Tema I.1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. La reforma

Bloque I. Organización del Estado y de la Administración pública. Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1).

Enunciado oficial (Anexo III, BOE-A-2025-26262): «La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.»

Autoría	Equipo de contenidos TestMiOpo
Revisión jurídica	Pendiente de revisor colegiado
Última revisión	2 de septiembre de 2026
Norma de referencia	Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229). LO 2/1979, del Tribunal Constitucional. LO 3/1981, del Defensor del Pueblo
Convocatoria de referencia	Resolución de 18 de diciembre de 2025 (BOE-A-2025-26262)

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1. Mapa del tema

LA CONSTITUCIÓN DE 1978
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├── ESTRUCTURA: preámbulo + título preliminar + 10 títulos,
│   169 artículos, 4 DA, 9 DT, 1 derogatoria, 4 finales
│
├── DERECHOS Y DEBERES (Título I, arts. 10-55)
│   ├── Sección 1ª (15-29): el núcleo duro
│   ├── Sección 2ª (30-38): derechos y deberes
│   ├── Cap. III (39-52): principios rectores
│   └── GARANTÍAS (53): tres niveles
│       SUSPENSIÓN (55): general e individual
│
├── EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (159-165)
│   ├── 12 miembros (4+4+2+2), 9 años, tercios cada 3
│   └── Inconstitucionalidad, amparo, cuestión, conflictos
│
├── EL DEFENSOR DEL PUEBLO (54)
│   └── Alto comisionado de las Cortes, 5 años
│
└── LA REFORMA (166-169)
    ├── Ordinaria (167): 3/5, o 2/3 + mayoría absoluta
    ├── Agravada (168): 2/3, disolución, 2/3, referéndum
    └── Límite temporal (169): ni en guerra ni en estados

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2. Introducción y enfoque de estudio

El primer tema del programa es el más clásico de todas las oposiciones y, en el C1, un tema exclusivamente de test: en ocho exámenes ha dado trece preguntas de la primera parte y ninguna de supuesto. Se pregunta con números y con listas: cuántos artículos, qué sección protege qué derecho, qué mayorías piden las reformas, cómo se compone el Tribunal.

Lo que se pregunta. Muy alto: las garantías del artículo 53 (el mapa de los tres niveles es la pregunta eterna) y la reforma (167 frente a 168, con sus mayorías exactas). Alto: la composición del Tribunal Constitucional (4+4+2+2, nueve años, tercios) y sus procesos; la ubicación de derechos concretos (¿la objeción de conciencia? sección 2ª; ¿la huelga? sección 1ª). Medio: la suspensión del 55 (general frente a individual), el Defensor del Pueblo y la estructura formal (los números de la Constitución).

El dato de la serie que ordena el esfuerzo: trece preguntas de test, presencia en los ocho exámenes sin excepción: es el tema más regular de toda la primera parte. Cada convocatoria trae al menos una pregunta; estudiarlo con las cifras exactas es un acierto garantizado por examen.

Por qué se pregunta tanto: es el territorio neutral donde todos los tribunales pueden preguntar sin miedo a la norma cambiada; la Constitución lleva sin tocarse desde 2011 y sus números no caducan. Por eso las preguntas históricas se repiten con variantes mínimas, y por eso el banco de preguntas antiguo rinde aquí más que en ningún otro tema.

El consejo de estudio. Cinco tarjetas: los números de la estructura; el mapa del 53; la ficha del TC; la ficha del Defensor; y el cuadro 167/168. Los derechos se estudian por su ubicación, no por su contenido (eso es de otros cuerpos): aquí se pregunta dónde está cada uno y qué protección tiene.

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3. Qué se pregunta de este tema

Frecuencia medida sobre los ocho cuestionarios oficiales del C1 analizados en ANALISIS-FRECUENCIA.md (880 preguntas clasificadas, febrero de 2022 a julio de 2026).

