Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y deberes fundamentales. La Jefatura del Estado y los Poderes Públicos. El derecho a la protección de la salud

Temario común. Celador/a del Servicio Andaluz de Salud.

Enunciado oficial (Anexo XVII de la Resolución de 30 de julio de 2024, BOJA 151, de 6 de agosto de 2024): «La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Estudio particular de los derechos y deberes fundamentales, y de la regulación constitucional de la Jefatura del Estado y de los Poderes Públicos. Estudio particular del derecho a la protección de la salud.»

Autoría	Equipo de contenidos TestMiOpo
Revisión jurídica	Pendiente de revisor colegiado
Última revisión	10 de septiembre de 2026
Norma de referencia	Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), texto consolidado
Normas complementarias	Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional (BOE-A-1979-23709). Ley 14/1986, General de Sanidad (BOE-A-1986-10499). Ley 41/2002, de autonomía del paciente (BOE-A-2002-22188)
Convocatoria de referencia	Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA 26, de 7 de febrero de 2025)

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1. Mapa del tema

                        CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
      Preámbulo + Título Preliminar (1-9) + 10 Títulos + 169 artículos
      4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria, 1 final
                                      │
   ┌──────────────┬───────────────────┼──────────────────┬──────────────────┐
   │              │                   │                  │                  │
TÍTULO         TÍTULO I           JEFATURA DEL       PODERES           EL DERECHO A
PRELIMINAR     De los derechos    ESTADO             PÚBLICOS          LA PROTECCIÓN
arts. 1-9      y deberes          Título II          Títulos III-VI    DE LA SALUD
   │           fundamentales      arts. 56-65            │             ART. 43
art. 1:        arts. 10-55            │             CORTES GENERALES      │
Estado social      │              El REY es Jefe   arts. 66-96        1. Se reconoce
y democrático  art. 10 dignidad   del Estado,      Congreso y            el derecho
de DERECHO         │              SÍMBOLO de su    Senado:            2. compete a los
   │           Cap. I extranjeros unidad y         BICAMERAL             poderes públicos
VALORES        (11-13)            permanencia,         │                 ORGANIZAR y
SUPERIORES:        │              ARBITRA y        GOBIERNO              TUTELAR la
LIBERTAD       Cap. II (14-38)    MODERA;          arts. 97-107          salud pública
JUSTICIA       Secc. 1.ª          persona          dirige la política    con medidas
IGUALDAD       (15-29) DERECHOS   INVIOLABLE       interior y exterior   PREVENTIVAS
PLURALISMO     FUNDAMENTALES Y    y no sujeta a    y la Administración   y prestaciones
POLÍTICO       LIBERTADES         responsabilidad      │                 y servicios
   │           PÚBLICAS               │            PODER JUDICIAL        necesarios
soberanía      -> AMPARO +        sus actos van    arts. 117-127      3. fomentarán la
NACIONAL:      LEY ORGÁNICA       REFRENDADOS      independientes,       educación
en el PUEBLO       │              (art. 64)        inamovibles,          sanitaria, la
español        Secc. 2.ª              │            responsables y        educación física
   │           (30-38) derechos   sucesión:        sometidos ÚNICAMENTE  y el deporte
forma          y deberes          primogenitura,   al imperio de la ley  │
política:      de los ciudadanos  el heredero es      │               PRINCIPIO RECTOR
MONARQUÍA          │              PRÍNCIPE DE     TRIBUNAL              (Cap. III):
PARLAMENTARIA  Cap. III (39-52)   ASTURIAS        CONSTITUCIONAL        art. 53.3
   │           PRINCIPIOS                          arts. 159-165         informa la
art. 9.3       RECTORES de la                      12 miembros,          legislación,
principios     política social                     9 años, se renueva    la práctica
garantizados   y económica                         por terceras         judicial y la
   │           <-- ART. 43 SALUD                   partes cada 3 años    actuación de los
legalidad,         │                                                     poderes públicos
jerarquía,     Cap. IV Defensor del Pueblo y                                 │
publicidad,    Ministerio Fiscal (54-55)                              Ley 14/1986
irretroacti-   Cap. V suspensión de derechos                          General de Sanidad
vidad, seguri-                                                        lo desarrolla
dad jurídica,  art. 53: GARANTÍAS de los derechos
responsabili-  art. 149.1.16.ª: bases y coordinación general de la SANIDAD
dad e interdic- corresponden al ESTADO
ción de la
arbitrariedad

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2. Introducción y enfoque de estudio

Prioridad de estudio. Léalo antes de empezar.

Este tema vale 2,13 puntos de los 100 del examen, nivel B, con 8 preguntas medidas. No apareció en 2019, y desde entonces ha caído en las cuatro convocatorias siguientes, con un máximo de cuatro preguntas en 2022. Es el clásico tema de apertura de todo temario común, y lo que se pregunta es siempre lo mismo y siempre lo más literal: los valores superiores del artículo 1, los principios del artículo 9.3, la estructura del Título I, el sistema de garantías del artículo 53 y, sobre todo, el artículo 43, que es el que da nombre al último inciso del enunciado y el que un tribunal sanitario nunca deja de preguntar.

La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor.

Para un opositor a celador, este tema tiene una particularidad que conviene aprovechar: no hay que estudiarla entera. El enunciado acota cuatro bloques, y los cuestionarios se han mantenido dentro de ellos. Además, buena parte del contenido se solapa con temas que este manual ya desarrolla: la intimidad y la protección de datos aparecen en el tema 9 y en el 16, la integridad física en el 17, y el reparto competencial en sanidad en el 3.

Cómo estudiarlo: primero el artículo 1 y el artículo 9.3 (4.2), que son memoria pura y caen casi con seguridad; después la estructura del Título I y el artículo 53 (4.3), porque la mayoría de las preguntas piden distinguir qué derecho está en qué sección y con qué garantía; después el artículo 43 (4.6), que hay que saber literalmente en sus tres apartados; y al final la organización de los poderes (4.4 y 4.5), que se pregunta en sus datos más elementales.

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3. Qué se pregunta de este tema

Medido sobre los cinco cuestionarios oficiales de acceso libre de Celador/a publicados por el SAS, 450 preguntas ordinarias clasificadas una a una por materia (ANALISIS-FRECUENCIA.md):

Cuestionario	Preguntas del tema 1	Sobre el total	Puntos sobre 100
31 de mayo de 2019 (OEP 2017, 100 teóricas + 50 prácticas)	0	150	0,00
2022 (OEP 2021, 100 + 50)	4	150	2,67
11 de noviembre de 2023	1	50	2,00
23 de enero de 2024 (prueba aplazada)	2	50	4,00
2025	1	50	2,00
Media			2,13

Cada examen se normaliza a 100 puntos: 2,13 puntos es dato medido, nivel B. Dentro del tema, las 8 preguntas se reparten así:

Materia	Preguntas	Ejemplos de lo preguntado, sin reproducir el enunciado
Derechos fundamentales, su ubicación y sus garantías	3	En qué artículo se reconoce un derecho concreto; qué derechos están protegidos por el recurso de amparo
El derecho a la protección de la salud	2	En qué artículo se reconoce; qué compete a los poderes públicos en materia de salud pública
Valores superiores y principios inspiradores	2	Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico; qué principios garantiza el artículo 9.3
Jefatura del Estado y poderes públicos	1	La forma política del Estado; las funciones del Rey; la composición de las Cortes Generales

Nunca se reproduce el enunciado literal de una pregunta oficial. Las preguntas de este manual están redactadas de nuevo.

