Tema 1. Derechos humanos

Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Ingreso directo.

Enunciado oficial (Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023), bloque único: «Carta de las Naciones Unidas. Órganos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Carta Social Europea (revisada). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del Pueblo, en su reunión conjunta de 6 de abril de 1983. V. Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura.»

Autoría	Equipo de contenidos TestMiOpo
Revisión jurídica	Pendiente de revisor colegiado
Última revisión	12 de septiembre de 2026
Normas de referencia	Carta de las Naciones Unidas (BOE-A-1990-27553). Convenio Europeo de Derechos Humanos, texto refundido (BOE-A-1999-10148). Carta Social Europea revisada (BOE-A-2021-9719). PIDESC (BOE-A-1977-10734). PIDCP (BOE-A-1977-10733). Convención contra la tortura (BOE-A-1987-25053). Protocolo facultativo (BOE-A-2006-11128). Estatuto de Roma (BOE-A-2002-10139). Ley Orgánica 18/2003 (BOE-A-2003-22715). Reglamento del Defensor del Pueblo (BOE-A-1983-10613)
Fuentes no publicadas en el BOE	Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. Resolución 60/251 de la Asamblea General. Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (DOUE C 326, de 26 de octubre de 2012)
Convocatoria de referencia	Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982)

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1. Mapa del tema

                        CATORCE INSTRUMENTOS, TRES SISTEMAS
                                      |
   +-------------------+--------------+-----------------+------------------+
   |                   |                                |                  |
 UNIVERSAL          EUROPEO                         PENAL              ESPAÑOL
 (ONU)              (Consejo de Europa + UE)        INTERNACIONAL      (garantía interna)
   |                   |                                |                  |
CARTA ONU 1945      CEDH 1950                     ESTATUTO DE         REGLAMENTO DEL
111 arts.           (BOE 1999 refundido)          ROMA 1998           DEFENSOR DEL
6 organos           |                             128 arts.           PUEBLO 1983
principales      arts. 2-18 DERECHOS              |                   |
   |             arts. 19-51 TRIBUNAL          4 crimenes:            El Defensor es el
DUDH 1948        (Estrasburgo)                  genocidio,            MECANISMO NACIONAL
30 arts.            |                           lesa humanidad,       DE PREVENCION
NO es tratado    juez unico / Comite 3 /         guerra,              (LO 3/1981, DF unica)
   |             Sala 7 / Gran Sala 17           agresion                 |
PIDESC 1966         |                              |                  CONSEJO ASESOR
31 arts.         plazo CUATRO meses             4 organos:            del MNP
Comite DESC      (Protocolo 15)                 Presidencia,          miembros natos:
(ECOSOC 1985)       |                           Secciones,            los Adjuntos
   |             Protocolo 16: opiniones        Fiscalia,             + max. 10 Vocales
PIDCP 1966       consultivas, BOE 2025          Secretaria               |
53 arts.            |                              |                  cooperacion
Comite DDHH      CARTA SOCIAL EUROPEA           18 magistrados,       TECNICA y JURIDICA
18 miembros      REVISADA 1996                  9 anos, NO            |
   |             (BOE 2021)                     reelegibles           se reune AL MENOS
CONSEJO DDHH     31 arts. + Parte I con            |                  DOS VECES AL ANO
Res. 60/251      31 objetivos                   LO 18/2003
47 Estados          |                           cooperacion
3 anos, max.     CARTA DE DERECHOS              de Espana
2 mandatos       FUNDAMENTALES UE 2000/2012     con la Corte
consecutivos     54 arts. en 7 titulos             |
   |             DIGNIDAD, LIBERTADES,          Ministerio de
CONVENCION       IGUALDAD, SOLIDARIDAD,         la Presidencia,
CONTRA LA        CIUDADANIA, JUSTICIA,          Justicia y
TORTURA 1984     DISPOSICIONES GENERALES        Relaciones con
Comite 10           |                           las Cortes = organo
expertos         mismo valor juridico           de relacion
   |             que los Tratados
PROTOCOLO        (art. 6.1 TUE)
FACULTATIVO
2002 (OPCAT)
Subcomite 25
miembros +
MECANISMOS
NACIONALES

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2. Introducción y enfoque de estudio

Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.

Este tema vale 12,50 puntos de los 100 del examen: es el tema más pesado del temario, con diferencia, por delante del 9 (procesal penal, 9,00) y del 15 (Guardia Civil, 8,00). Cayeron 13 preguntas en 2025 y 12 en 2026. Y hay algo más importante que el número: el examen pregunta uno por uno los instrumentos que enumera el enunciado, en el mismo orden en que los enumera y a razón de una pregunta por instrumento. Eso convierte el estudio en algo mecánico: hay catorce puertas y detrás de cada una hay una pregunta casi asegurada. No se puede dejar ninguna fuera, por pequeña que parezca, porque saltarse el Reglamento del Defensor del Pueblo cuesta exactamente lo mismo que saltarse la Carta de las Naciones Unidas: un punto de cien.

Este tema no es una introducción teórica a los derechos humanos. Es el repaso de catorce textos concretos, y el examen lo trata como tal.

La comprobación es sencilla y conviene hacerla antes de empezar a estudiar. En el cuestionario de 2025, las trece primeras preguntas del examen fueron, por este orden: Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal, Convenio europeo, Carta Social Europea revisada, Pacto de derechos económicos, Pacto de derechos civiles, Consejo de Derechos Humanos, Convención contra la tortura, Protocolo facultativo, Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, Estatuto de Roma, Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional y Reglamento del Defensor del Pueblo. Es el enunciado oficial recitado de arriba abajo. En 2026 se repitió el mismo recorrido con doce preguntas, porque ese año no se preguntó por la Convención contra la tortura.

De ahí salen las tres decisiones de estudio que este tema propone:

Primera: repartir el esfuerzo a partes iguales entre los catorce instrumentos. Es exactamente lo contrario de lo que hace un opositor sin datos, que dedica media tarde a la Carta de las Naciones Unidas, otra media a la Declaración Universal y despacha el Reglamento del Defensor del Pueblo en cinco minutos. Los tres valen un punto cada uno.

Segunda: estudiar el articulado, no la historia. Ninguna de las veinticinco preguntas medidas pidió contexto histórico, ni fechas de firma, ni doctrina. Todas pidieron lo que dice un artículo concreto: quién nombra, en qué plazo, con qué mayoría, cuántos miembros, qué órgano hace qué. El único dato de contexto que ha caído es la composición por grupos regionales del Consejo de Derechos Humanos, que también está escrito en una resolución.

Tercera: aprender a leer la pregunta negativa. De las veinticinco preguntas medidas, nueve pedían señalar la opción INCORRECTA o preguntaban cuál NO era. Es el formato dominante del tema y el que más errores provoca, porque el opositor reconoce tres afirmaciones verdaderas, se confía y marca la primera que le suena. Aquí eso se trabaja expresamente: el epígrafe 7 recoge las trampas del temario, y cerca de la mitad de las preguntas del epígrafe 10 están formuladas en negativo a propósito.

Cómo recorrer el tema. Primero el bloque de Naciones Unidas (4.1 a 4.3 y 4.7 a 4.9), que es el más extenso y el que sostiene todo lo demás. Después el bloque europeo (4.4 a 4.6 y 4.10), donde lo que se pregunta es casi siempre el Tribunal de Estrasburgo y su procedimiento. Después el bloque penal internacional (4.11 y 4.12). Y al final, con la atención intacta, el bloque español (4.13 y 4.14), que es el más corto, el más fácil de memorizar y el que más opositores dejan sin ver.

Una advertencia sobre los temarios que circulan. El temario vigente es el de 25 temas actualizado en 2023. Buena parte del material comercial sigue el de 24 temas de 2022. Para este tema en concreto la diferencia no está en la lista de instrumentos, sino en la versión de los textos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos que hay que estudiar no es el de 1950 tal como se publicó en 1979, sino el texto vigente, con el Tribunal único del Protocolo 11, las formaciones del Protocolo 14, el plazo de cuatro meses del Protocolo 15 y las opiniones consultivas del Protocolo 16, que España ratificó en 2025. Un manual que dé seis meses de plazo y una Comisión Europea de Derechos Humanos está enseñando derecho derogado.

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3. Qué se pregunta de este tema

Medido sobre los dos cuestionarios oficiales de conocimientos generales publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, 200 preguntas clasificadas una a una por materia (ANALISIS-FRECUENCIA.md):

Cuestionario	Preguntas del tema 1	Sobre el total	Puntos sobre 100
6 de septiembre de 2025, modelo A	13	100	13,00
11 de julio de 2026, modelo A	12	100	12,00
Media			12,50

12,50 puntos es dato medido, nivel A+, el tema más pesado del temario. Dentro del tema, las 25 preguntas se reparten así:

Instrumento	2025	2026	Total	Qué se preguntó, sin reproducir el enunciado
Carta de las Naciones Unidas	1	1	2	Cuáles son los órganos principales; a recomendación de qué órgano se expulsa a un Miembro
Declaración Universal de Derechos Humanos	1	1	2	Contenido literal de varios artículos, en formato de opción incorrecta
Convenio europeo y Tribunal Europeo	1	1	2	Motivación de sentencias y resoluciones de inadmisión; motivación de las opiniones consultivas
Carta Social Europea revisada	1	1	2	Ante quién se depositan los instrumentos de ratificación; medidas del derecho a la vivienda
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1	1	2	Contenido de las condiciones de trabajo equitativas; protección de las madres
Pacto de Derechos Civiles y Políticos	1	1	2	Comité de Derechos Humanos: composición, candidaturas y reglamento
Consejo de Derechos Humanos de la ONU	1	1	2	Naturaleza y examen periódico universal; número de escaños de un grupo regional
Convención contra la tortura	1	0	1	Obligaciones de tipificación, investigación, protección del denunciante y reparación
Protocolo facultativo	1	1	2	Denuncia del Protocolo y a quién se informa; régimen de las visitas del Subcomité
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE	1	1	2	Edad mínima de admisión al trabajo; finalidad de la ayuda social y de vivienda
Estatuto de Roma	1	1	2	Secciones de los órganos de la Corte; crímenes de su competencia
Ley Orgánica 18/2003	1	1	2	Quién consulta para el amicus curiae; autoridades competentes y plazos de detención
Reglamento del Defensor del Pueblo y Consejo Asesor del MNP	1	1	2	Naturaleza y composición del Consejo Asesor; duración y renovación de los Vocales

Dos lecturas que este reparto obliga a hacer:

El reparto es plano y deliberado. Trece instrumentos, una pregunta cada uno, dos años seguidos. No hay instrumento estrella ni instrumento de relleno. La única variación entre los dos años fue la ausencia de la Convención contra la tortura en 2026, y aun así el Protocolo facultativo sí se preguntó, así que el bloque de la tortura conserva presencia.

Se pregunta el final de los textos, no solo el principio. Las cláusulas de firma, ratificación, depósito, denuncia y entrada en vigor, que casi todo el mundo salta por considerarlas administrativas, dieron dos preguntas de las veinticinco: el depositario de la Carta Social Europea y la denuncia del Protocolo facultativo. En este tema, las disposiciones finales se estudian.

Nunca se reproduce el enunciado literal de una pregunta oficial. Las preguntas de este manual están redactadas de nuevo.

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4. Desarrollo

El desarrollo sigue el orden del enunciado oficial, un apartado por instrumento, porque es el orden en que el examen los pregunta.

4.1. La Carta de las Naciones Unidas. Órganos

La Carta se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de ese año. España se incorporó a la Organización en 1955, y el texto que hay que manejar es el publicado en el BOE número 275, de 16 de noviembre de 1990 (BOE-A-1990-27553), que recoge la Carta, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia anejo y la declaración española de aceptación de la jurisdicción del Tribunal. Son 111 artículos repartidos en 19 capítulos.

Propósitos y principios. El artículo 1 fija cuatro propósitos: mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos; realizar la cooperación internacional en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos; y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. El artículo 2 añade siete principios, de los cuales tres son los preguntables: la igualdad soberana de todos los Miembros, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, y la reserva del artículo 2.7, según la cual nada autoriza a la Organización a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, principio que no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas del Capítulo VII.

Miembros: admisión, suspensión y expulsión. Es la materia que ya ha caído una vez, y con una trampa muy concreta.

Acto	Quién decide	A propuesta de quién	Artículo
Admisión de un nuevo Miembro	Asamblea General	recomendación del Consejo de Seguridad	4.2
Suspensión del ejercicio de derechos y privilegios	Asamblea General	recomendación del Consejo de Seguridad	5
Restablecimiento de los derechos suspendidos	Consejo de Seguridad	por sí solo	5
Expulsión del Miembro que haya violado repetidamente los Principios	Asamblea General	recomendación del Consejo de Seguridad	6

Lo que se pregunta aquí es quién recomienda, no quién decide. La respuesta es siempre la misma: recomienda el Consejo de Seguridad y decide la Asamblea General. El único acto que el Consejo hace solo es levantar la suspensión.

Los seis órganos principales (artículo 7.1). Este es el dato más elemental del tema y ya ha caído tal cual:

1. La Asamblea General

2. El Consejo de Seguridad

3. El Consejo Económico y Social

4. El Consejo de Administración Fiduciaria

5. La Corte Internacional de Justicia

6. La Secretaría

El artículo 7.2 permite establecer los órganos subsidiarios que se estimen necesarios, y el 22 faculta expresamente a la Asamblea General para ello. Por esa vía se creó el Consejo de Derechos Humanos, que por tanto no es un órgano principal: es un órgano subsidiario de la Asamblea General, y esa distinción vale una pregunta.

Asamblea General (artículos 9 a 22). La integran todos los Miembros, con un máximo de cinco representantes cada uno y un voto por Miembro. Se reúne anualmente en sesiones ordinarias y, cuando las circunstancias lo exijan, en extraordinarias, que convoca el Secretario General a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los Miembros. El artículo 18.2 reserva la mayoría de dos tercios de los presentes y votantes para las cuestiones importantes, entre ellas las recomendaciones sobre paz y seguridad, la elección de miembros de los consejos, la admisión, la suspensión, la expulsión y las cuestiones presupuestarias. Las demás decisiones se toman por mayoría simple de presentes y votantes. El artículo 12 impone la regla que suele olvidarse: mientras el Consejo de Seguridad esté ejerciendo sus funciones respecto de una controversia, la Asamblea no hará recomendación alguna sobre ella, salvo que el propio Consejo se lo pida.

Consejo de Seguridad (artículos 23 a 32). Quince miembros: cinco permanentes, nombrados en el propio artículo 23 (China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la literalidad del texto, el Reino Unido y los Estados Unidos), y diez no permanentes elegidos por la Asamblea General por dos años y no reelegibles inmediatamente. Tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y actúa en nombre de los Miembros (artículo 24). Está organizado para funcionar continuamente, de modo que cada miembro mantiene en todo momento un representante en la sede.

