Tema 10. Derecho administrativo

Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Ingreso directo.

Enunciado oficial (Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023), dos bloques: «Bloque 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. TÍTULO Preliminar. Disposiciones generales. TÍTULO I. De los interesados en el procedimiento. TÍTULO II. De la actividad de las Administraciones Públicas. TÍTULO III. De los actos administrativos. TÍTULO IV. De las disposiciones del procedimiento administrativo común. TÍTULO V. De la revisión de los actos en vía administrativa. TÍTULO VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad de dictar Reglas y otras disposiciones. Bloque 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. TÍTULO Preliminar. De las disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. TÍTULO I. Administración General del Estado. TÍTULO III. Relaciones interadministrativas. Disposición Final 3ª. Modificación de la Ley 50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno.»

Autoría	Equipo de contenidos TestMiOpo
Revisión jurídica	Pendiente de revisor colegiado
Última revisión	12 de septiembre de 2026
Normas de referencia	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), texto consolidado con última actualización publicada el 6 de noviembre de 2024. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), texto consolidado con última actualización publicada el 2 de agosto de 2024
Convocatoria de referencia	Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982)

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1. Mapa del tema

                 DOS LEYES GEMELAS DE 2015: COMO ACTUA LA ADMINISTRACION Y COMO SE ORGANIZA
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   LEY 39/2015 PROCEDIMIENTO (4 preguntas)                          LEY 40/2015 REGIMEN JURIDICO (5 preguntas)
             |                                                                         |
   Tit. Prelim. (1-2): objeto, sector publico                    Tit. Prelim. (1-53):
             |                                                     principios (3), ORGANOS (5-6:
   Tit. I interesados (3-12): capacidad,                           INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO),
   interesado (4), representacion (5),                             COMPETENCIA (8-14: DELEGACION 9,
   REGISTRO DE APODERAMIENTOS (6: poderes                          avocacion 10, ENCOMIENDA 11, delegacion
   validos 5 ANOS), identificacion y firma                         de firma 12, suplencia 13), organos
             |                                                     colegiados (15-22: quorum Presidente,
   Tit. II actividad (13-33): derechos (13),                       Secretario y mitad), ABSTENCION (23:
   relacion electronica (14), registros (16),                      5 motivos) y recusacion (24),
   OBLIGACION DE RESOLVER (21: 3 meses si no                       sancionadora (25-31: prescripcion
   hay plazo, maximo 6), SILENCIO (24-25),                         3/2/6m), responsabilidad patrimonial
   PLAZOS (30: dias habiles, sabados no),                          (32-37), convenios (47-53: 4 anos)
   ampliacion mitad (32), urgencia mitad (33)                                |
             |                                                     Tit. I AGE (54-80): ESTRUCTURA (55:
   Tit. III actos (34-52): motivacion (35),                        superiores = Ministros y Secretarios
   eficacia (39), NOTIFICACION (40-46: 10 dias,                    de Estado; directivos = Subsecretarios,
   electronica rechazada a los 10 dias                             Secretarios generales, SGT, Directores
   naturales), NULIDAD (47: 7 causas),                             y Subdirectores generales), Ministerios
   ANULABILIDAD (48: DESVIACION DE PODER),                          (57-68), periferica: DELEGADOS DEL
   convalidacion (52)                                              GOBIERNO (72-73: rango Subsecretario,
             |                                                     jefatura de las FCSE) y SUBDELEGADOS (74)
   Tit. IV procedimiento (53-105): iniciacion                                |
   de oficio/solicitud, subsanacion 10 dias,                       Tit. III relaciones interadministrativas
   alegaciones, prueba 10-30, informes 10,                         (140-158): principios (140), colaboracion
   audiencia 10-15, informacion publica 20,                        (141-142), cooperacion (143-154:
   terminacion, caducidad 3 meses,                                 Conferencia de Presidentes, Conferencias
   simplificado 30 dias, ejecucion forzosa                         Sectoriales, Comisiones Bilaterales),
   (100: 4 medios)                                                 relaciones electronicas (155-158)
             |                                                                 |
   Tit. V revision (106-126): de oficio                            DF 3.a: Ley 50/1997 DEL GOBIERNO
   (106-111: lesividad 4 anos), RECURSOS:                          (Consejo de Ministros, Comisiones
   ALZADA 1 mes / 3 meses, REPOSICION 1 mes /                      Delegadas, Secretarios de Estado,
   1 mes, EXTRAORDINARIO DE REVISION 4 causas,                     Comision General de Secretarios de
   4 ANOS o 3 meses, resuelto en 3 MESES                           Estado y Subsecretarios, Gabinetes,
             |                                                     requisitos, suplencia, Gobierno en
   Tit. VI iniciativa legislativa y potestad                       funciones, control del Gobierno)
   reglamentaria (127-133)

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2. Introducción y enfoque de estudio

Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.

Este tema vale 4,50 puntos de los 100 del examen, nivel A: cinco preguntas en 2025 y cuatro en 2026, repartidas entre las dos leyes de 2015 con ligera ventaja de la Ley 40/2015 (cinco de nueve). Las nueve preguntas medidas piden un artículo concreto y su número: cinco años de validez de los poderes, cuatro años y tres meses del recurso extraordinario de revisión, instrucciones y órdenes de servicio, las reglas de la encomienda, los motivos de abstención, la anulabilidad de la desviación de poder, la delegación de competencias y la estructura de la Administración General del Estado.

Tres decisiones de estudio.

Primera: las dos leyes se estudian por sus números. El tribunal no pregunta teoría del acto administrativo: pregunta plazos, mayorías, listas cerradas y quién puede hacer qué. Cada artículo de este tema se ha leído en el texto consolidado y sus cifras están en tablas. Las que hay que saber sin dudar son las de los recursos (alzada, reposición, extraordinario de revisión), la obligación de resolver y el silencio, el cómputo de plazos, la nulidad y la anulabilidad, la delegación y la encomienda, la abstención y la estructura orgánica de la Administración General del Estado.

Segunda: la Ley 40/2015 se pregunta por su Título Preliminar y por la estructura de la Administración General del Estado. Cuatro de sus cinco preguntas medidas salieron de los artículos 6, 9, 11 y 23 (órganos, competencia y abstención) y una del artículo 55 (órganos superiores y directivos). Las relaciones interadministrativas y la Ley del Gobierno no han caído aún, pero están en el enunciado y se estudian con la misma profundidad, en tablas.

Tercera: el guardia civil es Administración. Este tema no es abstracto para quien ingresa en el Cuerpo: el atestado, la denuncia administrativa, la propuesta de sanción de tráfico o de seguridad ciudadana, la notificación en mano y la abstención cuando el denunciado es un familiar son actos de este tema. Cada apartado señala dónde toca al servicio.

Cómo recorrer el tema. Primero el Título Preliminar de la Ley 40/2015 (4.8), que es donde más se pregunta, y la estructura de la Administración General del Estado (4.9). Después la Ley 39/2015 entera, en el orden de sus títulos (4.1 a 4.7), deteniéndose en los recursos. Al final las relaciones interadministrativas y la Ley del Gobierno (4.10 y 4.11).

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3. Qué se pregunta de este tema

Medido sobre los dos cuestionarios oficiales de conocimientos generales publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, 200 preguntas clasificadas una a una por materia (ANALISIS-FRECUENCIA.md):

Cuestionario	Preguntas del tema 10	Sobre el total	Puntos sobre 100
6 de septiembre de 2025, modelo A	5	100	5,00
11 de julio de 2026, modelo A	4	100	4,00
Media			4,50

4,50 puntos es dato medido, nivel A. Dentro del tema, las nueve preguntas se reparten así:

Norma y título	2025	2026	Total	Qué se preguntó, sin reproducir el enunciado
Ley 39/2015, Título I (interesados)	1	0	1	Validez máxima de los poderes inscritos en los registros electrónicos de apoderamientos
Ley 39/2015, Título III (actos)	0	1	1	Consecuencia jurídica de la desviación de poder
Ley 39/2015, Título V (recursos)	1	1	2	Qué causa del recurso extraordinario de revisión tiene plazo de cuatro años; plazo de silencio desestimatorio de ese recurso
Ley 40/2015, Título Preliminar (órganos y competencia)	2	1	3	Cómo dirigen los órganos a sus dependientes; reglas de la encomienda de gestión con una opción alterada; reglas de la delegación de competencias
Ley 40/2015, Título Preliminar (abstención)	1	0	1	Cuál de cuatro circunstancias no es motivo de abstención
Ley 40/2015, Título I (Administración General del Estado)	0	1	1	Órganos superiores y directivos, con una opción alterada

Tres lecturas:

Seis de las nueve preguntas eran una cifra o una lista cerrada: cinco años, cuatro años, tres meses, instrucciones y órdenes de servicio, los cinco motivos de abstención, los dos órganos superiores. Se aprenden con las tablas del epígrafe 6.

Tres preguntas alteraban una regla en una palabra: «se considerarán dictadas por el órgano delegado» (es el delegante), «cuando no se posean los medios técnicos idóneos» sin la alternativa «por razones de eficacia» y sin el requisito de que la actividad esté entre las competencias del encomendado, «los Subsecretarios y Secretarios generales son órganos superiores» (son directivos). El articulado se estudia literalmente.

El recurso extraordinario de revisión ha caído los dos años, con preguntas distintas: las causas con su plazo (cuatro años para el error de hecho, tres meses para las demás) y el plazo de tres meses para entenderlo desestimado. Es el artículo más rentable del tema.

Nunca se reproduce el enunciado literal de una pregunta oficial. Las preguntas de este manual están redactadas de nuevo.

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4. Desarrollo

El desarrollo sigue el orden del enunciado oficial: los seis títulos de la Ley 39/2015 y después los tres títulos y la disposición final de la Ley 40/2015. Los números de artículo son los de los textos consolidados.

4.1. Ley 39/2015, Título Preliminar. Disposiciones generales (artículos 1 y 2)

La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 son las dos mitades de la antigua Ley 30/1992: la primera regula la relación hacia fuera (el ciudadano ante la Administración, el procedimiento, los actos y los recursos) y la segunda la organización hacia dentro (órganos, competencia, sector público, relaciones entre Administraciones). Ambas se publicaron el 2 de octubre de 2015 y entraron en vigor, con carácter general, un año después.

El objeto de la Ley 39/2015 (artículo 1) es regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones, incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial, y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo mediante ley pueden incluirse trámites adicionales o distintos a los de esta Ley, y reglamentariamente solo especialidades de órganos, plazos, formas de iniciación o publicación. El ámbito subjetivo (artículo 2) es el sector público, que comprende la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades de la Administración Local y el sector público institucional (organismos y entidades de derecho público, entidades de derecho privado vinculadas, y Universidades públicas); las Corporaciones de Derecho Público se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley cuando ejercen funciones públicas.

4.2. Ley 39/2015, Título I. De los interesados en el procedimiento (artículos 3 a 12)

Capacidad de obrar (artículo 3). La tienen las personas físicas o jurídicas con capacidad según las normas civiles; los menores de edad para los derechos cuyo ejercicio les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y, cuando la ley lo declare, los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad y patrimonios independientes.

Concepto de interesado (artículo 4). Son interesados: a) quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) los que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión; c) aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y se personen antes de la resolución definitiva. Las asociaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos. La condición de interesado se transmite al derechohabiente.

Representación (artículo 5). Los interesados con capacidad pueden actuar por representante; la representación debe acreditarse para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume. Se acredita por cualquier medio válido en Derecho, incluido el apoderamiento apud acta, presencial o electrónico, o la inscripción en el registro de apoderamientos. La falta de acreditación no impide que se tenga por realizado el acto si se subsana en diez días.

Registros electrónicos de apoderamientos (artículo 6), preguntado en 2025. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales disponen de un registro electrónico general de apoderamientos en el que se inscriben, al menos, los poderes de carácter general otorgados apud acta; en el ámbito estatal es el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Los registros generales y particulares deben ser interoperables. Los poderes inscritos tienen una validez determinada máxima de cinco años desde la inscripción, y pueden prorrogarse o revocarse en cualquier momento. Hay tres tipologías de poder inscribible: un poder general para cualquier actuación ante cualquier Administración, un poder para cualquier actuación ante una Administración u organismo concreto, y un poder para trámites específicos.

Pluralidad y nuevos interesados (artículos 7 y 8). Con varios interesados en una solicitud, las actuaciones se entienden con el representante o interesado señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término. Si durante la instrucción se advierte la existencia de titulares de derechos o intereses directos identificables en el expediente, se les comunica la tramitación.

Identificación y firma (artículos 9 a 12). La Administración verifica la identidad por el DNI o documento equivalente; los interesados pueden identificarse electrónicamente por certificados cualificados de firma o de sello y por sistemas de clave concertada que las Administraciones consideren válidos. Solo se exige firma para cinco actuaciones (artículo 11.2): formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para lo demás basta la identificación. Las Administraciones asisten en el uso de medios electrónicos a quienes no están obligados a relacionarse por esa vía, y un funcionario habilitado puede identificarse y firmar por el interesado que carezca de medios, con su consentimiento expreso (artículo 12).