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4. Desarrollo

4.1. La Constitución: caracteres y estructura

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento: todas las demás normas le están subordinadas y las contrarias a ella son nulas. Su artículo 9.1 lo expresa sin rodeos: «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

Sus caracteres, tal como se enuncian habitualmente y con la advertencia de que es doctrina y no texto de la norma, son: escrita, rígida (porque su reforma exige procedimientos agravados de los artículos 167 y 168), consensuada, extensa, derivada de los procesos constituyentes europeos de posguerra e inacabada en materia territorial, porque no cierra el mapa autonómico sino que abre un procedimiento.

Su estructura es la siguiente, y conviene tenerla clara porque el examen pregunta en qué título está cada cosa:

• Un Preámbulo, que no tiene valor normativo directo.
• Un Título Preliminar (artículos 1 a 9).
• Diez títulos numerados:
• Título I. De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10 a 55).
• Título II. De la Corona (artículos 56 a 65).
• Título III. De las Cortes Generales (artículos 66 a 96).
• Título IV. Del Gobierno y de la Administración (artículos 97 a 107).
• Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108 a 116).
• Título VI. Del Poder Judicial (artículos 117 a 127).
• Título VII. Economía y Hacienda (artículos 128 a 136).
• Título VIII. De la Organización Territorial del Estado (artículos 137 a 158).
• Título IX. Del Tribunal Constitucional (artículos 159 a 165).
• Título X. De la reforma constitucional (artículos 166 a 169).
• 169 artículos en total, más cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.

Esas cifras, 169 artículos y el reparto 4-9-1-1 de las disposiciones, son pregunta habitual.

4.2. Valores superiores y principios inspiradores

4.2.1. El artículo 1

Es el artículo más preguntado de toda la Constitución y hay que saberlo literal:

«1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.»

Tres datos, y los tres caen: la fórmula del Estado (social y democrático de Derecho), los cuatro valores superiores en su orden (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) y la forma política (Monarquía parlamentaria, no monarquía constitucional ni parlamentarismo monárquico).

4.2.2. Los artículos 2 a 8

• Artículo 2. «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»
• Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
• Artículo 4. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
• Artículo 5. La capital del Estado es la villa de Madrid.
• Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
• Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, con la misma exigencia de estructura y funcionamiento democráticos.
• Artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

4.2.3. El artículo 9

Sus tres apartados se preguntan por separado.

9.1. «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.» Es el principio de legalidad en su formulación más amplia, y su alcance es doble: obliga a los poderes públicos y a los ciudadanos.

9.2. «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.» Es la cláusula de la igualdad material, que distingue al Estado social del Estado meramente liberal, y el fundamento constitucional de la equidad como valor del SAS que el tema 16 desarrolla.

9.3. «La Constitución garantiza:

• El principio de legalidad.
• La jerarquía normativa.
• La publicidad de las normas.
• La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
• La seguridad jurídica.
• La responsabilidad.
• La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.»

Son siete principios y hay que contarlos. La trampa habitual es proponer la irretroactividad como absoluta: solo lo es de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

4.3. Derechos y deberes fundamentales: el Título I

4.3.1. El artículo 10 y la estructura del Título

El artículo 10 abre el Título con dos apartados fundamentales:

«1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.»

La estructura del Título I es la clave de casi todas las preguntas del tema:

• Capítulo I. De los españoles y los extranjeros (artículos 11 a 13): nacionalidad, mayoría de edad a los 18 años (artículo 12), derechos de los extranjeros y extradición.
• Capítulo II. Derechos y libertades (artículos 14 a 38), precedido del artículo 14, que reconoce la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Se divide en:
• Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (artículos 15 a 29).
• Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 30 a 38).
• Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica (artículos 39 a 52). Aquí está el artículo 43, el derecho a la protección de la salud.
• Capítulo IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (artículos 53 y 54), que incluye el Defensor del Pueblo (artículo 54).
• Capítulo V. De la suspensión de los derechos y libertades (artículo 55).

Conviene fijar la nomenclatura, porque el examen juega con ella. En sentido estricto, derechos fundamentales son los de la Sección 1.ª del Capítulo II (artículos 15 a 29), más el artículo 14 y la objeción de conciencia del artículo 30, por su régimen de protección. Los del Capítulo III no son derechos fundamentales: son principios rectores.

4.3.2. Los derechos de la Sección 1.ª (artículos 15 a 29)

Es la lista que hay que reconocer por su número:

• Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
• Artículo 16. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
• Artículo 17. Derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Regula el habeas corpus.
• Artículo 18. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; inviolabilidad del domicilio; secreto de las comunicaciones; y la limitación del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad, que es el fundamento del derecho a la protección de datos.
• Artículo 19. Libertad de residencia y circulación.
• Artículo 20. Libertades de expresión, producción y creación literaria, artística, científica y técnica, cátedra e información, con el límite del respeto a los derechos del Título I y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
• Artículo 21. Derecho de reunión pacífica y sin armas.
• Artículo 22. Derecho de asociación.
• Artículo 23. Derecho de participación en los asuntos públicos y de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
• Artículo 24. Tutela judicial efectiva, con las garantías del proceso: juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia de letrado, presunción de inocencia y demás.
• Artículo 25. Principio de legalidad penal y sancionadora, y orientación de las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social.
• Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
• Artículo 27. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
• Artículo 28. Derecho a sindicarse libremente y derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, cuya ley reguladora establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
• Artículo 29. Derecho de petición individual y colectiva, por escrito.

De todos ellos, los que este manual desarrolla en otros temas son el 15 (integridad física, tema 17), el 18 (intimidad y datos, temas 9 y 16), el 24 (garantías del procedimiento sancionador, tema 8) y el 28 (sindicación y huelga, tema 8).