Su régimen de votación, en el artículo 27, es lo más preguntable del órgano: un voto por miembro; las cuestiones de procedimiento se deciden por el voto afirmativo de nueve miembros; las demás cuestiones, por el voto afirmativo de nueve miembros incluidos los votos afirmativos de todos los permanentes, que es el derecho de veto. Y una excepción que casi nunca se estudia: en las decisiones del Capítulo VI y del párrafo 3 del artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar.

Consejo Económico y Social (artículos 61 a 72). Cincuenta y cuatro Miembros elegidos por la Asamblea General, dieciocho cada año por un periodo de tres años, con reelección inmediata posible. Hace estudios e informes sobre asuntos económicos, sociales, culturales, educativos y sanitarios, y puede hacer recomendaciones para promover el respeto a los derechos humanos. El artículo 71 le permite celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales, que es el estatuto consultivo.

Consejo de Administración Fiduciaria (artículos 86 a 91). Sigue existiendo en la Carta, y ahí está la trampa: es órgano principal aunque suspendiera sus operaciones en 1994, al acceder Palaos a la independencia. Una pregunta que ofrezca «Consejo Internacional de Justicia» entre las opciones está usando este bloque para despistar: el órgano judicial se llama Corte Internacional de Justicia, no Consejo.

Corte Internacional de Justicia (artículos 92 a 96). Órgano judicial principal de la Organización. Funciona conforme a un Estatuto anexo que forma parte integrante de la Carta. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto. Resuelve controversias entre Estados y, conforme al artículo 96, emite opiniones consultivas a solicitud de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, y también de otros órganos y organismos especializados que la Asamblea autorice. Tiene su sede en La Haya y se compone de quince magistrados.

Secretaría (artículos 97 a 101). Un Secretario General, que es el más alto funcionario administrativo de la Organización, y el personal que esta requiera. Lo nombra la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, que es de nuevo el binomio del bloque de miembros. El artículo 99 le reconoce una facultad política propia de la que se pregunta: puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que, en su opinión, pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El artículo 100 impone al personal no solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno.

Reforma y revisión (artículos 108 y 109). Las reformas entran en vigor cuando las adoptan dos tercios de los miembros de la Asamblea General y las ratifican, conforme a sus procedimientos constitucionales, dos tercios de los Miembros, incluidos todos los permanentes del Consejo de Seguridad. La Conferencia General de revisión se convoca por dos tercios de la Asamblea y el voto de nueve miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad. El depositario de las ratificaciones de la Carta fue el Gobierno de los Estados Unidos de América (artículo 110).

4.2. La Declaración Universal de Derechos Humanos

Adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948 en París, mediante la Resolución 217 A (III). Treinta artículos y un preámbulo.

Lo primero que hay que tener claro es su naturaleza. No es un tratado, no se ratifica y no crea por sí misma obligaciones exigibles ante un tribunal internacional: es una resolución de la Asamblea General, un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, según dice su propio preámbulo. Su fuerza jurídica le ha venido después, por tres vías: la costumbre internacional, su desarrollo en los dos Pactos de 1966, y en España el artículo 10.2 de la Constitución, que obliga a interpretar los derechos fundamentales de conformidad con ella. Por eso una Declaración sin fuerza vinculante propia entra en el ordenamiento español como criterio de interpretación obligatorio.

Cómo se pregunta. Los dos años medidos usaron el mismo formato: cuatro opciones que reproducen contenido de artículos distintos y hay que localizar la que está alterada. No se pregunta el número del artículo, se pregunta si la frase es o no es la de la Declaración. Eso obliga a leerla entera al menos dos veces, pero son mil seiscientas palabras: se hace en quince minutos.

La estructura, que ayuda a situar cada contenido:

Artículos	Contenido
1 y 2	Fundamento: libertad e igualdad en dignidad y derechos, razón y conciencia, comportamiento fraternal. Prohibición de distinción de cualquier clase, y cláusula sobre la condición política del país o territorio
3 a 11	Derechos personales y de seguridad jurídica: vida, libertad y seguridad; prohibición de esclavitud; prohibición de tortura; personalidad jurídica; igualdad ante la ley; recurso efectivo; prohibición de detención arbitraria; tribunal independiente e imparcial; presunción de inocencia e irretroactividad penal
12 a 17	Vida privada, circulación y residencia, asilo, nacionalidad, matrimonio y familia, propiedad
18 a 21	Libertades públicas: pensamiento, conciencia y religión; opinión y expresión; reunión y asociación pacíficas; participación política y acceso a las funciones públicas
22 a 27	Derechos económicos, sociales y culturales: seguridad social, trabajo, descanso, nivel de vida adecuado, educación, vida cultural
28 a 30	Cláusulas de cierre: orden social e internacional efectivo, deberes respecto a la comunidad y límites, y prohibición de interpretación destructiva

Los contenidos que ya han caído, y que conviene fijar literalmente:

• Artículo 8: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
• Artículo 12: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
• Artículo 21.2: toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
• Artículo 25.1: derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Aquí está una trampa ya usada: el texto no dice «por cualquier circunstancia», dice por circunstancias independientes de su voluntad.
• Artículo 26.2: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.
• Artículo 28: derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos proclamados se hagan plenamente efectivos.
• Artículo 29.1: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
• Artículo 30: nada podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender actividades tendentes a la supresión de los derechos proclamados. Atención al sujeto: el artículo 30 menciona los tres, y una pregunta que solo hable de «una persona» está recortando el precepto.

4.3. El Convenio europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 en el seno del Consejo de Europa, que es una organización distinta de la Unión Europea y no debe confundirse con ella. España lo ratificó en 1979 (BOE de 10 de octubre de 1979).

Qué texto hay que estudiar. El instrumento de 1979 tiene la vigencia agotada y ofrece una numeración que ya no existe. El texto que se maneja es el refundido publicado por la Resolución de 5 de abril de 1999 de la Secretaría General Técnica (BOE-A-1999-10148), con las modificaciones posteriores incorporadas. Son 59 artículos en tres títulos:

Título	Artículos	Contenido
I	2 a 18	Derechos y libertades
II	19 a 51	El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
III	52 a 59	Disposiciones diversas

El artículo 1, fuera de los títulos, contiene la obligación matriz: las Altas Partes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos definidos en el título I. La jurisdicción, no la nacionalidad, es el criterio.

Los protocolos que cambiaron el Convenio, y por qué importan.

Protocolo	Año	BOE	Qué hizo
11	1994	BOE-A-1998-15127	Suprimió la Comisión Europea de Derechos Humanos y creó el Tribunal único y permanente; renumeró todo el título II
14	2004	BOE-A-2010-8504	Introdujo la formación de juez único, amplió las competencias de los Comités de tres jueces y añadió el criterio del perjuicio importante
15	2013	BOE-A-2021-7554	Redujo el plazo de demanda de seis a cuatro meses e incorporó al preámbulo la subsidiariedad y el margen de apreciación
16	2013	BOE-A-2025-18339	Permite a los más altos órganos jurisdiccionales de un Estado solicitar opiniones consultivas sobre cuestiones de principio

El Protocolo 16 es el dato con fecha de este apartado: España lo ratificó en 2025 y ningún temario comercial que circule lo recoge todavía.

Los derechos del título I, en su orden, porque las preguntas de contenido piden emparejar derecho y artículo: vida (2), prohibición de la tortura (3), prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (4), libertad y seguridad (5), proceso equitativo (6), no hay pena sin ley (7), vida privada y familiar (8), pensamiento, conciencia y religión (9), expresión (10), reunión y asociación (11), matrimonio (12), recurso efectivo (13), prohibición de discriminación (14).

Los artículos 15 a 18 son las cláusulas de cierre y caen más de lo que parece: derogación en estado de urgencia (15), que nunca permite derogar el artículo 3 ni el 7 y solo permite tocar el artículo 2 en caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra; restricciones a la actividad política de los extranjeros (16); prohibición del abuso de derecho (17); y limitación de la aplicación de las restricciones (18), según el cual una restricción solo puede aplicarse con la finalidad para la que ha sido prevista.

El Tribunal, artículos 19 a 51. Tiene su sede en Estrasburgo y se compone de un número de jueces igual al de Altas Partes Contratantes (artículo 20). Los elige la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por mayoría absoluta, de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado (artículo 22). El mandato es de nueve años y no son reelegibles (artículo 23). El Pleno elige al Presidente y a uno o dos Vicepresidentes por tres años, reelegibles (artículo 25).

Las cuatro formaciones del artículo 26, que son la respuesta a la pregunta más habitual sobre el Tribunal:

Formación	Composición	Qué puede hacer
Juez único	1	Declarar inadmisible o eliminar del registro una demanda individual, cuando quepa sin examen complementario. Su resolución es definitiva
Comité	3	Por unanimidad, declarar inadmisible o eliminar del registro, y también dictar sentencia sobre el fondo cuando la cuestión ya esté sujeta a jurisprudencia consolidada
Sala	7	Pronunciarse sobre admisibilidad y fondo de las demandas individuales y estatales
Gran Sala	17	Los asuntos elevados por inhibición de una Sala o remitidos conforme al artículo 43, las demandas interestatales que le eleve una Sala, y las opiniones consultivas

El juez único no puede examinar ninguna demanda presentada contra la Alta Parte por la que ha sido elegido.

El procedimiento y sus plazos, que es donde están los números:

• Agotamiento previo de los recursos internos y plazo de cuatro meses desde la resolución interna definitiva (artículo 35.1, redacción del Protocolo 15).
• Inadmisibilidad de la demanda anónima, de la esencialmente idéntica a otra ya examinada, y de la manifiestamente mal fundada o abusiva (artículo 35.2 y 35.3).
• Una Sala puede inhibirse en favor de la Gran Sala si el asunto plantea una cuestión grave de interpretación o si la solución pudiera ser contradictoria con una sentencia anterior (artículo 30).
• Contra la sentencia de una Sala cabe solicitar la remisión a la Gran Sala en el plazo de tres meses, y un colegio de cinco jueces de la Gran Sala decide si acepta (artículo 43).
• La sentencia de la Gran Sala es siempre definitiva. La de una Sala lo es cuando las partes declaran que no pedirán la remisión, cuando han pasado tres meses sin pedirla, o cuando el colegio la rechaza (artículo 44).
• Arreglo equitativo a la parte perjudicada si el derecho interno solo permite reparar de manera imperfecta (artículo 41).
• La ejecución de las sentencias definitivas la supervisa el Comité de Ministros del Consejo de Europa (artículo 46).

La motivación, que es lo que se preguntó los dos años. El artículo 45.1 es literal y no admite matices: las sentencias, así como las resoluciones por las que las demandas se declaren admisibles o no admisibles, serán motivadas. Es decir, se motivan las dos, la admisión y la inadmisión. Y el artículo 49.1 dice lo propio de las opiniones consultivas: la opinión del Tribunal estará motivada, y si no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez tiene derecho a unir a ella su opinión por separado. El artículo 49.3 añade el destinatario: la opinión se comunica al Comité de Ministros, no al Parlamento ni a la Asamblea Parlamentaria.

4.4. La Carta Social Europea (revisada)

Es el instrumento social del Consejo de Europa, el complemento del Convenio de Roma: donde el Convenio protege derechos civiles y políticos, la Carta protege derechos económicos y sociales. La versión revisada se hizo en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, y España la ratificó tarde: el instrumento se publicó en el BOE de 11 de junio de 2021 (BOE-A-2021-9719), con entrada en vigor para España el 1 de julio de 2021. Sustituye progresivamente a la Carta de 1961.

Su estructura es peculiar y conviene entenderla, porque de ella salen las preguntas. No es un articulado corrido, sino seis partes:

Parte	Contenido
I	Treinta y un objetivos declarados, redactados como aspiraciones de política que las Partes se comprometen a perseguir
II	Treinta y un artículos numerados, que son las obligaciones jurídicas propiamente dichas
III	Artículos A a D: obligaciones asumidas, vínculos con la Carta de 1961, supervisión y reclamaciones colectivas
IV	Artículo E, no discriminación, y siguientes
V	Cláusulas generales
VI	Artículos K a O: firma, ratificación, entrada en vigor, aplicación territorial, denuncia y notificaciones

El sistema de obligaciones a la carta (artículo A). Es lo más característico de la Carta y no se parece a ningún otro tratado del tema. Un Estado no queda obligado por todo el texto: se compromete a considerar la Parte I como declaración de objetivos, y a quedar obligado por al menos seis de los nueve artículos del núcleo duro, que son los artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20; y además por un número adicional de artículos o párrafos que elija, de modo que el total no sea inferior a dieciséis artículos o sesenta y tres párrafos numerados. La elección se notifica al Secretario General del Consejo de Europa al depositar el instrumento, y puede ampliarse después. El artículo A.4 añade una obligación que no admite elección: toda Parte dispondrá de un sistema de inspección del trabajo adecuado a sus circunstancias.

Los treinta y un derechos de la Parte II, agrupados para poder recordarlos: trabajo (1), condiciones de trabajo equitativas (2), seguridad e higiene (3), remuneración equitativa (4), sindicación (5), negociación colectiva (6), protección de niños y adolescentes (7), protección de las trabajadoras en caso de maternidad (8), orientación profesional (9), formación profesional (10), protección de la salud (11), seguridad social (12), asistencia social y médica (13), servicios sociales (14), personas con discapacidad (15), protección de la familia (16), protección de niños y madres (17), actividad lucrativa en el territorio de otras Partes (18), trabajadores migrantes (19), igualdad de oportunidades sin discriminación por razón de sexo (20), información y consulta (21), participación en la mejora de las condiciones de trabajo (22), protección social de las personas de edad avanzada (23), protección en caso de despido (24), tutela de los créditos en caso de insolvencia del empleador (25), dignidad en el trabajo (26), responsabilidades familiares (27), protección de los representantes de los trabajadores (28), consulta en despidos colectivos (29), protección contra la pobreza y la exclusión social (30) y vivienda (31).

El artículo 31, el derecho a la vivienda, ya se ha preguntado y tiene una estructura de tres compromisos que se recuerda bien: favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente; prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminarla progresivamente; y hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes. Los tres, no uno.

La supervisión. El artículo C somete el cumplimiento a la misma supervisión que la Carta de 1961, es decir, al sistema de informes nacionales examinados por el comité de expertos independientes del Consejo de Europa. El artículo D extiende el sistema de reclamaciones colectivas del Protocolo Adicional de 1995 a los Estados que lo hayan ratificado, y permite a los demás aceptarlo mediante declaración. España aceptó el procedimiento de reclamaciones colectivas al ratificar la Carta revisada.

Las cláusulas finales, que ya han caído. El artículo K dice que la Carta está abierta a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa y que los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositan ante el Secretario General del Consejo de Europa. No ante el Presidente del Parlamento Europeo, ni ante la Comisión, ni ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: esas tres son instituciones de la Unión Europea, que no tiene nada que ver con este tratado. Entró en vigor cuando tres Estados miembros expresaron su consentimiento, el primer día del mes siguiente a la expiración de un mes desde esa fecha.

4.5. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde 1976. España lo ratificó en 1977 (BOE-A-1977-10734). Treinta y un artículos en cinco partes. Junto con el Pacto de derechos civiles y la Declaración Universal forma lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos.