4.3. Ley 39/2015, Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas (artículos 13 a 33)

Derechos de las personas (artículo 13): comunicarse con la Administración a través de un Punto de Acceso General electrónico, ser asistidos en el uso de medios electrónicos, usar las lenguas oficiales de su Comunidad, acceder a la información pública y a los archivos y registros, ser tratados con respeto por las autoridades y empleados, exigir responsabilidades, obtener y utilizar medios de identificación y firma, la protección de datos, y los demás que reconozcan la Constitución y las leyes.

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente (artículo 14). Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican por medios electrónicos o no. Están obligados a relacionarse electrónicamente, al menos: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad, quienes ejerzan una actividad profesional con colegiación obligatoria (incluidos notarios y registradores), quienes representen a un obligado, y los empleados públicos para los trámites que realicen por su condición de empleados, en la forma que fije cada Administración. El guardia civil, como empleado público, se relaciona electrónicamente con su Administración en lo que esta determine.

Registros (artículo 16). Cada Administración tiene un Registro Electrónico General, que anota todo documento presentado o recibido y funciona como portal de acceso a los registros de sus organismos. Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico de cualquier Administración, en las oficinas de asistencia en materia de registros, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas y consulares y en cualquier otro lugar que dispongan las normas. El registro emite recibo con fecha y hora de presentación.

Archivo y colaboración (artículos 17 a 20). Cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos de procedimientos finalizados. Las personas colaboran con la Administración facilitando informes e inspecciones, y comparecen ante las oficinas públicas cuando una norma lo prevea, con citación que indique lugar, fecha, hora, medios, objeto y efectos. Los titulares de las unidades y el personal son responsables directos de la tramitación en plazo.

Obligación de resolver (artículo 21). La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación; en la prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento y desaparición del objeto, la resolución consiste en declarar esa circunstancia. Se exceptúan la terminación por pacto o convenio y los procedimientos de declaración responsable o comunicación. El plazo máximo para notificar la resolución es el que fije la norma del procedimiento, que no puede exceder de seis meses salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea establezca uno mayor; si la norma no fija plazo, es de tres meses. Se cuenta desde el acuerdo de iniciación (de oficio) o desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. El personal que tenga a su cargo el despacho de los asuntos y los titulares de los órganos son responsables directos del cumplimiento, y su incumplimiento da lugar a responsabilidad disciplinaria.

Suspensión y ampliación del plazo para resolver (artículos 22 y 23). El plazo se suspende, entre otros casos, cuando se requiere al interesado la subsanación (por el tiempo entre la notificación y el cumplimiento, o el transcurso del plazo), cuando se pide un pronunciamiento previo de un órgano de la Unión Europea, cuando se solicitan informes preceptivos (máximo tres meses) o cuando se realizan pruebas técnicas o análisis contradictorios; y se suspende obligatoriamente cuando se pide informe preceptivo a la Administración de otra Comunidad o cuando se plantea un conflicto de atribuciones. El órgano competente puede ampliar el plazo máximo de resolución, excepcionalmente y motivadamente, hasta un plazo no superior al establecido para la tramitación, contra cuyo acuerdo no cabe recurso.

El silencio administrativo (artículos 24 y 25):

Procedimiento	Efecto del vencimiento sin resolución	Reglas
Iniciado a solicitud del interesado	Estimatorio por silencio, salvo que una norma con rango de ley o del Derecho de la Unión disponga lo contrario	Es desestimatorio en el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, cuando la estimación transfiera facultades sobre el dominio o el servicio público, en las actividades que puedan dañar el medio ambiente, y en la impugnación de actos y disposiciones y en la revisión de oficio; excepción: si el recurso de alzada se interpone contra la desestimación por silencio, el nuevo silencio es estimatorio
Iniciado de oficio	Si podía reconocer derechos, los interesados pueden entender desestimadas sus pretensiones; si es sancionador o de intervención con efectos desfavorables, se produce la caducidad	La caducidad se declara con archivo de las actuaciones

La estimación por silencio es un acto administrativo finalizador del procedimiento a todos los efectos; la desestimación solo permite interponer el recurso que proceda. La resolución expresa posterior al silencio positivo solo puede ser confirmatoria; tras el silencio negativo, la Administración resuelve sin vinculación al sentido del silencio. Los efectos del silencio se producen desde el vencimiento del plazo y pueden acreditarse por cualquier medio, incluido el certificado del silencio, que la Administración expide de oficio en quince días desde el vencimiento.

Documentos (artículos 26 a 28). Los documentos administrativos se emiten por escrito a través de medios electrónicos, con la identificación del órgano, la fecha y la firma; las copias auténticas las expiden los funcionarios habilitados y las oficinas de asistencia. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración actuante o que haya elaborado cualquier otra Administración, que esta consulta electrónicamente salvo oposición del interesado; no cabe oposición en las potestades sancionadoras o de inspección. Los interesados responden de la veracidad de los documentos que presentan.

Términos y plazos (artículos 29 a 33). Obligan a las autoridades, al personal y a los interesados (artículo 29). El cómputo (artículo 30):

Plazo señalado en	Regla
Horas	Hábiles; se cuentan de hora en hora desde la notificación; no pueden superar veinticuatro horas, en cuyo caso se expresan en días
Días	Hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos, salvo que una ley o el Derecho de la Unión los declare naturales, lo que se hace constar en la notificación; se cuentan desde el día siguiente a la notificación, publicación o silencio
Meses o años	Desde el día siguiente a la notificación; concluyen el mismo día en que se produjo la notificación en el mes o año de vencimiento; si no hay día equivalente, el último día del mes
Último día inhábil	Se prorroga al primer día hábil siguiente
Día hábil en un lugar e inhábil en otro	Se considera inhábil en todo caso

El registro electrónico admite documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas y se rige por la fecha y hora de la sede electrónica; lo presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente (artículo 31). La ampliación de plazos (artículo 32) puede concederse de oficio o a petición, por un tiempo que no exceda de la mitad de ellos, siempre antes del vencimiento y sin que pueda ampliarse un plazo ya vencido; se aplica en todo caso a los procedimientos de las misiones diplomáticas y consulares. La tramitación de urgencia (artículo 33) reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los de presentación de solicitudes y recursos, y contra el acuerdo que la declare no cabe recurso.

4.4. Ley 39/2015, Título III. De los actos administrativos (artículos 34 a 52)

Requisitos (artículos 34 a 37). Los actos se producen por el órgano competente con el procedimiento establecido, y su contenido debe ser determinado y adecuado a sus fines. Deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos, los que resuelvan recursos y revisiones de oficio, los que se separen del criterio de actuaciones anteriores o del dictamen de órganos consultivos, los acuerdos de suspensión y de medidas provisionales, los de urgencia, ampliación de plazos y actuaciones complementarias, los que rechacen pruebas, los dictados en ejercicio de potestades discrecionales, y los que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva (artículo 35). Se producen por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma; si se ejercen verbalmente, la constancia escrita la efectúa el inferior que los recibe (artículo 36). La inderogabilidad singular (artículo 37) prohíbe que una resolución particular vulnere una disposición general, aunque proceda de un órgano superior, bajo sanción de nulidad.

Eficacia (artículos 38 y 39). Los actos son ejecutivos, se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa; la eficacia queda demorada cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente cabe la eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulados o produzcan efectos favorables, si los supuestos de hecho ya existían y no se lesionan derechos de otros.

Notificación (artículos 40 a 46), que es lo que el guardia civil practica en mano:

Regla	Contenido	Artículo
Plazo para cursarla	Diez días desde que se dictó el acto	40.2
Contenido	Texto íntegro, si pone fin o no a la vía administrativa, recursos que proceden, órgano y plazo	40.2
Notificación defectuosa	Surte efecto desde que el interesado realice actuaciones que supongan conocimiento del contenido o interponga recurso	40.3
Intento acreditado	A efectos del plazo máximo de resolución basta el intento de notificación debidamente acreditado	40.4
Medio	Preferentemente electrónica, y en todo caso cuando el interesado esté obligado; en papel solo en comparecencia espontánea, por entrega directa de empleado público o cuando el interesado no obligado lo haya elegido	41
En papel, sin hallarse el interesado	Puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad; si nadie se hace cargo, se repite el intento una sola vez y en hora distinta dentro de los tres días siguientes, con al menos tres horas de diferencia y antes o después de las quince horas según el primer intento	42
Electrónica	Por comparecencia en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única; se entiende practicada al acceder a su contenido y rechazada a los diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceso	43
Infructuosa	Interesados desconocidos, lugar ignorado o notificación intentada sin éxito: anuncio en el Boletín Oficial del Estado, con anuncio previo facultativo en boletines autonómicos o provinciales o tablón del Ayuntamiento	44
Publicación	Sustituye a la notificación con pluralidad indeterminada de destinatarios o en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva	45

Nulidad de pleno derecho (artículo 47.1). Son nulos los actos: a) que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) de contenido imposible; d) constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de ella; e) dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento o de las reglas esenciales para formar la voluntad de los órganos colegiados; f) los expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales; g) cualquier otro que establezca una ley. Son también nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones superiores, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables (47.2).

Anulabilidad (artículo 48), preguntada en 2026: son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o cause indefensión; las actuaciones fuera de plazo solo son anulables cuando lo imponga la naturaleza del término. La desviación de poder, ejercicio de una potestad para fines distintos de los fijados por el ordenamiento, es por tanto anulabilidad, no nulidad.

Límites, conversión, conservación y convalidación (artículos 49 a 52). La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos independientes, ni la de parte del acto la del resto (49); los actos viciados que contengan los elementos de otro producen los efectos de este (conversión, 50); el órgano que anule dispone la conservación de los trámites cuyo contenido se habría mantenido igual (51); y la Administración puede convalidar los actos anulables subsanando el vicio, por el órgano superior si el vicio es incompetencia no determinante de nulidad, o mediante el otorgamiento de la autorización que faltaba (52). Los actos nulos no se convalidan.

4.5. Ley 39/2015, Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común (artículos 53 a 105)

Derechos del interesado en el procedimiento (artículo 53). Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio, el órgano competente y los actos de trámite dictados; acceder y obtener copia de los documentos; identificar a las autoridades y personal que tramitan; no presentar documentos originales ni los ya en poder de la Administración; formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia; obtener información y orientación; actuar asistidos de asesor; cumplir las obligaciones de pago por medios electrónicos. En los procedimientos sancionadores, además: ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones y de las sanciones que pudieran corresponder, de la identidad del instructor y del órgano competente, y la presunción de no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario.

Iniciación (artículos 54 a 69). Los procedimientos se inician de oficio o a solicitud del interesado (54). Antes de iniciar, cabe un período de información o actuaciones previas (55) y, una vez iniciado, el órgano competente para resolver puede adoptar medidas provisionales motivadas para asegurar la eficacia de la resolución, que también pueden acordarse antes de la iniciación en casos de urgencia inaplazable y deben confirmarse en el acuerdo de iniciación en quince días (56). Los procedimientos de oficio se inician por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, por orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia (58 a 62). La denuncia es el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio; debe expresar la identidad del denunciante y los hechos, y no confiere por sí sola la condición de interesado (62). El acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador (64) identifica a los presuntos responsables, los hechos, su calificación y las sanciones posibles, el instructor y el órgano competente. Las solicitudes deben contener nombre, identificación del medio de notificación, hechos y petición, lugar y fecha, firma y órgano destinatario (66); si no reúnen los requisitos, se requiere al interesado para que subsane en diez días, ampliables a cinco más salvo en procedimientos selectivos, con apercibimiento de tenerlo por desistido (68). La declaración responsable es el documento en que el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos y dispone de la documentación; la comunicación, el que pone en conocimiento de la Administración sus datos y requisitos para el ejercicio de un derecho o actividad; ambas permiten el ejercicio desde su presentación, y la inexactitud determina la imposibilidad de continuar (69).

Ordenación (artículos 70 a 74). El expediente es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, en formato electrónico y con índice numerado (70). El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites y se despacha por orden riguroso de incoación en los asuntos homogéneos (71). Se acuerdan en un solo acto los trámites que admitan impulso simultáneo (72). Los trámites de los interesados se cumplen en diez días desde la notificación (73), y las cuestiones incidentales no suspenden el procedimiento, salvo la recusación (74).

Instrucción (artículos 75 a 83). Los actos de instrucción se realizan de oficio por el órgano que tramita (75). Los interesados pueden formular alegaciones en cualquier momento anterior al trámite de audiencia (76). La prueba se practica por cualquier medio admisible en Derecho, en un período no superior a treinta días ni inferior a diez, y solo puede rechazarse motivadamente la manifiestamente improcedente; los hechos constatados por funcionarios con condición de autoridad y formalizados en documento público tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas en contrario (77). Los informes son, salvo disposición expresa, facultativos y no vinculantes y se emiten en diez días; de no emitirse en plazo, se prosiguen las actuaciones, salvo los preceptivos, que permiten suspender el plazo máximo (79 y 80). En los procedimientos de responsabilidad patrimonial es preceptivo el informe del servicio y el dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico cuando la reclamación sea igual o superior a 50.000 euros (81). El trámite de audiencia se abre instruido el procedimiento e inmediatamente antes de la propuesta de resolución, por un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, y puede prescindirse de él cuando no figuren ni se tengan en cuenta otros hechos ni alegaciones que las del interesado (82). La información pública se anuncia en el diario oficial por un plazo no inferior a veinte días (83).