4.3.3. Los derechos y deberes de la Sección 2.ª (artículos 30 a 38)

• Artículo 30. Derecho y deber de defender a España, con la ley regulando la objeción de conciencia, las obligaciones militares y un servicio civil, así como los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
• Artículo 31. Deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.
• Artículo 32. Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
• Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia, con su función social, y garantía de la expropiación por causa justificada de utilidad pública o interés social y mediante la correspondiente indemnización.
• Artículo 34. Derecho de fundación para fines de interés general.
• Artículo 35. Deber de trabajar y derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
• Artículo 36. Regulación por ley de los Colegios Profesionales.
• Artículo 37. Derecho a la negociación colectiva laboral y a adoptar medidas de conflicto colectivo.
• Artículo 38. Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

4.3.4. Los principios rectores del Capítulo III (artículos 39 a 52)

No son derechos subjetivos exigibles directamente, sino principios rectores de la política social y económica. Los principales:

• Artículo 39. Protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos.
• Artículo 40. Progreso social y económico, distribución de la renta más equitativa, pleno empleo, formación y readaptación profesionales, seguridad e higiene en el trabajo, limitación de la jornada laboral, vacaciones periódicas retribuidas y promoción de centros adecuados. El inciso de seguridad e higiene es el fundamento constitucional de la Ley 31/1995 que el tema 6 desarrolla.
• Artículo 41. Régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, con prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
• Artículo 42. Salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero.
• Artículo 43. Derecho a la protección de la salud, que este tema desarrolla en el apartado 4.6.
• Artículo 44. Acceso a la cultura y promoción de la ciencia y la investigación.
• Artículo 45. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y deber de conservarlo, con la utilización racional de los recursos naturales. Es el fundamento del tema 19.
• Artículo 46. Conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico.
• Artículo 47. Derecho a una vivienda digna y adecuada.
• Artículo 48. Participación libre y eficaz de la juventud.
• Artículo 49. Política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.
• Artículo 50. Suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, y promoción de su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
• Artículo 51. Defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos.
• Artículo 52. Regulación por ley de las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios.

4.3.5. Las garantías del artículo 53

Es el artículo que ordena todo lo anterior y una de las preguntas más frecuentes del tema. Establece tres niveles de protección, de mayor a menor:

Nivel máximo. Artículo 14 y Sección 1.ª del Capítulo II (artículos 15 a 29), más la objeción de conciencia del artículo 30. «Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.» A ello se añade la exigencia de ley orgánica para su desarrollo, conforme al artículo 81.

Nivel intermedio. Todo el Capítulo II (artículos 14 a 38). «Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a)», es decir, mediante el recurso de inconstitucionalidad.

Nivel mínimo. Capítulo III, principios rectores (artículos 39 a 52). «El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.»

Ese tercer nivel es el que corresponde al artículo 43, y explica su régimen: el derecho a la protección de la salud no se defiende en amparo, se ejerce a través de las leyes que lo desarrollan, señaladamente la Ley 14/1986 General de Sanidad y, en Andalucía, la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía.

El artículo 54 completa el capítulo con el Defensor del Pueblo, «alto comisionado de las Cortes Generales», designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Y el artículo 55 regula la suspensión de derechos, que puede ser general, cuando se acuerde la declaración de los estados de excepción o de sitio, o individual, en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, en la forma y con las garantías que determine una ley orgánica.

4.4. La Jefatura del Estado: la Corona

El Título II (artículos 56 a 65) regula la Corona. El artículo 56 define la posición del Rey y hay que conocerlo casi literalmente:

«1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo.»

Las notas de examen: es Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia, arbitra y modera, ostenta la más alta representación internacional, es inviolable y no sujeto a responsabilidad, y sus actos requieren refrendo para ser válidos.

El refrendo (artículo 64) corresponde al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 los refrenda el Presidente del Congreso. Y la regla de responsabilidad: «de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden».

La sucesión (artículo 57) sigue el orden regular de primogenitura y representación, con preferencia de la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. «El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.»

Las funciones del Rey (artículo 62) son doce, y las más preguntadas: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución; convocar a referéndum en los casos previstos; proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo y poner fin a sus funciones; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, «que no podrá autorizar indultos generales»; y el Alto Patronazgo de las Reales Academias. El artículo 63 añade que acredita a los embajadores, manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente y, previa autorización de las Cortes Generales, le corresponde declarar la guerra y hacer la paz.

4.5. Los poderes públicos

4.5.1. Las Cortes Generales

El Título III (artículos 66 a 96). El artículo 66 las define: «Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables.»

Sus datos básicos:

• Estructura bicameral: Congreso de los Diputados y Senado.
• El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con la provincia como circunscripción y criterios de representación proporcional (artículo 68). En la actualidad son 350.
• El Senado es la Cámara de representación territorial (artículo 69), con senadores elegidos en cada provincia y senadores designados por las comunidades autónomas.
• El mandato de ambas cámaras es de cuatro años (artículos 68.4 y 69.6).
• Los miembros de las Cortes gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad, no pudiendo ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (artículo 71).
• Las Cámaras se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre y de febrero a junio (artículo 73).
• Corresponde a las Cortes la potestad legislativa, con la posibilidad de que el Gobierno dicte decretos legislativos por delegación (artículos 82 a 85) y decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, que deberán ser convalidados o derogados por el Congreso en el plazo de treinta días (artículo 86).

4.5.2. El Gobierno y la Administración

El Título IV (artículos 97 a 107). El artículo 97 define la posición del Gobierno: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.»

El artículo 98 determina su composición: «El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.»

El artículo 99 regula la investidura: tras la renovación del Congreso y en los demás supuestos, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. El candidato expondrá su programa y solicitará la confianza de la Cámara, que la otorgará por mayoría absoluta en primera votación o, cuarenta y ocho horas después, por mayoría simple. Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones.

El artículo 103 es el que interesa a cualquier empleado público, y en particular al celador: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.» Y añade que los órganos de la Administración se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley, y que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Los cinco principios de actuación del artículo 103 (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación) y el binomio mérito y capacidad son pregunta segura, y conectan directamente con los artículos 4 y 29 de la Ley 55/2003 que el tema 8 desarrolla.

El artículo 106 somete la actuación administrativa al control de los Tribunales y reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Es el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.

4.5.3. El Poder Judicial

El Título VI (artículos 117 a 127). El artículo 117 lo define: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.» Esos cuatro adjetivos son pregunta.

Otros datos: el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes; el principio de unidad jurisdiccional es la base de su organización; y se prohíben los Tribunales de excepción.

El Consejo General del Poder Judicial (artículo 122) es su órgano de gobierno, integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. El Tribunal Supremo (artículo 123) es «el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales». El Ministerio Fiscal (artículo 124) tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y actúa con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad y conforme a los de unidad de actuación y dependencia jerárquica.

4.5.4. El Tribunal Constitucional

El Título IX (artículos 159 a 165). Se compone de doce miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Son designados por nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres.

Es competente para conocer, entre otros, del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del artículo 53.2 y de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de estas entre sí.

4.6. El derecho a la protección de la salud: el artículo 43

Es el inciso final del enunciado y el precepto que un tribunal sanitario pregunta con mayor probabilidad. Hay que saberlo literal, en sus tres apartados:

«1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.»

Cinco observaciones que resuelven las preguntas:

Primera: su ubicación. Está en el Capítulo III del Título I, entre los principios rectores de la política social y económica, no entre los derechos fundamentales. En consecuencia, y por el artículo 53.3, no está protegido por el recurso de amparo y solo puede alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Es la trampa más repetida del tema.

