre, con prohibición de volver a obtenerla de 1 a 2 años	Multa de 3.001 a 30.000 euros; suspensión temporal de 6 meses a 1 año	Apercibimiento; multa de 300 a 3.000 euros	61
Personal de seguridad privada	Multa de 6.001 a 30.000 euros; extinción de la habilitación con prohibición de volver a obtenerla de 1 a 2 años	Multa de 1.001 a 6.000 euros; suspensión temporal de la habilitación de 6 meses a 1 año	Apercibimiento; multa de 300 a 1.000 euros	62
Usuarios y centros de formación	Multa de 20.001 a 100.000 euros; cierre del centro de formación de 1 a 2 años; clausura de 6 meses y 1 día a 2 años de los establecimientos sin medidas obligatorias	Multa de 3.001 a 20.000 euros; suspensión de la declaración responsable del centro de 6 meses a 1 año	Apercibimiento; multa	63

Las sanciones se gradúan por la gravedad y trascendencia del hecho, el perjuicio, el riesgo, la reincidencia, la intencionalidad, el volumen de actividad y la capacidad económica (64), pueden aplicarse de forma alternativa o acumulativa (65), y el material prohibido o no homologado se decomisa (67). Prescriben al año, a los dos años y a los cuatro años las impuestas por infracciones leves, graves y muy graves (68), plazo que difiere del de la Ley Orgánica 4/2015 (uno, dos y tres).

Competencia sancionadora (artículo 66). En la Administración General del Estado: el Ministro del Interior impone las sanciones de extinción de autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables; el Secretario de Estado de Seguridad, las restantes por infracciones muy graves; el Director General de la Policía, las de las infracciones graves, incluidas las detectadas por la Guardia Civil en cursos de guardas rurales de centros no exclusivos; el Director General de la Guardia Civil, las de las infracciones graves de los guardas rurales y de los centros y cursos exclusivos para ellos; y los Delegados y Subdelegados del Gobierno, las de las infracciones leves. El procedimiento se rige por las Leyes 39/2015 y 40/2015 con las especialidades de la Ley (69); las sanciones son ejecutivas desde su firmeza en vía administrativa, con plazo de pago no inferior a quince ni superior a treinta días hábiles (70); las de infracciones muy graves pueden publicarse (71); y caben multas coercitivas de hasta 6.000 euros para lograr el cumplimiento de las resoluciones (72).

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5. Jurisprudencia esencial

Ninguna de las nueve preguntas medidas pidió jurisprudencia. Las cuatro sentencias siguientes del Tribunal Constitucional fijan el sentido con que hoy se leen los artículos de la Ley Orgánica 4/2015 que el guardia civil aplica, y las dos primeras son las que resolvieron los recursos contra la propia Ley. Las cuatro están comprobadas en el BOE, con su fallo.

STC 172/2020, de 19 de noviembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 2896-2015, BOE-A-2020-16819). Más de cincuenta diputados de los grupos Socialista, La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia y Mixto recurrieron los artículos 19.2, 20.2, 36.2 y 36.23, 37.1, 37.3 y 37.7 y la disposición final primera de la Ley. El Tribunal estimó en parte: declaró inconstitucional y nulo el inciso «no autorizado» del artículo 36.23 (uso de imágenes de agentes), de modo que la infracción no puede depender de una autorización previa que la ley no regula; declaró que los artículos 36.23, 37.3 y 37.7 son constitucionales si se interpretan conforme a sus fundamentos (el uso de imágenes solo es infracción cuando genera un peligro real para la seguridad del agente o de la operación; la ocupación del artículo 37.7 no alcanza a quienes lo hacen en ejercicio pacífico de derechos); consideró conforme a la Constitución el régimen de rechazo en frontera de Ceuta y Melilla siempre que se aplique a entradas individualizadas, con pleno control judicial y cumpliendo las obligaciones internacionales; y desestimó el resto, incluidos los registros corporales del artículo 20.2 y el valor probatorio del acta del 19.2, que son constitucionales.

STC 13/2021, de 28 de enero (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 3848-2015, BOE-A-2021-2832). El Parlamento de Cataluña recurrió otros preceptos de la misma Ley. El Tribunal declaró la pérdida de objeto de la impugnación del inciso «no autorizado» del 36.23, ya anulado, mantuvo las interpretaciones conformes de los artículos 36.23 y 37.7 y de la disposición final primera, y añadió una para el artículo 36.22 (restricciones a la navegación de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras): solo es infracción el incumplimiento de las restricciones impuestas por motivos de seguridad ciudadana que produzca un perjuicio real o una amenaza concreta. Las dos sentencias juntas explican por qué las infracciones de los artículos 36 y 37 se aplican con el principio del artículo 4.1: del modo más favorable a los derechos fundamentales.

STC 341/1993, de 18 de noviembre (Pleno, recursos de inconstitucionalidad 1045/1992, 1279/1992 y 1314/1992 y cuestiones acumuladas, BOE-T-1993-29248). Es la sentencia sobre la Ley Orgánica 1/1992, la antecesora de la actual. El Tribunal estimó parcialmente los recursos y anuló la definición de flagrante delito de su artículo 21.2, que permitía la entrada policial en domicilio por el «conocimiento fundado» de que se estaba cometiendo un delito de drogas: la flagrancia exige evidencia del delito y urgencia de la intervención, y la ley no puede rebajar la garantía del artículo 18.2 de la Constitución. También precisó que la retención para identificación en dependencias policiales (entonces el artículo 20.2) es una privación de libertad que solo cabe por el tiempo imprescindible y con las garantías de información. Es el origen del artículo 15 vigente, que ya no define la flagrancia, y del artículo 16.2, con su límite de seis horas y su volante.

STC 22/1984, de 17 de febrero (Sala Segunda, recurso de amparo 59/1983, BOE-T-1984-6110). La Administración municipal entró en una vivienda para ejecutar una orden de desalojo sin resolución judicial. El Tribunal otorgó el amparo y reconoció el derecho de la recurrente a la inviolabilidad de su domicilio y a impedir la entrada y el registro sin su consentimiento o, en su defecto, sin una resolución judicial expresa. Es la doctrina que sostiene el artículo 15.1 de la Ley: los agentes solo entran en un domicilio en los casos que permite la Constitución, y la causa de extrema y urgente necesidad del artículo 15.2 es una concreción del estado de necesidad, no una excepción abierta.