Finalización (artículos 84 a 95). Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas (84). En los sancionadores, el reconocimiento de responsabilidad permite resolver con la sanción, y el pago voluntario antes de la resolución implica la terminación, con reducciones de al menos el 20 por ciento en cada caso, acumulables (85). Cabe la terminación convencional por acuerdos, pactos, convenios o contratos que no sean contrarios al ordenamiento (86). La resolución decide todas las cuestiones planteadas y las conexas, no puede agravar la situación inicial del interesado (prohibición de la reformatio in peius) y en los sancionadores no puede aceptar hechos distintos de los determinados en el procedimiento (88 y 90); la propuesta de resolución sancionadora se notifica a los interesados con plazo para alegar (89), y la resolución sancionadora es ejecutiva solo cuando no quepa recurso ordinario contra ella (90.3). Todo interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos (94). En los procedimientos a solicitud del interesado, paralizados por causa imputable a él, la Administración advierte que transcurridos tres meses se produce la caducidad, con archivo de las actuaciones, que no produce por sí sola la prescripción (95).

Tramitación simplificada (artículo 96). Por interés público o falta de complejidad, de oficio o a solicitud; los procedimientos así tramitados se resuelven en treinta días desde la notificación del acuerdo y constan solo de iniciación, subsanación, alegaciones por cinco días, audiencia solo si la resolución va a ser desfavorable, informe del servicio jurídico y del Consejo de Estado si procede, y resolución. Si el interesado se opone en cinco días, se sigue la tramitación ordinaria. En los sancionadores cabe la simplificada cuando la infracción sea leve.

Ejecución (artículos 97 a 105). Ninguna actuación material de ejecución se inicia sin la resolución que le sirva de fundamento (97). Los actos son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición en contrario o necesidad de aprobación superior (98). La ejecución forzosa exige apercibimiento previo y no cabe cuando la Constitución o la ley exigen intervención judicial (99). Sus cuatro medios (artículo 100), con respeto al principio de proporcionalidad y eligiendo el menos restrictivo de la libertad individual:

Medio	Cuándo procede	Artículo
Apremio sobre el patrimonio	Obligaciones de pagar cantidad líquida, por el procedimiento de apremio	101
Ejecución subsidiaria	Actos no personalísimos que pueda realizar otro sujeto, a costa del obligado	102
Multa coercitiva	Cuando la ley lo autorice: actos personalísimos sin compulsión directa, actos en que procediendo la compulsión la Administración no la estime conveniente, y actos cuya ejecución pueda encomendar el obligado a otro; es independiente de las sanciones	103
Compulsión sobre las personas	Obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, cuando la ley lo autorice expresamente y con respeto a la dignidad y a los derechos constitucionales	104

No se admiten acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y con el procedimiento legal (105).

4.6. Ley 39/2015, Título V. De la revisión de los actos en vía administrativa (artículos 106 a 126)

Revisión de oficio (artículos 106 a 111). Las Administraciones, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, declaran de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1, y de las disposiciones nulas del 47.2; pueden inadmitir motivadamente las solicitudes manifiestamente infundadas sin dictamen; y si el procedimiento a solicitud del interesado no se resuelve en seis meses, se entiende desestimada por silencio, y si es de oficio, caduca (106). Para los actos anulables favorables al interesado, la Administración no puede revisarlos por sí: debe declararlos lesivos para el interés público, en un plazo de cuatro años desde que se dictaron, con audiencia de los interesados, e impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa; el procedimiento de lesividad caduca a los seis meses (107). Iniciada la revisión, cabe suspender la ejecución del acto (108). Las Administraciones pueden revocar sus actos de gravamen o desfavorables mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, si no constituye dispensa prohibida ni es contraria a la igualdad o al interés público, y rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos (109). Las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes (110). En la Administración General del Estado son competentes para la revisión de oficio el Consejo de Ministros, los Ministros y los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos (111).

Los recursos administrativos (artículos 112 a 126), la parte más preguntada de la Ley:

	Alzada	Reposición	Extraordinario de revisión
Contra	Resoluciones y actos de trámite cualificados que no ponen fin a la vía administrativa	Actos que ponen fin a la vía administrativa	Actos firmes en vía administrativa
Ante	El superior jerárquico del que dictó el acto (puede presentarse ante este, que lo eleva en diez días)	El mismo órgano que dictó el acto	El mismo órgano que dictó el acto, que también resuelve
Carácter	Necesario para agotar la vía	Potestativo: cabe ir directamente a la jurisdicción contenciosa	Extraordinario, solo por cuatro causas
Plazo de interposición	Un mes si el acto es expreso; si no, en cualquier momento desde el día siguiente a los efectos del silencio	Un mes si es expreso; si no, en cualquier momento desde el silencio	Cuatro años desde la notificación en el error de hecho; tres meses desde el conocimiento de los documentos o la firmeza de la sentencia en los demás casos
Plazo para resolver	Tres meses; transcurrido, se entiende desestimado, salvo alzada contra silencio desestimatorio	Un mes	Tres meses; transcurrido, desestimado y expedita la vía contenciosa
Después	No cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión	No cabe interponer de nuevo reposición; no cabe contencioso hasta que se resuelva expresa o presuntamente	Cabe la vía contencioso-administrativa
Artículos	121 y 122	123 y 124	113, 125 y 126

Los recursos de alzada y reposición pueden fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48 (112.1). Las leyes pueden sustituir la alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados no sometidos a instrucciones jerárquicas (112.2), y contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (112.3).

Fin de la vía administrativa (artículo 114). Ponen fin a ella las resoluciones de los recursos de alzada, las de los procedimientos que sustituyen a la alzada, las de los órganos sin superior jerárquico salvo ley en contrario, los acuerdos y convenios finalizadores, las resoluciones de responsabilidad patrimonial, las de los procedimientos complementarios sancionadores y las demás que establezca una ley. En la Administración General del Estado ponen fin a la vía administrativa los actos del Consejo de Ministros y sus Presidentes, los de los Ministros y Secretarios de Estado en sus competencias, los de los órganos directivos con nivel de Director general o superior respecto del personal, y los emanados de los máximos órganos de los organismos públicos.

Reglas comunes (artículos 115 a 120). El escrito de recurso expresa nombre, acto recurrido y razón de la impugnación, lugar, fecha y firma, órgano al que se dirige, y el error en la calificación del recurso no obsta a su tramitación si se deduce su verdadero carácter (115). Son causas de inadmisión la incompetencia del órgano cuando el competente sea de otra Administración, la falta de legitimación, tratarse de acto no recurrible, la extemporaneidad y la carencia manifiesta de fundamento (116). La interposición no suspende la ejecución, salvo que el órgano competente lo acuerde ponderando el perjuicio y siempre que concurra nulidad de pleno derecho o perjuicio de imposible reparación; la suspensión se entiende producida si en un mes no se resuelve sobre ella (117). Los nuevos hechos se ponen de manifiesto a los interesados por diez a quince días (118). La resolución estima, desestima o inadmite, y puede ordenar la retroacción por vicio de forma, sin que pueda agravar la situación inicial del recurrente (119).

4.7. Ley 39/2015, Título VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad de dictar reglamentos y otras disposiciones (artículos 127 a 133)

El Gobierno de la Nación ejerce la iniciativa legislativa mediante los anteproyectos de ley y su remisión como proyectos a las Cortes, y aprueba los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos; los órganos de gobierno autonómicos, en los términos de sus Estatutos (127). La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales; los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes, ni regular materias reservadas a la ley, ni tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas ni establecer penas o sanciones, ni tributos, salvo previsión legal (128). Los principios de buena regulación (129) son necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, que deben justificarse en la exposición de motivos o el preámbulo. La normativa se evalúa periódicamente (130) y las normas se publican en el diario oficial para entrar en vigor (131); cada Administración aprueba un Plan Anual Normativo (132) y sustancia una consulta pública previa a la elaboración de los anteproyectos y proyectos de reglamento, además de la audiencia e información pública sobre el texto (133). La STC 55/2018 del epígrafe 5 acotó la aplicación de los artículos 129 a 133 a las Comunidades Autónomas.

4.8. Ley 40/2015, Título Preliminar. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público (artículos 1 a 53)

Es el título más preguntado del tema: cuatro de las nueve preguntas medidas. La Ley 40/2015 tiene por objeto las bases del régimen jurídico de las Administraciones, los principios de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora, y la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional (artículo 1), con el mismo ámbito subjetivo que la Ley 39/2015 (artículo 2).

Principios generales (artículo 3). Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho (los del artículo 103 de la Constitución), y deben respetar, entre otros, el servicio efectivo a los ciudadanos, la simplicidad y proximidad, la participación, objetividad y transparencia, la racionalización y agilidad, la buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional, la responsabilidad por la gestión pública, la planificación y dirección por objetivos, la eficiencia en el uso de los recursos y la cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones. Se relacionan entre sí y con los ciudadanos a través de medios electrónicos. Las medidas que limiten derechos o exijan requisitos para una actividad aplican el principio de proporcionalidad, eligiendo la menos restrictiva y motivando su necesidad (artículo 4).

4.8.1. Los órganos administrativos y la competencia (artículos 5 a 14)

Son órganos administrativos las unidades a las que se atribuyan funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación sea preceptiva; crear uno exige determinar su forma de integración y dependencia, sus funciones y competencias y su dotación, y no puede crearse un órgano que duplique a otro existente (artículo 5). Los órganos dirigen las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio (artículo 6), preguntado en 2025; se publican en el boletín oficial cuando una disposición lo establezca o se estime conveniente, y su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria. La Administración consultiva se articula por órganos con autonomía o por los servicios de asistencia jurídica, que no pueden recibir instrucciones de los órganos que consultan (artículo 7).

La competencia (artículo 8) es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tienen atribuida como propia, salvo delegación o avocación; la delegación de competencias, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no alteran la titularidad de la competencia, aunque sí los elementos de su ejercicio. Si una disposición atribuye la competencia a una Administración sin especificar el órgano, corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y si hay varios, al superior jerárquico común.

Técnica	Qué es	Reglas que se preguntan	Artículo
Delegación de competencias (preguntada en 2026)	Un órgano delega el ejercicio de sus competencias en otros de la misma Administración, aunque no dependan jerárquicamente, o en sus organismos vinculados	No pueden delegarse: los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes y los Presidentes y Asambleas autonómicos; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos en los órganos que dictaron el acto recurrido; y las materias que una ley determine. Las delegaciones y su revocación se publican en el boletín oficial que corresponda. Las resoluciones dictadas por delegación indican esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante. No pueden delegarse las competencias que se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa de una ley. No puede delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez emitido en él un dictamen o informe preceptivo. La delegación es revocable en cualquier momento por el órgano que la confirió. La delegación de competencias de un órgano colegiado exige el quórum o mayoría de sus acuerdos	9
Avocación	Los órganos superiores avocan para sí el conocimiento de asuntos que corresponden ordinariamente o por delegación a sus dependientes, por circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales	Mediante acuerdo motivado notificado a los interesados; contra él no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución; en la delegación a órganos no dependientes, solo puede avocar el delegante	10
Encomienda de gestión (preguntada en 2025)	Realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de un órgano o entidad de derecho público, encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos	No puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos públicos. No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio; el encomendante dicta los actos jurídicos que den soporte a la actividad; el encomendado es encargado del tratamiento de los datos personales. Entre órganos de la misma Administración se formaliza según su normativa o por acuerdo expreso, y se publica; entre Administraciones distintas, por convenio, salvo la gestión ordinaria de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones	11
Delegación de firma	Los titulares de los órganos delegan la firma de sus resoluciones en los titulares de órganos o unidades dependientes, dentro de los límites del artículo 9	No altera la competencia y no necesita publicación para su validez; los actos firmados por delegación indican esta circunstancia y la autoridad de procedencia	12
Suplencia	Sustitución temporal del titular en caso de vacante, ausencia o enfermedad, o de abstención o recusación declarada	Si no hay suplente designado, la competencia la ejerce quien designe el órgano inmediato superior; no altera la competencia ni necesita publicación; en la Administración General del Estado la designa el órgano competente para el nombramiento; los actos indican que se dictan por suplencia	13

Las decisiones sobre competencia (artículo 14): el órgano que se estime incompetente remite las actuaciones al competente y lo notifica a los interesados; los conflictos entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente los resuelve el superior jerárquico común, y los de una misma Administración se plantean por el interesado ante el órgano que conoce (para que decline) o ante el que estime competente (para que requiera de inhibición).