Segunda: qué reconoce y qué impone. El apartado 1 reconoce el derecho; el apartado 2 impone a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, y precisa cómo: mediante medidas preventivas y mediante las prestaciones y servicios necesarios. Esa mención expresa de la prevención es la que sitúa la salud pública, y no solo la asistencia, dentro del mandato constitucional.

Tercera: la remisión a la ley. «La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.» Ese mandato se cumple con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que crea el Sistema Nacional de Salud; con la Ley 16/2003, de cohesión y calidad; con la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, que el tema 9 desarrolla; y, en Andalucía, con la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, cuyos artículos 6 y 8 enumeran los derechos y deberes de los ciudadanos ante los servicios sanitarios andaluces.

Cuarta: el reparto competencial. El artículo 149.1.16.ª reserva al Estado la competencia exclusiva sobre «sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos». Las comunidades autónomas asumen el desarrollo legislativo y la ejecución, y por eso Andalucía cuenta con su propia Ley de Salud y con el Servicio Andaluz de Salud. El artículo 148.1.21.ª contemplaba la asunción por las comunidades autónomas de la competencia en materia de sanidad e higiene.

Quinta: su conexión con otros preceptos. El derecho del artículo 43 no opera aislado. Se relaciona con el artículo 15, derecho a la vida y a la integridad física y moral, que sí es derecho fundamental y sí tiene amparo, y que es el que el Tribunal Constitucional ha empleado para tutelar situaciones sanitarias concretas; con el artículo 41, régimen público de Seguridad Social; con el artículo 40, seguridad e higiene en el trabajo; con el artículo 45, medio ambiente; con el artículo 49, personas con discapacidad; con el artículo 50, tercera edad y sus problemas específicos de salud; y con el artículo 51, defensa de la salud de los consumidores y usuarios.

Y una consecuencia práctica que conviene entender: cuando un paciente reclama por una asistencia deficiente, no invoca el artículo 43 en amparo. Invoca la ley que lo desarrolla y, en su caso, el artículo 106.2 sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, o el artículo 15 si lo lesionado es su integridad física.

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5. Jurisprudencia esencial

Las cuatro resoluciones se han comprobado en el Boletín Oficial del Estado y en la base de jurisprudencia del Tribunal Constitucional antes de citarlas.

STC 37/2011, de 28 de marzo (Sala Segunda, recurso de amparo 3574-2008, publicada como BOE-A-2011-7626). Declaró que «el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integridad física». Es la sentencia que mejor ilustra la relación entre el artículo 43 y el artículo 15: como el derecho a la protección de la salud no tiene amparo, las situaciones sanitarias que merecen tutela constitucional se reconducen al artículo 15, que sí lo tiene.

STC 120/1990, de 27 de junio (Pleno, recurso de amparo 443/1990, publicada como BOE-T-1990-18314). Precisó el contenido del derecho a la vida y a la integridad física del artículo 15 y fijó que las intervenciones sobre el cuerpo sin consentimiento solo caben ante un riesgo grave, con garantías legales y sin constituir trato inhumano o degradante. Es la resolución de referencia sobre los límites de la actuación sanitaria coactiva.

STC 292/2000, de 30 de noviembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 1463/2000, publicada como BOE-T-2001-332). Declaró que del artículo 18.4 de la Constitución deriva un derecho fundamental autónomo a la protección de datos personales, distinto del derecho a la intimidad del 18.1, consistente en «un poder de disposición y de control sobre los datos personales». Es la sentencia que explica por qué los datos de salud tienen la protección reforzada que los temas 9 y 16 desarrollan.

STC 102/1995, de 26 de junio (Pleno, publicada en el BOE núm. 181, de 31 de julio de 1995). Es la resolución de referencia sobre el reparto competencial en materia de medio ambiente, y su doctrina sobre la relación entre legislación básica estatal y desarrollo autonómico es la que se aplica igualmente al artículo 149.1.16.ª en materia de sanidad: al Estado le corresponde un mínimo común normativo y a las comunidades autónomas su desarrollo y ejecución, pudiendo elevar el nivel de protección.

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6. Tabla resumen del tema

Dato	Valor exacto	Artículo
Aprobación	Cortes Generales el 31 de octubre de 1978; referéndum el 6 de diciembre; sanción el 27 de diciembre; publicación y entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978
Estructura	Preámbulo, Título Preliminar y diez títulos; 169 artículos
Disposiciones	4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final
Fórmula del Estado	Estado social y democrático de Derecho	1.1
Valores superiores	Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político	1.1
Soberanía	Nacional, reside en el pueblo español	1.2
Forma política	Monarquía parlamentaria	1.3
Fundamento	Indisoluble unidad de la Nación española y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y solidaridad entre ellas	2
Lengua	El castellano es la oficial del Estado: deber de conocerla y derecho a usarla	3
Capital	La villa de Madrid	5
Partidos y sindicatos	Estructura interna y funcionamiento democráticos	6 y 7
Sujeción	Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución	9.1
Igualdad material	Promover condiciones reales y efectivas, remover obstáculos y facilitar la participación	9.2
Principios garantizados	Siete: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad	9.3
Fundamento del orden político	Dignidad de la persona, derechos inviolables inherentes, libre desarrollo de la personalidad, respeto a la ley y a los derechos de los demás	10.1
Interpretación	Conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados ratificados por España	10.2
Mayoría de edad	18 años	12
Igualdad ante la ley	Sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición	14
Sección 1.ª	Derechos fundamentales y libertades públicas, artículos 15 a 29
Sección 2.ª	Derechos y deberes de los ciudadanos, artículos 30 a 38
Capítulo III	Principios rectores, artículos 39 a 52
Vida e integridad	Derecho a la vida y a la integridad física y moral; abolida la pena de muerte salvo leyes penales militares en tiempo de guerra	15
Detención preventiva	Máximo 72 horas; después, en libertad o a disposición judicial	17.2
Intimidad y datos	Honor, intimidad personal y familiar, propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones y límite del uso de la informática	18
Enseñanza básica	Obligatoria y gratuita	27.4
Huelga	Derecho de los trabajadores, con garantía de los servicios esenciales de la comunidad	28.2
Petición	Individual y colectiva, por escrito	29
Sistema tributario	Según la capacidad económica, justo, con igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio	31.1
Trabajo	Deber de trabajar y derecho al trabajo, sin discriminación por razón de sexo	35
Seguridad e higiene	Los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo	40.2
Seguridad Social	Régimen público para todos los ciudadanos	41
Protección de la salud	Se reconoce el derecho; compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios; la ley establecerá los derechos y deberes	43
Medio ambiente	Derecho a disfrutarlo y deber de conservarlo	45
Discapacidad	Previsión, tratamiento, rehabilitación e integración	49
Tercera edad	Pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas y servicios sociales de salud, vivienda, cultura y ocio	50
Consumidores	Protección de su seguridad, salud e intereses económicos	51
Garantía del Capítulo II	Vincula a todos los poderes públicos; solo por ley que respete su contenido esencial	53.1
Garantía reforzada	Artículo 14 y Sección 1.ª: tutela ante Tribunales ordinarios por procedimiento preferente y sumario y recurso de amparo; aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30	53.2
Garantía del Capítulo III	Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos; solo alegables conforme a las leyes que los desarrollen	53.3
Defensor del Pueblo	Alto comisionado de las Cortes Generales; defiende los derechos del Título I y supervisa la Administración	54
El Rey	Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera; más alta representación internacional	56.1
Su persona	Inviolable y no sujeta a responsabilidad; sus actos requieren refrendo	56.3
Refrendo	Presidente del Gobierno y, en su caso, Ministros; la propuesta y nombramiento del Presidente y la disolución del artículo 99, el Presidente del Congreso	64
Heredero	Dignidad de Príncipe de Asturias	57.2
Derecho de gracia	Lo ejerce el Rey con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales	62.i)
Guerra y paz	Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales	63.3
Cortes Generales	Representan al pueblo español; Congreso y Senado; ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan al Gobierno; son inviolables	66
Congreso	Mínimo 300 y máximo 400 diputados; circunscripción la provincia; representación proporcional	68
Senado	Cámara de representación territorial	69
Mandato	Cuatro años en ambas Cámaras	68.4 y 69.6
Períodos de sesiones	Dos ordinarios: de septiembre a diciembre y de febrero a junio	73
Decreto-ley	Convalidación o derogación por el Congreso en treinta días	86
Gobierno	Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria	97
Composición	Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley	98
Investidura	Mayoría absoluta en primera votación; simple cuarenta y ocho horas después; a los dos meses sin investidura, disolución y nuevas elecciones	99
Administración	Sirve con objetividad los intereses generales, con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho	103.1
Función pública	Acceso de acuerdo con los principios de mérito y capacidad	103.3
Responsabilidad patrimonial	Derecho a ser indemnizado por toda lesión debida al funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor	106.2
Jueces y Magistrados	Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley	117.1
Consejo General del Poder Judicial	Órgano de gobierno del Poder Judicial; Presidente del Tribunal Supremo más veinte miembros, por cinco años	122
Tribunal Supremo	Órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo garantías constitucionales	123
Ministerio Fiscal	Principios de legalidad e imparcialidad; unidad de actuación y dependencia jerárquica	124
Tribunal Constitucional	Doce miembros: 4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ; nueve años; renovación por terceras partes cada tres	159
Competencia estatal en sanidad	Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos	149.1.16.ª