Examen	Test	Supuestos
12 de febrero de 2022	2	0
Marzo de 2022 (extraordinario)	1	0
Septiembre de 2023	1	0
Octubre de 2023 (extraordinario)	3	0
Diciembre de 2024	1	0
Febrero de 2025 (extraordinario)	2	0
23 de mayo de 2026	1	0
Julio de 2026 (extraordinario)	2	0
Total	13	0

Con la regla de puntuación, 1,16 puntos de 100 por ejercicio, todos de la primera parte: el tema de test puro por excelencia.

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4. Desarrollo

4.1. Estructura y contenido

Aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada el 27 y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978, día de su entrada en vigor. Sus números: preámbulo (sin valor normativo directo), título preliminar (artículos 1 a 9), diez títulos numerados, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 4 finales. El índice de títulos que el test recorre: Preliminar; I, derechos y deberes fundamentales (10-55); II, la Corona (56-65); III, las Cortes Generales (66-96); IV, Gobierno y Administración (97-107); V, relaciones Gobierno-Cortes (108-116); VI, Poder Judicial (117-127); VII, economía y hacienda (128-136); VIII, organización territorial (137-158); IX, Tribunal Constitucional (159-165); X, reforma (166-169). Caracteres que caen en test: constitución escrita, rígida (por sus procedimientos agravados de reforma), extensa (la segunda más larga de nuestra historia tras la de Cádiz), derivada en sus fuentes de inspiración y normativa: vincula a ciudadanos y poderes públicos (9.1) y deroga cuanto se le oponga.

4.2. Los derechos y deberes fundamentales: el mapa del Título I

El Título I (10-55) se abre con el artículo 10 (dignidad de la persona, libre desarrollo, y la interpretación conforme a la Declaración Universal y los tratados del 10.2). Capítulo I (11-13): nacionalidad, mayoría de edad a los 18, extranjería. Capítulo II: el 14 (igualdad, pórtico sin sección); sección 1ª, «de los derechos fundamentales y de las libertades públicas» (15-29): vida e integridad (15), libertad ideológica y religiosa (16), libertad y seguridad con el habeas corpus (17), honor, intimidad, imagen e inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones más el 18.4 de la informática, libre circulación (19), expresión e información (20), reunión (21), asociación (22), participación y acceso a funciones públicas (23), tutela judicial (24), legalidad penal (25), prohibición de tribunales de honor (26), educación (27), sindicación y huelga (28), petición (29). Sección 2ª, «de los derechos y deberes de los ciudadanos» (30-38): defensa y objeción de conciencia (30), tributos (31), matrimonio (32), propiedad (33), fundación (34), trabajo (35), colegios profesionales (36), negociación colectiva (37), libertad de empresa (38). Capítulo III, principios rectores (39-52): familia, progreso social, seguridad social, salud, cultura, medio ambiente, vivienda, juventud, discapacidad, mayores, consumidores. Capítulo IV: las garantías (53-54). Capítulo V: la suspensión (55). Los deberes del test: defender a España (30), contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (31), trabajar (35, deber y derecho), los deberes de los cónyuges (32) y el deber de los padres del 39.

4.3. Las garantías del artículo 53 y la suspensión del 55

El mapa de los tres niveles, la pregunta más repetida del tema. Nivel máximo (53.2): los derechos del 14 más la sección 1ª (15-29): tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario, y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (que alcanza también a la objeción de conciencia del 30.2: la excepción que el test adora); su desarrollo directo exige ley orgánica (81) y su reforma va por el 168. Nivel medio (53.1): todo el capítulo II (14 a 38): vinculan a todos los poderes públicos, reserva de ley que respetará su contenido esencial, y control por el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. Nivel de principios (53.3): el capítulo III informa la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo se alega ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Garantías institucionales aparte: el Defensor del Pueblo (54) y la rigidez reformadora.