4.8.2. Los órganos colegiados (artículos 15 a 22)

Tienen un Secretario, miembro del órgano o persona al servicio de la Administración, que vela por la legalidad, certifica las actuaciones y garantiza las reglas de constitución y acuerdos (16). Pueden constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos presencialmente o a distancia (17). Para su válida constitución se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario, o quienes les suplan, y de la mitad, al menos, de sus miembros; no puede deliberarse sobre asuntos no incluidos en el orden del día salvo que asistan todos los miembros y se declare la urgencia por mayoría; los acuerdos se adoptan por mayoría de votos; y los miembros que voten en contra o se abstengan quedan exentos de la responsabilidad del acuerdo (17). De cada sesión el Secretario levanta acta, con asistentes, orden del día, lugar y tiempo, puntos principales y acuerdos; las sesiones pueden grabarse; el acta se aprueba en la misma sesión o en la siguiente (18). En los órganos colegiados de la Administración General del Estado, el Presidente ostenta la representación, convoca, preside, modera y dirime con su voto los empates; la convocatoria se hace con una antelación mínima de dos días; y son órganos colegiados los creados formalmente con tres o más personas (19 a 22).

4.8.3. Abstención y recusación (artículos 23 y 24)

Preguntada en 2025. Las autoridades y el personal en quienes concurra alguno de los cinco motivos se abstienen de intervenir y lo comunican a su superior inmediato, que resuelve:

Letra	Motivo de abstención
a)	Tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir; ser administrador de sociedad o entidad interesada; tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado
b)	Vínculo matrimonial o situación asimilable, y parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con los interesados, los administradores de entidades interesadas, y los asesores, representantes legales o mandatarios; compartir despacho profesional con estos
c)	Amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas del apartado anterior
d)	Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento
e)	Tener relación de servicio con persona interesada directamente, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar

Los superiores pueden ordenar la abstención; la actuación de quien debió abstenerse no implica necesariamente la invalidez de los actos, pero genera responsabilidad (23). La recusación la promueven los interesados en cualquier momento, por escrito; el recusado manifiesta al día siguiente si concurre la causa; si la niega, el superior resuelve en tres días; contra la resolución no cabe recurso, aunque puede alegarse en el que se interponga contra el acto que ponga fin al procedimiento (24). La opción falsa de 2025 extendía la afinidad hasta el cuarto grado respecto de los administradores de entidades interesadas: la afinidad llega solo al segundo.

4.8.4. Potestad sancionadora, responsabilidad patrimonial y convenios (artículos 25 a 53)

Principios de la potestad sancionadora (25 a 31). Legalidad: solo se ejerce cuando la reconoce una norma con rango de ley. Irretroactividad, con retroactividad de lo favorable. Tipicidad: solo son infracciones las previstas por ley, clasificadas en leves, graves y muy graves; los reglamentos solo pueden introducir especificaciones. Responsabilidad de personas físicas y jurídicas a título de dolo o culpa. Proporcionalidad: las sanciones nunca pueden implicar privación de libertad, y se gradúan por el grado de culpabilidad, la continuidad, la naturaleza de los perjuicios y la reincidencia (comisión en un año de más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme). Prescripción, si la ley sectorial no fija plazos: las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses; las sanciones por faltas muy graves a los tres años, graves a los dos y leves al año. Concurrencia de sanciones: no se sancionan los hechos ya sancionados penal o administrativamente con identidad de sujeto, hecho y fundamento (non bis in idem).

Responsabilidad patrimonial (32 a 37). Los particulares tienen derecho a ser indemnizados de toda lesión en sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar; el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Responde también el Estado legislador en los casos de leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión. El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o de la curación o determinación del alcance de las secuelas. Los particulares exigen la responsabilidad directamente a la Administración, que después exige de oficio al personal la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo, culpa o negligencia graves (artículo 36): es la regla que protege al guardia civil frente al perjudicado y le hace responder ante su propia Administración.

Funcionamiento electrónico y convenios (38 a 53). Cada Administración tiene una sede electrónica y un portal de internet, actúa mediante sello electrónico o firma del empleado, y garantiza la seguridad e interoperabilidad de sus sistemas. Los convenios son acuerdos con efectos jurídicos entre Administraciones, organismos y Universidades públicas, entre sí o con sujetos de derecho privado, para un fin común; no lo son los protocolos generales de actuación; su duración no puede superar cuatro años, prorrogables por hasta cuatro más; y los de la Administración General del Estado se comunican al Tribunal de Cuentas cuando superen 600.000 euros.

4.9. Ley 40/2015, Título I. La Administración General del Estado (artículos 54 a 80)

Principios y estructura (artículos 54 a 56). La Administración General del Estado se organiza según los principios del artículo 3 y los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial, con presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos superiores y directivos (entre el 40 y el 60 por ciento por departamento, 55 bis). Su organización responde a la división funcional en Departamentos ministeriales y a la gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno, y comprende la Organización Central (Ministerios y servicios comunes), la Organización Territorial y la Administración General del Estado en el exterior. Los órganos superiores y directivos, preguntados en 2026:

Nivel	Órganos	Condición
Órganos superiores	Los Ministros y los Secretarios de Estado	Establecen los planes de actuación de la organización bajo su responsabilidad
Órganos directivos de la organización central	Subsecretarios y Secretarios generales; Secretarios generales técnicos y Directores generales; Subdirectores generales	Desarrollan y ejecutan los planes
Órganos directivos de la organización territorial	Delegados del Gobierno (rango de Subsecretario) y Subdelegados del Gobierno (nivel de Subdirector general)
Órganos directivos en el exterior	Embajadores y representantes permanentes

Todos son altos cargos, salvo los Subdirectores generales y asimilados. Los estatutos de los organismos públicos determinan sus órganos directivos. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos, y sus jefes responden del funcionamiento de la unidad (56).

Los Ministerios (artículos 57 a 68). La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y Ministerios; el número, denominación y competencias de los Ministerios los fija el Presidente del Gobierno por real decreto (57). En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías Generales; cuentan en todo caso con una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica; las Direcciones Generales gestionan áreas funcionalmente homogéneas y se organizan en Subdirecciones Generales (58). Las Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones y Subdirecciones Generales se crean, modifican y suprimen por real decreto del Consejo de Ministros; los órganos inferiores a Subdirección General, por orden del Ministro (59). Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios; los órganos directivos se ordenan Subsecretario, Director general y Subdirector general, con los Secretarios generales en categoría de Subsecretario y los Secretarios generales técnicos en la de Director general (60).

Órgano	Función principal	Nombramiento
Ministro	Dirige los sectores de actividad del Ministerio; ejerce la potestad reglamentaria; fija objetivos y aprueba planes; nombra y separa a los titulares de los órganos directivos; resuelve los recursos en vía administrativa (61)	Real decreto del Rey a propuesta del Presidente
Secretario de Estado	Responsable directo de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector; dirige y coordina los órganos directivos adscritos; puede representar al Ministro por delegación (62)	Real decreto del Consejo de Ministros
Subsecretario	Representación ordinaria del Ministerio; dirige los servicios comunes; apoya a los órganos superiores; asiste al Ministro en el control de eficacia; asesora jurídicamente; gestiona el personal (63)	Real decreto del Consejo de Ministros, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1
Secretario general	Dirección de un sector de actividad, con categoría de Subsecretario (64)	Real decreto del Consejo de Ministros
Secretario general técnico	Bajo el Subsecretario: producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones; categoría de Director general (65)	Real decreto del Consejo de Ministros, funcionarios A1
Director general	Gestión de una o varias áreas homogéneas; propone proyectos, ejerce competencias desconcentradas o delegadas, impulsa la ejecución (66)	Real decreto del Consejo de Ministros, funcionarios A1 salvo excepción motivada
Subdirector general	Ejecución de proyectos y gestión ordinaria bajo el Director general (67)	Por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario, entre funcionarios A1

La organización territorial (artículos 69 a 79). Existe una Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, con sede donde radique su Consejo de Gobierno salvo acuerdo del Consejo de Ministros, y en cada provincia de las Comunidades pluriprovinciales una Subdelegación del Gobierno (69); en las islas puede haber Directores Insulares (70). Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en la Comunidad Autónoma, dirigen y supervisan la Administración General del Estado en su territorio y la coordinan con la autonómica; son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por la materia, y se nombran y separan por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente (72). Entre sus competencias (73) está la que interesa al Cuerpo: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura corresponde al Delegado del Gobierno, que ejerce las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Los Subdelegados del Gobierno tienen nivel de Subdirector general y los nombra el Delegado por libre designación entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 (74); les corresponde la cooperación con la Comunidad y las Entidades Locales, la dirección de los servicios integrados, la protección de los derechos y la seguridad ciudadana y la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia bajo el Delegado (75). Las Delegaciones cuentan con una Secretaría General (76), la asistencia jurídica de la Abogacía del Estado y el control de la Intervención General (77), y existen una Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica (78) y Comisiones territoriales de asistencia al Delegado, integradas por los Subdelegados, y Comisiones de asistencia al Subdelegado (79). El Servicio Exterior se rige por la Ley 2/2014 (80).

4.10. Ley 40/2015, Título III. Relaciones interadministrativas (artículos 140 a 158)

Principios (artículo 140): lealtad institucional, adecuación al orden de competencias, colaboración (deber de actuar con el resto de Administraciones para el logro de fines comunes), cooperación (dos o más Administraciones asumen compromisos de forma voluntaria), coordinación (una Administración tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las demás en una materia), eficiencia en la gestión de los recursos, responsabilidad, garantía e igualdad de los derechos de los ciudadanos y solidaridad interterritorial.

Colaboración (artículos 141 y 142). Las Administraciones deben respetar el ejercicio legítimo de las competencias ajenas, ponderar los intereses públicos implicados, facilitar la información que precisen las demás, prestar la asistencia que soliciten y cumplir las obligaciones de suministro de información, que pueden ser objeto de denegación motivada cuando el ente no esté facultado, no disponga de medios, cause un perjuicio grave a sus intereses o se trate de información confidencial. Las técnicas son el suministro de información, la creación de sistemas integrados de información, el deber de asistencia y auxilio, y las demás que prevean las leyes.

Cooperación (artículos 143 a 154). Es voluntaria y se formaliza en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios, con técnicas como la participación en órganos de cooperación o consultivos, los planes y programas conjuntos, los convenios y la actuación conjunta. Sus órganos:

Órgano	Composición y datos
Conferencia de Presidentes	Órgano multilateral presidido por el Presidente del Gobierno, con los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de Ceuta y Melilla; delibera sobre asuntos de interés común y su comité preparatorio lo forman el Ministro competente en administración territorial y un consejero por Comunidad (146)
Conferencias Sectoriales	Multilaterales y de ámbito sectorial; las preside el Ministro competente por la materia con los consejeros autonómicos; se convocan al menos una vez al año o cuando lo pida un tercio de sus miembros; tienen secretario designado por el Presidente; votan por Administraciones, no por miembros, y adoptan acuerdos (obligatorios para quienes los suscriban) y recomendaciones (147 a 151)
Comisiones Sectoriales y grupos de trabajo	Órganos de trabajo y apoyo de la Conferencia, presididos por el Secretario de Estado u órgano superior designado (152)
Comisiones Bilaterales de Cooperación	Igual número de representantes del Gobierno y del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma o de Ceuta o Melilla; entre ellas, las que intentan evitar los recursos de inconstitucionalidad (153)
Comisiones Territoriales de Coordinación	Multilaterales, entre Administraciones con territorios coincidentes o limítrofes, para coordinar servicios y evitar duplicidades (154)

Relaciones electrónicas (artículos 155 a 158). Las Administraciones se transmiten datos entre sí conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 (155); el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad fijan los criterios comunes (156); las Administraciones ponen a disposición de las demás sus aplicaciones (157) y mantienen directorios de aplicaciones reutilizables (158).