La obligación que lo define, el artículo 2.1: cada Estado se compromete a adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. Es la diferencia esencial con el otro Pacto: aquí la obligación es de realización progresiva y según recursos; allí es de respeto y garantía inmediatos.

Los derechos, por artículos: libre determinación de los pueblos (1), no discriminación (2 y 3), limitaciones (4), trabajo y libre elección (6), condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (7), sindicación y huelga (8), seguridad social (9), protección de la familia, las madres y los niños (10), nivel de vida adecuado y alimentación (11), salud física y mental (12), educación (13 y 14) y vida cultural y beneficios del progreso científico (15).

El artículo 7 es el que más ha caído, y conviene saber exactamente qué incluye, porque las preguntas añaden un elemento falso a la lista. Las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias aseguran en especial:

• una remuneración que proporcione como mínimo salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones, asegurando a las mujeres condiciones no inferiores a las de los hombres con salario igual por trabajo igual, y condiciones de existencia dignas para el trabajador y su familia;
• la seguridad y la higiene en el trabajo;
• igual oportunidad de ser promovidos a la categoría superior sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
• el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo, las vacaciones periódicas pagadas y la remuneración de los días festivos.

Lo que no está en el artículo 7 es cualquier mención a ingresos extraordinarios por dedicación o rendimiento: ese concepto es ajeno al Pacto y es el tipo de opción inventada con la que se construyen las preguntas negativas.

El artículo 10.2, la protección de la maternidad, también ha caído, y su valor está en lo que no dice: se concede especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. No hay semanas, no hay meses, no hay dieciséis ni diecinueve. Cualquier opción con una cifra concreta es falsa por definición.

El control. Este Pacto no creó un comité propio. Los Estados presentan informes al Secretario General de las Naciones Unidas, que transmite copias al Consejo Económico y Social (artículo 16), y es el ECOSOC quien los examina y puede presentar informes a la Asamblea General (artículo 21). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que hoy funciona no nace del Pacto sino de una resolución del ECOSOC de 1985, y de ahí la asimetría que se pregunta: el Comité de Derechos Humanos está en el Pacto de derechos civiles; el Comité de derechos económicos, no está en su Pacto.

4.6. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Adoptado el mismo día que el anterior, 16 de diciembre de 1966, en vigor desde 1976, ratificado por España en 1977 (BOE-A-1977-10733). Cincuenta y tres artículos en seis partes.

La obligación del artículo 2.1 es inmediata: cada Estado se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos, sin distinción alguna.

La suspensión en situaciones excepcionales (artículo 4) exige que la situación ponga en peligro la vida de la nación y haya sido proclamada oficialmente, que las medidas se limiten estrictamente a las exigencias de la situación y que no entrañen discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Y fija un núcleo indisponible, que nunca puede suspenderse: los artículos 6 (vida), 7 (tortura), 8.1 y 8.2 (esclavitud y servidumbre), 11 (prisión por deudas), 15 (irretroactividad penal), 16 (personalidad jurídica) y 18 (pensamiento, conciencia y religión).

Los derechos más preguntables: vida y pena de muerte con sus límites (6), prohibición de tortura y de experimentos médicos o científicos sin libre consentimiento (7), prohibición de esclavitud (8), libertad y seguridad personales con la garantía de ser llevado sin demora ante un juez (9), trato humano de los privados de libertad (10), prohibición de prisión por incumplimiento de obligación contractual (11), circulación y residencia (12), garantías del extranjero ante la expulsión (13), igualdad ante los tribunales y presunción de inocencia (14), irretroactividad (15), vida privada (17), pensamiento y religión (18), opinión y expresión con sus deberes y responsabilidades (19), prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio (20), reunión (21), asociación (22), familia (23), niño (24), derechos políticos (25), igualdad ante la ley (26) y minorías (27).

El Comité de Derechos Humanos, artículos 28 a 45. Es el órgano del Pacto y ha caído los dos años, siempre por su composición y su funcionamiento. Nunca debe confundirse con el Consejo de Derechos Humanos, que es otra cosa y está en el apartado siguiente.

Cuestión	Regla	Artículo
Composición	Dieciocho miembros	28.1
Condición de los miembros	Nacionales de los Estados Partes, personas de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos	28.2
Forma de ejercicio	Elegidos y ejercen sus funciones a título personal	28.3
Candidaturas	Cada Estado Parte puede proponer hasta dos personas, nacionales suyas	29.2
Elección	Votación secreta	29.1
Límite por Estado	No más de un nacional del mismo Estado	31.1
Criterio de composición	Distribución geográfica equitativa y representación de las distintas formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos	31.2
Mandato	Cuatro años, reelegibles; en la primera elección, nueve mandatos expiraron a los dos años	32
Mesa	Elegida por dos años, reelegible	39.1
Quórum	Doce miembros	39.2.a
Mayoría de decisión	Mayoría de votos de los miembros presentes	39.2.b
Informe	Anual, a la Asamblea General por conducto del ECOSOC	45

Dos precisiones que deshacen trampas ya usadas. La primera: la competencia del Comité para examinar comunicaciones entre Estados (artículo 41) no es automática; requiere que el Estado haya hecho una declaración expresa reconociéndola, y solo puede recibirse una comunicación si los dos Estados implicados han hecho esa declaración. Una pregunta que diga que todo Estado «debe declarar» que reconoce esa competencia está convirtiendo en obligatorio lo que es voluntario. La segunda: las decisiones se toman por mayoría de los presentes, no por mayorías cualificadas de tres quintos ni de dos tercios.

El Protocolo Facultativo de 1966 añade el mecanismo de comunicaciones individuales, y el Segundo Protocolo Facultativo de 1989 persigue la abolición de la pena de muerte. España es parte de los dos.

4.7. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Creado por la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, en sustitución de la antigua Comisión de Derechos Humanos. Aquí no hay tratado que leer: hay una resolución, y todo lo que se pregunta está en ella.

Naturaleza y sede. Es un órgano subsidiario de la Asamblea General, no un órgano principal de las Naciones Unidas, y tiene su sede en Ginebra. La propia resolución prevé que la Asamblea reexamine su condición a los cinco años. Es el principal órgano intergubernamental de la Organización en materia de derechos humanos, y recibe apoyo sustantivo, técnico y de secretaría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Composición y elección. Cuarenta y siete Estados Miembros, elegidos de forma directa e individual, en votación secreta, por la mayoría de los miembros de la Asamblea General, que es mayoría absoluta de los 193 y no mayoría de los presentes. El mandato es de tres años y no cabe la reelección inmediata después de dos períodos consecutivos.

El reparto por grupos regionales, que es dato de examen ya preguntado:

Grupo regional	Escaños
Estados de África	13
Estados de Asia	13
Estados de Europa oriental	6
Estados de América Latina y el Caribe	8
Estados de Europa occidental y otros Estados	7
Total	47

La suspensión. La Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, puede suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo a un miembro que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Obsérvese la asimetría: se elige por mayoría de los miembros y se suspende por dos tercios de los presentes y votantes.

Funcionamiento. Se reúne periódicamente a lo largo del año, con un mínimo de tres períodos de sesiones, incluido un período de sesiones principal, de una duración total no inferior a diez semanas. Puede celebrar períodos extraordinarios cuando lo solicite un miembro con el apoyo de un tercio de los miembros del Consejo.

El Examen Periódico Universal es su instrumento característico: un examen periódico y universal, basado en información objetiva y fidedigna, del cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El nombre importa, porque las opciones falsas lo llaman «Examen Anual General» o cosas parecidas: es Examen Periódico Universal, y alcanza a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, sean o no miembros del Consejo.

4.8. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Adoptada por la Asamblea General en Nueva York el 10 de diciembre de 1984 y en vigor desde 1987. España la ratificó ese mismo año (BOE de 9 de noviembre de 1987, BOE-A-1987-25053). Treinta y tres artículos en tres partes. Es el instrumento del que arranca todo lo que se dirá después sobre el Mecanismo Nacional de Prevención, y para un guardia civil es el más directamente aplicable de todo el tema, porque define una conducta que solo puede cometer quien ejerce funciones públicas.

La definición del artículo 1 tiene cuatro elementos y hay que saberlos separados, porque quitar uno es la forma habitual de construir una opción falsa:

1. Un acto por el que se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales.

2. Con una finalidad: obtener información o una confesión de ella o de un tercero, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar, o cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

3. Cometidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o por instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

4. Quedan excluidos los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o inherentes o incidentales a estas.

Las obligaciones de los Estados, que son las que se preguntan:

Artículo	Obligación
2.1	Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir la tortura en todo territorio bajo su jurisdicción
2.2	En ningún caso pueden invocarse circunstancias excepcionales: estado de guerra, amenaza de guerra, inestabilidad política interna ni cualquier otra emergencia pública
2.3	No podrá invocarse una orden de un superior ni de una autoridad pública como justificación de la tortura
3	Prohibición de expulsar, devolver o extraditar a quien corra peligro de ser sometido a tortura, que es el principio de no devolución
4	Todos los actos de tortura son delito, y también la tentativa y la complicidad o participación, castigados con penas adecuadas a su gravedad
10	Educación e información sobre la prohibición en la formación del personal encargado de la aplicación de la ley, sea civil o militar, y del personal médico y funcionarial
11	Mantener sistemáticamente en examen las normas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio y las disposiciones de custodia
12	Investigación pronta e imparcial de oficio siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura
13	Derecho a presentar queja y a que el caso sea examinado, con protección del denunciante y de los testigos frente a malos tratos o intimidación
14	Reparación e indemnización justa y adecuada, con los medios para la rehabilitación más completa posible; si la víctima muere, sus causahabientes tienen derecho a indemnización
15	Ninguna declaración obtenida mediante tortura puede invocarse como prueba, salvo contra el acusado de tortura como prueba de que la declaración se formuló
16	Prohibición de los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no lleguen a ser tortura

El artículo 4 encierra una trampa que ya se ha usado: la tipificación penal alcanza también a la tentativa. Una opción que diga que el precepto no se aplica a la tentativa de cometer tortura es falsa.

El artículo 10 es el que explica por qué esta Convención aparece en el temario de ingreso de un Cuerpo policial de naturaleza militar: obliga a incluir la prohibición en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea civil o militar, y en las normas o instrucciones sobre sus obligaciones y funciones.

El Comité contra la Tortura (artículos 17 a 24). Diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en derechos humanos, que ejercen sus funciones a título personal, elegidos por los Estados Partes atendiendo a la distribución geográfica equitativa y a la utilidad de contar con personas con experiencia jurídica. Mandato de cuatro años, reelegibles. Los Estados presentan un informe inicial al año de la entrada en vigor para ellos y después informes suplementarios cada cuatro años.

Tiene tres procedimientos, y lo que distingue a este Comité es que dos de ellos son opcionales y uno no:

• Informes periódicos (artículo 19): obligatorio para todos.
• Procedimiento de investigación (artículo 20): se activa si el Comité recibe información fiable que parezca indicar que la tortura se practica sistemáticamente en un Estado Parte. Es el único que puede excluirse mediante la reserva del artículo 28, formulada al firmar o ratificar.
• Comunicaciones entre Estados (artículo 21) y de particulares (artículo 22): exigen declaración expresa del Estado reconociendo la competencia.

4.9. El Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura

Adoptado por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2002, en vigor desde 2006 y ratificado por España ese año (BOE de 22 de junio de 2006, BOE-A-2006-11128). Se conoce por sus siglas inglesas, OPCAT. Treinta y siete artículos.

Su idea es distinta de la de la Convención. La Convención reacciona ante la tortura ya cometida: tipifica, investiga, repara. El Protocolo la previene, y lo hace con un instrumento único: un sistema de visitas periódicas a los lugares donde haya personas privadas de libertad, realizadas por órganos internacionales y nacionales independientes. No hay denuncia, no hay víctima, no hay procedimiento contradictorio: hay visitas.

El sistema tiene dos pilares.

Primero, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, órgano internacional creado por el artículo 2 dentro del Comité contra la Tortura. Empezó con diez miembros y, una vez registrada la quincuagésima ratificación, el número aumentó a veinticinco (artículo 5). Sus miembros se eligen por cuatro años y pueden ser reelegidos una sola vez (artículo 9).

Su mandato (artículo 11): visitar los lugares de privación de libertad y hacer recomendaciones; y asesorar y ayudar a los mecanismos nacionales de prevención, formarlos, asistirlos técnicamente y hacer recomendaciones para reforzar su capacidad e independencia.

El régimen de visitas del artículo 13 es literal y ya se ha preguntado: el programa de visitas periódicas se establece primeramente por sorteo; el Subcomité lo notifica a los Estados Partes para que puedan sin demora adoptar las disposiciones prácticas necesarias, no en el plazo de un mes; y las visitas serán realizadas por dos miembros como mínimo, que pueden ir acompañados de expertos de una lista de la que el Estado Parte sí puede oponerse a la inclusión de un experto determinado.

Segundo, los mecanismos nacionales de prevención. El artículo 17 obliga a cada Estado a mantener, designar o crear, a más tardar un año después de la entrada en vigor del Protocolo o de su ratificación, uno o varios mecanismos nacionales independientes. El artículo 18 exige garantizar su independencia funcional y la de su personal, que sus expertos tengan las aptitudes y conocimientos requeridos, procurar el equilibrio de género y la representación de los grupos étnicos y minoritarios, y facilitarles los recursos necesarios.

El artículo 19 fija sus facultades mínimas: examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad, hacer recomendaciones a las autoridades competentes y presentar propuestas y observaciones sobre la legislación vigente o los proyectos de ley. El artículo 20 les reconoce acceso a la información, a los lugares y a las personas, y el derecho a entrevistarse sin testigos con las personas privadas de libertad. El artículo 21 prohíbe sancionar a quien haya comunicado información al mecanismo, sea verdadera o falsa.

Las cláusulas finales, que ya han caído. El artículo 24 permite a un Estado, una vez ratificado el Protocolo, declarar que aplaza el cumplimiento de las obligaciones de la parte III o de la IV, por un máximo de tres años prorrogables dos más por el Comité. Y el artículo 33: todo Estado Parte puede denunciar el Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará seguidamente a los demás Estados Partes en el Protocolo y en la Convención. La denuncia surte efecto un año después de recibida, y no exime al Estado de las obligaciones respecto de actos anteriores.

España designó como Mecanismo Nacional de Prevención al Defensor del Pueblo, y de ahí enlaza este apartado con los dos últimos del tema.

4.10. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 y adaptada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea C 326, de 26 de octubre de 2012. No está en el BOE porque es Derecho de la Unión, no un tratado ratificado por España.

Su valor jurídico viene del artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea: la Carta tiene el mismo valor jurídico que los Tratados. Antes del Tratado de Lisboa era una declaración sin fuerza vinculante; desde el 1 de diciembre de 2009 es Derecho originario. Ese cambio de estatus es el dato de contexto que sí se pregunta.