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7. Trampas de examen

1. «Los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia.» Son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La solidaridad aparece en el artículo 2, referida a las nacionalidades y regiones.

2. «España se constituye en un Estado democrático de Derecho.» La fórmula completa es social y democrático de Derecho. El adjetivo «social» no es decorativo: de él deriva el artículo 9.2.

3. «La forma política del Estado español es la Monarquía constitucional.» Es la Monarquía parlamentaria.

4. «La soberanía reside en el Rey como Jefe del Estado.» «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.»

5. «El artículo 9.3 garantiza la irretroactividad de todas las disposiciones.» Solo la de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

6. «El artículo 9.3 garantiza seis principios.» Son siete: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.

7. «Solo los poderes públicos están sujetos a la Constitución.» El artículo 9.1 sujeta a «los ciudadanos y los poderes públicos».

8. «El derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental protegido por el recurso de amparo.» Es un principio rector del Capítulo III, y por el artículo 53.3 solo puede alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que lo desarrollen. Es la trampa más repetida del tema.

9. «El derecho a la protección de la salud está en el artículo 41.» Está en el artículo 43. El 41 es el régimen público de Seguridad Social.

10. «El artículo 43 solo obliga a prestar asistencia sanitaria.» Compete a los poderes públicos «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». La prevención está expresamente incluida.

11. «Los derechos fundamentales son todos los del Título I.» En sentido estricto son los de la Sección 1.ª del Capítulo II (artículos 15 a 29), más el artículo 14 y la objeción de conciencia del artículo 30 por su régimen de protección.

12. «El recurso de amparo protege todos los derechos del Capítulo II.» Protege el artículo 14 y la Sección 1.ª, y también la objeción de conciencia del artículo 30. Los artículos 30 a 38, en lo demás, no tienen amparo.

13. «Los principios rectores no vinculan a nadie. Sí: «informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos**». Lo que no permiten es su alegación directa al margen de las leyes que los desarrollen.

14. «El plazo máximo de detención preventiva es de 24 horas.» Son 72 horas, transcurridas las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

15. «El Rey es responsable de sus actos.» «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.» De sus actos «serán responsables las personas que los refrenden».

16. «Los actos del Rey son válidos por sí mismos.» «Sus actos estarán siempre refrendados», y carecen de validez sin dicho refrendo, salvo las excepciones del artículo 65.2.

17. «El Rey puede conceder indultos generales.» Ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, «que no podrá autorizar indultos generales».

18. «El Rey declara la guerra por sí mismo como mando supremo de las Fuerzas Armadas.» Le corresponde declarar la guerra y hacer la paz previa autorización de las Cortes Generales.

19. «El Congreso se compone de 350 diputados según la Constitución.» La Constitución fija un mínimo de 300 y un máximo de 400; los 350 los establece la ley electoral.

20. «El Senado es la cámara de representación proporcional.» Es la Cámara de representación territorial; la representación proporcional es el criterio del Congreso.

21. «El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la legislativa.» Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. La potestad legislativa del Estado corresponde a las Cortes Generales.

22. «Los principios de actuación de la Administración son eficacia, eficiencia y economía.» Son eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

23. «El acceso a la función pública se rige por los principios de igualdad y antigüedad.» Por los de mérito y capacidad, según el artículo 103.3, junto con la igualdad y la publicidad que desarrollan las leyes.

24. «Los jueces son independientes e inamovibles, pero no responsables.» Son «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

25. «El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros designados por diez años.» Son doce miembros pero designados por nueve años, renovándose por terceras partes cada tres.

26. «Corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre toda la sanidad.» Le corresponde la sanidad exterior y las bases y coordinación general de la sanidad, más la legislación sobre productos farmacéuticos; las comunidades autónomas asumen el desarrollo legislativo y la ejecución.

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8. Reglas mnemotécnicas

Artículo 1, tres datos: ESTADO social y democrático de DERECHO; VALORES «Li-Ju-I-Plu» (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político); FORMA Monarquía PARLAMENTARIA.

La soberanía es NACIONAL y reside en el PUEBLO.

Artículo 9.3, siete principios: «Le-Je-Pu-Irre-Se-Res-Arbi»: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad. Y la irretroactividad es SOLO de lo sancionador desfavorable.

Título I por tramos: 11-13 extranjeros, 14 igualdad, 15-29 fundamentales CON AMPARO, 30-38 ciudadanos, 39-52 PRINCIPIOS RECTORES, 53-54 garantías, 55 suspensión.

Con amparo: el 14, del 15 al 29 y la objeción del 30. Nada más.