La suspensión (55). General (55.1): los derechos que enumera (17; 18.2 y 3; 19; 20.1.a y d y 20.5; 21; 28.2; 37.2) podrán suspenderse al declararse el estado de excepción o de sitio, con la salvedad de que el 17.3 (información al detenido y asistencia letrada) solo se excepciona en el estado de sitio; en el estado de alarma no hay suspensión de derechos, solo limitaciones (la lección práctica que dejó la pandemia y los estados del artículo 116, con su ley orgánica 4/1981). Individual (55.2): una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en que, individualmente y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, se suspenden el 17.2 (plazo de detención) y el 18.2 y 3 (domicilio y comunicaciones) para personas relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas; con responsabilidad penal por la utilización injustificada o abusiva de esas facultades.

4.4. El Tribunal Constitucional

Composición (159): doce miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro del Senado con igual mayoría, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. Entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio. Mandato de nueve años, renovación por terceras partes cada tres, independencia e inamovilidad; incompatibilidades del 159.4 (todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas de partidos y sindicatos, carreras judicial y fiscal, y cualquier actividad profesional o mercantil). El Presidente (160): nombrado por el Rey entre sus miembros, a propuesta del propio Tribunal en pleno, por tres años. Competencias (161): el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (legitimados del 162.1.a: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, ejecutivos y asambleas autonómicos); el recurso de amparo por violación de los derechos del 53.2 (legitimados: toda persona con interés legítimo, el Defensor y el Ministerio Fiscal), previo agotamiento de la vía judicial y con el requisito legal de la especial trascendencia constitucional; la cuestión de inconstitucionalidad (163) planteada por jueces y tribunales; los conflictos de competencia entre Estado y Comunidades o de estas entre sí, y los demás procesos de su ley orgánica (impugnaciones del 161.2, conflictos entre órganos, en defensa de la autonomía local, control previo de tratados del 95 y, restaurado por ley, el previo de estatutos). Sus sentencias (164): valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE, sin recurso alguno; las que declaren la inconstitucionalidad tienen plenos efectos frente a todos, y la parte no afectada por la nulidad conserva su vigencia.

4.5. El Defensor del Pueblo

El artículo 54: una ley orgánica (la LO 3/1981) regula esta institución como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ellas para la defensa de los derechos del Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes. Su ficha de test: elegido por tres quintos de cada Cámara (con el mecanismo subsidiario de la ley), mandato de cinco años, no sujeto a mandato imperativo, inviolable e inmune en su función, auxiliado por dos adjuntos. Puede actuar de oficio o a instancia de parte; toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo puede dirigirse a él sin restricción alguna y gratuitamente; no puede investigar la actividad judicial (traslada al Fiscal o al CGPJ) y su ámbito alcanza a todas las Administraciones. No anula ni sanciona: sugiere, recomienda, advierte y recuerda, con el deber de auxilio de todos los poderes públicos (la negativa puede ser delito de desobediencia), el informe anual a las Cortes y los informes extraordinarios. Y sus dos armas mayores, ya vistas en este manual: la legitimación para el recurso de inconstitucionalidad y el amparo (las SSTC 292/2000 y 76/2019 nacieron de recursos suyos). Es, además, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Las figuras autonómicas homólogas coordinan con él conforme a su ley.

4.6. La reforma constitucional

Iniciativa (166): la de la reforma se ejerce en los términos del 87.1 y 2 (Gobierno, Congreso, Senado y asambleas autonómicas), quedando excluida la iniciativa popular. Procedimiento ordinario (167): aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, comisión mixta paritaria que presenta un texto votado de nuevo; de no aprobarse así, y siempre que el texto tenga la mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobarlo por dos tercios. Referéndum facultativo: se somete a ratificación si lo solicita, dentro de los quince días siguientes a la aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Procedimiento agravado (168): para la revisión total, o parcial que afecte al título preliminar, a la sección 1ª del capítulo II del título I, o al título II (la Corona): aprobación del principio por dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes; las nuevas Cámaras ratifican la decisión y estudian el nuevo texto, que aprueban por dos tercios de ambas; y referéndum obligatorio. Límite temporal (169): no podrá iniciarse la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del artículo 116. Las dos reformas habidas, por el 167 y sin referéndum: el 13.2 en 1992 (sufragio pasivo de extranjeros en municipales, por el Tratado de Maastricht) y el 135 en 2011 (estabilidad presupuestaria, el trasfondo del tema V.1).