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6. Tabla resumen

Las cifras de la Ley Orgánica 4/2015

Dato	Cifra	Artículo
Fines de la Ley	9	3
DNI obligatorio	Desde los 14 años	9.1
Supuestos de requerimiento de identificación	2: indicios de infracción; prevenir un delito	16.1
Traslado a dependencias para identificar	Máximo 6 horas	16.2
Cancelación del libro-registro de identificaciones	3 años	16.3
Remisión del extracto al Ministerio Fiscal	Mensual	16.3
Volante de identificación	Tiempo de permanencia, causa e identidad de los agentes	16.4
Registro corporal: excepción al mismo sexo y al lugar reservado	Urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes	20.2
Medidas de seguridad extraordinarias	Cierre o desalojo, prohibición del paso, evacuación, depósito de explosivos; en emergencia; incluso órdenes verbales	21
Exención de responsabilidad	Menores de 14 años	30.2
Reincidencia	Más de una infracción de la misma naturaleza en 2 años	33.2.a)
Infracciones muy graves, graves y leves	4, 23 y 17	35 a 37
Prescripción de infracciones	Leves 6 meses; graves 1 año; muy graves 2 años	38
Multas	Leves 100 a 600; graves 601 a 30.000; muy graves 30.001 a 600.000 euros	39.1
Grados de las muy graves	30.001 a 220.000; 220.001 a 410.000; 410.001 a 600.000	39.1.a)
Grados de las graves	601 a 10.400; 10.401 a 20.200; 20.201 a 30.000	39.1.b)
Suspensión de licencias y clausura	Graves hasta 6 meses; muy graves de 6 meses y 1 día a 2 años; con reincidencia hasta 2 y hasta 6 años	39.2
Prescripción de sanciones	Leves 1 año; graves 2; muy graves 3	40
Cancelación del Registro Central de Infracciones	1, 2 y 3 años según gravedad	43
Ratificación de las medidas provisionales de los agentes	En el acuerdo de incoación, en 15 días	47.2
Caducidad del procedimiento	1 año	50
Inicio de la suspensión de licencias; pago de multas	1 mes; 15 días desde la firmeza	53
Procedimiento abreviado	Graves y leves; 15 días; reducción del 50 por ciento	54

Quién sanciona (artículo 32 de la Ley Orgánica 4/2015 y artículo 66 de la Ley 5/2014)

Órgano	Seguridad ciudadana	Seguridad privada
Ministro del Interior	Muy graves en grado máximo	Extinción de autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables
Secretario de Estado de Seguridad	Muy graves en grado medio y mínimo	Restantes sanciones por infracciones muy graves
Director General de la Policía		Infracciones graves
Director General de la Guardia Civil		Infracciones graves de guardas rurales y de sus centros y cursos exclusivos
Delegados del Gobierno	Graves y leves	Leves (con los Subdelegados)
Alcaldes	En espacios públicos municipales o bienes locales, si tienen competencia

Las cifras de la Ley 5/2014

Dato	Cifra	Artículo
Actividades de seguridad privada	8; la h), investigación privada, exclusiva de los detectives	5
Profesiones	7: vigilantes (y de explosivos), escoltas, guardas rurales (caza y guardapescas), jefes, directores, detectives	26
Habilita	Ministerio del Interior: Dirección General de la Policía; guardas rurales, Dirección General de la Guardia Civil	27
Requisitos generales de habilitación	9 letras	28.1
Sanción previa que impide la habilitación	Grave en los 2 años anteriores; muy grave en los 4	28.1.f)
Separación del servicio en FCS o FAS	En los 2 años anteriores	28.1.g)
Condena por intromisión ilegítima	En los 5 años anteriores	28.1.h)
Principios de actuación del personal	8: legalidad, integridad, dignidad, corrección, congruencia, proporcionalidad, reserva, colaboración	30
Agente de la autoridad	En cooperación y bajo el mando de las FCS, debidamente identificado	31
Funciones de los vigilantes	6 letras; nunca retener documentación ni interrogar	32
Personal uniformado	Vigilantes, vigilantes de explosivos y guardas rurales; medios de defensa sin armas de fuego	39.2
Prescripción de infracciones	Leves 6 meses; graves 1 año; muy graves 2 años	56
Multas al personal	Leves 300 a 1.000; graves 1.001 a 6.000; muy graves 6.001 a 30.000	62
Multas a las empresas	Leves 300 a 3.000; graves 3.001 a 30.000; muy graves 30.001 a 600.000	61
Prescripción de sanciones	Leves 1 año; graves 2; muy graves 4	68
Plazo de pago	Entre 15 y 30 días hábiles	70
Multas coercitivas	Hasta 6.000 euros	72

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7. Trampas de examen

1. «La protección de personas y bienes se hace con especial atención a las víctimas del terrorismo.» Con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección (3.e).

2. «El DNI es obligatorio a partir de los dieciséis años.» A partir de los catorce (9.1). Y los menores de catorce están exentos de responsabilidad por las infracciones (30.2).

3. «El DNI lo expide la Dirección General de la Guardia Civil.» La Dirección General de la Policía (10.2), como el pasaporte en territorio nacional (12.1).

4. «Los extranjeros pueden ser privados de su documentación de origen por los agentes para su comprobación.» No, salvo en investigaciones judiciales penales (13.2); solo deben exhibirla.

5. «Es causa legítima para entrar en un domicilio la sospecha de que se consumen drogas.» Solo la necesidad de evitar daños inminentes y graves en catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros de extrema y urgente necesidad (15.2), además de los casos de la Constitución.

6. «El traslado a dependencias para identificar puede durar hasta ocho horas.» Seis horas como máximo (16.2), y solo si la identificación no es posible por ningún medio o la persona se niega.

7. «El volante acredita únicamente la causa de la identificación.» Acredita el tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes (16.4).

8. «El libro-registro de identificaciones se cancela a los cinco años.» A los tres años (16.3), y su extracto se remite mensualmente al Fiscal.

9. «El registro corporal se realiza siempre por un agente del mismo sexo.» Salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes (20.2).

10. «Los registros corporales no pueden practicarse contra la voluntad del afectado.» Sí pueden, con las medidas de compulsión indispensables, conforme a idoneidad, necesidad y proporcionalidad (20.4).

11. «La entrada y registro en domicilio es una medida de seguridad extraordinaria.» No: las del artículo 21 son el cierre o desalojo, la prohibición del paso, la evacuación y el depósito de explosivos.

12. «Las medidas de seguridad extraordinarias exigen resolución escrita.» Pueden adoptarse por los agentes, si la urgencia lo exige, incluso mediante órdenes verbales (21).

13. «La disolución de una manifestación es la primera medida ante una alteración.» Es el último recurso, previo aviso, salvo alteración con armas, explosivos u objetos contundentes (23).

14. «La intervención de armas y explosivos corresponde a la Dirección General de la Policía.» A la Dirección General de la Guardia Civil (28.2).

15. «El Secretario de Estado de Seguridad sanciona las muy graves en grado máximo.» Las sanciona el Ministro del Interior; el Secretario de Estado, las muy graves en grado medio y mínimo; los Delegados del Gobierno, las graves y leves (32).

16. «La reincidencia se aprecia por dos infracciones en tres años.» Por más de una infracción de la misma naturaleza en dos años con resolución firme (33.2.a).