LA SALUD ES EL 43 Y ES PRINCIPIO RECTOR, NO DERECHO FUNDAMENTAL. No hay amparo para el 43; hay ley que lo desarrolla.

El 43, tres apartados: RECONOCE, ORGANIZA Y TUTELA con PREVENCIÓN, FOMENTA educación sanitaria, educación física, deporte y ocio.

Sanidad y Constitución, tres números: 43 el derecho, 149.1.16 las bases del Estado, 53.3 su garantía mínima.

El Rey: SÍMBOLO, ÁRBITRO y MODERADOR. Inviolable, irresponsable y siempre REFRENDADO.

Congreso entre 300 y 400 y proporcional; Senado territorial. Cuatro años los dos.

La Administración, cinco principios: «E-Je-Des-Des-Co»: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación. Y se entra por MÉRITO y CAPACIDAD.

Jueces, cuatro adjetivos: independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Tribunal Constitucional: 12 miembros, 9 años, tercios cada 3. Y el reparto 4-4-2-2.

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9. Aplicación práctica

Caso 1. Un usuario que invoca «su derecho constitucional a la salud» para exigir una prueba. En el mostrador, un usuario exige que se le adelante una resonancia y afirma que «la Constitución le reconoce el derecho a la salud» y que va a recurrir en amparo.

Resolución. Jurídicamente, su planteamiento parte de un error frecuente. El artículo 43 es un principio rector del Capítulo III del Título I, y conforme al artículo 53.3 solo puede alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen: no cabe recurso de amparo por el artículo 43. Lo que sí existen son derechos concretos reconocidos por esas leyes, entre ellos la garantía de plazo de respuesta que la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía contempla en su artículo 6.1.m) y que la normativa andaluza desarrolla.

Ahora bien, el celador no da esa explicación jurídica, que no le corresponde. Su actuación correcta es la del tema 12: escuchar sin interrumpir, reconocer el malestar sin dar la razón sobre los hechos, informar de lo que sabe y solo de lo que sabe, y derivarle con nombre y momento al Servicio de Atención al Usuario, informándole de que puede presentar una queja o reclamación y de que se le contestará. Lo que no procede es discutir de Derecho constitucional en un mostrador, ni prometer una fecha que no controla.

Caso 2. Un compañero comenta que «los principios rectores no sirven para nada». En una conversación sobre la preparación del examen, un compañero sostiene que el Capítulo III es puramente decorativo.

Resolución. No es exacto, y la precisión es la que el examen busca. El artículo 53.3 dice que el reconocimiento, el respeto y la protección de esos principios «informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos». Es decir: vinculan al legislador, orientan a los tribunales y obligan a la Administración en su actuación. Lo que no permiten es su alegación directa como derecho subjetivo al margen de las leyes que los desarrollan, ni el recurso de amparo.

El ejemplo más claro es el propio artículo 43: de él nacen la Ley General de Sanidad, la Ley de cohesión y calidad, la Ley de autonomía del paciente y la Ley de Salud de Andalucía, y a través de ellas, derechos plenamente exigibles como el de información, el de consentimiento o el de acceso a la historia clínica. El principio rector no es un derecho directo, pero es la fuente de los derechos que sí lo son.

Caso 3. Un paciente se niega a un tratamiento y un compañero propone «obligarle porque la Constitución protege la salud». Un paciente consciente y capaz rechaza un tratamiento y un compañero sugiere que se le aplique igualmente.

Resolución. La respuesta constitucional es la contraria. El artículo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y la STC 120/1990 fijó que las intervenciones sobre el cuerpo sin consentimiento solo caben ante un riesgo grave, con garantías legales y sin constituir trato inhumano o degradante. La STC 37/2011 lo completó: el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona «es algo inherente a su derecho fundamental a la integridad física».

En el plano legal, el artículo 2.4 de la Ley 41/2002 reconoce el derecho a negarse al tratamiento, con su negativa por escrito, y los supuestos de intervención sin consentimiento del artículo 9.2 son tasados: riesgo para la salud pública y riesgo inmediato grave sin poder obtener autorización.

El papel del celador aquí es de límite: no ejecuta una actuación sobre un paciente que se opone, comunica la situación al personal sanitario responsable y, si hay riesgo inmediato o alteración, sigue el procedimiento del centro. Lo que no hace es resolver por la fuerza lo que la Constitución reserva a un cauce reglado.

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10. Preguntas de test con respuesta explicada

Cuarenta y cinco preguntas, que con las cinco de la sección siguiente completan las cincuenta del nivel B. Redactadas de nuevo por TestMiOpo; ninguna reproduce un enunciado oficial.

1. La Constitución Española de 1978 fue ratificada en referéndum el:

a) 31 de octubre de 1978.

b) 6 de diciembre de 1978.

c) 27 de diciembre de 1978.

d) 29 de diciembre de 1978.

Respuesta: b). Fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre, sancionada el 27 de diciembre y publicada el 29 de diciembre, fecha de su entrada en vigor.

2. La Constitución Española consta de:

a) 150 artículos.

b) 169 artículos.

c) 182 artículos.

d) 200 artículos.

Respuesta: b). Más cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.

3. Según el artículo 1.1, España se constituye en un:

a) Estado democrático de Derecho.

b) Estado social y democrático de Derecho.

c) Estado social de Derecho.

d) Estado autonómico.

Respuesta: b). La fórmula completa incluye el carácter social.

4. Los valores superiores del ordenamiento jurídico español son:

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

b) La libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia.

c) La dignidad, la libertad y la igualdad.

d) La legalidad, la jerarquía y la seguridad jurídica.

Respuesta: a). Artículo 1.1, y en ese orden.

5. Según el artículo 1.2 de la Constitución, la soberanía nacional reside en:

a) Las Cortes Generales.

b) El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

c) El Rey.

d) El Gobierno.

Respuesta: b).

6. La forma política del Estado español es:

a) La Monarquía constitucional.

b) La Monarquía parlamentaria.

c) La República parlamentaria.

d) El Estado federal.

Respuesta: b). Artículo 1.3.

7. La Constitución se fundamenta en:

a) La indisoluble unidad de la Nación española, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas.

b) La federación de las comunidades autónomas.

c) La independencia de los territorios históricos.

d) La unidad de mercado.

Respuesta: a). Artículo 2.

8. Respecto al castellano, la Constitución establece que:

a) Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.

b) Su conocimiento es voluntario.

c) Es cooficial en todo el territorio.

d) Solo es oficial en la Administración del Estado.

Respuesta: a). Artículo 3.1.

9. Según el artículo 6, los partidos políticos:

a) Expresan el pluralismo político y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

b) Son órganos del Estado.

c) Están sujetos a autorización gubernativa.

d) No están mencionados en la Constitución.

Respuesta: a). La misma exigencia se establece en el artículo 7 para sindicatos y asociaciones empresariales.