4.7. Puente con el resto del programa

Este tema es el cimiento de medio temario, y las costuras dan pregunta. Con el I.3 y el I.5: las mayorías y procedimientos de las Cortes y del Gobierno reaparecen en la reforma y en los nombramientos del Tribunal. Con el III.1: la ley orgánica del 81 (desarrollo directo de la sección 1ª, entre otras materias) y la jerarquía normativa del 9.3 son las fuentes de aquel tema con su fundamento aquí. Con el III.2: la nulidad de los actos que lesionen derechos susceptibles de amparo (47.1.a de la Ley 39/2015) remite exactamente al perímetro del 53.2 que este tema dibuja. Con el IV.2: el 23.2 (acceso en condiciones de igualdad) y el 103.3 (mérito y capacidad) sostienen todo el edificio selectivo. Con el III.7: el 14 y el 9.2 fundan las políticas de igualdad y la acción positiva. Con el V.1: el 135 reformado en 2011 es la puerta constitucional de la estabilidad presupuestaria. El opositor que fija bien este tema estudia los demás con la mitad de esfuerzo, porque reconoce el origen de cada regla.

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5. Jurisprudencia esencial

Cuatro sentencias del Tribunal Constitucional comprobadas contra su publicación oficial, verificadas para este manual.

STC 26/1981, de 17 de julio (BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1981). Temprana doctrina sobre los derechos de la sección 1ª en acción: la huelga del 28.2 y sus límites en los servicios esenciales, con la exigencia de motivación y proporcionalidad en los servicios mínimos.

STC 22/1984, de 17 de febrero (BOE núm. 59, de 9 de marzo de 1984). La inviolabilidad del domicilio del 18.2 frente a la ejecución administrativa: los derechos fundamentales operan como límites infranqueables de la actuación de los poderes públicos salvo sus propias garantías (consentimiento, delito flagrante, autorización judicial).

STC 242/1993, de 14 de julio (BOE núm. 192, de 12 de agosto de 1993). El contenido mínimo del derecho de petición del 29: acusar recibo, tramitar y comunicar; el derecho de la sección 1ª más modesto, con su amparo intacto.

STC 292/2000, de 30 de noviembre (BOE núm. 4, de 4 de enero de 2001). Nacida de un recurso del Defensor del Pueblo: la protección de datos como derecho fundamental autónomo derivado del 18.4. El ejemplo perfecto de las dos piezas del tema trabajando juntas: la legitimación del Defensor y la fuerza expansiva del Título I.

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6. Tabla resumen

Cuestión	Dato exacto
Referéndum / publicación	6 y 29 de diciembre de 1978
Estructura	preámbulo, título preliminar + 10 títulos, 169 artículos, 4 DA, 9 DT, 1 derogatoria, 4 finales
Sección 1ª	artículos 15 a 29
Sección 2ª	artículos 30 a 38
Principios rectores	capítulo III, 39 a 52
Amparo y preferente-sumario	14 + sección 1ª + objeción del 30.2 (53.2)
Reserva de ley y contenido esencial	todo el capítulo II (53.1)
Principios: alegación	según las leyes que los desarrollen (53.3)
Suspensión general	55.1: excepción y sitio; el 17.3 solo en sitio; en alarma no hay suspensión
Suspensión individual	55.2: 17.2 y 18.2-3, bandas armadas, LO, juez y Parlamento
TC: composición	12: 4 Congreso + 4 Senado (3/5) + 2 Gobierno + 2 CGPJ
TC: mandato	9 años, tercios cada 3; Presidente 3 años a propuesta del pleno
Requisito de los magistrados	juristas de reconocida competencia, más de 15 años
Recurso de inconstitucionalidad	Presidente del Gobierno, Defensor, 50 diputados, 50 senadores, CCAA
Amparo	interés legítimo, Defensor, Fiscal; especial trascendencia
Sentencias	cosa juzgada, publicación en BOE, sin recurso, efectos frente a todos
Defensor del Pueblo	alto comisionado de las Cortes, 3/5, 5 años, 2 adjuntos, informe anual
Reforma ordinaria (167)	3/5 de cada Cámara (o absoluta Senado + 2/3 Congreso); referéndum si lo pide 1/10 en 15 días
Reforma agravada (168)	preliminar, sección 1ª, Corona: 2/3, disolución, 2/3, referéndum obligatorio
Límite (169)	ni en guerra ni vigentes los estados del 116
Reformas habidas	13.2 (1992) y 135 (2011), ambas por el 167