17. «El consumo de drogas en la vía pública es infracción leve.» Es grave (36.16); el consumo de alcohol que perturbe gravemente la tranquilidad, leve (37.17).

18. «La desobediencia a los agentes que no sea delito es infracción leve.» Es grave (36.6); leve es la falta de respeto (37.4).

19. «Portar armas prohibidas es infracción muy grave.» Es grave (36.10); muy grave es la actividad con armas o explosivos que cause perjuicios muy graves (35.2).

20. «Las infracciones graves prescriben a los dos años.» Al año; las muy graves a los dos y las leves a los seis meses (38).

21. «La multa por infracción leve va de 100 a 1.000 euros.» De 100 a 600 (39.1); la grave empieza en 601 y la muy grave en 30.001.

22. «El procedimiento abreviado se aplica a todas las infracciones.» No a las muy graves (54.2); reduce la multa el 50 por ciento si se paga en quince días.

23. «El procedimiento sancionador caduca a los seis meses.» Al año desde la incoación (50).

24. «La seguridad privada es una actividad independiente de la seguridad pública.» Es complementaria y subordinada respecto de la seguridad pública (1.1 de la Ley 5/2014).

25. «Los despachos de detectives pueden prestar servicios propios de las empresas de seguridad.» No, ni las empresas investigación privada (10.3). Y los detectives no investigan delitos perseguibles de oficio (10.2).

26. «Para ser vigilante hace falta la nacionalidad española.» Basta la de un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o de un tercer Estado con convenio (28.1.a).

27. «Se exige carecer de antecedentes penales por cualquier delito.» Por delitos dolosos (28.1.e).

28. «La separación del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impide la habilitación durante cinco años.» En los dos años anteriores (28.1.g); cinco es el plazo de la condena por intromisión ilegítima (28.1.h).

29. «La exigencia formativa puede incrementarse para los servicios con armas de fuego.» Para los servicios en infraestructuras críticas y esenciales para la comunidad (26.3).

30. «La habilitación de los guardas rurales corresponde a la Dirección General de la Policía.» A la Dirección General de la Guardia Civil (27.3); la del resto del personal, a la de la Policía.

31. «Los vigilantes pueden retener la documentación de quien se niegue a identificarse.» Nunca pueden retenerla; pueden impedir el acceso u ordenar el abandono del inmueble (32.1.b).

32. «Los vigilantes pueden interrogar a los detenidos antes de entregarlos.» No; anotar sus datos personales no es interrogatorio (32.1.d).

33. «Los vigilantes de seguridad portan armas de fuego como medio de defensa reglamentario.» Los medios de defensa reglamentarios no incluyen armas de fuego (39.2); se prestan con armas solo los servicios del artículo 40.

34. «Las sanciones por infracciones muy graves de seguridad privada prescriben a los tres años.» A los cuatro (68); en seguridad ciudadana, a los tres (40).

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8. Reglas mnemotécnicas

Identificación: «2 supuestos, 6 horas, 3 años, 3 datos»

Dos supuestos para requerirla (indicios o prevención), seis horas de traslado como máximo, tres años de cancelación del libro-registro, tres datos en el volante (tiempo, causa, agentes).

Registro corporal: «mismo sexo y lugar reservado, salvo urgencia; contra la voluntad, con I-N-P»

Idoneidad, necesidad, proporcionalidad.

Medidas extraordinarias: «cerrar, prohibir el paso, evacuar, depositar explosivos; en emergencia; incluso de palabra»

Cuatro medidas, un presupuesto, una forma. La entrada en domicilio no está.

Quién sanciona en seguridad ciudadana: «Ministro máximo, Secretario medio y mínimo, Delegado graves y leves»

Prescripción de infracciones: «6-12-24 meses»; de sanciones: «1-2-3 años»

Igual en ambas leyes para las infracciones; en las sanciones, seguridad privada llega a cuatro.

Multas: «600, 30.000, 600.000»

Los techos de leves, graves y muy graves; los suelos, 100, 601 y 30.001.

Grave o leve: «drogas y desobediencia graves; alcohol y falta de respeto leves»

Las cuatro conductas más frecuentes del servicio y su calificación.

Abreviado: «graves y leves, 15 días, mitad»

Quince días para pagar con reducción del cincuenta por ciento; nunca en las muy graves.

Seguridad privada: «complementaria y subordinada»

Las dos palabras del artículo 1 que definen su posición respecto de la pública.

Las siete profesiones: «V-E-G-J-D-D» con dos especialidades y media

Vigilantes (y de explosivos), Escoltas, Guardas rurales (caza y guardapescas), Jefes, Directores, Detectives.

Requisitos de habilitación: «UE, mayor, apto, formado, sin dolosos, 2/4, 2, 5, pruebas»

Nacionalidad de la Unión o del Espacio Económico Europeo; mayor de edad; capacidad; formación; sin delitos dolosos; no sancionado en dos o cuatro años; no separado en dos; no condenado por intromisión en cinco; pruebas.

Habilita la Policía, salvo el campo: los guardas rurales son de la Guardia Civil

Habilitación (27.3) y sanción de sus infracciones graves (66).

El vigilante «controla, impide, detiene y entrega; no retiene ni interroga»

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9. Aplicación práctica

Situación 1. Una patrulla requiere la identificación a una persona que se niega y no lleva documentación.

El requerimiento solo cabe en los dos supuestos del artículo 16.1: indicios de participación en una infracción o necesidad razonable de prevenir un delito. Los agentes intentan primero la identificación en el lugar por cualquier medio, incluido el telemático o telefónico; solo si no es posible o la persona se niega, la requieren para que les acompañe a las dependencias más próximas con medios adecuados, informándola de las razones, por el tiempo estrictamente necesario y nunca más de seis horas. En dependencias se anota la diligencia en el libro-registro y a la salida se le entrega el volante con el tiempo, la causa y la identidad de los agentes. La negativa a identificarse es infracción grave del artículo 36.6, y la resistencia puede ser delito. La diligencia no está sujeta a las formalidades de la detención (19.1).

Situación 2. Durante un control se localiza a un joven de dieciséis años con una pequeña cantidad de hachís para su consumo.

El consumo o tenencia ilícitos de drogas en lugares públicos, aunque no estén destinadas al tráfico, es infracción grave (36.16), con multa de 601 a 30.000 euros, en grado mínimo salvo circunstancias. El menor de dieciséis sí es responsable, porque la exención alcanza solo a los menores de catorce (30.2); sus padres responden solidariamente de los daños (42.3). Los agentes aprehenden cautelarmente la sustancia y la hacen constar en acta firmada por el interesado, con presunción de veracidad (19.2 y 47.1), y formulan la denuncia, que tiene valor probatorio previa ratificación si se niega (52). El denunciado podrá acogerse al procedimiento abreviado: pago en quince días con el 50 por ciento de reducción (54). La sanción la impone el Delegado del Gobierno (32.1.c).