Cincuenta y cuatro artículos en siete títulos, y los nombres de los títulos son memoria pura:

Título	Nombre	Artículos
I	Dignidad	1 a 5
II	Libertades	6 a 19
III	Igualdad	20 a 26
IV	Solidaridad	27 a 38
V	Ciudadanía	39 a 46
VI	Justicia	47 a 50
VII	Disposiciones generales que rigen la interpretación y la aplicación de la Carta	51 a 54

La regla mnemotécnica del apartado 8 sirve para fijarlos. Lo que conviene añadir es el contenido característico de cada título: en Dignidad están la vida, la integridad y la prohibición de la tortura y de la esclavitud; en Libertades, desde la libertad y la seguridad hasta la protección de datos y el asilo; en Igualdad, la no discriminación, la diversidad cultural, la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos del menor, de las personas mayores y de las personas discapacitadas; en Solidaridad, los derechos laborales y sociales; en Ciudadanía, el sufragio en las elecciones europeas y municipales, la buena administración, el acceso a documentos, el Defensor del Pueblo Europeo, la petición, la circulación y la protección diplomática; en Justicia, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, la legalidad penal y el non bis in idem.

Los dos contenidos que ya se han preguntado, los dos del título IV.

Artículo 32, prohibición del trabajo infantil. Se prohíbe el trabajo infantil, y la edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas. Obsérvese que la Carta no da una cifra: no dice 16, ni 17, ni 18 años. Cualquier opción con un número es falsa, y la que diga que puede ser inferior a la edad de fin de la escolaridad obligatoria invierte la regla.

Artículo 34.3, ayuda social y de vivienda. La Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a quienes no dispongan de recursos suficientes con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza. La finalidad forma parte del precepto y es lo que se pregunta.

Las disposiciones generales del título VII, que son las más técnicas y las que un opositor suele dejar sin leer:

• Artículo 51, ámbito de aplicación. La Carta se dirige a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. No amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión ni crea competencias nuevas. Esta es la limitación decisiva: la Carta no es un catálogo de derechos invocable en cualquier asunto interno.
• Artículo 52, alcance e interpretación. Toda limitación debe establecerse por ley, respetar el contenido esencial y ser proporcionada. Los derechos que correspondan a derechos del Convenio Europeo tendrán igual sentido y alcance que en él, sin impedir una protección más extensa.
• Artículo 53, nivel de protección. Ninguna disposición puede interpretarse como limitativa de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional, los convenios en que sean parte la Unión o los Estados, ni por las Constituciones de los Estados miembros.
• Artículo 54, prohibición del abuso de derecho, con el mismo sentido que el artículo 17 del Convenio Europeo y el artículo 30 de la Declaración Universal.

4.11. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

Hecho en Roma el 17 de julio de 1998 y en vigor desde el 1 de julio de 2002. España lo ratificó en 2000 y el instrumento se publicó en el BOE de 27 de mayo de 2002 (BOE-A-2002-10139). Ciento veintiocho artículos en trece partes.

Qué es la Corte. El artículo 1 la define: una institución permanente, facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, y complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Esas tres notas son las que se preguntan. No es un órgano de las Naciones Unidas, aunque se relacione con ellas mediante acuerdo; no juzga Estados, juzga personas físicas; y no sustituye a los tribunales nacionales, actúa cuando estos no pueden o no quieren realmente enjuiciar (artículo 17, el principio de complementariedad).

Su sede está en La Haya (artículo 3), la misma ciudad que la Corte Internacional de Justicia, con la que no debe confundirse: aquella resuelve controversias entre Estados y es órgano principal de la ONU; esta juzga la responsabilidad penal de individuos y nace de un tratado propio.

Los cuatro crímenes de su competencia (artículo 5), que ya se han preguntado en formato negativo:

1. El crimen de genocidio (artículo 6)

2. Los crímenes de lesa humanidad (artículo 7)

3. Los crímenes de guerra (artículo 8)

4. El crimen de agresión (artículo 8 bis, incorporado por las enmiendas de Kampala de 2010 y activado en 2018)

El terrorismo no está en la lista, ni el narcotráfico, ni la piratería. Es la opción falsa clásica de este apartado.

Los principios generales de la parte III, que son los más citables:

Artículo	Regla
11	Competencia temporal: solo crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto, y para un Estado que se adhiera después, solo los posteriores a su entrada en vigor para él
25	Responsabilidad penal individual: la Corte es competente respecto de las personas naturales
26	Exclusión de los menores de dieciocho años en el momento de la presunta comisión
27	Improcedencia del cargo oficial: se aplica por igual a todos, incluidos Jefes de Estado o de Gobierno, y las inmunidades no impiden a la Corte ejercer su competencia
29	Imprescriptibilidad: los crímenes de la competencia de la Corte no prescriben
33	La orden de un superior no exime de responsabilidad, salvo requisitos muy estrictos, y nunca en genocidio o lesa humanidad, que son manifiestamente ilícitos

Los órganos (artículo 34), que es el otro punto que ya ha caído y donde la trampa es precisa:

Órgano	Contenido
La Presidencia	Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos por mayoría absoluta de los magistrados por tres años
Las Secciones: de Apelaciones, de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares	Es donde se organizan las Salas
La Fiscalía	Actúa de forma independiente como órgano separado de la Corte
La Secretaría	Se ocupa de los aspectos no judiciales de la administración

No existe una «Sección de Instrucción»: las tres secciones son Apelaciones, Primera Instancia y Cuestiones Preliminares. Una opción que ofrezca «la de Instrucción» está usando el vocabulario procesal español para colar un órgano inexistente.

Su composición (artículos 36 y 39): 18 magistrados, elegidos por la Asamblea de los Estados Partes por nueve años y, por regla general, no reelegibles. La Sección de Apelaciones se compone del Presidente y otros cuatro magistrados; la de Primera Instancia y la de Cuestiones Preliminares, de no menos de seis cada una. El número de 18 puede aumentarse a propuesta de la Presidencia, aprobada por dos tercios de los Estados Partes.

Las penas (artículo 77). Reclusión por un número determinado de años que no exceda de treinta, o reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Además, multa y decomiso del producto, bienes y haberes procedentes del crimen. No existe la pena de muerte en el Estatuto.

La Asamblea de los Estados Partes (artículo 112) es el órgano de gobierno: un representante por Estado Parte, supervisa a la Presidencia, al Fiscal y a la Secretaría en la administración de la Corte, aprueba el presupuesto y examina las cuestiones relativas a la falta de cooperación.

4.12. La Ley Orgánica 18/2003, de Cooperación con la Corte Penal Internacional

Es la norma española que hace operativo lo anterior: BOE-A-2003-22715, veintitrés artículos y varias disposiciones. Regula cómo coopera España con la Corte, quién habla con ella y qué hace un juez español cuando la Corte pide algo.

Las autoridades competentes (artículo 4), que ya se han preguntado y donde la trampa está en olvidar la jurisdicción militar:

• El Gobierno
• El Ministerio de Justicia
• El Ministerio de Asuntos Exteriores, en los casos previstos en la ley y en todo caso cuando intervengan factores de política exterior
• El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, cuando el acto de cooperación afecte a sus competencias
• Los órganos judiciales de la jurisdicción ordinaria y, en particular, la Audiencia Nacional
• Los órganos judiciales militares y, en particular, el Tribunal Militar Central
• El Ministerio Fiscal

Aviso sobre las denominaciones. La ley dice «Ministerio de Justicia» y «Ministerio de Asuntos Exteriores», que eran sus nombres en 2003. Los cuestionarios oficiales han usado las denominaciones actuales, Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Son el mismo departamento con otro nombre y hay que reconocer las dos formas.

El órgano de relación (artículo 6). El Ministerio de Justicia es el único órgano de relación entre la Corte, por un lado, y los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal, por otro, sin perjuicio de las competencias de Asuntos Exteriores. Es también el órgano de consulta.

Lo que solo puede hacer el Gobierno, por Acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia:

• Presentar la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte (artículo 7). La ley añade una regla que conviene retener: cuando se presente una denuncia o querella ante un órgano judicial o el Ministerio Fiscal por hechos de la competencia de la Corte ocurridos en otros Estados y sus presuntos autores no sean españoles, se limitarán a informar al denunciante del órgano competente.
• Acordar la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa (artículo 9).

La detención (artículo 11), con los plazos que se preguntan. Cuando se detenga a una persona en cumplimiento de una orden de la Corte de detención provisional o de detención y entrega, la autoridad que la practique lo comunica inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, y la persona debe ser puesta a su disposición sin demora y, en todo caso, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención. El Juez Central oye después al reclamado, asistido de letrado y en su caso de intérprete, y al Ministerio Fiscal, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la puesta a disposición. Son setenta y dos, no veinticuatro, y son dos plazos sucesivos de setenta y dos horas.

La entrega simplificada (artículo 13). Si en esa comparecencia la persona consiente en su entrega, el Juez Central dicta auto acordándola sin más trámites y sin necesidad de que la Corte remita la documentación.

**El amicus curiae (artículo 24).** Si España recibe una invitación de la Corte para participar en un proceso en calidad de amicus curiae, es el Ministerio de Justicia quien consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores para determinar la conveniencia u oportunidad de hacerlo y fijar los términos de la participación. No el Gobierno, no el Fiscal General del Estado, no el Ministerio Fiscal.

La representación en juicio (artículo 5). Corresponde a los Abogados del Estado integrados en la Abogacía General del Estado, conforme a instrucciones conjuntas de Justicia y Asuntos Exteriores. El Gobierno, por motivos excepcionales y oído el Abogado General del Estado, puede designar a una persona como agente de España en un procedimiento determinado.

4.13. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo

Aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del Pueblo, en reunión conjunta de 6 de abril de 1983 (BOE-A-1983-10613). Desarrolla la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Ha sido modificado varias veces; la modificación decisiva para este tema es la de 25 de enero de 2012, que introdujo el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención.

El artículo 1 concentra lo esencial de la institución y enlaza este apartado con el Protocolo facultativo:

1. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, y puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

2. Ejerce las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura previstas en el Protocolo facultativo, y da cuenta de su actividad a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

3. No está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio.

La organización interna, en los datos que se preguntan: el Defensor propone a los Adjuntos para que la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo otorgue su conformidad previa al nombramiento y al cese (artículo 8.b). Los Adjuntos ejercen las funciones del Defensor en los casos de delegación y sustitución y dirigen la tramitación de las quejas (artículo 12). Existen además una Junta de Coordinación y Régimen Interior (artículo 18) y un Secretario General (artículo 23), que ejerce el gobierno y el régimen disciplinario del personal y convoca el Consejo Asesor por indicación de su Presidente.

Los informes. El informe anual a las Cortes Generales se somete previamente a la Comisión Mixta. Además, el Defensor elabora informes específicos sobre su actividad como Mecanismo Nacional de Prevención, que se elevan a las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta y al Subcomité de la ONU (artículo 11.3).

4.14. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Está en los artículos 19 a 22 del Reglamento y es, con diferencia, el bloque más rentable del tema: dos preguntas en dos años sobre cuatro artículos cortos.

Naturaleza (artículo 19.1). Es un órgano de cooperación técnica y jurídica del Mecanismo Nacional de Prevención. No es un órgano de control, ni de dirección, ni un órgano del Defensor del Pueblo en general: es de cooperación técnica y jurídica, y lo es del Mecanismo.

Composición (artículo 19.2 a 19.6). Lo integran los Adjuntos del Defensor del Pueblo como miembros natos, además de un máximo de 10 Vocales. Preside el Adjunto en quien el Defensor del Pueblo delegue las funciones del Mecanismo, sustituido por el otro Adjunto en caso de ausencia o vacante. Actúa como secretario el Secretario General de la Institución.

Los Vocales se designan entre personas mayores de edad, en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, con reconocida trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos o en ámbitos relacionados con el tratamiento a personas privadas de libertad. Y su reparto está tasado:

Procedencia	Vocales
A propuesta del Consejo General de la Abogacía de España	1
A propuesta de la Organización Médica Colegial	1
A propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España	1
A propuesta conjunta de organismos e instituciones con convenio de colaboración, un representante por entidad como máximo	hasta 2
Elegidos entre candidaturas presentadas a título personal o en representación de la sociedad civil	5
Total máximo	10

Mandato y renovación (artículo 20). Los Vocales se designan por cuatro años y se renuevan por mitades cada dos. El proceso se inicia mediante convocatoria pública, y las candidaturas del apartado e) se presentan dentro de los quince días naturales siguientes a su publicación. La designación y el cese corresponden al Defensor del Pueblo, no al Adjunto delegado. Los Vocales cesantes continúan en funciones hasta la designación de los nuevos, y no perciben retribución por el ejercicio de sus funciones.

Funcionamiento (artículo 21). El Consejo Asesor se reúne al menos dos veces al año. A sus sesiones pueden asistir personal del Defensor del Pueblo, representantes de organismos internacionales de Derechos Humanos u otras personas convocadas por indicación de su Presidente.

Funciones (artículo 22). Seis:

1. Realizar propuestas sobre visitas a lugares donde se hallen personas privadas de libertad.

2. Realizar propuestas para la mejora de los protocolos de visita y para su seguimiento.

3. Evacuar los informes que el Defensor del Pueblo le solicite sobre normativa de relevancia para las personas privadas de libertad.

4. Proponer programas de formación y cursos de especialización en prevención de la tortura.

5. Realizar el seguimiento de los informes del Mecanismo Nacional de Prevención y del Subcomité para la Prevención de la Tortura.

6. Aquellos otros asuntos que se sometan a su consideración.

Las cuatro cifras de este apartado son las que deciden la pregunta: 10 Vocales como máximo, 4 años de mandato, renovación por mitades cada 2 años, y al menos 2 reuniones al año. Las opciones falsas suelen ofrecer 15 Vocales, mandato de cinco años, renovación por tercios o una sola reunión anual.

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5. Jurisprudencia esencial

Ninguna de las veinticinco preguntas medidas pidió jurisprudencia. Este epígrafe no está aquí para el test: está porque un guardia civil aplica estos textos en el servicio, y porque las cinco resoluciones siguientes explican qué consecuencia real tiene cada uno de los instrumentos del tema en España. Las cinco están comprobadas en el BOE o en la traducción oficial de la Abogacía del Estado.

STC 120/1990, de 27 de junio (Pleno, recurso de amparo 443/1990, BOE-T-1990-18314). Es la sentencia de la alimentación forzosa de los presos del GRAPO en huelga de hambre. Fija el contenido del artículo 15 de la Constitución y, con él, el de los artículos 3 del Convenio Europeo y 7 del Pacto de derechos civiles: para que un trato sea inhumano o degradante debe acarrear sufrimientos de una especial intensidad, o provocar una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la imposición de una condena. La asistencia médica obligatoria, practicada con los medios menos lesivos, no alcanza ese umbral. La doctrina del umbral mínimo de gravedad es la que se usa siempre que hay que decidir si una actuación policial es o no un trato degradante.