4.11. Ley 40/2015, disposición final tercera. Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

La disposición final tercera reformó trece apartados de la Ley del Gobierno. Lo que se estudia es el resultado, tal como queda hoy en la Ley 50/1997:

Materia	Regla tras la reforma	Artículo de la Ley 50/1997
Ministros sin cartera	Pueden existir; un real decreto determina el ámbito de sus competencias, su estructura y sus medios	4.2
Consejo de Ministros	Órgano colegiado del Gobierno; aprueba los proyectos de ley y el de Presupuestos, los reales decretos-leyes y decretos legislativos, acuerda la negociación y firma de tratados, declara los estados de alarma y excepción y propone al Congreso el de sitio, dispone la emisión de deuda, aprueba los reglamentos, crea, modifica y suprime los órganos directivos, adopta programas y planes, y ejerce las demás funciones que le atribuyan la Constitución y las leyes; sus reuniones pueden ser decisorias o deliberantes y sus deliberaciones son secretas	5
Comisiones Delegadas del Gobierno	Se crean, modifican y suprimen por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente, que especifica el miembro que las preside, sus miembros y funciones y el que actúa como secretario; sus deliberaciones son secretas	6
Secretarios de Estado	Órganos superiores directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector, bajo la dirección del Ministro	7
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios	Integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y los Subsecretarios, con asistencia del Abogado General del Estado; presidida por un Vicepresidente o, en su defecto, por el Ministro de la Presidencia; prepara las sesiones del Consejo de Ministros y sus deliberaciones son reservadas; no puede adoptar decisiones por delegación del Gobierno	8
Secretariado del Gobierno	Órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas y de la Comisión General; asiste al Ministro-Secretario del Consejo, remite las convocatorias, archiva y custodia las actas y vela por la correcta publicación de las disposiciones en el BOE; se integra en el Ministerio de la Presidencia	9
Gabinetes	Órganos de apoyo político y técnico del Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros y los Secretarios de Estado; sus miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento y no pueden adoptar actos o resoluciones de la Administración	10
Requisitos para ser miembro del Gobierno	Ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado por sentencia firme y reunir los requisitos de idoneidad de la Ley 3/2015 del alto cargo	11
Nombramiento y cese	El Presidente, según la Constitución; los Vicepresidentes y Ministros, por el Rey a propuesta del Presidente; la separación de los Ministros sin cartera lleva aparejada la extinción de sus órganos	12
Suplencia	Al Presidente lo suplen los Vicepresidentes por su orden y, en su defecto, los Ministros por el orden de precedencia de los Departamentos; a los Ministros, otro miembro del Gobierno por real decreto del Presidente; no hay ausencia en los viajes oficiales	13
Delegación y avocación	El Presidente puede delegar en los Vicepresidentes y Ministros; los Ministros, en los Secretarios de Estado, Subsecretarios y Delegados del Gobierno; no son delegables las competencias atribuidas directamente por la Constitución ni las de nombramiento y separación de altos cargos	20
Iniciativa legislativa y potestad reglamentaria	Se ejercen conforme al Título VI de la Ley 39/2015; las normas reglamentarias se ajustan a la jerarquía real decreto del Consejo de Ministros, real decreto del Presidente, orden ministerial; el procedimiento de elaboración exige consulta pública, memoria del análisis de impacto normativo e informes preceptivos	22 a 26
Control del Gobierno	El Gobierno está sujeto a la Constitución y al ordenamiento; sus actos están sometidos al control político de las Cortes y al de la jurisdicción contencioso-administrativa	29

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5. Jurisprudencia esencial

Ninguna de las nueve preguntas medidas pidió jurisprudencia. Las cuatro sentencias siguientes del Tribunal Constitucional son las que han fijado el alcance de las dos leyes del tema frente a las Comunidades Autónomas y el sentido del silencio administrativo, y explican por qué algunos artículos se leen hoy con matices. Las cuatro están comprobadas en el BOE, con su fallo.

STC 55/2018, de 24 de mayo (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 3628-2016, BOE-A-2018-8574). El Gobierno de la Generalitat de Cataluña recurrió varios preceptos de la Ley 39/2015 por invadir sus competencias de autoorganización. El Tribunal estimó parcialmente el recurso: declaró inconstitucional y nulo el párrafo segundo del artículo 6.4 (que imponía a todas las Administraciones unos modelos de poderes aprobados por orden ministerial), dos incisos del artículo 129.4 y el apartado segundo de la disposición final primera, y declaró que los artículos 129, 130, 132 y 133 (principios de buena regulación, evaluación normativa, plan normativo y consulta pública) son contrarios al orden de competencias en cuanto se apliquen a las Comunidades Autónomas, salvo algunos incisos. La lección: el Estado fija el procedimiento administrativo común (artículo 149.1.18.ª de la Constitución), pero no puede dictar a las Comunidades cómo elaboran sus propias normas ni imponerles modelos organizativos.

STC 132/2018, de 13 de diciembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 3774-2016, BOE-A-2019-457). El mismo Gobierno autonómico recurrió la Ley 40/2015. El Tribunal estimó parcialmente: declaró contrarios al orden de competencias los incisos del artículo 52.2 que fijaban plazos perentorios de un mes para los efectos de la resolución de los convenios, y desestimó todo lo demás, confirmando las bases del régimen jurídico que el tema estudia: los principios de actuación, los órganos y la competencia, los órganos colegiados, la abstención y recusación, la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial son bases que el Estado puede imponer a todas las Administraciones.

STC 33/2019, de 14 de marzo (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 3903-2016, BOE-A-2019-5726). El Gobierno de Canarias recurrió también la Ley 40/2015 invocando la interdicción de la arbitrariedad, la lealtad institucional, la estabilidad presupuestaria y sus competencias de autoorganización. El Tribunal desestimó íntegramente el recurso. Cerró así, con la anterior, el mapa de lo que las Comunidades pueden y no pueden discutir de la Ley: la regulación de las relaciones interadministrativas del Título III, incluidos el deber de colaboración y los órganos de cooperación, es constitucional.

STC 104/2018, de 4 de octubre (Pleno, cuestión de inconstitucionalidad 5228-2017, BOE-A-2018-15008). El Tribunal Superior de Justicia de Aragón dudaba de que una ley autonómica pudiera establecer el silencio positivo en las solicitudes de acceso a la información pública cuando la ley estatal de transparencia lo fija negativo. El Tribunal estimó la cuestión y anuló el precepto aragonés: el sentido del silencio en un procedimiento es una regla del procedimiento administrativo común y de las bases estatales, que las Comunidades no pueden alterar. Es el complemento del artículo 24 de la Ley 39/2015: el silencio es positivo salvo que una norma con rango de ley diga lo contrario, y esa ley, en las materias básicas, es la del Estado.

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6. Tabla resumen

Los plazos de la Ley 39/2015

Dato	Plazo	Artículo
Validez de los poderes inscritos en el registro de apoderamientos	Máximo 5 años, prorrogables	6
Subsanación de la representación no acreditada	10 días	5.6
Plazo máximo para resolver, si la norma no lo fija	3 meses	21.3
Plazo máximo para resolver, techo general	6 meses, salvo ley o Derecho de la Unión	21.2
Suspensión por informes preceptivos	Máximo 3 meses	22.1.d)
Certificado del silencio	15 días desde el vencimiento	24.4
Plazos por horas	Máximo 24 horas	30.1
Ampliación de plazos	No más de la mitad	32
Tramitación de urgencia	Plazos reducidos a la mitad	33
Cursar la notificación	10 días desde que se dictó el acto	40.2
Persona que puede recibir la notificación en papel	Mayor de 14 años	42.2
Segundo intento de notificación	Una sola vez, dentro de los 3 días siguientes, con 3 horas de diferencia	42.2
Rechazo de la notificación electrónica	10 días naturales sin acceder	43.2
Confirmación de medidas provisionales previas	15 días	56.2
Subsanación de la solicitud	10 días, ampliables 5	68
Cumplimiento de trámites por el interesado	10 días	73
Período de prueba	De 10 a 30 días	77.2
Emisión de informes	10 días	80.2
Dictamen del Consejo de Estado en responsabilidad patrimonial	Reclamaciones de 50.000 euros o más	81.2
Trámite de audiencia	De 10 a 15 días	82.2
Información pública	No inferior a 20 días	83.2
Reducción por reconocimiento o pago voluntario en sancionadores	Al menos 20 por ciento cada una	85.3
Caducidad por paralización imputable al interesado	3 meses	95.1
Tramitación simplificada	Resolución en 30 días; alegaciones 5 días	96
Revisión de oficio a solicitud del interesado	Desestimada por silencio a los 6 meses	106.5
Declaración de lesividad	4 años desde el acto; caduca a los 6 meses	107
Recurso de alzada	Interposición 1 mes; resolución 3 meses	122
Recurso de reposición	Interposición 1 mes; resolución 1 mes	124
Recurso extraordinario de revisión	4 años (error de hecho) o 3 meses; resolución 3 meses	125 y 126
Suspensión del acto recurrido	Se entiende concedida si no se resuelve en 1 mes	117.3
Elevación de la alzada presentada ante el órgano que dictó el acto	10 días	121.2

Los datos de la Ley 40/2015

Dato	Respuesta	Artículo
Cómo dirigen los órganos a sus dependientes	Instrucciones y órdenes de servicio	6
Técnicas que no alteran la titularidad de la competencia	Delegación, encomienda, delegación de firma, suplencia	8.1
Materias no delegables	Relaciones con Jefatura del Estado, Presidencia, Cortes y Comunidades; disposiciones generales; resolución de recursos por el órgano que dictó el acto; las que fije una ley	9.2
Resoluciones por delegación	Se consideran dictadas por el delegante; se publican delegación y revocación	9.3 y 4
Subdelegación	Prohibida salvo ley	9.5
Avocación	Acuerdo motivado, sin recurso	10
Encomienda	Actividades materiales o técnicas; sin cesión de titularidad; encomendado es encargado del tratamiento	11
Delegación de firma y suplencia	No alteran la competencia ni requieren publicación	12 y 13
Quórum de los órganos colegiados	Presidente, Secretario y la mitad de los miembros	17.2
Asuntos fuera del orden del día	Solo con todos los miembros presentes y urgencia por mayoría	17.3
Órgano colegiado	Tres o más personas	20
Motivos de abstención	Cinco; parentesco: consanguinidad 4.º grado, afinidad 2.º; servicios en los dos últimos años	23
Recusación negada	El superior resuelve en 3 días	24
Prescripción de infracciones	Muy graves 3 años, graves 2, leves 6 meses	30
Prescripción de sanciones	Muy graves 3 años, graves 2, leves 1	30
Reincidencia sancionadora	Más de una infracción de la misma naturaleza en 1 año	29.3
Prescripción de la responsabilidad patrimonial	1 año	67 de la Ley 39/2015
Duración de los convenios	Máximo 4 años, prorrogables hasta 4 más	49
Órganos superiores de la AGE	Ministros y Secretarios de Estado	55.3
Órganos directivos de la organización central	Subsecretarios y Secretarios generales; Secretarios generales técnicos y Directores generales; Subdirectores generales	55.3
Delegado del Gobierno	Rango de Subsecretario; depende orgánicamente del Presidente del Gobierno; jefatura de las FCSE en la Comunidad bajo dependencia funcional de Interior	55.4, 72 y 73
Subdelegado del Gobierno	Nivel de Subdirector general; libre designación por el Delegado entre funcionarios A1	74
Conferencias Sectoriales	Al menos una vez al año o a petición de un tercio	149
Conferencia de Presidentes	Presidida por el Presidente del Gobierno	146
Ministros sin cartera	Posibles, por real decreto	4.2 de la Ley 50/1997
Requisitos para ser miembro del Gobierno	Español, mayor de edad, sufragio activo y pasivo, no inhabilitado	11 de la Ley 50/1997

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7. Trampas de examen

1. «Los poderes inscritos en el registro de apoderamientos tienen una validez máxima de tres años.» De cinco años desde la inscripción, prorrogables (6).

2. «El plazo máximo para resolver, cuando la norma no lo fija, es de seis meses.» Es de tres meses (21.3); seis meses es el techo que la norma del procedimiento no puede superar salvo ley (21.2).

3. «El silencio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado es siempre desestimatorio.» Es estimatorio, salvo ley en contra, derecho de petición, dominio público, medio ambiente e impugnación de actos (24.1).

4. «En los procedimientos sancionadores iniciados de oficio, el vencimiento del plazo produce la desestimación.» Produce la caducidad (25.1.b).

5. «Los plazos por días se cuentan desde el día de la notificación.» Desde el día siguiente, en días hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos (30).

6. «La ampliación de plazos puede alcanzar el doble del plazo.» No más de la mitad (32.1). La urgencia los reduce a la mitad (33).

7. «La notificación debe cursarse en quince días desde que se dictó el acto.» En diez días (40.2).

8. «La notificación electrónica se entiende rechazada a los diez días hábiles.» A los diez días naturales desde la puesta a disposición (43.2).

9. «La desviación de poder produce la nulidad de pleno derecho.» Produce anulabilidad (48.1). Las causas de nulidad son las siete del artículo 47.1.

10. «Los actos nulos pueden convalidarse.» Solo los anulables (52.1). Los nulos se revisan de oficio en cualquier momento (106).

11. «El trámite de audiencia tiene una duración de veinte días.» De diez a quince días (82.2); veinte es el mínimo de la información pública (83.2).

12. «La caducidad por paralización imputable al interesado se produce a los seis meses.» A los tres meses tras la advertencia (95.1).

13. «La declaración de lesividad puede adoptarse en cualquier momento.» Dentro de los cuatro años desde que se dictó el acto (107.2). Lo que cabe en cualquier momento es la revisión de los actos nulos (106).

14. «El recurso de alzada se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto.» Ante el superior jerárquico (121.1), aunque puede presentarse ante el que dictó el acto, que lo eleva en diez días.

15. «El recurso de reposición se resuelve en tres meses.» En un mes (124.2). Tres meses es el plazo de la alzada y del extraordinario de revisión.

16. «El recurso extraordinario de revisión por error de hecho se interpone en tres meses.» En cuatro años desde la notificación (125.2); tres meses es el plazo de las otras tres causas.

17. «Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe recurso de alzada.» No cabe recurso en vía administrativa (112.3).