Situación 3. Un incendio en un edificio obliga a desalojar la calle y a entrar en una vivienda para sacar a un vecino.

La evacuación del espacio público y la prohibición del paso son medidas de seguridad extraordinarias del artículo 21, que los agentes pueden adoptar por sí mismos ante la urgencia, incluso de palabra, porque hay una emergencia: una situación de riesgo sobrevenida que pone en peligro inminente a personas o bienes. La entrada en la vivienda no es medida del artículo 21 sino del artículo 15.2: es causa legítima para entrar en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros de extrema y urgente necesidad, y el acta o atestado se remite sin dilación a la autoridad judicial (15.4).

Situación 4. El vigilante de un centro comercial retiene a una persona sorprendida hurtando y la entrega a la Guardia Civil.

El vigilante actúa dentro de sus funciones: evitar la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección, y detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al delincuente y los efectos (32.1.c y d). No puede interrogarlo, aunque sí anotar sus datos, y no puede retener su documentación. Si actuaba en cooperación y bajo el mando de la Guardia Civil, debidamente identificado, las agresiones y desobediencias contra él se consideran cometidas contra agente de la autoridad (31). Si lo que se hubiera producido es un incumplimiento del vigilante, por ejemplo abandonar el servicio o ejercer sin habilitación, la sanción la impone el Director General de la Policía o el Secretario de Estado, no la Guardia Civil, salvo que se trate de un guarda rural (66).

Situación 5. Un detective privado ofrece a la Guardia Civil información sobre un robo que ha descubierto mientras investigaba una infidelidad conyugal.

Los detectives solo pueden investigar conductas privadas y delitos perseguibles a instancia de parte (5.1.h y 48). El robo es perseguible de oficio, de modo que el detective no puede investigarlo y está obligado a denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente, poniendo a su disposición la información y los instrumentos obtenidos (10.2), en cumplimiento de su deber de colaboración (14 y 37.2.b). Los agentes recogen la información como denuncia y el detective podrá ser requerido para ratificar su informe (37.2.c). Investigar un delito perseguible de oficio es infracción muy grave del personal (58.1), sancionable con multa de 6.001 a 30.000 euros y extinción de la habilitación.

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10. Preguntas de test con respuesta explicada

Sesenta preguntas, que con las diez de la sección siguiente completan las setenta del nivel A. Redactadas de nuevo por TestMiOpo; ninguna reproduce un enunciado oficial. Se han repartido según el peso medido: la Ley Orgánica 4/2015 lleva dos tercios, con el Capítulo III y el régimen sancionador al frente.

1. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2015, la seguridad ciudadana es:

a) Una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

b) Un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, cuya salvaguarda, como bien jurídico colectivo, es función del Estado.

c) Un derecho fundamental de los ciudadanos.

d) Una función de las policías locales.

Respuesta: b). El objeto de la Ley es la tutela de la seguridad ciudadana mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.

2. Entre los fines del artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2015 figura la protección de las personas y bienes, con especial atención a:

a) Los menores y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

b) Las autoridades y los agentes.

c) Los turistas y visitantes extranjeros.

d) Las personas en situación de exclusión social.

Respuesta: a). Letra e) del artículo 3. Los fines son nueve, desde la protección de los derechos fundamentales hasta la transparencia.

3. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio rector de la acción de los poderes públicos según el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 4/2015?

a) Legalidad.

b) Oportunidad.

c) Discrecionalidad.

d) Proporcionalidad.

Respuesta: c). Los principios son legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, con control administrativo y jurisdiccional.

4. Conforme al artículo 5.2 de la Ley Orgánica 4/2015, son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana en la Administración General del Estado, entre otros:

a) El Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los Delegados y Subdelegados del Gobierno y los Directores Insulares.

b) El Ministro de Defensa y los Capitanes Generales.

c) Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

d) Los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil exclusivamente.

Respuesta: a). Y los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal condición.

5. Según el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 4/2015, las empresas y el personal de seguridad privada:

a) Solo colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si media contrato.

b) Tienen un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones.

c) Actúan con independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) Pueden negarse a colaborar por razones de reserva profesional.

Respuesta: b). Es la misma regla del artículo 8.3 de la Ley 5/2014 y del artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1986.

6. El Documento Nacional de Identidad es obligatorio, según el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/2015, a partir de los:

a) Doce años.

b) Catorce años.

c) Dieciséis años.

d) Dieciocho años.

Respuesta: b). Es personal e intransferible y su titular no puede ser privado de él, ni siquiera temporalmente, salvo sustitución por otro documento.

7. La competencia exclusiva para la confección y expedición del Documento Nacional de Identidad corresponde, según el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2015, al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de:

a) La Dirección General de la Guardia Civil.

b) Las Delegaciones del Gobierno.

c) La Dirección General de la Policía.

d) La Secretaría de Estado de Seguridad.

Respuesta: c). A la Dirección General de la Policía corresponde también la custodia de los archivos y ficheros del DNI, y la expedición del pasaporte en territorio nacional.

8. Según el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 4/2015, los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen:

a) Salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal.

b) En ningún caso.

c) Salvo que lo acuerde el Delegado del Gobierno.

d) Salvo cuando carezcan de autorización de residencia.

Respuesta: a). Tienen el derecho y la obligación de conservar y portar su documentación y la que acredite su situación regular, y de exhibirla cuando se les requiera.

9. Es causa legítima suficiente para la entrada en domicilio, según el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 4/2015:

a) La sospecha de que se está cometiendo una infracción administrativa.

b) La necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.

c) La orden verbal del Subdelegado del Gobierno.

d) La negativa del titular a identificarse.

Respuesta: b). El acta o atestado se remite sin dilación a la autoridad judicial (15.4). Para entrar en edificios de organismos oficiales no hace falta el consentimiento del funcionario a cargo (15.3).

10. Los agentes podrán requerir la identificación de las personas, según el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 4/2015:

a) En cualquier momento y sin motivo.

b) Cuando existan indicios de que han podido participar en una infracción o cuando se considere razonablemente necesario para prevenir la comisión de un delito.

c) Únicamente cuando exista una orden judicial.

d) Solo a los extranjeros.

Respuesta: b). Con respeto estricto a los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.

11. El traslado a dependencias policiales a los solos efectos de identificación, según el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015, no podrá superar:

a) Dos horas.

b) Cuatro horas.

c) Seis horas.

d) Setenta y dos horas.

Respuesta: c). Solo cuando no sea posible la identificación por ningún medio, incluidos los telemáticos o telefónicos, o la persona se niegue.

12. Los asientos del libro-registro de identificaciones, según el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 4/2015, se cancelarán de oficio:

a) Al año.

b) A los dos años.

c) A los tres años.

d) A los cinco años.

Respuesta: c). Sus datos solo se comunican a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, al que se remite mensualmente un extracto con el tiempo empleado en cada diligencia.

13. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación se les expedirá a su salida, según el artículo 16.4 de la Ley Orgánica 4/2015, un volante acreditativo de:

a) Solo la causa que motivó la diligencia.

b) El tiempo de permanencia y la causa.

c) El tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes actuantes.

d) La identidad de los agentes y el número de atestado.

Respuesta: c). Son los tres datos, sin que falte ninguno.

14. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, según el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 4/2015, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos para:

a) La identificación de personas, el registro de vehículos y el control superficial de efectos personales.

b) La entrada y registro en los domicilios cercanos.

c) La retención de la documentación de los identificados.

d) El interrogatorio de los conductores.

Respuesta: a). También cabe limitar la circulación o permanencia y establecer zonas de seguridad por el tiempo imprescindible (17.1).

15. Según el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 4/2015, los agentes podrán proceder a la ocupación temporal de objetos, instrumentos o medios de agresión:

a) Solo cuando se porten sin licencia.

b) Incluso de las armas que se porten con licencia, permiso o autorización, para prevenir un delito o cuando exista peligro para personas o bienes.

c) Únicamente con orden judicial.

d) Solo en los controles de carretera.

Respuesta: b). Los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes (18.1).

16. Las diligencias de identificación, registro y comprobación, según el artículo 19.1 de la Ley Orgánica 4/2015:

a) Están sujetas a las mismas formalidades que la detención.

b) Exigen autorización del Ministerio Fiscal.

c) Exigen la presencia de abogado.

d) No están sujetas a las mismas formalidades que la detención.

Respuesta: d). El acta de aprehensión de armas, drogas u otros efectos la firma el interesado y goza de presunción de veracidad salvo prueba en contrario (19.2).

17. El registro corporal externo y superficial, según el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 4/2015, se realizará por un agente del mismo sexo que la persona registrada:

a) En todo caso, sin excepción.

b) Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes.

c) Solo si lo pide el interesado.

d) Solo cuando se practique en dependencias policiales.

Respuesta: b). Y si exige dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas, se hace en lugar reservado y fuera de la vista de terceros, con constancia escrita.

18. Los registros corporales externos, según el artículo 20.4 de la Ley Orgánica 4/2015, podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado:

a) Adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

b) En ningún caso.

c) Solo con autorización judicial.

d) Solo en presencia de testigos.

Respuesta: a). La persona es informada de modo inmediato y comprensible de las razones del registro, que respeta el principio de injerencia mínima (20.3).

19. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida de seguridad extraordinaria del artículo 21 de la Ley Orgánica 4/2015?

a) El cierre o desalojo de locales o establecimientos.

b) La prohibición del paso.

c) La entrada y registro en domicilios.

d) La evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados.

Respuesta: c). La cuarta medida es el depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales.

20. A efectos del artículo 21 de la Ley Orgánica 4/2015, la situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación rápida de la autoridad o sus agentes se denomina:

a) Emergencia.

b) Alarma.

c) Catástrofe.

d) Estado de necesidad.

Respuesta: a). Es el presupuesto de las medidas extraordinarias, que se adoptan durante el tiempo estrictamente necesario e incluso mediante órdenes verbales.

21. Según el artículo 23.2 de la Ley Orgánica 4/2015, la disolución de reuniones y manifestaciones:

a) Es la primera medida que deben adoptar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) Constituirá el último recurso, y las medidas de intervención serán graduales y proporcionadas.

c) Solo puede acordarla el juez.

d) No requiere aviso previo en ningún caso.

Respuesta: b). Antes de intervenir, las unidades avisan a los afectados, verbalmente si urge, salvo alteración con armas, explosivos u objetos contundentes (23.3).

22. La intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde, según el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 4/2015, al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de:

a) La Dirección General de la Guardia Civil.

b) La Dirección General de la Policía.

c) La Secretaría de Estado de Seguridad.

d) Las Delegaciones del Gobierno.

Respuesta: a). Sus servicios están habilitados para realizar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones en los espacios de fabricación, depósito, comercialización o utilización.

23. Están exentos de responsabilidad por las infracciones de la Ley Orgánica 4/2015, según su artículo 30.2:

a) Los menores de dieciocho años.

b) Los menores de dieciséis años.

c) Los menores de catorce años.

d) Los mayores de setenta años.

Respuesta: c). Si la infracción la comete un menor de catorce años, la autoridad lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.

24. En el ámbito de la Administración General del Estado, según el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 4/2015, la sanción de las infracciones graves y leves corresponde a:

a) El Ministro del Interior.

b) El Secretario de Estado de Seguridad.

c) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

d) Los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil.

Respuesta: c). El Ministro sanciona las muy graves en grado máximo y el Secretario de Estado las muy graves en grado medio y mínimo.

25. Según el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 4/2015, existe reincidencia por la comisión, en el término de dos años, de:

a) Cualquier infracción administrativa.

b) Más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

c) Dos infracciones muy graves.

d) Una infracción grave y otra leve.

Respuesta: b). Es una de las circunstancias que llevan la multa al grado medio, junto con la violencia o intimidación, el uso de prendas que cubran el rostro y la utilización de menores.

26. ¿Cuál de las siguientes es una infracción muy grave según el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2015?

a) La proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores de medios de transporte que pueda deslumbrarles y provocar accidentes.

b) El consumo de drogas en la vía pública.

c) La desobediencia a los agentes de la autoridad.

d) Las faltas de respeto a los agentes.

Respuesta: a). Artículo 35.4. Las otras tres son grave (36.16), grave (36.6) y leve (37.4).

27. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, es infracción:

a) Muy grave, del artículo 35.

b) Grave, del artículo 36.6.

c) Leve, del artículo 37.4.

d) No está tipificada en la Ley.

Respuesta: b). El mismo apartado incluye la negativa a identificarse y la alegación de datos falsos o inexactos en la identificación.

28. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas en lugares, vías o establecimientos públicos, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, es infracción:

a) Leve, del artículo 37.

b) Grave, del artículo 36.16.

c) Muy grave, del artículo 35.

d) Constitutiva de delito en todo caso.

Respuesta: b). Multa de 601 a 30.000 euros. El consumo de bebidas alcohólicas que perturbe gravemente la tranquilidad es leve (37.17).

29. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituyan delito, son infracción:

a) Leve, del artículo 37.4.

b) Grave, del artículo 36.6.

c) Muy grave, del artículo 35.1.

d) Sancionable solo disciplinariamente.

Respuesta: a). Multa de 100 a 600 euros. La desobediencia y la resistencia son graves.

30. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, es infracción:

a) Leve.

b) Grave, del artículo 36.14.

c) Muy grave.

d) No está tipificada.

Respuesta: b). Incluye otros elementos del equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando no constituya infracción penal.

31. Las infracciones de la Ley Orgánica 4/2015 prescriben, según su artículo 38, a los:

a) Tres meses, seis meses y un año, según sean leves, graves o muy graves.

b) Seis meses, un año y dos años, según sean leves, graves o muy graves.

c) Un año, dos años y tres años, según sean leves, graves o muy graves.

d) Dos años en todo caso.