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7. Trampas de examen

1. «La Constitución tiene 168 artículos». CIENTO SESENTA Y NUEVE, más 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 4 finales. Los números de la estructura caen tal cual.

2. «El artículo 14 está en la sección primera». Está FUERA de las secciones, como pórtico del capítulo II; pero goza del amparo por mención expresa del 53.2. Ubicación y protección no coinciden: la trampa perfecta.

3. «La objeción de conciencia tiene amparo por estar en la sección 1ª». Está en la SECCIÓN 2ª (30.2) y tiene amparo por la remisión EXPRESA del 53.2: la excepción única que el test repite.

4. «Los principios rectores se invocan directamente ante cualquier juez». Solo DE ACUERDO CON LAS LEYES QUE LOS DESARROLLEN (53.3): informan, no otorgan acciones directas.

5. «El estado de alarma suspende derechos». La suspensión del 55.1 opera en EXCEPCIÓN Y SITIO; la alarma solo permite limitaciones. Y el 17.3 únicamente se alcanza en el SITIO.

6. «La suspensión individual del 55.2 es gubernativa y general». Es INDIVIDUAL, por LEY ORGÁNICA, con intervención JUDICIAL y control PARLAMENTARIO, solo para investigaciones de bandas armadas o terrorismo, y con responsabilidad por abuso.

7. «El Congreso nombra seis magistrados del TC». CUATRO el Congreso, CUATRO el Senado (ambos por 3/5), DOS el Gobierno y DOS el CGPJ. El 4+4+2+2 es sagrado.

8. «Los magistrados del TC duran cinco años». NUEVE años con renovación por TERCIOS cada TRES; el PRESIDENTE, tres años a propuesta del pleno. El cinco es del Defensor.

9. «Cualquier ciudadano puede recurrir una ley al TC». El recurso de inconstitucionalidad tiene la lista cerrada del 162.1.a (Presidente del Gobierno, Defensor, 50 diputados, 50 senadores, órganos autonómicos); el ciudadano llega por el AMPARO (con especial trascendencia) o provocando una CUESTIÓN judicial.

10. «El Defensor del Pueblo anula actos administrativos». SUPERVISA, sugiere y recomienda; no anula ni sanciona. Sus dientes son la publicidad, el informe a las Cortes y su legitimación ante el TC.

11. «Al Defensor solo acuden los españoles afectados». TODA persona natural o jurídica con interés legítimo, sin restricción de nacionalidad, residencia o minoría de edad, y gratis.

12. «La reforma de la sección 2ª va por el 168». El 168 protege el TÍTULO PRELIMINAR, la SECCIÓN 1ª y la CORONA; la sección 2ª (y el resto) va por el 167. Cambiar la sección del 168 es el distractor eterno.

13. «El referéndum del 167 es obligatorio». Es FACULTATIVO: solo si lo pide una DÉCIMA parte de cualquiera de las Cámaras en QUINCE días. El obligatorio es el del 168.