STC 91/2000, de 30 de marzo (Pleno, recurso de amparo 3868/1998, BOE-T-2000-8232). Resuelve una extradición a Italia de un condenado en ausencia. Es la sentencia que mejor explica el artículo 10.2 de la Constitución y, por tanto, para qué sirve todo este tema en el ordenamiento español: los tratados de derechos humanos ratificados por España no crean por sí solos derechos fundamentales nuevos, pero son criterio interpretativo obligatorio de los que la Constitución reconoce. Y distingue el contenido absoluto de ciertos derechos, el que se impone incluso frente a decisiones de otros Estados, de aquel que admite modulación. Para un guardia civil que interviene en una entrega o en una detención con elemento internacional, es la doctrina aplicable.

STC 26/2014, de 13 de febrero (Pleno, recurso de amparo 6922-2008, BOE-A-2014-2650). Es el caso Melloni, dictado después de que el Tribunal Constitucional planteara su primera cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cambia la doctrina anterior sobre la condena en ausencia y, sobre todo, sitúa la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sistema español: cuando se aplica Derecho de la Unión, el artículo 53 de la Carta no permite a un Estado imponer su propio estándar constitucional más elevado si con ello se compromete la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión. Es la contrapartida práctica del artículo 51 de la Carta que se estudió en el apartado 4.10.

STC 140/2018, de 20 de diciembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 3754-2014, BOE-A-2019-957). Resuelve el recurso contra la reforma de la jurisdicción universal de 2014. Confirma que el artículo 10.2 obliga a interpretar conforme a los tratados, pero no convierte a los tratados en canon autónomo de constitucionalidad: una ley no es inconstitucional por contradecir un tratado, porque eso es un problema de aplicabilidad y no de validez. Es la precisión técnica que cierra el bloque: los instrumentos de este tema vinculan a España, pero cada uno con su propio mecanismo.

TEDH, asunto Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal contra España, Sección Tercera, demanda número 1653/13, sentencia de 13 de febrero de 2018 (traducción oficial de la Abogacía del Estado ante el TEDH). Es la resolución que un opositor a la Guardia Civil debe conocer, porque los hechos son una detención practicada por el Cuerpo. El Tribunal de Estrasburgo declaró por unanimidad la violación del artículo 3 del Convenio en su aspecto material y también en su aspecto procesal, y condenó al Estado a abonar 30.000 euros al primer demandante y 20.000 al segundo por daño moral. Las dos vertientes importan: la material, por los malos tratos; y la procesal, por no haber investigado de forma efectiva la denuncia, que es exactamente la obligación de los artículos 12 y 13 de la Convención contra la tortura estudiados en el apartado 4.8. Una denuncia de malos tratos que no se investiga a fondo genera por sí sola una condena al Estado, con independencia de lo que acabe probándose sobre los hechos.

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6. Tabla resumen

Los catorce instrumentos, de un vistazo

Instrumento	Año	Organización	Artículos	Órgano de control
Carta de las Naciones Unidas	1945	ONU	111	Sus seis órganos principales
Declaración Universal	1948	ONU	30	Ninguno; no es tratado
Convenio Europeo (CEDH)	1950	Consejo de Europa	59	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Carta Social Europea revisada	1996	Consejo de Europa	31 + partes III a VI	Informes y reclamaciones colectivas
PIDESC	1966	ONU	31	ECOSOC; el Comité DESC nace en 1985
PIDCP	1966	ONU	53	Comité de Derechos Humanos
Consejo de Derechos Humanos	2006	ONU	Resolución 60/251	Él mismo, con el Examen Periódico Universal
Convención contra la tortura	1984	ONU	33	Comité contra la Tortura
Protocolo facultativo (OPCAT)	2002	ONU	37	Subcomité para la Prevención y los MNP
Carta de Derechos Fundamentales UE	2000 y 2012	Unión Europea	54	Tribunal de Justicia de la UE
Estatuto de Roma	1998	Tratado propio	128	Corte Penal Internacional
Ley Orgánica 18/2003	2003	España	23	Audiencia Nacional y Gobierno
Reglamento del Defensor del Pueblo	1983	España	42	Cortes Generales
Consejo Asesor del MNP	2012	España	arts. 19 a 22 del Reglamento	Defensor del Pueblo

Números de composición, que es de donde salen la mitad de las preguntas

Órgano	Miembros	Mandato	Reelección
Consejo de Seguridad de la ONU	15 (5 permanentes + 10 electivos)	2 años los electivos	No inmediata
Consejo Económico y Social	54, se renuevan 18 al año	3 años	Sí, inmediata
Consejo de Derechos Humanos	47	3 años	No tras dos periodos consecutivos
Comité de Derechos Humanos (PIDCP)	18	4 años	Sí
Comité contra la Tortura	10	4 años	Sí
Subcomité para la Prevención (OPCAT)	10, luego 25	4 años	Una sola vez
Tribunal Europeo de Derechos Humanos	Uno por Alta Parte Contratante	9 años	No
Corte Penal Internacional	18 magistrados	9 años	No, con carácter general
Consejo Asesor del MNP	Adjuntos natos + máximo 10 Vocales	4 años los Vocales	El Reglamento no lo limita

Mayorías y plazos

Dato	Cifra	Norma
Cuestiones importantes en la Asamblea General	Dos tercios de presentes y votantes	art. 18.2 Carta ONU
Cuestiones de procedimiento en el Consejo de Seguridad	9 votos afirmativos	art. 27.2 Carta ONU
Demás cuestiones en el Consejo de Seguridad	9 votos incluidos todos los permanentes	art. 27.3 Carta ONU
Reforma de la Carta	Dos tercios de la AG y ratificación por dos tercios incluidos los permanentes	art. 108 Carta ONU
Elección al Consejo de Derechos Humanos	Mayoría de los miembros de la AG, voto secreto	Res. 60/251, párr. 7
Suspensión de un miembro del Consejo de Derechos Humanos	Dos tercios de presentes y votantes	Res. 60/251, párr. 8
Sesiones del Consejo de Derechos Humanos	Mínimo 3 al año, no menos de 10 semanas en total	Res. 60/251, párr. 10
Demanda ante el TEDH	4 meses desde la resolución interna definitiva	art. 35.1 CEDH
Remisión a la Gran Sala	3 meses desde la sentencia de Sala	art. 43.1 CEDH
Elección de jueces del TEDH	Mayoría absoluta de la Asamblea Parlamentaria, lista de 3 candidatos	art. 22 CEDH
Quórum del Comité de Derechos Humanos	12 miembros	art. 39.2.a PIDCP
Informes al Comité contra la Tortura	Inicial al año, después cada 4 años	art. 19 CAT
Creación del Mecanismo Nacional de Prevención	Un año desde la entrada en vigor o la ratificación	art. 17 OPCAT
Visitas del Subcomité	Dos miembros como mínimo	art. 13.3 OPCAT
Denuncia del OPCAT	Surte efecto un año después de recibida	art. 33 OPCAT
Obligaciones mínimas de la Carta Social revisada	6 de 9 artículos del núcleo, y 16 artículos o 63 párrafos	art. A
Puesta a disposición del Juez Central de Instrucción	72 horas desde la detención	art. 11.1 LO 18/2003
Pena máxima temporal de la Corte Penal Internacional	30 años, o perpetuidad por extrema gravedad	art. 77 Estatuto de Roma
Reuniones del Consejo Asesor del MNP	Al menos dos al año	art. 21.1 Reglamento

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7. Trampas de examen

1. Consejo contra Corte Internacional de Justicia. El órgano judicial principal de la ONU es la Corte** Internacional de Justicia. «Consejo Internacional de Justicia» no existe, y es la opción falsa que ya se ha usado para preguntar por los seis órganos principales.

2. El Consejo de Derechos Humanos no es órgano principal. Es órgano subsidiario de la Asamblea General**, creado por resolución en 2006. Los órganos principales son los seis del artículo 7.1 de la Carta, y el Consejo de Administración Fiduciaria sigue siendo uno de ellos aunque suspendiera sus operaciones en 1994.

3. Quién recomienda y quién decide en la ONU. Admisión, suspensión y expulsión: decide la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. También el nombramiento del Secretario General. Lo único que el Consejo de Seguridad hace solo es restablecer** los derechos suspendidos.

4. Comité de Derechos Humanos contra Consejo de Derechos Humanos. El Comité tiene 18 expertos independientes, nace del Pacto de derechos civiles y examina informes y comunicaciones. El Consejo tiene 47 Estados**, nace de una resolución de la Asamblea General y hace el Examen Periódico Universal. Son cosas distintas y el examen los mezcla.

5. El Pacto de derechos económicos no crea comité. El PIDESC atribuye el control al ECOSOC**; el Comité DESC se creó por resolución del ECOSOC en 1985. El que sí está en el tratado es el Comité de Derechos Humanos del PIDCP.

6. El plazo del TEDH son cuatro meses. Desde el Protocolo 15 eran seis y ahora son cuatro**. Todo manual que diga seis está desactualizado.

7. Se motivan también las inadmisiones. El artículo 45.1 del Convenio obliga a motivar las sentencias y las resoluciones que declaren las demandas admisibles o no admisibles**. No hay inadmisión sin motivar.

8. La opinión consultiva se comunica al Comité de Ministros.** No al Parlamento Europeo, que ni siquiera pertenece al Consejo de Europa, ni a la Asamblea Parlamentaria.

9. El depositario de la Carta Social Europea es el Secretario General del Consejo de Europa.** Las opciones que ofrecen el Presidente del Parlamento Europeo, el Presidente de la Comisión o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea están mezclando dos organizaciones distintas.

10. La protección de las madres en el PIDESC no tiene cifra.** Es «un período de tiempo razonable antes y después del parto». Cualquier opción con dieciséis semanas, diecinueve semanas o cuatro meses es falsa.

11. La edad mínima de trabajo en la Carta de la UE tampoco tiene cifra. Es la edad en que concluye la escolaridad obligatoria**, y no puede ser inferior a ella. Ni 16, ni 17, ni 18.

12. La tentativa de tortura también es delito. El artículo 4 de la Convención alcanza al acto consumado, a la tentativa** y a la complicidad o participación.

13. El terrorismo no es competencia de la Corte Penal Internacional.** Los crímenes son genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Solo esos cuatro.

14. Las Secciones de la Corte Penal Internacional son tres: Apelaciones, Primera Instancia y Cuestiones Preliminares.** No hay «Sección de Instrucción».

15. En la Ley Orgánica 18/2003 el plazo son setenta y dos horas, y hay dos.** Setenta y dos para poner al detenido a disposición del Juez Central de Instrucción, y otras setenta y dos para que este le oiga desde la puesta a disposición. Nunca veinticuatro.

16. El amicus curiae lo consulta el Ministerio de Justicia**, hoy denominado Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. No el Gobierno, ni el Fiscal General del Estado, ni el Ministerio Fiscal.

17. La jurisdicción militar está entre las autoridades competentes de la Ley Orgánica 18/2003. El artículo 4 menciona expresamente los órganos judiciales militares y, en particular, el Tribunal Militar Central**.

18. El Consejo Asesor del MNP tiene un máximo de 10 Vocales, no 15. Y es órgano de cooperación técnica y jurídica**, no de control ni de dirección.

19. Los Vocales del Consejo Asesor duran cuatro años y se renuevan por mitades cada dos.** No cinco y tres, ni seis y tres, ni ocho y cuatro.

20. Quien designa a los Vocales es el Defensor del Pueblo**, aunque presida el Consejo el Adjunto en quien delegue las funciones del Mecanismo.

21. El Consejo Asesor se reúne al menos dos veces al año**, no una.

22. Las visitas del Subcomité las hacen dos miembros como mínimo, y el programa se establece primeramente por sorteo. El Estado debe poder adoptar las disposiciones prácticas sin demora, no «en el plazo de un mes», y sí puede oponerse** a la inclusión de un experto determinado.

23. La competencia del Comité de Derechos Humanos para comunicaciones entre Estados es voluntaria.** Requiere declaración expresa, y de los dos Estados implicados.

24. La Declaración Universal no es un tratado.** No se ratifica y no crea obligaciones exigibles por sí misma; entra en el ordenamiento español como criterio de interpretación por el artículo 10.2 de la Constitución.

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8. Reglas mnemotécnicas

Los seis órganos principales de la ONU: «A SECAS»

Asamblea General, SEcretaría, Consejo de Seguridad, Administración Fiduciaria, Social y Económico, más la Corte Internacional de Justicia. Seis, y la Corte se recuerda aparte precisamente porque la trampa consiste en llamarla Consejo.

Los siete títulos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: «Di La Isla Solitaria, Ciudadano Justo, en General»

Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía, Justicia y disposiciones Generales.

Las cuatro formaciones del Tribunal Europeo: 1, 3, 7, 17

Juez único, Comité de tres, Sala de siete, Gran Sala de diecisiete. Se recuerda como una progresión: uno, tres, siete, diecisiete.

Los cuatro crímenes de la Corte Penal Internacional: «GLAG»

Genocidio, Lesa humanidad, Agresión, Guerra. Si en la lista aparece terrorismo, la opción es falsa.

Los números que más caen: «4 y 4, 10 y 10»

4 meses para demandar ante el TEDH, 4 años de mandato de los Vocales del Consejo Asesor, 10 Vocales como máximo en ese Consejo, 10 expertos en el Comité contra la Tortura.

Los dieciocho de los dos dieciocho

18 miembros tiene el Comité de Derechos Humanos del Pacto de derechos civiles y 18 magistrados tiene la Corte Penal Internacional. Los dos órganos de composición dieciocho, uno de expertos y otro de jueces.

El binomio de la ONU: «recomienda el Consejo, decide la Asamblea»

Sirve para admisión, suspensión, expulsión y nombramiento del Secretario General. La excepción, el restablecimiento de derechos, se recuerda como «lo que se quita entre dos, lo devuelve uno».

Los nueve del núcleo de la Carta Social: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 20

Y de ellos hay que aceptar seis. Se recuerda como «seis de nueve, dieciséis o sesenta y tres».

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9. Aplicación práctica

Situación 1. Una denuncia de malos tratos tras una detención.

Una persona detenida manifiesta ante el médico forense que ha sufrido malos tratos durante el traslado. Lo que este tema exige saber es que la obligación no depende de que la denuncia parezca fundada: el artículo 12 de la Convención contra la tortura obliga a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, y el artículo 13 obliga a proteger frente a represalias tanto a quien presenta la queja como a los testigos. La sentencia Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal contra España demuestra la consecuencia de no hacerlo: el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado también en el aspecto procesal del artículo 3, es decir, por la investigación insuficiente, al margen de lo ocurrido. La actuación correcta es documentar exhaustivamente, comunicar de inmediato a la autoridad judicial y no interferir en la instrucción.

Situación 2. Una orden de un superior que ordena una conducta prohibida.

El artículo 2.3 de la Convención contra la tortura es terminante: no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. El artículo 33 del Estatuto de Roma llega a la misma conclusión por otro camino: la orden superior no exime, y nunca en genocidio ni en crímenes de lesa humanidad, porque son manifiestamente ilícitos. Ninguna cadena de mando ampara estas conductas, y el artículo 2.2 añade que tampoco las amparan el estado de guerra, la amenaza de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública.

Situación 3. Una visita del Mecanismo Nacional de Prevención a unas dependencias.