Respuesta: b). Un año, dos años y tres años son los plazos de prescripción de las sanciones (40).

32. Las infracciones graves de la Ley Orgánica 4/2015 se sancionan, según su artículo 39.1, con multa de:

a) 100 a 600 euros.

b) 601 a 30.000 euros.

c) 30.001 a 600.000 euros.

d) 601 a 10.400 euros en todo caso.

Respuesta: b). Dividida en tres grados: mínimo de 601 a 10.400, medio de 10.401 a 20.200 y máximo de 20.201 a 30.000 euros.

33. El grado máximo de la multa por infracción muy grave comprende, según el artículo 39.1.a) de la Ley Orgánica 4/2015:

a) De 30.001 a 220.000 euros.

b) De 220.001 a 410.000 euros.

c) De 410.001 a 600.000 euros.

d) De 600.001 a 1.000.000 de euros.

Respuesta: c). Es la sanción que impone el Ministro del Interior. El grado mínimo llega a 220.000 y el medio a 410.000.

34. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves de la Ley Orgánica 4/2015 prescriben, según su artículo 40, a los:

a) Un año.

b) Dos años.

c) Tres años.

d) Cuatro años.

Respuesta: c). Las graves a los dos y las leves al año, desde el día siguiente a la firmeza en vía administrativa.

35. El Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana se crea, según el artículo 43 de la Ley Orgánica 4/2015, en el Ministerio del Interior:

a) A efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas en la Ley.

b) Para llevar los antecedentes penales.

c) Para el control de las armas.

d) Para la identificación de los manifestantes.

Respuesta: a). Los asientos se cancelan de oficio a los tres, dos o un año desde la firmeza, según la infracción sea muy grave, grave o leve.

36. Cuando las conductas sancionables pudieran ser constitutivas de delito, según el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 4/2015, el órgano administrativo:

a) Continuará el procedimiento sancionador hasta la resolución.

b) Archivará definitivamente el expediente.

c) Impondrá la sanción y después denunciará.

d) Pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras no haya sentencia firme.

Respuesta: d). Queda interrumpida la prescripción, y los hechos declarados probados por resolución judicial firme vinculan a la Administración.

37. El procedimiento sancionador de la Ley Orgánica 4/2015 caducará, según su artículo 50, transcurrido:

a) Seis meses desde su incoación sin notificación de la resolución.

b) Un año desde su incoación sin notificación de la resolución.

c) Dos años desde la denuncia.

d) Tres meses desde la incoación.

Respuesta: b). Los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción y puede incoarse otro mientras la infracción no haya prescrito.

38. Las denuncias, atestados o actas de los agentes de la autoridad que presenciaron los hechos, según el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2015:

a) Carecen de valor probatorio.

b) Constituirán base suficiente para adoptar la resolución, previa ratificación si fueron negados, salvo prueba en contrario.

c) Requieren dos testigos para su validez.

d) Solo valen si se ratifican ante el juez.

Respuesta: b). Sin perjuicio de que los agentes aporten al expediente todos los elementos probatorios disponibles.

39. El procedimiento sancionador abreviado del artículo 54 de la Ley Orgánica 4/2015:

a) Se aplica a todas las infracciones, incluidas las muy graves.

b) Permite, en las infracciones graves y leves, el pago voluntario en quince días con reducción del 50 por ciento de la multa.

c) Permite el pago en un mes con reducción del 30 por ciento.

d) Solo se aplica a las infracciones leves.

Respuesta: b). El pago implica la renuncia a alegar, la terminación sin resolución expresa y el agotamiento de la vía administrativa; no se aplica a las muy graves.

40. Según el artículo 1.1 de la Ley 5/2014, las actividades de seguridad privada tienen la consideración de:

a) Sustitutivas de la seguridad pública.

b) Independientes de la seguridad pública.

c) Complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública.

d) Concurrentes con la seguridad pública en igualdad.

Respuesta: c). La Ley establece el marco de coordinación de los servicios privados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios.

41. ¿Cuál de las siguientes NO es una actividad de seguridad privada según el artículo 5.1 de la Ley 5/2014?

a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos.

b) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte.

c) La investigación de delitos perseguibles de oficio.

d) La explotación de centrales de alarma.

Respuesta: c). Los detectives no pueden investigar delitos perseguibles de oficio y deben denunciarlos (10.2). Son ocho actividades, de la a) a la h).

42. Los servicios sobre las actividades de las letras a) a g) del artículo 5.1 de la Ley 5/2014 únicamente podrán prestarse por:

a) Despachos de detectives.

b) Las Administraciones públicas.

c) Cualquier persona física habilitada.

d) Empresas de seguridad privada.

Respuesta: d). La investigación privada de la letra h) la prestan los despachos de detectives con carácter exclusivo y excluyente (5.2).

43. Quedan fuera del ámbito de la Ley 5/2014, según su artículo 7, las actuaciones de autoprotección, entendidas como:

a) Los servicios de seguridad prestados a terceros con contraprestación.

b) Las funciones de los vigilantes de seguridad en su propio domicilio.

c) Las cautelas que adopten por sí y para sí los interesados para proteger su entorno personal o patrimonial, sin contraprestación ni servicio a terceros.

d) La contratación de escoltas por particulares.

Respuesta: c). Las empresas no pueden usar a sus empleados para las funciones reservadas al personal de seguridad privada.

44. Según el artículo 8.3 de la Ley 5/2014, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada:

a) Solo colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando lo estimen conveniente.

b) Están exentos de colaborar por reserva profesional.

c) Dependen jerárquicamente de la Guardia Civil.

d) Tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de seguir sus instrucciones.

Respuesta: d). En relación con los servicios que presten que afecten a la seguridad pública o al ámbito de sus competencias.

45. Según el artículo 10 de la Ley 5/2014, señale la proposición CORRECTA:

a) Las empresas de seguridad pueden realizar servicios de investigación privada.

b) Los despachos de detectives pueden prestar servicios de vigilancia si lo autoriza el Ministerio del Interior.

c) Los despachos de detectives privados no podrán prestar servicios propios de las empresas de seguridad privada, ni estas realizar investigación privada.

d) Los detectives pueden investigar delitos perseguibles de oficio si se lo encarga un abogado.

Respuesta: c). Artículo 10.3. Y los detectives deben denunciar inmediatamente los delitos perseguibles de oficio de que tengan conocimiento (10.2).

46. La inscripción del personal, las empresas y los despachos de seguridad privada se practica, según el artículo 11 de la Ley 5/2014:

a) De oficio, en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior.

b) A instancia de parte, en el Registro Mercantil.

c) En el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

d) En el registro de la Dirección General de la Guardia Civil.

Respuesta: a). Las Comunidades Autónomas con competencias pueden llevar registros autonómicos.