14. «La iniciativa popular puede proponer la reforma constitucional». El 166 remite al 87.1 y 2 EXCLUYENDO el 87.3: ni iniciativa popular para reformar, ni reforma en guerra o estados del 116 (169).

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8. Reglas mnemotécnicas

«Del 6 al 29: un diciembre para todo»: referéndum el 6, sanción el 27, publicación y vigencia el 29; las tres fechas de 1978 que el test rota.

«169 y 4-9-1-4»: artículos, adicionales, transitorias, derogatoria, finales.

«Del 15 al 29 lo blindado, del 30 al 38 lo protegido, del 39 al 52 lo prometido»: las tres franjas del Título I con su nivel de garantía.

«14 + sección 1ª + objeción = amparo»: la fórmula exacta del 53.2.

«Alarma limita, excepción suspende, sitio remata»: la escala del 116 cruzada con el 55.1 (y el 17.3 solo cae en el sitio).

«4-4-2-2, a 9 años por tercios de 3»: la plantilla del Tribunal y su reloj.

«50-50, el Presidente y el Defensor, más las Comunidades»: los legitimados del recurso de inconstitucionalidad.

«El Defensor sugiere, el Tribunal anula»: el reparto de papeles entre las dos garantías institucionales del tema, y la respuesta a media docena de distractores históricos.

«El Defensor: 3/5, 5 años, 2 adjuntos, 0 poderes de anular»: la ficha entera en cuatro cifras.

«3/5 o 2/3, décima parte y quince días»: el 167 completo; «2/3, urnas, 2/3, urnas»: el 168 en cuatro golpes.

«Preliminar, primera y Corona: las tres joyas del 168»: lo que exige la vía agravada.

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9. Aplicación práctica

Caso 1. El mapa de las garantías

Un opositor debe clasificar en el simulacro: el derecho de propiedad, la libertad sindical, el derecho a la vivienda y la igualdad del 14, indicando qué protección tiene cada uno y por qué vía se reformaría el precepto.

Resolución. Propiedad (33): sección 2ª: reserva de ley con contenido esencial y control de constitucionalidad (53.1), sin amparo; reforma por el 167. Libertad sindical (28.1): sección 1ª: amparo, preferente y sumario, ley orgánica; reforma por el 168. Vivienda (47): principio rector: informa la legislación y se alega según sus leyes (53.3); reforma por el 167. Igualdad (14): fuera de sección pero con amparo expreso (53.2); su reforma, al no estar en la sección 1ª ni en las otras dos joyas, discurre por el 167: la pregunta de matrícula, porque protección máxima y reforma agravada no siempre van juntas. Quien domina este cuadro de doble entrada (garantía y vía de reforma) tiene resuelto el ochenta por ciento de las preguntas históricas del tema.

Caso 2. La ley recurrida y el juez dudoso

Se publica una ley que un grupo de 49 diputados considera inconstitucional; no reúnen más firmas. Un año después, un juzgado debe aplicar esa ley en un pleito y duda seriamente de su constitucionalidad.

Resolución. Los 49 diputados no alcanzan la legitimación (hacen falta cincuenta) y el recurso de inconstitucionalidad tiene además plazo (tres meses desde la publicación, con la ampliación especial de la LOTC para ciertos supuestos): esa puerta se cierra. Pero la Constitución deja la vía permanente: la cuestión de inconstitucionalidad (163): el juez que, al aplicar la norma de cuya validez dependa el fallo, la considere posiblemente contraria a la Constitución, la plantea al Tribunal una vez concluso el procedimiento, oídas las partes y el Fiscal, y el proceso queda suspendido en cuanto al fallo. Podrían sumarse el Defensor del Pueblo (si hubiese recurrido en plazo) y, si la ley vulnera derechos del 53.2 en su aplicación, el ciudadano por amparo contra el acto aplicativo con autocuestión interna en su caso. La lección: contra la ley no hay acción popular, pero la Constitución siempre deja un camino abierto a través del juez.