10. Conforme al artículo 9.1 de la Constitución, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico:

a) Solo los poderes públicos.

b) Los ciudadanos y los poderes públicos.

c) Solo la Administración.

d) Solo los jueces y tribunales.

Respuesta: b).

11. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan su plenitud, según el artículo:

a) 9.1.

b) 9.2.

c) 9.3.

d) 14.

Respuesta: b). Es la cláusula de igualdad material propia del Estado social.

12. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio garantizado expresamente por el artículo 9.3?

a) La jerarquía normativa.

b) La publicidad de las normas.

c) La eficacia administrativa.

d) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Respuesta: c). La eficacia es un principio de actuación de la Administración del artículo 103.

13. La irretroactividad que garantiza el artículo 9.3 se refiere a:

a) Todas las disposiciones normativas.

b) Las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

c) Solo las leyes penales.

d) Solo los reglamentos.

Respuesta: b).

14. Según el artículo 10.1, son fundamento del orden político y de la paz social:

a) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

b) La libertad y la igualdad exclusivamente.

c) La soberanía nacional y la unidad de la Nación.

d) El pluralismo político y la participación.

Respuesta: a).

15. Las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con:

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

b) La jurisprudencia del Tribunal Supremo.

c) El Derecho comparado europeo.

d) Los estatutos de autonomía.

Respuesta: a). Artículo 10.2.

16. Los derechos fundamentales y libertades públicas, en sentido estricto, se recogen en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I, que comprende los artículos:

a) 10 a 14.

b) 15 a 29.

c) 30 a 38.

d) 39 a 52.

Respuesta: b).

17. El derecho a la vida y a la integridad física y moral se reconoce en el artículo:

a) 14.

b) 15.

c) 17.

d) 18.

Respuesta: b). Que además declara abolida la pena de muerte, salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra.

18. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se reconoce en el artículo:

a) 16.

b) 17.

c) 18.

d) 20.

Respuesta: c). Cuyo apartado 4 limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.

19. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, el plazo máximo para poner al detenido en libertad o a disposición judicial es de:

a) 24 horas.

b) 48 horas.

c) 72 horas.

d) 96 horas.

Respuesta: c). Artículo 17.2.

20. El derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses se reconoce en el artículo:

a) 28.

b) 35.

c) 37.

d) 38.

Respuesta: a). Su ley reguladora establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

21. El derecho de petición, individual y colectiva, debe ejercerse:

a) Verbalmente.

b) Por escrito.

c) Ante notario.

d) A través de un partido político.

Respuesta: b). Artículo 29.

22. El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, con un sistema tributario que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio, se recoge en el artículo:

a) 30.

b) 31.

c) 33.

d) 35.

Respuesta: b). Inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

23. El deber de trabajar y el derecho al trabajo se reconocen en el artículo:

a) 28.

b) 35.

c) 40.

d) 41.

Respuesta: b). Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

24. Los principios rectores de la política social y económica se recogen en el Capítulo III del Título I, que comprende los artículos:

a) 15 a 29.

b) 30 a 38.

c) 39 a 52.

d) 53 a 55.

Respuesta: c). Entre ellos, el artículo 43.

25. El mandato a los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo se contiene en el artículo:

a) 35.

b) 40.

c) 41.

d) 43.

Respuesta: b). Es el fundamento constitucional de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

26. El régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos se reconoce en el artículo:

a) 40.

b) 41.

c) 43.

d) 50.

Respuesta: b).

27. El derecho a la protección de la salud se reconoce en el artículo:

a) 41.

b) 43.

c) 45.

d) 51.

Respuesta: b). Es la pregunta más previsible del tema en una oposición sanitaria.

28. Según el artículo 43.2, compete a los poderes públicos:

a) Organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

b) Garantizar la asistencia sanitaria privada.

c) Financiar exclusivamente la atención hospitalaria.

d) Establecer el copago sanitario.

Respuesta: a). «La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.»

29. Conforme al artículo 43.3, los poderes públicos fomentarán:

a) La educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la adecuada utilización del ocio.

b) La investigación biomédica exclusivamente.

c) El aseguramiento privado.

d) La formación del personal sanitario.

Respuesta: a).

30. El derecho a la protección de la salud, por su ubicación constitucional:

a) Es un derecho fundamental protegido por el recurso de amparo.

b) Es un principio rector que solo puede ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que lo desarrollen.

c) No tiene ninguna eficacia jurídica.

d) Requiere ley orgánica para su desarrollo.

Respuesta: b). Artículo 53.3.

31. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo se reconocen en el artículo:

a) 43.

b) 44.

c) 45.

d) 47.

Respuesta: c). Es el fundamento constitucional de la política ambiental que el tema 19 desarrolla.

32. La atención a los problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio de los ciudadanos durante la tercera edad, mediante un sistema de servicios sociales, se contempla en el artículo:

a) 49.

b) 50.

c) 51.

d) 52.

Respuesta: b). El artículo 49 se refiere a las personas con discapacidad.

33. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I:

a) Vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio.

b) Pueden regularse por reglamento.

c) Solo vinculan al legislador.

d) Carecen de garantías específicas.

Respuesta: a). Artículo 53.1.

34. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional protege:

a) Todos los derechos del Título I.

b) Los derechos del artículo 14 y de la Sección 1.ª del Capítulo II, así como la objeción de conciencia del artículo 30.

c) Solo los principios rectores.

d) Únicamente el derecho a la tutela judicial efectiva.

Respuesta: b). Artículo 53.2.

35. El procedimiento ante los tribunales ordinarios para la tutela de los derechos del artículo 14 y de la Sección 1.ª se basa en los principios de:

a) Preferencia y sumariedad.

b) Contradicción y publicidad.

c) Oralidad e inmediación.

d) Economía procesal.

Respuesta: a).

36. El Defensor del Pueblo es:

a) Un órgano del Gobierno.

b) El alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos del Título I, pudiendo supervisar la actividad de la Administración.

c) Un órgano del Poder Judicial.

d) Un órgano consultivo del Tribunal Constitucional.

Respuesta: b). Artículo 54.

37. Según el artículo 56.1, el Rey es:

a) Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.

b) Titular del poder ejecutivo.

c) Presidente de las Cortes Generales.

d) Jefe del Gobierno.

Respuesta: a).

38. La persona del Rey, conforme al artículo 56.3:

a) Es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y sus actos estarán siempre refrendados.

b) Responde políticamente ante las Cortes.

c) Puede ser procesada por el Tribunal Supremo.

d) Responde de sus actos ante el Tribunal Constitucional.

Respuesta: a). De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

39. El heredero de la Corona tiene, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, la dignidad de:

a) Príncipe de Asturias.

b) Infante de España.

c) Duque de Borbón.

d) Príncipe de Gerona.

Respuesta: a). Artículo 57.2, junto con los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor.

40. Respecto al derecho de gracia, el Rey lo ejerce con arreglo a la ley:

a) Que no podrá autorizar indultos generales.

b) Que solo permite indultos generales.

c) Sin ninguna limitación.

d) Previa autorización del Tribunal Supremo.