47. Las comisiones mixtas de seguridad privada previstas en el artículo 16 de la Ley 5/2014 son:

a) Órganos sancionadores.

b) Tribunales de habilitación.

c) Órganos consultivos y de colaboración entre las Administraciones y los representantes del sector, de ámbito nacional, autonómico o provincial.

d) Órganos de la Unión Europea.

Respuesta: c). Su composición y funciones se determinan reglamentariamente.

48. Según el artículo 18.2 de la Ley 5/2014, la autorización administrativa de las empresas de seguridad se suple por una declaración responsable cuando pretendan dedicarse exclusivamente a:

a) La instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad conectados a centrales de alarma.

b) La vigilancia y protección de eventos.

c) El transporte de fondos.

d) La protección personal.

Respuesta: a). Es la actividad de la letra f) del artículo 5.1. Las demás requieren autorización e inscripción de oficio.

49. Los despachos de detectives privados, según el artículo 24 de la Ley 5/2014, pueden abrirlos:

a) Las personas físicas habilitadas como detectives y las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives habilitados.

b) Cualquier empresa de seguridad autorizada.

c) Cualquier sociedad mercantil con seguro de responsabilidad civil.

d) Los abogados en ejercicio.

Respuesta: a). Se inscriben de oficio previa declaración responsable y deben formalizar un contrato por cada servicio y llevar un libro-registro (25).

50. El personal de seguridad privada, según el artículo 26.1 de la Ley 5/2014, está integrado por:

a) Vigilantes de seguridad, escoltas privados, guardas rurales, jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados, con sus especialidades.

b) Vigilantes, escoltas y policías locales.

c) Vigilantes de seguridad y guardias de seguridad ciudadana.

d) Vigilantes, detectives y agentes de la autoridad.

Respuesta: a). Las especialidades son los vigilantes de explosivos, los guardas de caza y los guardapescas marítimos, que exigen la habilitación previa como vigilante o guarda rural.

51. Según el artículo 26.3 de la Ley 5/2014, se podrá incrementar reglamentariamente la exigencia formativa al personal encargado de los servicios:

a) Con armas de fuego.

b) De transporte de fondos exclusivamente.

c) En centros comerciales.

d) En infraestructuras críticas y en los que tengan el carácter de esenciales para la comunidad.

Respuesta: d). Y en aquellos otros que excepcionalmente lo requieran por sus características específicas.

52. La habilitación del personal de seguridad privada corresponde, según el artículo 27.3 de la Ley 5/2014:

a) A la Dirección General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades, que corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil.

b) A la Dirección General de la Guardia Civil para todo el personal.

c) A las Delegaciones del Gobierno.

d) A las empresas de seguridad.

Respuesta: a). La habilitación se acredita con la tarjeta de identidad profesional, documento público que incluye todas las habilitaciones del titular.

53. ¿Cuál de los siguientes es un requisito general para la habilitación según el artículo 28.1 de la Ley 5/2014?

a) Poseer la nacionalidad española.

b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

c) No haber sido separado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante los cinco años previos a la solicitud.

d) Tener más de veinticinco años.

Respuesta: b). Basta la nacionalidad de un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, y la separación del servicio que impide la habilitación es la de los dos años anteriores.

54. Impide obtener la habilitación de seguridad privada, según el artículo 28.1.f) de la Ley 5/2014, haber sido sancionado por infracción grave o muy grave en materia de seguridad privada en los:

a) Uno o dos años anteriores, respectivamente.

b) Dos o cuatro años anteriores, respectivamente.

c) Tres o cinco años anteriores, respectivamente.

d) Cinco años anteriores en ambos casos.

Respuesta: b). Y haber sido condenado por intromisión ilegítima en los derechos fundamentales en los cinco años anteriores (28.1.h).

55. Entre los principios de actuación del personal de seguridad privada del artículo 30 de la Ley 5/2014 figura:

a) La discrecionalidad.

b) La jerarquía militar.

c) La autonomía respecto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) La reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.

Respuesta: d). Junto con legalidad, integridad, dignidad, corrección, congruencia, proporcionalidad y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

56. Según el artículo 31 de la Ley 5/2014, se consideran agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las cometidas contra el personal de seguridad privada:

a) Debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) En todo caso y lugar.

c) Solo cuando porte armas de fuego.

d) Cuando actúe en el interior de los establecimientos.

Respuesta: a). Es una protección jurídica condicionada a la cooperación y al mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

57. Los vigilantes de seguridad, al efectuar controles de identidad en el acceso a los inmuebles donde presten servicio, según el artículo 32.1.b) de la Ley 5/2014:

a) Pueden retener la documentación personal de quien se niegue.

b) Deben avisar en todo caso a la Guardia Civil.

c) Pueden detener a quien se niegue a identificarse.

d) No pueden retener en ningún caso la documentación personal, pero sí impedir el acceso o exigir el abandono del inmueble.

Respuesta: d). La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de objetos o vehículos faculta para impedir el acceso u ordenar el abandono.

58. Cuando los vigilantes de seguridad detienen a un delincuente en relación con el objeto de su protección, según el artículo 32.1.d) de la Ley 5/2014:

a) Pueden interrogarlo antes de entregarlo.

b) Deben ponerlo inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a su interrogatorio.

c) Deben trasladarlo al juzgado de guardia.

d) Pueden retenerlo hasta seis horas.

Respuesta: b). La anotación de sus datos personales para comunicarlos a las autoridades no se considera interrogatorio.

59. El personal de seguridad privada uniformado, según el artículo 39.2 de la Ley 5/2014, portará los medios de defensa reglamentarios, que:

a) Incluyen armas de fuego en todo caso.

b) Los determina cada empresa.

c) Incluyen armas de fuego solo en horario nocturno.

d) No incluirán armas de fuego.

Respuesta: d). Los servicios con armas de fuego son los tasados del artículo 40: transporte de fondos, armas y explosivos, buques en zonas de riesgo, vigilancia perimetral de centros penitenciarios y otros edificios públicos, entre otros.

60. En el ámbito de la Administración General del Estado, según el artículo 66 de la Ley 5/2014, las sanciones por infracciones graves cometidas por los guardas rurales las impone:

a) El Director General de la Guardia Civil.

b) El Director General de la Policía.

c) El Secretario de Estado de Seguridad.

d) El Delegado del Gobierno.

Respuesta: a). También las de los centros y cursos de formación exclusivos para guardas rurales. El Director General de la Policía sanciona las restantes infracciones graves.

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11. Preguntas de estilo examen

Diez preguntas más, redactadas con el formato y la extensión de los cuestionarios oficiales de la Escala de Cabos y Guardias, que empiezan siempre nombrando la norma. Completan las setenta del nivel A.

61. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Disposiciones generales. Señale la opción INCORRECTA:

a) La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

b) Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, la preparación, dirección y ejecución de la política de seguridad ciudadana.

c) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias son autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana.

d) La Ley se aplica a la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio.