Caso 3. La queja que llegó al Defensor

Una vecina escribe al Defensor del Pueblo: una Administración no le contesta desde hace un año, y de paso pide que el Defensor «anule la resolución injusta» de otro expediente y que «meta en cintura al juzgado» que tramita lento su divorcio.

Resolución. Tres peticiones, tres respuestas de manual. La inactividad administrativa es el terreno natural: el Defensor puede investigar de oficio o a instancia, requerir información (el deber de auxilio es obligatorio y su obstrucción puede ser delito), y terminar con sugerencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales, más su reflejo en el informe anual. Anular la resolución no puede: carece de potestades revisoras; lo que sí puede es recomendar la revisión, orientar hacia los recursos (III.3) y, si la norma aplicada vulnera derechos, valorar su legitimación ante el TC. El juzgado queda fuera de su supervisión: la actividad judicial no se investiga; trasladará la queja al Ministerio Fiscal o al CGPJ. La respuesta completa retrata la institución: máxima accesibilidad, potestades de persuasión, dos llaves constitucionales y una frontera judicial.

Caso 4. La reforma imposible en el momento imposible

Un Gobierno plantea reformar a la vez el artículo 2 (título preliminar) y el 135, y pretende tramitarlo estando declarado el estado de excepción. Además sugiere que, para ir más rápido, la parte del título preliminar se vote «por el procedimiento normal».

Resolución. Tres imposibles. Primero: el 169 veta iniciar la reforma vigente un estado del 116: con la excepción declarada, ni se empieza. Segundo: el artículo 2 pertenece al título preliminar: su reforma exige el 168 entero (2/3, disolución, ratificación, 2/3, referéndum obligatorio); no hay atajo por el 167, y la práctica seguida cuando se mezclan materias es que la reforma que toca una joya del 168 arrastra su procedimiento. Tercero: el 135 solo, en cambio, iría por el 167 (así se hizo en 2011: 3/5, sin referéndum al no pedirlo la décima parte en quince días). La estrategia correcta: esperar al levantamiento del estado, trocear las reformas por procedimientos, y asumir que tocar las tres joyas cuesta dos legislaturas y unas urnas. El caso condensa el título X entero con sus dos reformas reales como contraste.

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10. Preguntas de test

Treinta preguntas de redacción propia, con respuesta y explicación. Ninguna reproduce enunciados de cuestionarios oficiales.

1. La Constitución fue ratificada en referéndum el:

a) 29 de diciembre de 1978.

b) 6 de diciembre de 1978.

c) 31 de octubre de 1978.

d) 27 de diciembre de 1978.

Respuesta: b. Aprobación en Cortes el 31 de octubre, referéndum el 6 de diciembre, publicación y vigencia el 29.

2. La Constitución consta de:

a) 168 artículos.

b) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 4 finales.

c) 150 artículos.

d) 200 artículos.

Respuesta: b. Los números de la estructura.

3. El Título I se denomina:

a) De la Corona.

b) De los derechos y deberes fundamentales.

c) Del Gobierno.

d) De las libertades.

Respuesta: b. Artículos 10 a 55.

4. La sección 1ª del capítulo II del Título I comprende los artículos:

a) 14 a 29.

b) 15 a 29.

c) 30 a 38.

d) 10 a 55.

Respuesta: b. El 14 queda fuera, como pórtico.

5. La objeción de conciencia del 30.2:

a) Está en la sección 1ª.

b) Está en la sección 2ª pero goza de amparo por remisión expresa del 53.2.

c) Es un principio rector.

d) Carece de garantías.

Respuesta: b. La excepción clásica.

6. La reserva de ley con respeto al contenido esencial protege a:

a) Solo la sección 1ª.

b) Todos los derechos del capítulo II (artículos 14 a 38).

c) Los principios rectores.

d) Todo el texto.

Respuesta: b. Artículo 53.1.

7. Los principios rectores del capítulo III:

a) Se invocan directamente ante cualquier juez.

b) Informan la legislación y la práctica, y solo se alegan conforme a las leyes que los desarrollen.

c) Tienen amparo.

d) Son derogables por decreto.