Se presentan en unas dependencias donde hay personas privadas de libertad representantes del Defensor del Pueblo actuando como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. No es una inspección administrativa ordinaria ni un procedimiento sancionador: es el ejercicio de la función del artículo 1.2 del Reglamento y de los artículos 19 y 20 del Protocolo facultativo. El Mecanismo tiene derecho a acceder a los lugares, a la información y a las personas, y a entrevistarse sin testigos con las personas privadas de libertad. El artículo 21 del Protocolo prohíbe sancionar a quien haya comunicado información al Mecanismo. La actuación correcta es facilitar el acceso y la documentación e informar por el conducto reglamentario.

Situación 4. Una persona reclamada por la Corte Penal Internacional.

Se detiene en España a una persona en cumplimiento de una orden de detención y entrega dictada por la Corte Penal Internacional. La secuencia de la Ley Orgánica 18/2003 es: comunicación inmediata al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional; puesta a disposición sin demora y en todo caso dentro de las setenta y dos horas; audiencia ante el Juez Central, con letrado y en su caso intérprete, dentro de las setenta y dos horas siguientes. Si la persona consiente en la entrega, el Juez la acuerda por auto sin más trámites. No es una extradición ordinaria y no se tramita como tal.

Situación 5. Un ciudadano que anuncia que acudirá a Estrasburgo.

Tras una sentencia firme, un ciudadano manifiesta que va a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los datos correctos son: hay que haber agotado las vías de recurso internas; el plazo es de cuatro meses desde la resolución interna definitiva; la demanda no puede ser anónima; y la decisión sobre su admisión puede tomarla un juez único, cuya resolución es definitiva. El Tribunal no es una cuarta instancia que revise los hechos: examina si ha habido violación del Convenio, y si la declara puede conceder un arreglo equitativo conforme al artículo 41, cuya ejecución supervisa el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

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10. Preguntas de test con respuesta explicada

Setenta y cinco preguntas, que con las diez de la sección siguiente completan las ochenta y cinco del nivel A+. Redactadas de nuevo por TestMiOpo; ninguna reproduce un enunciado oficial. Se han distribuido siguiendo el reparto real del examen: aproximadamente seis por cada instrumento del enunciado.

1. Conforme al artículo 7.1 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿cuál de los siguientes NO es un órgano principal de la Organización?

a) El Consejo de Administración Fiduciaria.

b) El Consejo de Derechos Humanos.

c) El Consejo Económico y Social.

d) La Secretaría.

Respuesta: b). El Consejo de Derechos Humanos se creó en 2006 por la Resolución 60/251 como órgano subsidiario de la Asamblea General. El Consejo de Administración Fiduciaria sí es órgano principal, aunque suspendiera sus operaciones en 1994.

2. La expulsión de un Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios de la Carta corresponde a:

a) El Consejo de Seguridad, a propuesta de la Asamblea General.

b) La Corte Internacional de Justicia.

c) La Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad.

d) El Secretario General, oído el Consejo de Seguridad.

Respuesta: c). Artículo 6. El binomio se repite en la admisión, en la suspensión y en el nombramiento del Secretario General: recomienda el Consejo de Seguridad y decide la Asamblea General.

3. El restablecimiento de los derechos y privilegios suspendidos a un Miembro de las Naciones Unidas corresponde a:

a) El Consejo de Seguridad.

b) La Asamblea General por mayoría de dos tercios.

c) La Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

d) El Consejo Económico y Social.

Respuesta: a). Es la excepción del artículo 5: la suspensión la acuerda la Asamblea a recomendación del Consejo, pero el ejercicio de esos derechos puede ser restituido por el Consejo de Seguridad.

4. En el Consejo de Seguridad, las decisiones sobre cuestiones que no sean de procedimiento se adoptan por:

a) Nueve votos afirmativos.

b) Mayoría simple de sus miembros.

c) Dos tercios de los miembros presentes y votantes.

d) Nueve votos afirmativos, incluidos los de todos los miembros permanentes.

Respuesta: d). Artículo 27.3. Las de procedimiento bastan con nueve votos afirmativos sin más, que es la opción a). En las decisiones del Capítulo VI, la parte en una controversia se abstiene de votar.

5. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas está integrado por:

a) Cuarenta y siete Miembros elegidos por tres años.

b) Cincuenta y cuatro Miembros, de los que se eligen dieciocho cada año por tres años.

c) Quince Miembros, cinco de ellos permanentes.

d) Un número de Miembros igual al de Estados de la Organización.

Respuesta: b). Artículo 61. La opción a) confunde con el Consejo de Derechos Humanos, que sí tiene cuarenta y siete Estados por tres años, y la c) con el Consejo de Seguridad.

6. Según el artículo 99 de la Carta, el Secretario General:

a) Puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.

b) Puede convocar por sí solo la Conferencia General de revisión de la Carta.

c) Preside las sesiones del Consejo de Seguridad.

d) Puede suspender a un Miembro que incumpla la Carta.

Respuesta: a). Es su única facultad propiamente política. Es además el más alto funcionario administrativo de la Organización y lo nombra la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

7. Las reformas de la Carta de las Naciones Unidas entran en vigor cuando han sido adoptadas por dos tercios de la Asamblea General y ratificadas por:

a) La mayoría simple de los Miembros.

b) Dos tercios de los Miembros, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

c) Todos los Miembros de la Organización.

d) Nueve miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad.

Respuesta: b). Artículo 108. La opción d) corresponde a la convocatoria de la Conferencia General de revisión del artículo 109, que es cosa distinta.

8. Respecto de la Corte Internacional de Justicia, señale la afirmación INCORRECTA:

a) Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas.

b) Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en su Estatuto.

c) Puede emitir opiniones consultivas a solicitud de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad.

d) Juzga la responsabilidad penal individual por los crímenes internacionales más graves.

Respuesta: d). Eso corresponde a la Corte Penal Internacional, que nace del Estatuto de Roma y no es órgano de las Naciones Unidas. Ambas tienen su sede en La Haya, y de ahí la confusión.

9. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada mediante:

a) Un tratado abierto a la firma de los Estados en 1948.

b) La Resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1948.

c) La Resolución 60/251 de la Asamblea General.

d) Una decisión del Consejo Económico y Social.

Respuesta: b). No es un tratado: no se ratifica y no crea por sí misma obligaciones exigibles. Su fuerza en España proviene del artículo 10.2 de la Constitución, que la convierte en criterio de interpretación obligatorio.

10. La Declaración Universal de Derechos Humanos consta de:

a) Veinte artículos.

b) Treinta artículos.

c) Cincuenta y cuatro artículos.

d) Cincuenta y nueve artículos.

Respuesta: b). Treinta artículos y un preámbulo. Cincuenta y cuatro son los de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y cincuenta y nueve los del Convenio Europeo.

11. Según la Declaración Universal, el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez o vejez se reconoce ante la pérdida de los medios de subsistencia:

a) Por cualquier circunstancia.

b) Por circunstancias independientes de su voluntad.

c) Únicamente por causa de fuerza mayor.

d) Cuando así lo prevea la legislación nacional.

Respuesta: b). Artículo 25.1. La fórmula «por cualquier circunstancia» amplía el precepto y es la alteración con la que se construye la opción falsa.

12. Conforme al artículo 30 de la Declaración Universal, nada en ella podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno para emprender actividades tendentes a la supresión de los derechos proclamados, a:

a) Una persona, únicamente.

b) Un grupo o una persona.

c) El Estado, un grupo o una persona.

d) Los Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas.

Respuesta: c). El artículo 30 menciona a los tres sujetos. Recortar la enumeración es una de las formas habituales de construir la opción incorrecta.

13. La Declaración Universal reconoce el derecho a un recurso efectivo:

a) Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

b) Ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

c) Ante la Corte Internacional de Justicia.

d) Ante los tribunales nacionales competentes.

Respuesta: d). Artículo 8: ante los tribunales nacionales competentes, que amparen a la persona contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

14. Según el artículo 29.1 de la Declaración Universal, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad porque:

a) Así lo exige el orden público internacional.

b) Solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

c) Los derechos y los deberes son correlativos en toda sociedad democrática.

d) Lo establecen las legislaciones nacionales.

Respuesta: b). Es la fórmula literal del precepto, y el artículo 29.2 añade que las limitaciones solo pueden establecerse por ley.

15. El texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos que hay que manejar hoy incorpora, entre otros, el Protocolo número 11, cuyo efecto principal fue:

a) Reducir el plazo de demanda de seis a cuatro meses.

b) Suprimir la Comisión Europea de Derechos Humanos y crear un Tribunal único y permanente.

c) Introducir las opiniones consultivas a petición de los altos órganos jurisdiccionales nacionales.

d) Crear la formación de juez único.

Respuesta: b). La a) es el Protocolo 15, la c) el Protocolo 16 y la d) el Protocolo 14. El 11 es el que renumeró todo el título II del Convenio.

16. El Protocolo número 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España en 2025, permite:

a) A cualquier persona solicitar una opinión consultiva al Tribunal.

b) Al Comité de Ministros revisar las sentencias del Tribunal.

c) A los más altos órganos jurisdiccionales de un Estado solicitar opiniones consultivas sobre cuestiones de principio.

d) Suprimir el requisito de agotamiento de los recursos internos.

Respuesta: c). Es el dato más reciente del tema y ningún temario comercial que circule lo recoge. Su instrumento de ratificación es el BOE-A-2025-18339.

17. El plazo para presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde la resolución interna definitiva es de:

a) Un mes.

b) Tres meses.

c) Cuatro meses.

d) Seis meses.

Respuesta: c). Artículo 35.1, en la redacción dada por el Protocolo 15. Eran seis meses antes; tres meses es el plazo para solicitar la remisión a la Gran Sala del artículo 43.

18. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se compone de:

a) Tres jueces.

b) Siete jueces.

c) Diecisiete jueces.

d) Un número de jueces igual al de Altas Partes Contratantes.

Respuesta: c). Artículo 26.1. Uno el juez único, tres el Comité, siete la Sala y diecisiete la Gran Sala. La opción d) describe la composición del Tribunal en su conjunto, no la de la Gran Sala.

19. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos:

a) Por el Comité de Ministros, por mayoría simple, de una lista de dos candidatos.

b) Por la Asamblea Parlamentaria, por mayoría absoluta, de una lista de tres candidatos presentada por cada Alta Parte Contratante.

c) Por los Estados Partes reunidos en asamblea, por nueve años renovables.

d) Por el Pleno del Tribunal, entre juristas de reconocido prestigio.

Respuesta: b). Artículo 22. Su mandato es de nueve años y no son reelegibles (artículo 23.1).

20. Conforme al artículo 45 del Convenio Europeo, están sujetas a motivación:

a) Solo las sentencias.

b) Las sentencias y las resoluciones de admisión, pero no las de inadmisión.

c) Las sentencias y las resoluciones por las que las demandas se declaren admisibles o no admisibles.

d) Solo las resoluciones que declaren inadmisible una demanda.

Respuesta: c). El precepto es literal e incluye las dos clases de resolución. Es una de las preguntas que ya ha caído sobre este instrumento.

21. La opinión consultiva emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se comunica:

a) Al Parlamento Europeo.

b) A la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

c) Al Comité de Ministros.

d) Al Secretario General de las Naciones Unidas.

Respuesta: c). Artículo 49.3. La opinión estará motivada, y si no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez puede unir la suya por separado.

22. Señale la afirmación INCORRECTA sobre la formación de juez único del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

a) Puede declarar inadmisible una demanda individual cuando quepa sin examen complementario.

b) Su resolución de inadmisión es definitiva.

c) Puede examinar demandas presentadas contra la Alta Parte Contratante por la que ha sido elegido.

d) Puede eliminar una demanda del registro de asuntos del Tribunal.

Respuesta: c). El artículo 26.3 lo prohíbe expresamente. Las otras tres son correctas conforme al artículo 27.

23. La sentencia de una Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es definitiva cuando, entre otros supuestos:

a) Han transcurrido tres meses sin que se haya solicitado la remisión a la Gran Sala.

b) Han transcurrido seis meses desde su notificación.

c) La confirma el Comité de Ministros.

d) La ratifica el Pleno del Tribunal.

Respuesta: a). Artículo 44.2. También lo es si las partes declaran que no pedirán la remisión o si el colegio de cinco jueces rechaza la petición. El Comité de Ministros supervisa la ejecución, no confirma la sentencia.

24. El derecho reconocido en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es:

a) El derecho a la vida.

b) La prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes.

c) El derecho a la libertad y a la seguridad.

d) El derecho a un proceso equitativo.

Respuesta: b). La a) es el artículo 2, la c) el 5 y la d) el 6. El artículo 3 no admite derogación ni siquiera en estado de urgencia, conforme al artículo 15.2.

25. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de la Carta Social Europea revisada se depositan ante:

a) El Presidente del Parlamento Europeo.

b) El Secretario General del Consejo de Europa.

c) El Secretario General de las Naciones Unidas.

d) El Presidente de la Comisión Europea.

Respuesta: b). Artículo K. Las opciones a) y d) son instituciones de la Unión Europea, que nada tiene que ver con este tratado del Consejo de Europa.

26. Conforme al artículo A de la Carta Social Europea revisada, cada Parte debe considerarse obligada por al menos:

a) La totalidad de los treinta y un artículos de la Parte II.

b) Seis de los nueve artículos del núcleo, y un total no inferior a dieciséis artículos o sesenta y tres párrafos numerados.

c) Nueve artículos cualesquiera de la Parte II.

d) Los treinta y un objetivos de la Parte I, con carácter jurídicamente vinculante.

Respuesta: b). Los nueve artículos del núcleo son el 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20. La Parte I se asume como declaración de objetivos, no como obligación exigible.

27. Respecto del derecho a la vivienda del artículo 31 de la Carta Social Europea revisada, las Partes se comprometen a adoptar medidas destinadas a:

a) Favorecer el acceso a una vivienda de calidad suficiente.

b) Prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminarla progresivamente.

c) Hacer asequible el precio de las viviendas a quienes no dispongan de recursos suficientes.

d) Todas las anteriores.

Respuesta: d). El artículo 31 contiene los tres compromisos, y la pregunta oficial de 2026 se construyó exactamente así, ofreciendo cada uno por separado.

28. La Carta Social Europea revisada se hizo en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996 y España la ratificó mediante instrumento publicado en el BOE en:

a) 1996.

b) 2000.

c) 2021.

d) 2024.

Respuesta: c). BOE-A-2021-9719, con entrada en vigor para España el 1 de julio de 2021. España tardó veinticinco años en ratificarla, y ese retraso es lo que hace que muchos manuales antiguos sigan explicando la Carta de 1961.

29. El sistema de reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea revisada está regulado en:

a) El artículo E de la Parte IV.

b) El artículo C de la Parte III.

c) El artículo K de la Parte VI.

d) El artículo D de la Parte III.

Respuesta: d). El artículo C somete el cumplimiento a la misma supervisión que la Carta de 1961; el D extiende el sistema de reclamaciones colectivas; el E es la no discriminación y el K la firma y entrada en vigor.