Respuesta: d). El artículo 2.3 salvaguarda expresamente la defensa nacional y la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, que quedan fuera.

62. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Documentación e identificación personal. Señale la opción CORRECTA:

a) El DNI puede recoger datos relativos a la religión o la afiliación sindical de su titular.

b) El titular del DNI puede ser privado de él temporalmente por los agentes para su comprobación.

c) La expedición del DNI corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil.

d) El DNI es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.

Respuesta: d). Artículo 8.1. No puede contener datos de raza, religión, creencias, ideología, discapacidad, orientación sexual ni afiliación (8.2); lo expide la Dirección General de la Policía (10.2); y su titular no puede ser privado de él ni siquiera temporalmente (9.1).

63. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Identificación de personas. En las dependencias policiales a las que se traslada a las personas para su identificación se llevará un libro-registro cuyos datos solo podrán ser comunicados...:

a) A cualquier Administración pública que los solicite.

b) A los medios de comunicación con autorización del Delegado del Gobierno.

c) Al Defensor del Pueblo exclusivamente.

d) A la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal.

Respuesta: d). Artículo 16.3. El extracto mensual se remite al Ministerio Fiscal y los asientos se cancelan a los tres años.

64. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Señale la opción INCORRECTA sobre las medidas de seguridad extraordinarias:

a) Entre ellas se encuentra la evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados.

b) Su presupuesto es una situación de emergencia que las haga imprescindibles.

c) Requieren en todo caso resolución escrita y motivada de la autoridad.

d) Su duración se limita al tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana.

Respuesta: c). Los agentes pueden adoptarlas, si la urgencia lo hace imprescindible, incluso mediante órdenes verbales (21).

65. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Régimen sancionador. ¿Cuál de las siguientes conductas es infracción grave?

a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

b) La negativa a la disolución de reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente.

c) Las faltas de respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) La negligencia en la custodia del DNI.

Respuesta: b). Artículo 36.7. Las otras tres son leves (37.17, 37.4 y 37.11).

66. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Régimen sancionador. Las infracciones leves se sancionarán con multa de...:

a) 100 a 600 euros.

b) 100 a 1.000 euros.

c) 601 a 3.000 euros.

d) 300 a 3.000 euros.

Respuesta: a). Artículo 39.1. Las graves de 601 a 30.000 y las muy graves de 30.001 a 600.000 euros.

67. Ley de Seguridad Privada. Disposiciones generales. La seguridad privada tiene como fin, entre otros...:

a) Sustituir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los espacios privados.

b) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.

c) Investigar los delitos perseguibles de oficio.

d) Ejercer la potestad sancionadora en materia de seguridad ciudadana.

Respuesta: b). Artículo 4.c). Los otros fines son satisfacer las necesidades legítimas de seguridad de los usuarios y contribuir a la seguridad pública.

68. Ley de Seguridad Privada. Personal de seguridad privada. La habilitación de los guardas rurales y sus especialidades corresponde a...:

a) La Dirección General de la Policía.

b) Las Comunidades Autónomas en todo caso.

c) La Secretaría de Estado de Seguridad.

d) La Dirección General de la Guardia Civil.

Respuesta: d). Artículo 27.3. La del resto del personal corresponde a la Dirección General de la Policía.

69. Ley de Seguridad Privada. Personal de seguridad privada. Señale la opción INCORRECTA sobre los escoltas privados:

a) Sus funciones son el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas.

b) No pueden proceder a ninguna suerte de interrogatorio.

c) Deben poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al detenido en caso de agresión a la persona protegida.

d) Pueden realizar identificaciones y detenciones con carácter general en el desempeño de sus funciones.

Respuesta: d). Artículo 33.2. Solo pueden hacerlo cuando resulte imprescindible por una agresión o intento manifiesto contra la persona protegida o contra los propios escoltas.

70. Ley de Seguridad Privada. Control administrativo. Las infracciones muy graves en materia de seguridad privada prescriben a los...:

a) Seis meses.

b) Un año.

c) Dos años.

d) Cuatro años.

Respuesta: c). Artículo 56.2. Las graves al año y las leves a los seis meses; las sanciones por infracciones muy graves prescriben a los cuatro años (68).

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12. Fuentes oficiales

Todos los preceptos se han leído del texto consolidado antes de escribir sobre ellos, y todos los identificadores del BOE se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el propio Boletín.

Norma o fuente	Referencia	Enlace
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana	BOE-A-2015-3442, BOE de 31 de marzo de 2015; texto consolidado con última actualización publicada el 23 de febrero de 2021 (data/leyes/lo-4-2015-seguridad-ciudadana.json)	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada	BOE-A-2014-3649, BOE de 5 de abril de 2014; texto consolidado con última actualización publicada el 27 de mayo de 2021 (data/leyes/ley-5-2014-seguridad-privada.json)	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3649

Jurisprudencia citada, comprobada una a una en el BOE: STC 22/1984, de 17 de febrero (BOE-T-1984-6110); STC 341/1993, de 18 de noviembre (BOE-T-1993-29248); STC 172/2020, de 19 de noviembre (BOE-A-2020-16819); STC 13/2021, de 28 de enero (BOE-A-2021-2832).

Temario y convocatoria: temario fijado por la Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023, transcrito en TEMARIO-OFICIAL.md; convocatoria de referencia, Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982).

Frecuencia: cuestionarios oficiales de conocimientos generales de 2025 y 2026, modelo A, publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, clasificados en ANALISIS-FRECUENCIA.md. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta oficial.

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13. Control de calidad

• [x] Los cinco capítulos de la Ley Orgánica 4/2015 y los seis títulos de la Ley 5/2014 que enumera el enunciado oficial tienen apartado propio en el epígrafe 4
• [x] Ningún precepto se ha redactado de memoria: todos se han leído del texto consolidado en data/leyes/ y las cifras (horas, plazos, cuantías, grados) se han comprobado una a una contra ese texto
• [x] Las infracciones se presentan completas y agrupadas por familias, con su calificación y su cuantía, porque son lo que aún no ha caído y caerá
• [x] Los identificadores del BOE de las dos leyes y de las cuatro sentencias se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el Boletín
• [x] Cuatro resoluciones del Tribunal Constitucional citadas y verificadas con su fallo en el epígrafe 5, incluidas las dos que resolvieron los recursos contra la propia Ley Orgánica 4/2015
• [x] Treinta y cuatro trampas de examen, por encima del mínimo de doce
• [x] Setenta preguntas con respuesta explicada, las que corresponden al nivel A
• [x] Ninguna pregunta reproduce el enunciado de un cuestionario oficial
• [x] Las cifras de frecuencia proceden de frecuencia/conteo.json y no se han escrito a mano
• [x] Sin raya ni semirraya en todo el archivo
• [ ] Revisión por revisor colegiado: pendiente