18. «Los órganos administrativos dirigen a sus dependientes mediante directrices y recomendaciones.» Mediante instrucciones y órdenes de servicio (artículo 6 de la Ley 40/2015).

19. «Las resoluciones dictadas por delegación se consideran dictadas por el órgano delegado.» Por el delegante (9.4), y deben indicar la delegación.

20. «La revocación de una delegación no necesita publicarse.» Las delegaciones y su revocación se publican en el boletín oficial (9.3).

21. «Pueden delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.» No, salvo autorización expresa de una ley (9.5).

22. «La encomienda de gestión supone la cesión de la titularidad de la competencia.» No la cede; el encomendante sigue dictando los actos jurídicos (11.2).

23. «La encomienda solo procede cuando no se posean los medios técnicos idóneos.» Procede por razones de eficacia o cuando no se posean los medios, y siempre que las actividades estén entre las competencias del encomendado (11.1).

24. «La delegación de firma requiere publicación para su validez.» No la requiere (12.2); tampoco la suplencia (13.2). La delegación de competencias, sí.

25. «El parentesco de afinidad dentro del cuarto grado es motivo de abstención.» La afinidad solo hasta el segundo grado; la consanguinidad, hasta el cuarto (23.2.b).

26. «Tener enemistad manifiesta con un representante legal que intervenga en el procedimiento no es motivo de abstención.» Sí lo es: la amistad íntima o enemistad manifiesta con las personas del apartado b), que incluye a los representantes (23.2.c).

27. «Haber prestado servicios profesionales al interesado en los cinco últimos años obliga a abstenerse.» En los dos últimos años (23.2.e).

28. «Las infracciones leves prescriben al año.» A los seis meses; las sanciones leves, al año (30 de la Ley 40/2015).

29. «Los Subsecretarios son órganos superiores de la Administración General del Estado.» Son directivos; los superiores son los Ministros y los Secretarios de Estado (55.3).

30. «Los Secretarios generales tienen categoría de Director general.» Tienen categoría de Subsecretario; los Secretarios generales técnicos, de Director general (60.2).

31. «El Delegado del Gobierno tiene nivel de Subdirector general.» Tiene rango de Subsecretario; el nivel de Subdirector general es del Subdelegado (55.4).

32. «La jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma corresponde al Subdelegado.» Corresponde al Delegado del Gobierno, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior (73).

33. «Las Conferencias Sectoriales las preside el Presidente del Gobierno.» Las preside el Ministro competente; el Presidente del Gobierno preside la Conferencia de Presidentes (146 y 147).

34. «Para ser Ministro hace falta ser Diputado.» Basta ser español, mayor de edad, con sufragio activo y pasivo y no inhabilitado (11 de la Ley 50/1997).

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8. Reglas mnemotécnicas

Poderes «cinco», recursos «uno, uno, cuatro»

Cinco años de validez de los apoderamientos; un mes para interponer alzada y reposición; cuatro años para el extraordinario por error de hecho.

Resolver: «tres si nada, seis como mucho»

Tres meses si la norma no fija plazo; seis meses de techo salvo ley.

Los tres «tres meses»: alzada, revisión, caducidad

Se resuelve la alzada en tres meses, el extraordinario de revisión en tres meses, y caduca el procedimiento paralizado por el interesado a los tres meses. La reposición, en uno.

Notificar: «10-14-3-3-10»

Diez días para cursarla, mayor de catorce años puede recibirla, segundo intento en tres días con tres horas de diferencia, rechazo electrónico a los diez días naturales.

Nulidad «A-M-I-P-P-R-L»

Amparo, Manifiestamente incompetente, Imposible, Penal, Prescindiendo del procedimiento, Requisitos esenciales, Ley. Siete causas; lo demás, incluida la desviación de poder, es anulable.

Instrucción: «alegar hasta la audiencia, probar 10 a 30, informar en 10, oír 10 a 15, exponer 20»

Alegaciones antes de la audiencia; prueba de diez a treinta días; informes en diez; audiencia de diez a quince; información pública no inferior a veinte.

Ejecución forzosa: «A-E-M-C»

Apremio, Ejecución subsidiaria, Multa coercitiva, Compulsión. Se elige el menos restrictivo.

Delegación: «publica, delegante firma, no se subdelega, se revoca»

Se publica con su revocación; el acto es del delegante; no cabe delegar lo delegado; es revocable en cualquier momento.

Encomienda: «material o técnico, sin ceder la titularidad, encargado del tratamiento»

Las tres reglas del artículo 11 que el examen altera.

Abstención: «interés, familia (4 y 2), amistad, perito, servicio (2 años)»

Los cinco motivos y sus números: consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad hasta el segundo, servicios profesionales en los dos últimos años.

Sancionadora: «3-2-6 meses y 3-2-1»

Infracciones muy graves tres años, graves dos, leves seis meses; sanciones tres, dos y un año.

AGE: «superiores dos, directivos tres escalones»

Superiores: Ministros y Secretarios de Estado. Directivos: Subsecretarios y Secretarios generales; Secretarios generales técnicos y Directores generales; Subdirectores generales.

Delegado Subsecretario, Subdelegado Subdirector

Rango del Delegado del Gobierno y nivel del Subdelegado.

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9. Aplicación práctica

Situación 1. Un guardia civil formula una denuncia por infracción de la Ley de seguridad ciudadana y el denunciado le pide que la retire.

La denuncia es el acto por el que se pone en conocimiento de un órgano un hecho que puede justificar la iniciación de oficio de un procedimiento (artículo 62 de la Ley 39/2015). El agente no es titular del procedimiento ni puede retirarla: la iniciación la acuerda el órgano competente (58), el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador identifica al presunto responsable, los hechos, la calificación y las sanciones posibles (64), y los hechos constatados por el agente, funcionario con condición de autoridad, tienen valor probatorio salvo prueba en contrario (77.5). El denunciado podrá alegar en el plazo que le den, reconocer la responsabilidad o pagar voluntariamente con reducción de al menos el 20 por ciento (85), y recurrir la resolución en alzada en un mes.

Situación 2. El denunciado en un expediente que instruye un cabo es su cuñado.

La afinidad en segundo grado (cuñado) está dentro del motivo b) del artículo 23 de la Ley 40/2015. El cabo debe abstenerse y comunicarlo a su superior inmediato, que resuelve. Si no lo hace, el interesado puede recusarlo por escrito en cualquier momento; el cabo manifiesta al día siguiente si concurre la causa, y si la niega, el superior resuelve en tres días (24). La actuación del cabo sin abstenerse no invalida por sí sola el expediente, pero genera responsabilidad (23.4). Si el denunciado fuera un primo hermano (consanguinidad de cuarto grado), también habría que abstenerse; si fuera el primo del cónyuge (afinidad de cuarto grado), no.

Situación 3. Un particular quiere recurrir una sanción impuesta por el Subdelegado del Gobierno y han pasado cuarenta días desde la notificación.

La sanción del Subdelegado no pone fin a la vía administrativa, así que cabía recurso de alzada ante el Delegado del Gobierno en el plazo de un mes (121 y 122). Transcurrido ese mes sin recurrir, la resolución es firme a todos los efectos, y solo queda el recurso extraordinario de revisión si concurre una de las cuatro causas del artículo 125.1: error de hecho que resulte del expediente (cuatro años), documentos esenciales posteriores, documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme, o resolución dictada como consecuencia de un delito declarado por sentencia (tres meses). Si la notificación fue defectuosa (por ejemplo, sin indicar los recursos), el plazo no empezó a correr hasta que el interesado realizó actuaciones que supusieran conocimiento del acto (40.3).

Situación 4. El jefe de la Comandancia encarga a otra unidad la realización de un trabajo técnico y firma él las resoluciones.

Si el encargo es una actividad de carácter material o técnico que la otra unidad tiene entre sus competencias, es una encomienda de gestión (11): no cede la titularidad de la competencia y el encomendante dicta los actos jurídicos. Si lo que se cede es el ejercicio de la competencia para resolver, es delegación (9), que exige aprobación previa del órgano ministerial de quien dependa el delegante, publicación en el BOE y mención en cada resolución, que se considera dictada por el delegante. Si solo se cede la firma, es delegación de firma (12), que no altera la competencia ni se publica. La distinción es lo que el examen pregunta.

Situación 5. Un vehículo oficial causa daños a un particular en un servicio.

El particular reclama la responsabilidad patrimonial a la Administración, no al guardia civil, por la lesión que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público, en el plazo de un año desde el hecho o la curación (artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015 y 67 de la Ley 39/2015). El procedimiento exige el informe del servicio en diez días y, si la reclamación alcanza los 50.000 euros, el dictamen del Consejo de Estado (81), y se resuelve en seis meses, con silencio desestimatorio (91). Pagada la indemnización, la Administración exige de oficio al agente la responsabilidad en que hubiera incurrido solo si medió dolo, culpa o negligencia graves (36.2), ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad y la relación con el daño.

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10. Preguntas de test con respuesta explicada

Sesenta preguntas, que con las diez de la sección siguiente completan las setenta del nivel A. Redactadas de nuevo por TestMiOpo; ninguna reproduce un enunciado oficial. Se han repartido a partes iguales entre las dos leyes, con más peso en el Título Preliminar de la Ley 40/2015 y en los recursos de la Ley 39/2015, que es lo que se ha preguntado.

1. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, se consideran interesados en el procedimiento, entre otros:

a) Únicamente quienes lo promuevan como titulares de derechos individuales.

b) Cualquier persona que tenga curiosidad por el resultado.

c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte.

d) Solo las personas jurídicas.

Respuesta: c). También quienes lo promueven con derechos o intereses legítimos y quienes tengan intereses legítimos afectados y se personen antes de la resolución definitiva.

2. Para formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, según el artículo 5.3 de la Ley 39/2015:

a) Deberá acreditarse la representación.

b) Se presume la representación.

c) Basta la comunicación verbal del representado.

d) Se exige poder notarial en todo caso.

Respuesta: a). Para los actos de mero trámite la representación se presume. Puede acreditarse por apoderamiento apud acta o inscripción en el registro de apoderamientos.

3. Los poderes inscritos en los registros electrónicos de apoderamientos tienen, según el artículo 6 de la Ley 39/2015, una validez determinada máxima de:

a) Un año.

b) Tres años.

c) Cinco años.

d) Diez años.

Respuesta: c). Contados desde la fecha de inscripción. Pueden prorrogarse y revocarse en cualquier momento.

4. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, en todo caso:

a) Todas las personas físicas mayores de edad.

b) Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y quienes ejerzan una actividad profesional con colegiación obligatoria.

c) Únicamente las Administraciones entre sí.

d) Los jubilados y pensionistas.

Respuesta: b). Y quienes representen a un obligado y los empleados públicos para los trámites que realicen por su condición. Las personas físicas pueden elegir.

5. Cuando la norma reguladora del procedimiento no fije el plazo máximo para notificar la resolución expresa, según el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, este será de:

a) Un mes.

b) Tres meses.

c) Seis meses.

d) Un año.

Respuesta: b). El plazo que fije la norma no puede exceder de seis meses salvo que una ley o el Derecho de la Unión establezca uno mayor.

6. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa, según el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, permite entenderla:

a) Desestimada en todo caso.

b) Estimada por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley o del Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.

c) Caducada.

d) Suspendida hasta la resolución expresa.

Respuesta: b). Es desestimatorio en el derecho de petición, en la transferencia de facultades sobre el dominio público, en las actividades que dañen el medio ambiente y en la impugnación de actos.

7. En los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejerza potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo sin resolución, según el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, produce:

a) La estimación de las pretensiones del interesado.

b) La desestimación presunta.

c) La caducidad del procedimiento.

d) La prescripción de la infracción.

Respuesta: c). La resolución que declare la caducidad ordena el archivo de las actuaciones. La caducidad no produce por sí sola la prescripción.

8. Cuando los plazos se señalen por días, según el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, se entiende que son:

a) Naturales, incluidos sábados y domingos.

b) Naturales, salvo que la Administración disponga lo contrario.

c) Hábiles, computándose los sábados.

d) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Respuesta: d). Salvo que una ley o el Derecho de la Unión los declare naturales, lo que se hace constar en la notificación. Se cuentan desde el día siguiente a la notificación.

9. La ampliación de los plazos establecidos, según el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, no podrá exceder:

a) De la mitad de los mismos.

b) Del doble de los mismos.

c) De un tercio de los mismos.

d) De un mes en ningún caso.

Respuesta: a). Se concede de oficio o a petición, si no se perjudican derechos de tercero, y siempre antes del vencimiento. La tramitación de urgencia los reduce a la mitad (33).

10. Toda notificación deberá ser cursada, según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, dentro del plazo de:

a) Cinco días desde que el acto haya sido dictado.

b) Diez días desde que el acto haya sido dictado.

c) Quince días desde que el acto haya sido dictado.

d) Un mes desde que el acto haya sido dictado.

Respuesta: b). Debe contener el texto íntegro, si pone fin a la vía administrativa, los recursos, el órgano y el plazo.