30. Conforme al artículo A.4 de la Carta Social Europea revisada, toda Parte debe disponer, sin posibilidad de elección:

a) De un salario mínimo interprofesional.

b) De un sistema de inspección del trabajo adecuado a las circunstancias nacionales.

c) De un régimen público de seguridad social universal.

d) De un mecanismo nacional de prevención de la tortura.

Respuesta: b). Es la única obligación de la Carta que no queda sujeta al sistema de aceptación selectiva de artículos. La opción d) pertenece al Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura.

31. La obligación que el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone a los Estados es:

a) Adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.

b) Respetar y garantizar de forma inmediata los derechos reconocidos.

c) Reconocer la competencia de un comité para examinar comunicaciones individuales.

d) Presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos.

Respuesta: a). La b) describe la obligación del Pacto de derechos civiles y políticos, que sí es de respeto y garantía inmediatos. Esa asimetría entre los dos Pactos es la base de casi todas las preguntas comparativas.

32. Según el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se debe conceder especial protección a las madres durante:

a) Dieciséis semanas ininterrumpidas antes y después del parto.

b) Diecinueve semanas después del parto.

c) Un período de tiempo razonable antes y después del parto.

d) Cuatro meses antes y después del parto.

Respuesta: c). El Pacto no fija cifra alguna. Cualquier opción con un número concreto es falsa por definición, y las tres restantes de esta pregunta reproducen el tipo de cifras que se ofrecen en el examen.

33. Señale la opción que NO figura entre las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias del artículo 7 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

a) La seguridad y la higiene en el trabajo.

b) La percepción de ingresos extraordinarios en función de la dedicación y el rendimiento.

c) La remuneración de los días festivos.

d) Igual oportunidad de ser promovidos, sin más consideraciones que el tiempo de servicio y la capacidad.

Respuesta: b). Es un concepto ajeno al Pacto. Las otras tres están literalmente en el artículo 7, letras b), d) y c) respectivamente.

34. El órgano al que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales atribuye el examen de los informes de los Estados es:

a) El Consejo Económico y Social.

b) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

c) El Comité de Derechos Humanos.

d) La Asamblea General.

Respuesta: a). Artículo 16: los informes se presentan al Secretario General, que transmite copias al ECOSOC. El Comité DESC existe, pero no nace del Pacto, sino de una resolución del ECOSOC de 1985.

35. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea General el:

a) 10 de diciembre de 1948.

b) 4 de noviembre de 1950.

c) 16 de diciembre de 1966.

d) 18 de diciembre de 2002.

Respuesta: c). El mismo día que el Pacto de derechos civiles y políticos. La a) es la Declaración Universal, la b) el Convenio Europeo y la d) el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura.

36. El derecho a la huelga aparece expresamente reconocido en:

a) El artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

b) El artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

c) El artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

d) El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Respuesta: a). Es uno de los pocos textos internacionales que lo menciona por su nombre, junto con el artículo 6.4 de la Carta Social Europea. Los otros tres reconocen la libertad sindical o de asociación, no la huelga.

37. El Comité de Derechos Humanos establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se compone de:

a) Diez expertos.

b) Dieciocho miembros.

c) Veinticinco miembros.

d) Cuarenta y siete Estados.

Respuesta: b). Artículo 28.1. La a) es el Comité contra la Tortura, la c) el Subcomité para la Prevención tras la quincuagésima ratificación y la d) el Consejo de Derechos Humanos.

38. Conforme al artículo 29.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cada Estado Parte podrá proponer como candidatos al Comité:

a) Hasta dos personas, que deberán ser nacionales suyos.

b) Un solo candidato.

c) Hasta tres candidatos, de los que uno podrá ser extranjero.

d) Los que estime oportuno, sin límite.

Respuesta: a). Y el artículo 31.1 añade que el Comité no podrá comprender más de un nacional del mismo Estado. La opción c) describe el sistema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí trabaja con listas de tres.

39. Señale la afirmación INCORRECTA sobre el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos:

a) Sus miembros son elegidos y ejercen sus funciones a título personal.

b) Doce miembros constituyen quórum.

c) Sus decisiones se toman por mayoría de tres quintos de los miembros que lo componen.

d) Presenta un informe anual a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social.

Respuesta: c). El artículo 39.2.b establece la mayoría de votos de los miembros presentes. No existe en el Pacto ninguna mayoría de tres quintos.

40. La competencia del Comité de Derechos Humanos para examinar comunicaciones en que un Estado alegue que otro no cumple el Pacto:

a) Es automática para todo Estado que ratifique el Pacto.

b) Requiere declaración expresa del Estado que reconozca esa competencia.

c) Depende de la autorización previa del Consejo de Seguridad.

d) Solo existe respecto de los Estados que hayan ratificado el Segundo Protocolo Facultativo.

Respuesta: b). Artículo 41, y solo cabe la comunicación si ambos Estados han hecho la declaración. Convertir en obligatorio lo que es voluntario es una trampa ya usada en el examen.

41. Según el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, NO puede suspenderse en ningún caso:

a) El derecho a la libertad de circulación.

b) El derecho de reunión pacífica.

c) El derecho a un proceso público.

d) La prohibición de la tortura.

Respuesta: d). El núcleo indisponible lo forman los artículos 6, 7, 8.1 y 8.2, 11, 15, 16 y 18. Además, la suspensión exige que la situación excepcional haya sido proclamada oficialmente.

42. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1989, tiene por objeto:

a) Establecer el mecanismo de comunicaciones individuales.

b) Crear el Comité de Derechos Humanos.

c) Regular las visitas a lugares de privación de libertad.

d) La abolición de la pena de muerte.

Respuesta: d). La a) corresponde al primer Protocolo Facultativo, de 1966, y la c) al Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura, que es otro tratado distinto.

43. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se creó mediante:

a) La Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006.

b) Una reforma de la Carta de las Naciones Unidas.

c) Un tratado abierto a la firma en Ginebra.

d) Una resolución del Consejo de Seguridad.

Respuesta: a). Sustituyó a la antigua Comisión de Derechos Humanos y tiene su sede en Ginebra. Al crearse por resolución de la Asamblea, es órgano subsidiario suyo y no órgano principal.

44. El Grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados dispone en el Consejo de Derechos Humanos de:

a) Seis escaños.

b) Siete escaños.

c) Ocho escaños.

d) Trece escaños.

Respuesta: b). El reparto es: África trece, Asia trece, Europa oriental seis, América Latina y el Caribe ocho, y Europa occidental y otros Estados siete. Suman los cuarenta y siete.

45. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos son elegidos:

a) Por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

b) Por el Consejo Económico y Social.

c) De forma directa e individual, en votación secreta, por la mayoría de los miembros de la Asamblea General.

d) Por aclamación, a propuesta de los grupos regionales.

Respuesta: c). La mayoría de dos tercios de presentes y votantes de la opción a) es la exigida para suspender a un miembro que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

46. Señale la afirmación INCORRECTA sobre el Consejo de Derechos Humanos:

a) Sus miembros desempeñan sus funciones durante tres años.

b) No pueden optar a la reelección inmediata después de dos períodos consecutivos.

c) Celebra como mínimo tres períodos de sesiones al año, con una duración total no inferior a diez semanas.

d) Revisa el historial de derechos humanos de los Estados a través del Examen Anual General.

Respuesta: d). El mecanismo se llama Examen Periódico Universal, y alcanza a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, sean o no miembros del Consejo. La denominación alterada es la trampa exacta que ya se usó en 2025.

47. Los períodos extraordinarios de sesiones del Consejo de Derechos Humanos pueden celebrarse cuando lo solicite un miembro con el apoyo de:

a) Un tercio de los miembros del Consejo.

b) La mayoría absoluta de los miembros del Consejo.

c) Dos tercios de los miembros del Consejo.

d) El Secretario General de las Naciones Unidas.

Respuesta: a). Es el umbral de la Resolución 60/251, que también fija el mínimo de tres períodos ordinarios y las diez semanas de duración total.

48. El apoyo sustantivo, técnico y de secretaría al Consejo de Derechos Humanos corresponde a:

a) La Secretaría General de las Naciones Unidas.

b) El Consejo Económico y Social.

c) El Comité de Derechos Humanos.

d) La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Respuesta: d). Es una de las afirmaciones correctas que el examen ofrece para despistar en las preguntas de opción incorrecta sobre este órgano.

49. Conforme al artículo 1 de la Convención contra la tortura, para que exista tortura los dolores o sufrimientos graves han de ser infligidos:

a) Por cualquier persona, con independencia de su condición.

b) Por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.

c) Únicamente por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) Por un funcionario público actuando siempre de forma directa y personal.

Respuesta: b). La aquiescencia basta: quien consiente lo que otro hace también realiza el tipo. La opción d) excluye esa modalidad y por eso es falsa.

50. Según el artículo 4 de la Convención contra la tortura, los Estados deben velar por que constituyan delito:

a) Únicamente los actos consumados de tortura.

b) Los actos de tortura, pero no la tentativa.

c) Los actos de tortura, la tentativa y la complicidad o participación.

d) Los actos de tortura cometidos en tiempo de paz.

Respuesta: c). Y deben castigarse con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. La exclusión de la tentativa es una trampa que ya ha caído literalmente.

51. Conforme al artículo 2 de la Convención contra la tortura, pueden invocarse como justificación de la tortura:

a) El estado de guerra o la amenaza de guerra.

b) La inestabilidad política interna.

c) La orden de un funcionario superior o de una autoridad pública.

d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta: d). El artículo 2.2 excluye toda circunstancia excepcional y el 2.3 excluye la orden del superior. Es la regla más rotunda de todo el tema.

52. La obligación de investigar del artículo 12 de la Convención contra la tortura se activa:

a) Siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura en su jurisdicción.

b) Solo cuando la víctima presente denuncia formal.

c) Solo cuando lo solicite el Comité contra la Tortura.

d) Cuando haya sentencia previa de un tribunal internacional.

Respuesta: a). La investigación es de oficio, pronta e imparcial. El derecho a presentar queja y la protección del denunciante y de los testigos están en el artículo 13.

53. El Comité contra la Tortura está compuesto por:

a) Diez expertos elegidos por cuatro años.

b) Dieciocho miembros elegidos por cuatro años.

c) Veinticinco miembros elegidos por cuatro años.

d) Diez expertos elegidos por nueve años.

Respuesta: a). Artículo 17. Ejercen sus funciones a título personal y los Estados presentan informe inicial al año y después cada cuatro años.

54. Conforme al artículo 15 de la Convención contra la tortura, una declaración obtenida mediante tortura:

a) Puede invocarse como prueba si está corroborada por otros medios.

b) No puede invocarse como prueba en ningún procedimiento, salvo contra el acusado de tortura como prueba de que la declaración se formuló.

c) Puede invocarse siempre que el declarante la ratifique después ante el juez.

d) Queda a la libre valoración del tribunal.

Respuesta: b). Es la única excepción que admite el precepto, y no beneficia a quien obtuvo la declaración sino que sirve para probar el delito de tortura.

55. El Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura, de 18 de diciembre de 2002, tiene por objeto:

a) Establecer un sistema de visitas periódicas a los lugares donde haya personas privadas de libertad.

b) Tipificar la tortura como delito en la legislación interna.

c) Crear el Comité contra la Tortura.

d) Regular la extradición de los responsables de tortura.

Respuesta: a). Es la diferencia esencial con la Convención: esta reacciona ante la tortura cometida y el Protocolo la previene mediante visitas.

56. Conforme al artículo 5 del Protocolo facultativo, el Subcomité para la Prevención, tras registrarse la quincuagésima ratificación, pasó a estar compuesto por:

a) Diez miembros.

b) Dieciocho miembros.

c) Veinticinco miembros.

d) Cuarenta y siete miembros.

Respuesta: c). Empezó con diez. Sus miembros se eligen por cuatro años y pueden ser reelegidos una sola vez.

57. Según el artículo 13 del Protocolo facultativo, las visitas del Subcomité para la Prevención serán realizadas por:

a) Un miembro, que podrá ir acompañado de expertos.

b) Dos miembros como mínimo.

c) Tres miembros como mínimo.

d) La totalidad de los miembros del Subcomité.

Respuesta: b). El programa de visitas periódicas se establece primeramente por sorteo y se notifica a los Estados para que puedan adoptar sin demora las disposiciones prácticas, no en el plazo de un mes.

58. Conforme al artículo 17 del Protocolo facultativo, cada Estado Parte debe mantener, designar o crear uno o varios mecanismos nacionales de prevención:

a) A más tardar un año después de la entrada en vigor del Protocolo o de su ratificación o adhesión.

b) En el plazo de seis meses desde la ratificación.

c) Cuando lo requiera el Subcomité para la Prevención.

d) En el plazo de tres años desde la ratificación.

Respuesta: a). El plazo de tres años de la opción d) corresponde al aplazamiento del artículo 24, que permite diferir las obligaciones de la parte III o de la IV.

59. Todo Estado Parte podrá denunciar el Protocolo facultativo mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará seguidamente a:

a) El Comité contra la Tortura, únicamente.

b) El Subcomité para la Prevención, únicamente.

c) La Asamblea General.

d) Los demás Estados Partes en el Protocolo y en la Convención.

Respuesta: d). Artículo 33.1. La denuncia surte efecto un año después de recibida y no exime de las obligaciones respecto de actos anteriores.

60. Entre las facultades mínimas que el artículo 19 del Protocolo facultativo reconoce a los mecanismos nacionales de prevención NO figura:

a) Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad.

b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes.

c) Presentar propuestas y observaciones sobre la legislación vigente o los proyectos de ley.

d) Imponer sanciones a los responsables de los centros visitados.

Respuesta: d). El mecanismo no tiene potestad sancionadora: examina, recomienda y propone. El artículo 21 prohíbe además sancionar a quien le haya comunicado información.

61. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor jurídico que los Tratados en virtud de:

a) El artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea.

b) Su propia proclamación en Niza en el año 2000.

c) El artículo 51 de la propia Carta.

d) Una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Respuesta: a). Hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, la Carta era una declaración sin fuerza vinculante. El texto vigente se publicó en el DOUE C 326, de 26 de octubre de 2012.

62. Los títulos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea son, por este orden:

a) Dignidad, Igualdad, Libertades, Justicia, Ciudadanía, Solidaridad y disposiciones generales.

b) Libertades, Dignidad, Solidaridad, Igualdad, Justicia, Ciudadanía y disposiciones generales.

c) Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía, Justicia y disposiciones generales.

d) Dignidad, Libertades, Solidaridad, Igualdad, Ciudadanía, Justicia y disposiciones generales.

Respuesta: c). Son cincuenta y cuatro artículos en siete títulos. La regla mnemotécnica del epígrafe 8 fija el orden, que es lo que las opciones alteran.

63. Conforme al artículo 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la edad mínima de admisión al trabajo:

a) No podrá ser inferior a los dieciséis años.

b) No podrá ser inferior a los dieciocho años.

c) Podrá ser inferior a la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria.

d) No podrá ser inferior a la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria.

Respuesta: d). La Carta no da una cifra, remite a la escolaridad obligatoria de cada Estado. La opción c) invierte la regla y las dos primeras inventan un número.