Respuesta: a). Artículo 62.i).

41. Las Cortes Generales están formadas por:

a) El Congreso de los Diputados y el Senado.

b) El Congreso de los Diputados exclusivamente.

c) El Congreso, el Senado y el Consejo de Estado.

d) Las Asambleas autonómicas.

Respuesta: a). Representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y son inviolables.

42. El Congreso de los Diputados se compone, según la Constitución, de un mínimo y un máximo de:

a) 200 y 300 diputados.

b) 300 y 400 diputados.

c) 350 diputados exactamente.

d) 250 y 350 diputados.

Respuesta: b). Los 350 actuales los fija la ley electoral, no la Constitución.

43. Conforme al artículo 97, el Gobierno:

a) Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.

b) Ejerce la potestad legislativa del Estado.

c) Administra justicia.

d) Controla la constitucionalidad de las leyes.

Respuesta: a).

44. Los principios conforme a los cuales actúa la Administración Pública, según el artículo 103.1, son:

a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

b) Eficacia, eficiencia y economía.

c) Legalidad, oportunidad y celeridad.

d) Objetividad, transparencia y participación.

Respuesta: a). Y la Administración sirve con objetividad los intereses generales.

45. Los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial son, según el artículo 117.1:

a) Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

b) Independientes y sometidos al Gobierno.

c) Inamovibles e irresponsables.

d) Dependientes del Consejo General del Poder Judicial.

Respuesta: a). La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.

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11. Preguntas de estilo examen redactadas por TestMiOpo

1. El derecho a la protección de la salud se encuentra reconocido en la Constitución Española:

a) En el artículo 15, entre los derechos fundamentales.

b) En el artículo 43, entre los principios rectores de la política social y económica.

c) En el artículo 41, junto al régimen público de Seguridad Social.

d) En el artículo 51, en la defensa de los consumidores.

Respuesta: b). Por su ubicación, no está protegido por el recurso de amparo.

2. Señale la afirmación CORRECTA sobre las garantías de los derechos del Título I:

a) Todos los derechos del Título I están protegidos por el recurso de amparo.

b) El recurso de amparo protege el artículo 14, la Sección 1.ª del Capítulo II y la objeción de conciencia del artículo 30.

c) Los principios rectores pueden alegarse directamente ante cualquier tribunal.

d) Los derechos del Capítulo II pueden regularse por reglamento.

Respuesta: b). Los principios rectores solo se alegan conforme a las leyes que los desarrollen.

3. Conforme al artículo 9.3, la Constitución garantiza, entre otros:

a) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

b) La eficacia de la actuación administrativa.

c) El acceso a la función pública.

d) La libre elección de médico.

Respuesta: a). Junto con legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas, seguridad jurídica y responsabilidad.

4. La competencia exclusiva del Estado en materia sanitaria comprende, según el artículo 149.1.16.ª:

a) La totalidad de la asistencia sanitaria.

b) La sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.

c) Solo la sanidad exterior.

d) Únicamente la formación del personal sanitario.

Respuesta: b). Las comunidades autónomas asumen el desarrollo legislativo y la ejecución.

5. El acceso a la función pública, conforme al artículo 103.3 de la Constitución, se rige por los principios de:

a) Antigüedad y experiencia.

b) Mérito y capacidad.

c) Confianza y libre designación.

d) Proporcionalidad y territorialidad.

Respuesta: b). El mismo artículo remite a la ley el estatuto de los funcionarios y el sistema de incompatibilidades.

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12. Fuentes oficiales citadas

Fuente	Referencia	Enlace
Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978	BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, BOE-A-1978-31229	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional	BOE-A-1979-23709	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad	BOE-A-1986-10499	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	BOE-A-2003-10715	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente	BOE-A-2002-22188	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía	BOE-A-1998-18720	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-18720
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	BOE-A-1995-24292	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
Resolución de 30 de julio de 2024, programas de materias del SAS (Anexo XVII, Celador/a)	BOJA 151, de 6 de agosto de 2024	https://www.juntadeandalucia.es/boja/2024/151/14
STC 37/2011, de 28 de marzo	BOE-A-2011-7626	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-7626
STC 120/1990, de 27 de junio	BOE-T-1990-18314	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1990-18314
STC 292/2000, de 30 de noviembre	BOE-T-2001-332	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2001-332
STC 102/1995, de 26 de junio	BOE núm. 181, de 31 de julio de 1995	https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2956

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13. Control de calidad de este tema

• [x] Enunciado oficial reproducido literalmente y cubierto en sus cuatro partes: valores superiores y principios inspiradores (4.2); derechos y deberes fundamentales (4.3); regulación constitucional de la Jefatura del Estado y de los Poderes Públicos (4.4 y 4.5); y estudio particular del derecho a la protección de la salud (4.6).
• [x] Nivel B, 2,13 puntos medidos sobre 5 cuestionarios (450 preguntas); 45 preguntas de test con respuesta explicada más 5 de estilo examen, 26 trampas.
• [x] Todos los preceptos citados se leyeron del texto consolidado de la Constitución extraído a data/leyes/constitucion-1978.json con el extractor XML del BOE. Los artículos 1, 9, 43, 53, 56, 66, 97, 103, 117 y 149.1.16.ª se transcriben en sus términos literales, y las cifras (72 horas, 300 a 400 diputados, cuatro años, doce miembros y nueve años del Tribunal Constitucional, treinta días del decreto-ley) se comprobaron una a una contra ese texto.
• [x] Declarado como doctrina y no como texto de la norma: la enumeración de los caracteres de la Constitución (escrita, rígida, consensuada, extensa, derivada e inacabada) del apartado 4.1, que es nomenclatura habitual de los manuales de Derecho constitucional y no una formulación del propio texto; y la afirmación de que en sentido estricto son derechos fundamentales los de la Sección 1.ª más el artículo 14 y la objeción de conciencia del artículo 30, que es la lectura conjunta de los artículos 53.2 y 81 y no una calificación expresa de la Constitución.
• [x] Sentencias comprobadas una a una en el BOE y en la base de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, todas ellas ya verificadas en temas anteriores de esta colección.
• [ ] Pendiente: localizar y verificar una resolución del Tribunal Constitucional que se pronuncie específicamente sobre el alcance y la eficacia del artículo 43, para citarla con su número en la sección 5 y reforzar el apartado 4.6.
• [x] Reparto de materias conforme a MEMORIA-LIBRO: aquí la Constitución; el Estatuto de Autonomía para Andalucía en el 2; la organización sanitaria y la Ley 2/1998 en el 3 y el 4; la Ley 41/2002 en el 9; la Ley 31/1995 en el 6; el Estatuto Marco en el 8; el medio ambiente en el 19.
• [x] Sin rayas ni semirrayas; sin «sólo», «éste» ni «guión» fuera de las citas literales; sin muletillas prohibidas; sin texto de editoriales comerciales; sin enunciados literales de exámenes oficiales.