11. Cuando la notificación se practique en papel en el domicilio del interesado y este no se halle presente, según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, podrá hacerse cargo de ella:

a) Cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio.

b) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

c) Únicamente un familiar de primer grado.

d) El portero de la finca en todo caso.

Respuesta: b). Si nadie se hace cargo, se repite el intento una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes y con al menos tres horas de diferencia.

12. La notificación por medios electrónicos, cuando sea obligatoria o haya sido elegida por el interesado, se entiende rechazada, según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, cuando hayan transcurrido sin acceder a su contenido:

a) Cinco días hábiles.

b) Diez días hábiles.

c) Diez días naturales.

d) Quince días naturales.

Respuesta: c). Desde la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única.

13. ¿Cuál de los siguientes es un acto nulo de pleno derecho según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015?

a) El dictado con un defecto de forma que no cause indefensión.

b) El dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

c) El que incurra en desviación de poder.

d) El dictado fuera del plazo establecido.

Respuesta: b). Las otras tres son, a lo sumo, anulabilidad (48). La lista de nulidad tiene siete causas.

14. Conforme al artículo 48.1 de la Ley 39/2015, la desviación de poder determina:

a) La nulidad de pleno derecho del acto.

b) Ninguna consecuencia jurídica.

c) La inexistencia del acto.

d) La anulabilidad del acto.

Respuesta: d). Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

15. La Administración podrá convalidar, según el artículo 52 de la Ley 39/2015:

a) Los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

b) Los actos nulos de pleno derecho.

c) Cualquier acto, nulo o anulable.

d) Únicamente los actos de trámite.

Respuesta: a). Si el vicio es incompetencia no determinante de nulidad, convalida el superior jerárquico; si es falta de autorización, su otorgamiento.

16. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, se requerirá al interesado para que subsane en un plazo de:

a) Cinco días.

b) Diez días.

c) Quince días.

d) Un mes.

Respuesta: b). Con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido. El plazo puede ampliarse hasta cinco días, salvo en los procedimientos selectivos.

17. El período de prueba en el procedimiento administrativo, según el artículo 77.2 de la Ley 39/2015, será:

a) No superior a quince días ni inferior a cinco.

b) No superior a treinta días ni inferior a diez.

c) De un mes en todo caso.

d) El que fije libremente el interesado.

Respuesta: b). Los hechos constatados por funcionarios con condición de autoridad y formalizados en documento público tienen valor probatorio (77.5).

18. El trámite de audiencia, según el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, tendrá un plazo:

a) No inferior a cinco días ni superior a diez.

b) No inferior a diez días ni superior a quince.

c) No inferior a quince días ni superior a treinta.

d) No inferior a veinte días.

Respuesta: b). Veinte días es el mínimo de la información pública (83.2). Puede prescindirse de la audiencia cuando no figuren otros hechos ni alegaciones que las del interesado.

19. ¿Cuál de los siguientes NO es un medio de ejecución forzosa según el artículo 100 de la Ley 39/2015?

a) Apremio sobre el patrimonio.

b) Ejecución subsidiaria.

c) Multa coercitiva.

d) Prisión por deudas.

Respuesta: d). El cuarto medio es la compulsión sobre las personas, solo para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar cuando la ley lo autorice.

20. La declaración de lesividad de los actos anulables favorables a los interesados, según el artículo 107.2 de la Ley 39/2015, no podrá adoptarse una vez transcurridos:

a) Seis meses desde que se dictó el acto.

b) Un año desde que se dictó el acto.

c) Cuatro años desde que se dictó el acto.

d) Diez años desde que se dictó el acto.

Respuesta: c). Exige audiencia de los interesados y se impugna después ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El procedimiento de lesividad caduca a los seis meses.

21. La revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho, según el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, exige:

a) Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

b) Autorización judicial previa.

c) Que no hayan transcurrido cuatro años desde el acto.

d) La conformidad del interesado.

Respuesta: a). Puede hacerse en cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado, respecto de actos que pongan fin a la vía administrativa o no recurridos en plazo.

22. El recurso de alzada se interpone, según el artículo 121 de la Ley 39/2015:

a) Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, contra resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa.

b) Ante el mismo órgano que dictó el acto, que lo resuelve.

c) Ante el Consejo de Estado.

d) Ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Respuesta: a). Puede presentarse ante el órgano que dictó el acto, que lo remite al competente en diez días con su informe.

23. El plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto expreso y el plazo máximo para resolverlo son, según el artículo 122 de la Ley 39/2015:

a) Quince días y un mes.

b) Un mes y un mes.

c) Un mes y tres meses.

d) Tres meses y seis meses.

Respuesta: c). Transcurridos los tres meses sin resolución, se entiende desestimado, salvo alzada contra una desestimación por silencio, en que se entiende estimado.

24. El recurso potestativo de reposición, según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015:

a) Se interpone ante el superior jerárquico en el plazo de un mes.

b) Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que pone fin a la vía administrativa, en el plazo de un mes, y se resuelve en un mes.

c) Es obligatorio antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

d) Se resuelve en tres meses.

Respuesta: b). Es potestativo: cabe ir directamente al contencioso, pero interpuesto, no cabe el contencioso hasta su resolución expresa o presunta.

25. ¿Contra qué actos procede el recurso extraordinario de revisión según el artículo 125 de la Ley 39/2015?

a) Contra cualquier acto de trámite.

b) Contra los actos firmes en vía administrativa, cuando concurra alguna de las cuatro circunstancias tasadas.

c) Contra las disposiciones de carácter general.

d) Contra las sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Respuesta: b). Se interpone ante el órgano que dictó el acto, que también lo resuelve.

26. Cuando el recurso extraordinario de revisión se funde en que al dictar el acto se incurrió en error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente, el plazo de interposición es, según el artículo 125.2 de la Ley 39/2015, de:

a) Un mes desde la notificación.

b) Tres meses desde la notificación.

c) Cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada.

d) Cinco años desde la firmeza.

Respuesta: c). En las otras tres causas (documentos esenciales, falsedad y delito declarados por sentencia), tres meses desde el conocimiento de los documentos o la firmeza de la sentencia.

27. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin resolución notificada, según el artículo 126.3 de la Ley 39/2015:

a) Se entenderá estimado.

b) Se suspenderá la ejecución del acto.

c) Caducará el procedimiento.

d) Se entenderá desestimado y quedará abierta la vía contencioso-administrativa.

Respuesta: d). El órgano puede inadmitirlo motivadamente sin dictamen del Consejo de Estado cuando no se funde en una de las causas tasadas.

28. ¿Cuál de las siguientes resoluciones NO pone fin a la vía administrativa según el artículo 114 de la Ley 39/2015?

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo ley en contrario.

c) Las resoluciones de un Subdirector general que tengan superior jerárquico y sean recurribles en alzada.

d) Las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Respuesta: c). Contra ellas cabe alzada; las otras tres ponen fin a la vía administrativa y solo admiten reposición o contencioso.

29. La interposición de un recurso administrativo, según el artículo 117 de la Ley 39/2015:

a) Suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado.

b) No suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que el órgano competente lo acuerde ponderando los perjuicios y concurra nulidad de pleno derecho o perjuicio de imposible reparación.

c) Suspende la ejecución solo si el recurrente presta fianza.

d) Suspende la ejecución durante quince días.

Respuesta: b). Si en un mes no se resuelve sobre la suspensión solicitada, se entiende concedida.

30. Los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015 son:

a) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

b) Legalidad, jerarquía, publicidad y seguridad jurídica.

c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

d) Objetividad, imparcialidad y buena fe.

Respuesta: a). Los de la opción c) son los principios de actuación de la Administración del artículo 103 de la Constitución y del artículo 3 de la Ley 40/2015.

31. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, tendrán la consideración de órganos administrativos:

a) Todas las unidades administrativas sin excepción.

b) Las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

c) Únicamente los Ministerios y las Consejerías.

d) Los puestos de trabajo de nivel superior a 26.

Respuesta: b). No puede crearse un órgano que suponga duplicación de otro existente si no se suprime o restringe la competencia de este.

32. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes, según el artículo 6 de la Ley 40/2015, mediante:

a) Reglamentos.

b) Convenios.

c) Recomendaciones y directrices.

d) Instrucciones y órdenes de servicio.

Respuesta: d). Se publican en el boletín oficial cuando una disposición lo establezca o se estime conveniente; su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos.

33. Según el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, la competencia es:

a) Renunciable por el órgano que la tenga atribuida.

b) Prorrogable por acuerdo entre los órganos.

c) Transferible libremente entre Administraciones.

d) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo delegación o avocación.

Respuesta: d). La delegación, la encomienda, la delegación de firma y la suplencia no alteran la titularidad de la competencia.

34. ¿Cuál de las siguientes competencias NO puede ser objeto de delegación según el artículo 9.2 de la Ley 40/2015?

a) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

b) La tramitación de expedientes de gasto.

c) La gestión de personal.

d) La firma de contratos menores.

Respuesta: a). Tampoco las relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes y las Comunidades, la adopción de disposiciones generales ni las materias que determine una ley.

35. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación, según el artículo 9.4 de la Ley 40/2015:

a) Deberán indicar que se dictan por delegación y se consideran dictadas por el órgano delegante.

b) Se considerarán dictadas por el órgano delegado.

c) No necesitan indicar que se dictan por delegación.

d) Serán nulas si no las ratifica el delegante.

Respuesta: a). La delegación y su revocación se publican en el boletín oficial correspondiente, y la delegación es revocable en cualquier momento.

36. Según el artículo 9.5 de la Ley 40/2015, las competencias que se ejerzan por delegación:

a) Pueden delegarse a su vez sin limitación.

b) No podrán delegarse, salvo autorización expresa de una ley.

c) Solo pueden delegarse en órganos superiores.

d) Se extinguen si se intenta su delegación.

Respuesta: b). Tampoco puede delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez emitido en él un dictamen o informe preceptivo.

37. La avocación, según el artículo 10 de la Ley 40/2015:

a) Permite a los órganos inferiores asumir competencias de los superiores.

b) Puede recurrirse de forma independiente.

c) Requiere publicación en el Boletín Oficial del Estado.

d) Permite a los órganos superiores avocar para sí el conocimiento de asuntos que correspondan a sus dependientes, mediante acuerdo motivado notificado a los interesados.

Respuesta: d). Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución.

38. Señale la proposición CORRECTA sobre la encomienda de gestión del artículo 11 de la Ley 40/2015:

a) Puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público.

b) Supone la cesión de la titularidad de la competencia al órgano encomendado.

c) Tiene por objeto actividades de carácter material o técnico, y el órgano encomendante dicta los actos jurídicos que den soporte a la actividad.

d) El órgano encomendante es el encargado del tratamiento de los datos personales.

Respuesta: c). No puede versar sobre prestaciones contractuales, no cede la titularidad y el encomendado es el encargado del tratamiento de datos.

39. La delegación de firma, según el artículo 12 de la Ley 40/2015:

a) Altera la competencia del órgano delegante.

b) Requiere publicación en el boletín oficial para su validez.

c) No altera la competencia del órgano delegante y no necesita publicación para su validez.

d) Solo puede hacerse en órganos de otra Administración.

Respuesta: c). Los actos firmados por delegación hacen constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

40. Para la válida constitución de un órgano colegiado, según el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, se requiere la asistencia:

a) De la mayoría absoluta de sus miembros.

b) Del Presidente y Secretario o sus suplentes, y de la mitad, al menos, de sus miembros.

c) De dos tercios de sus miembros.

d) De todos sus miembros.

Respuesta: b). No puede tratarse un asunto no incluido en el orden del día salvo que asistan todos los miembros y se declare la urgencia por mayoría. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos.

41. ¿Cuál de las siguientes circunstancias es motivo de abstención según el artículo 23.2 de la Ley 40/2015?

a) Tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado con un interesado.

b) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

c) Residir en el mismo municipio que el interesado.

d) Haber prestado servicios profesionales al interesado hace cinco años.

Respuesta: b). La afinidad solo cuenta hasta el segundo grado y los servicios profesionales, en los dos últimos años.

42. El parentesco que obliga a abstenerse, según el artículo 23.2.b) de la Ley 40/2015, es:

a) De consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

b) De consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto.

c) De consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado.

d) De consanguinidad dentro del tercer grado.

Respuesta: a). Con los interesados, los administradores de entidades interesadas y los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan.

43. Quien se encuentre en un motivo de abstención, según el artículo 23.1 de la Ley 40/2015, se abstendrá de intervenir y lo comunicará:

a) Al interesado.

b) Al Consejo de Estado.

c) A su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

d) Al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Respuesta: c). La actuación de quien debió abstenerse no implica necesariamente la invalidez de los actos, pero genera responsabilidad.

44. Si el recusado niega la causa de recusación, según el artículo 24.4 de la Ley 40/2015, el superior resolverá en el plazo de:

a) Un día.

b) Tres días.

c) Diez días.

d) Un mes.

Respuesta: b). Contra la resolución no cabe recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al recurrir el acto que ponga fin al procedimiento.

45. Si las leyes sectoriales no fijan plazos de prescripción, las infracciones administrativas leves prescriben, según el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, a los:

a) Tres meses.

b) Seis meses.

c) Un año.

d) Dos años.