64. Según el artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda se reconoce con el fin de:

a) Proteger a las personas menos favorecidas.

b) Fomentar las ayudas sociales de los Estados miembros.

c) Facilitar el acceso a una propiedad particular.

d) Combatir la exclusión social y la pobreza.

Respuesta: d). La finalidad forma parte del precepto y es justamente lo que se pregunta. La opción a) es plausible pero no es la fórmula del artículo.

65. Conforme al artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sus disposiciones se dirigen a los Estados miembros:

a) En todo caso, cualquiera que sea la materia.

b) Únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

c) Cuando así lo decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

d) Solo en las materias de competencia exclusiva de la Unión.

Respuesta: b). Y el mismo artículo precisa que la Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión ni crea competencias nuevas. Es su limitación más importante.

66. La Corte Penal Internacional, conforme al artículo 1 de su Estatuto, es:

a) Un órgano judicial de las Naciones Unidas con competencia sobre los Estados.

b) Un tribunal ad hoc creado por el Consejo de Seguridad.

c) Una institución permanente, con jurisdicción sobre personas y complementaria de las jurisdicciones penales nacionales.

d) Una sala especializada de la Corte Internacional de Justicia.

Respuesta: c). Las tres notas son las preguntables: permanente, sobre personas y complementaria. Su sede está en La Haya, como la Corte Internacional de Justicia, y esa coincidencia es lo que alimenta la confusión.

67. Señale cuál NO es un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional:

a) El crimen de genocidio.

b) Los crímenes de lesa humanidad.

c) Los crímenes de guerra.

d) Los crímenes de terrorismo.

Respuesta: d). Los cuatro son genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, este último incorporado como artículo 8 bis por las enmiendas de Kampala. El terrorismo y el narcotráfico quedaron fuera del Estatuto.

68. Señale cuál NO es una de las Secciones en que se organizan los órganos de la Corte Penal Internacional:

a) La Sección de Instrucción.

b) La Sección de Apelaciones.

c) La Sección de Primera Instancia.

d) La Sección de Cuestiones Preliminares.

Respuesta: a). No existe. Los órganos del artículo 34 son la Presidencia, las tres Secciones, la Fiscalía y la Secretaría. La Sección de Apelaciones se compone del Presidente y otros cuatro magistrados.

69. Conforme al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional NO será competente respecto de:

a) Quienes ostenten la condición de Jefe de Estado o de Gobierno.

b) Los crímenes cometidos por mandos militares.

c) Quienes fueren menores de dieciocho años en el momento de la presunta comisión del crimen.

d) Los crímenes cometidos por instigación de un superior.

Respuesta: c). Artículo 26. La opción a) está expresamente descartada por el artículo 27, de improcedencia del cargo oficial, y la d) por el artículo 33, que niega eficacia eximente a la orden superior en genocidio y lesa humanidad.

70. Las penas que puede imponer la Corte Penal Internacional conforme al artículo 77 de su Estatuto son:

a) Reclusión de hasta treinta años, o a perpetuidad por la extrema gravedad del crimen, además de multa y decomiso.

b) Reclusión de hasta veinte años, sin posibilidad de perpetuidad.

c) Reclusión de hasta treinta años y, en los casos más graves, pena de muerte.

d) Únicamente la reclusión a perpetuidad.

Respuesta: a). El Estatuto no contempla la pena de muerte, y los crímenes de su competencia son imprescriptibles conforme al artículo 29.

71. Conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica 18/2003, son autoridades competentes para su aplicación, entre otras:

a) Exclusivamente el Gobierno y el Ministerio de Justicia.

b) Los órganos judiciales de la jurisdicción ordinaria, con exclusión de los militares.

c) El Defensor del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención.

d) Los órganos judiciales militares y, en particular, el Tribunal Militar Central.

Respuesta: d). El artículo 4 enumera siete autoridades e incluye expresamente la jurisdicción militar, junto al Gobierno, los Ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores, Defensa e Interior, la jurisdicción ordinaria y el Ministerio Fiscal.

72. Detenida una persona en cumplimiento de una orden de detención y entrega de la Corte Penal Internacional, deberá ser puesta a disposición del Juez Central de Instrucción:

a) Sin demora y, en todo caso, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención.

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención.

c) Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la detención.

d) En el plazo que fije la propia Corte.

Respuesta: a). Artículo 11.1. Y el Juez Central le oirá, con letrado y en su caso intérprete, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la puesta a disposición: son dos plazos sucesivos de setenta y dos horas.

73. Si España recibe una invitación de la Corte Penal Internacional para participar en un proceso en calidad de amicus curiae, la consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores corresponde a:

a) El Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

b) El Fiscal General del Estado.

c) El Ministerio Fiscal.

d) El Ministerio de Justicia.

Respuesta: d). Artículo 24. La ley lo llama Ministerio de Justicia, denominación que hoy corresponde al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La opción a) describe lo que sí exige Acuerdo del Consejo de Ministros: la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte y la impugnación de la competencia o la admisibilidad.

74. Conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica 18/2003, el único órgano de relación entre la Corte Penal Internacional, de un lado, y los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal, de otro, es:

a) El Ministerio de Justicia.

b) El Ministerio de Asuntos Exteriores.

c) La Audiencia Nacional.

d) El Consejo General del Poder Judicial.

Respuesta: a). Sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, que interviene en todo caso cuando concurran factores de política exterior.

75. En la comparecencia ante el Juez Central de Instrucción, si la persona reclamada por la Corte Penal Internacional consiente en su entrega:

a) El Juez remitirá el consentimiento a la Corte para que esta resuelva.

b) El Juez elevará la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

c) El consentimiento carecerá de efectos y el procedimiento seguirá su curso ordinario.

d) El Juez dictará auto acordando la entrega sin más trámites, sin necesidad de que la Corte remita la documentación.

Respuesta: d). Es la entrega simplificada del artículo 13, que abrevia radicalmente el procedimiento respecto de una extradición ordinaria.

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11. Preguntas de estilo examen

Diez preguntas más, redactadas con el formato y la extensión de los cuestionarios oficiales de la Escala de Cabos y Guardias, que empiezan siempre nombrando la norma. Completan las ochenta y cinco del nivel A+.

76. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. En relación con el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, señale la opción CORRECTA:

a) Es un órgano de cooperación técnica y jurídica del Mecanismo Nacional de Prevención.

b) Estará integrado por los Adjuntos del Defensor del Pueblo, como miembros natos, además de por un máximo de 15 Vocales.

c) Corresponde al Adjunto en quien el Defensor del Pueblo delegue las funciones hacer la designación de los Vocales.

d) Se reunirá, al menos, una vez al año.

Respuesta: a). Artículo 19.1. Los Vocales son un máximo de 10, los designa y cesa el Defensor del Pueblo y el Consejo se reúne al menos dos veces al año.

77. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. Los Vocales del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención serán designados para un período de ______ años y se renovarán por mitades cada ______:

a) Cinco / tres.

b) Seis / tres.

c) Ocho / cuatro.

d) Cuatro / dos.

Respuesta: d). Artículo 20.1. Los Vocales cesantes continúan ejerciendo sus funciones hasta la designación de los nuevos y no perciben retribución por el ejercicio del cargo.

78. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. De los diez Vocales del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención, se designan a propuesta del Consejo General de la Abogacía de España, de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España:

a) Uno por cada una de esas tres instituciones.

b) Dos por cada una de esas tres instituciones.

c) Cinco entre las tres instituciones.

d) Ninguno: todos proceden de candidaturas de la sociedad civil.

Respuesta: a). Artículo 19.5. Hasta dos más se designan a propuesta conjunta de organismos con convenio de colaboración, y cinco salen de candidaturas presentadas a título personal o en representación de la sociedad civil.

79. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. Señale la opción INCORRECTA sobre las funciones del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención:

a) Realizar propuestas sobre visitas a lugares donde se hallen personas privadas de libertad.

b) Proponer programas de formación y cursos de especialización en materia de prevención de la tortura.

c) Acordar por sí mismo la realización de visitas y designar a quienes hayan de practicarlas.

d) Realizar el seguimiento de los informes elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención y por el Subcomité para la Prevención de la Tortura.

Respuesta: c). El artículo 22 le atribuye realizar propuestas, no acordar ni ejecutar las visitas. Es un órgano de cooperación técnica y jurídica, no de dirección.

80. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. Conforme a su artículo 1, el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dará cuenta de su actividad:

a) Únicamente a las Cortes Generales.

b) A las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

c) Al Gobierno y al Comité contra la Tortura.

d) Al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Respuesta: b). Los informes específicos sobre su actividad como Mecanismo se elevan a las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado y al Subcomité de la ONU, conforme al artículo 11.3.

81. Carta de las Naciones Unidas. En relación con la Asamblea General, señale la proposición INCORRECTA:

a) Está integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas.

b) Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en ella.

c) Las decisiones sobre cuestiones importantes se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

d) Podrá hacer recomendaciones sobre una controversia mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando respecto de ella las funciones que le asigna la Carta.

Respuesta: d). El artículo 12.1 lo prohíbe expresamente, salvo que el propio Consejo de Seguridad se lo solicite. Las otras tres reproducen los artículos 9 y 18.

82. Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Señale la proposición CORRECTA sobre las formaciones del Tribunal:

a) El Comité se compone de cinco jueces y decide por mayoría.

b) La Sala se compone de nueve jueces.

c) El juez único podrá declarar inadmisible una demanda cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario.

d) La Gran Sala se compone de quince jueces.

Respuesta: c). Artículo 27.1, y esa resolución es definitiva. Las cifras correctas son uno, tres, siete y diecisiete.

83. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En relación con los magistrados de la Corte, señale la proposición INCORRECTA:

a) La Corte estará compuesta de 18 magistrados.

b) La Sección de Apelaciones se compondrá del Presidente y otros cuatro magistrados.

c) El número de magistrados podrá aumentarse a propuesta de la Presidencia, aprobada por dos tercios de los Estados Partes.

d) Los magistrados serán elegidos por un período de cinco años y podrán ser reelegidos sin limitación.

Respuesta: d). El mandato es de nueve años y, con carácter general, no son reelegibles. Las Secciones de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares se componen de no menos de seis magistrados cada una.

84. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En relación con los mecanismos nacionales de prevención, señale la proposición INCORRECTA:

a) Los Estados Partes garantizarán su independencia funcional y la de su personal.

b) Podrán entrevistarse con las personas privadas de libertad sin testigos.

c) Podrán ser sancionadas las personas que les hayan comunicado información falsa.

d) Podrán presentar propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia.

Respuesta: c). El artículo 21.1 prohíbe sancionar a quien haya comunicado información al mecanismo, sea verdadera o falsa. Las demás reproducen los artículos 18, 19 y 20.

85. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Señale la proposición CORRECTA:

a) El Comité de Derechos Humanos se compone de dieciocho expertos independientes y el Consejo de Derechos Humanos, de cuarenta y siete Estados.

b) Ambos órganos fueron creados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

c) El Consejo de Derechos Humanos es un órgano principal de las Naciones Unidas y el Comité, un órgano subsidiario suyo.

d) Los miembros de los dos órganos son elegidos por el Consejo Económico y Social.

Respuesta: a). El Comité nace del Pacto de 1966 y lo forman expertos a título personal; el Consejo nace de la Resolución 60/251 de 2006, lo forman Estados y es órgano subsidiario de la Asamblea General. Confundirlos es la trampa más repetida del tema.

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12. Fuentes oficiales

Todos los textos se han leído de la fuente oficial antes de escribir sobre ellos, y todos los identificadores del BOE se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el propio Boletín.

Instrumento	Referencia	Enlace
Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia	BOE-A-1990-27553, BOE núm. 275, de 16 de noviembre de 1990	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-27553
Declaración Universal de Derechos Humanos	Resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1948	https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
Convenio Europeo de Derechos Humanos, texto refundido	BOE-A-1999-10148, Resolución de 5 de abril de 1999	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-10148
Protocolo número 11	BOE-A-1998-15127	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-15127
Protocolo número 14	BOE-A-2010-8504	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8504
Protocolo número 15	BOE-A-2021-7554	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-7554
Protocolo número 16	BOE-A-2025-18339	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2025-18339
Carta Social Europea (revisada)	BOE-A-2021-9719	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9719
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	BOE-A-1977-10734	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10734
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	BOE-A-1977-10733	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10733
Consejo de Derechos Humanos	Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006	https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n05/502/69/pdf/n0550269.pdf
Convención contra la tortura	BOE-A-1987-25053, BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 1987	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-25053
Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura	BOE-A-2006-11128	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-11128
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea	DOUE C 326, de 26 de octubre de 2012, CELEX 12012P/TXT	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional	BOE-A-2002-10139	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-10139
Ley Orgánica 18/2003, de Cooperación con la Corte Penal Internacional	BOE-A-2003-22715	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-22715
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo	BOE-A-1983-10613	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-10613

Jurisprudencia citada, comprobada una a una: STC 120/1990, de 27 de junio (BOE-T-1990-18314); STC 91/2000, de 30 de marzo (BOE-T-2000-8232); STC 26/2014, de 13 de febrero (BOE-A-2014-2650); STC 140/2018, de 20 de diciembre (BOE-A-2019-957); y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal contra España, demanda 1653/13, de 13 de febrero de 2018, en la traducción oficial de la Abogacía del Estado ante el TEDH.

Temario y convocatoria: temario fijado por la Resolución de 26 de junio de 2019 de la Dirección General de la Guardia Civil, modificada el 3 de octubre de 2022 y actualizada el 29 de mayo de 2023, transcrito en TEMARIO-OFICIAL.md; convocatoria de referencia, Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo (BOE-A-2026-9982).

Frecuencia: cuestionarios oficiales de conocimientos generales de 2025 y 2026, modelo A, publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, clasificados en ANALISIS-FRECUENCIA.md. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta oficial.

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13. Control de calidad

• [x] Los catorce instrumentos del enunciado oficial tienen apartado propio en el epígrafe 4, en el orden del temario
• [x] Ningún precepto se ha redactado de memoria: todos se han leído del texto oficial persistido en data/leyes/ o en guardia-civil/fuentes/
• [x] Los diecisiete identificadores del BOE se han comprobado con curl leyendo el título que devuelve el Boletín
• [x] El Convenio Europeo se explica por el texto vigente, con el plazo de cuatro meses del Protocolo 15 y las formaciones del Protocolo 14, no por el instrumento de 1979
• [x] Cinco resoluciones judiciales citadas, todas verificadas, cuatro del Tribunal Constitucional y una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• [x] Veinticuatro trampas de examen, por encima del mínimo de doce
• [x] Ochenta y cinco preguntas con respuesta explicada, las que corresponden al nivel A+
• [x] Ninguna pregunta reproduce el enunciado de un cuestionario oficial
• [x] Las cifras de frecuencia proceden de frecuencia/conteo.json y no se han escrito a mano
• [x] Sin raya ni semirraya en todo el archivo
• [ ] Revisión por revisor colegiado: pendiente