Respuesta: b). Las graves a los dos años y las muy graves a los tres. Las sanciones: tres años, dos años y un año.

46. Según el artículo 29.1 de la Ley 40/2015, las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria:

a) Podrán implicar privación de libertad en los casos graves.

b) En ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

c) Podrán implicar arresto de fin de semana.

d) Podrán sustituirse por prisión en caso de impago.

Respuesta: b). Es la traducción del artículo 25.3 de la Constitución. Las sanciones deben ser proporcionadas y no más beneficiosas que el cumplimiento.

47. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, según el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos que sea consecuencia:

a) Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar.

b) Únicamente del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

c) De cualquier hecho, incluida la fuerza mayor.

d) Del funcionamiento de los servicios, siempre que medie culpa del funcionario.

Respuesta: a). El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y el derecho a reclamar prescribe al año.

48. Los particulares exigen la responsabilidad patrimonial por los daños causados por el personal al servicio de las Administraciones, según el artículo 36.1 de la Ley 40/2015:

a) Directamente a la Administración Pública correspondiente.

b) Directamente al funcionario causante.

c) Al Estado en todo caso, aunque el servicio sea autonómico.

d) A la aseguradora del funcionario.

Respuesta: a). La Administración, tras indemnizar, exige de oficio al personal la responsabilidad en que haya incurrido por dolo, culpa o negligencia graves (36.2).

49. Los convenios entre Administraciones, según el artículo 49 de la Ley 40/2015, deberán tener una duración determinada que no podrá ser superior a:

a) Dos años.

b) Cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

c) Diez años.

d) Duración indefinida.

Respuesta: b). Antes de finalizar, los firmantes pueden acordar una prórroga de hasta cuatro años más o su extinción.

50. En la organización central de la Administración General del Estado son órganos superiores, según el artículo 55.3 de la Ley 40/2015:

a) Los Ministros y los Secretarios de Estado.

b) Los Ministros y los Subsecretarios.

c) Los Secretarios de Estado y los Directores generales.

d) Los Subsecretarios y los Secretarios generales.

Respuesta: a). Los directivos son los Subsecretarios y Secretarios generales, los Secretarios generales técnicos y Directores generales, y los Subdirectores generales.

51. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, según los artículos 55.4 y 72 de la Ley 40/2015:

a) Son órganos superiores con rango de Ministro.

b) Dependen orgánicamente del Ministerio del Interior.

c) Son órganos directivos con nivel de Subdirector general.

d) Son órganos directivos con rango de Subsecretario, dependientes orgánicamente del Presidente del Gobierno.

Respuesta: d). Dependen funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia y se nombran por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente.

52. La jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el territorio de una Comunidad Autónoma corresponde, según el artículo 73 de la Ley 40/2015:

a) Al Presidente de la Comunidad Autónoma.

b) Al Subdelegado del Gobierno.

c) Al Delegado del Gobierno, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

d) Al Director General de la Guardia Civil.

Respuesta: c). Le corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana a través de los Subdelegados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

53. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias, según el artículo 74 de la Ley 40/2015:

a) Tienen rango de Subsecretario y los nombra el Consejo de Ministros.

b) Tienen nivel de Subdirector general y los nombra el Delegado del Gobierno por libre designación entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1.

c) Son cargos electivos.

d) Tienen categoría de Director general.

Respuesta: b). Existe uno en cada provincia de las Comunidades pluriprovinciales y, por real decreto, puede crearse en las uniprovinciales.

54. Los Subsecretarios ostentan, según el artículo 63 de la Ley 40/2015:

a) La representación ordinaria del Ministerio y la dirección de sus servicios comunes.

b) La jefatura superior del Departamento.

c) La ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad.

d) La gestión de una Dirección General.

Respuesta: a). Se nombran por real decreto del Consejo de Ministros entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1.

55. Los Secretarios generales técnicos, según el artículo 65 de la Ley 40/2015, tienen a todos los efectos la categoría de:

a) Subsecretario.

b) Secretario de Estado.

c) Director general.

d) Subdirector general.

Respuesta: c). Dependen inmediatamente del Subsecretario y se ocupan de la producción normativa, la asistencia jurídica y las publicaciones. Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario.

56. Las Subsecretarías, Secretarías Generales, Direcciones Generales y Subdirecciones Generales se crean, modifican y suprimen, según el artículo 59.1 de la Ley 40/2015:

a) Por ley.

b) Por resolución del Subsecretario.

c) Por orden del Ministro interesado.

d) Por real decreto del Consejo de Ministros.

Respuesta: d). A iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro competente en Administraciones Públicas. Los órganos inferiores a Subdirección General, por orden ministerial.

57. Entre los principios de las relaciones interadministrativas del artículo 140 de la Ley 40/2015, la obligación de una Administración de garantizar la coherencia de las actuaciones de las demás en una materia es el principio de:

a) Colaboración.

b) Cooperación.

c) Coordinación.

d) Lealtad institucional.

Respuesta: c). La colaboración es el deber de actuar con las demás para fines comunes; la cooperación, la asunción voluntaria de compromisos.

58. La Conferencia de Presidentes, según el artículo 146 de la Ley 40/2015, está presidida por:

a) El Presidente del Gobierno.

b) El Rey.

c) El Presidente del Senado.

d) El Ministro de Política Territorial.

Respuesta: a). La integran además los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

59. El Ministro que presida una Conferencia Sectorial debe convocarla, según el artículo 149.1 de la Ley 40/2015:

a) Al menos una vez al año o cuando lo soliciten al menos la tercera parte de sus miembros.

b) Cada seis meses.

c) Solo cuando lo pida el Consejo de Ministros.

d) Cuando lo soliciten dos Comunidades Autónomas.

Respuesta: a). Sus decisiones pueden ser acuerdos, obligatorios para quienes los suscriban, o recomendaciones.

60. Según el artículo 11 de la Ley 50/1997, del Gobierno, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 40/2015, para ser miembro del Gobierno se requiere:

a) Ser Diputado o Senador.

b) Ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitado para cargo público por sentencia firme.

c) Ser funcionario de carrera del Subgrupo A1.

d) Tener más de treinta años.

Respuesta: b). Además de los requisitos de idoneidad de la Ley 3/2015 del alto cargo. Los Vicepresidentes y Ministros los nombra el Rey a propuesta del Presidente.

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11. Preguntas de estilo examen

Diez preguntas más, redactadas con el formato y la extensión de los cuestionarios oficiales de la Escala de Cabos y Guardias, que empiezan siempre nombrando la norma. Completan las setenta del nivel A.

61. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De los interesados en el procedimiento. Señale la opción INCORRECTA:

a) Los menores de edad tienen capacidad de obrar para el ejercicio y defensa de los derechos cuya actuación permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad.

b) Para los actos y gestiones de mero trámite se presume la representación.

c) Los poderes inscritos en los registros electrónicos de apoderamientos tienen una validez máxima de diez años.

d) Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones.

Respuesta: c). La validez máxima es de cinco años desde la inscripción (artículo 6).

62. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cómputo de plazos. Si el último día del plazo es inhábil...:

a) El plazo se entenderá vencido el día hábil anterior.

b) El plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

c) El plazo se ampliará en tres días.

d) El interesado deberá solicitar la ampliación del plazo.

Respuesta: b). Artículo 30.5. Y cuando un día es hábil en la residencia del interesado e inhábil en la sede del órgano, o a la inversa, se considera inhábil en todo caso.

63. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De los actos administrativos. ¿Cuál de los siguientes actos es nulo de pleno derecho?

a) El dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

b) El que incurra en desviación de poder.

c) El dictado con un defecto de forma que no cause indefensión.

d) El realizado fuera del plazo establecido cuando la naturaleza del plazo no lo impida.

Respuesta: a). Artículo 47.1.b). Los otros tres son supuestos de anulabilidad o de irregularidad no invalidante del artículo 48.

64. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Recurso de reposición. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de...:

a) Diez días.

b) Un mes.

c) Tres meses.

d) Seis meses.

Respuesta: b). Artículo 124.2. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso.

65. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Recurso extraordinario de revisión. Señale la opción CORRECTA:

a) Se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

b) Procede contra cualquier acto administrativo, sea o no firme.

c) Cuando se funde en documentos declarados falsos por sentencia judicial firme, se interpondrá en el plazo de tres meses desde que la sentencia quedó firme.

d) Se entenderá estimado si no se resuelve en tres meses.

Respuesta: c). Artículo 125.2. Se interpone ante el órgano que dictó el acto firme, y el silencio de tres meses es desestimatorio (126.3).

66. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. De la competencia. Señale la opción INCORRECTA:

a) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo delegación o avocación.

b) Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el boletín oficial correspondiente.

c) La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados.

d) La delegación de firma requerirá publicación en el boletín oficial para su validez.

Respuesta: d). La delegación de firma no altera la competencia y para su validez no es necesaria su publicación (artículo 12.2).

67. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Encomienda de gestión. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de un órgano administrativo podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración...:

a) Siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

b) Únicamente cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

c) Cediendo la titularidad de la competencia al órgano encomendado.

d) Incluidas las prestaciones propias de los contratos del sector público.

Respuesta: a). Artículo 11.1. La encomienda no puede versar sobre prestaciones contractuales ni supone cesión de la titularidad.

68. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Abstención. ¿Cuál de los siguientes es motivo de abstención?

a) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.

b) Haber prestado servicios profesionales al interesado hace cuatro años.

c) Tener parentesco de afinidad en tercer grado con un interesado.

d) Ser vecino del interesado.

Respuesta: a). Artículo 23.2.e). Los servicios profesionales cuentan si se prestaron en los dos últimos años y la afinidad solo hasta el segundo grado.

69. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado. Señale la opción CORRECTA:

a) Los Secretarios de Estado son órganos directivos.

b) Los Subdirectores generales son órganos superiores.

c) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son órganos directivos con rango de Subsecretario.

d) Los Directores generales tienen la condición de órgano superior.

Respuesta: c). Artículo 55.4. Los superiores son solo los Ministros y los Secretarios de Estado; todos los demás son directivos.

70. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Relaciones interadministrativas. La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación...:

a) De composición bilateral entre el Estado y una Comunidad Autónoma.

b) De composición multilateral y ámbito sectorial determinado, presidido por el miembro del Gobierno competente por razón de la materia.

c) Presidido por el Presidente del Gobierno y formado por los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

d) Integrado exclusivamente por Entidades Locales.

Respuesta: b). Artículo 147. La a) describe las Comisiones Bilaterales de Cooperación (153) y la c), la Conferencia de Presidentes (146).

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12. Fuentes oficiales

Todos los preceptos se han leído del texto consolidado antes de escribir sobre ellos, y todos los identificadores del BOE se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el propio Boletín.

Norma o fuente	Referencia	Enlace
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas	BOE-A-2015-10565, texto consolidado con última actualización publicada el 6 de noviembre de 2024 (data/leyes/ley-39-2015.json)	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público	BOE-A-2015-10566, texto consolidado con última actualización publicada el 2 de agosto de 2024 (data/leyes/ley-40-2015.json); la disposición final tercera, leída del texto consolidado del BOE	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

Jurisprudencia citada, comprobada una a una en el BOE: STC 55/2018, de 24 de mayo (BOE-A-2018-8574); STC 104/2018, de 4 de octubre (BOE-A-2018-15008); STC 132/2018, de 13 de diciembre (BOE-A-2019-457); STC 33/2019, de 14 de marzo (BOE-A-2019-5726).

Temario y convocatoria: temario fijado por la Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023, transcrito en TEMARIO-OFICIAL.md; convocatoria de referencia, Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982).

Frecuencia: cuestionarios oficiales de conocimientos generales de 2025 y 2026, modelo A, publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, clasificados en ANALISIS-FRECUENCIA.md. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta oficial.

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13. Control de calidad

• [x] Los seis títulos de la Ley 39/2015 y los tres títulos y la disposición final de la Ley 40/2015 que enumera el enunciado oficial tienen apartado propio en el epígrafe 4
• [x] Ningún precepto se ha redactado de memoria: todos se han leído del texto consolidado en data/leyes/ y los plazos se han comprobado uno a uno contra ese texto
• [x] Las cifras que pregunta el examen (recursos, obligación de resolver, notificaciones, abstención, delegación, estructura de la Administración General del Estado) están en tablas
• [x] Los identificadores del BOE de las dos leyes y de las cuatro sentencias se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el Boletín
• [x] Cuatro resoluciones del Tribunal Constitucional citadas y verificadas con su fallo en el epígrafe 5
• [x] Treinta y cuatro trampas de examen, por encima del mínimo de doce
• [x] Setenta preguntas con respuesta explicada, las que corresponden al nivel A
• [x] Ninguna pregunta reproduce el enunciado de un cuestionario oficial
• [x] Las cifras de frecuencia proceden de frecuencia/conteo.json y no se han escrito a mano
• [x] Sin raya ni semirraya en todo el archivo
• [ ] Revisión por revisor colegiado: pendiente