Respuesta: b. Artículo 53.3.

8. El procedimiento judicial del 53.2 se caracteriza por ser:

a) Ordinario y lento.

b) Preferente y sumario.

c) Secreto.

d) Gratuito solo para funcionarios.

Respuesta: b. La tutela reforzada ante los tribunales ordinarios.

9. En el estado de alarma:

a) Se suspenden los derechos del 55.1.

b) No se suspenden derechos: caben limitaciones, no suspensión.

c) Se suspende el habeas corpus.

d) Se disuelven las Cortes.

Respuesta: b. La suspensión exige excepción o sitio.

10. El artículo 17.3 (información al detenido y asistencia letrada) puede exceptuarse:

a) En la alarma.

b) Solo en el estado de sitio.

c) En cualquier estado.

d) Nunca aparece en el 55.

Respuesta: b. El matiz interno del 55.1.

11. La suspensión individual del 55.2 afecta a:

a) Todos los derechos.

b) Los artículos 17.2 y 18.2 y 3, para investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas.

c) La libertad de empresa.

d) El derecho de sufragio.

Respuesta: b. Con ley orgánica, juez y control parlamentario.

12. El Tribunal Constitucional se compone de:

a) Nueve miembros.

b) Doce: cuatro del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del CGPJ.

c) Quince.

d) Once.

Respuesta: b. El 4+4+2+2 del artículo 159.

13. Las propuestas parlamentarias de magistrados exigen mayoría de:

a) Absoluta.

b) Tres quintos de la Cámara respectiva.

c) Dos tercios.

d) Simple.

Respuesta: b. Artículo 159.1.

14. El mandato de los magistrados del TC es de:

a) Cinco años.

b) Nueve años, con renovación por terceras partes cada tres.

c) Vitalicio.

d) Cuatro años.

Respuesta: b. Artículo 159.3.

15. El Presidente del TC es nombrado:

a) Por el Congreso.

b) Por el Rey, a propuesta del Tribunal en pleno, por tres años.

c) Por el Gobierno.

d) Por sorteo.

Respuesta: b. Artículo 160.

16. Están legitimados para el recurso de inconstitucionalidad:

a) Cualquier ciudadano.

b) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores y los órganos de las Comunidades Autónomas.

c) Los jueces.

d) Los ayuntamientos.

Respuesta: b. Artículo 162.1.a.

17. El recurso de amparo protege:

a) Todo el Título I.

b) Los derechos del artículo 14, la sección 1ª y la objeción de conciencia.

c) Los principios rectores.

d) La propiedad.

Respuesta: b. El perímetro del 53.2.

18. La cuestión de inconstitucionalidad la plantean:

a) Las partes del pleito.

b) Los órganos judiciales cuando la validez de la norma con rango de ley aplicable dependa el fallo.

c) Los alcaldes.

d) El Defensor.

Respuesta: b. Artículo 163.

19. Las sentencias del TC:

a) Son recurribles ante el Supremo.

b) Tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE, sin recurso alguno.

c) Se publican en el diario del Tribunal.

d) Solo vinculan a las partes siempre.

Respuesta: b. Artículo 164; las de inconstitucionalidad, efectos frente a todos.

20. El Defensor del Pueblo es:

a) Un órgano del Gobierno.

b) El alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I.

c) Un juez especial.

d) Un ministerio.

Respuesta: b. Artículo 54.

21. El Defensor es elegido por:

a) El Consejo de Ministros.

b) Las Cortes, con mayoría de tres quintos, para un mandato de cinco años.

c) El Rey libremente.

d) Referéndum.

Respuesta: b. LO 3/1981.

22. El Defensor del Pueblo puede:

a) Anular resoluciones administrativas.

b) Supervisar la Administración, formular sugerencias y recomendaciones, e interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo.

c) Sancionar funcionarios.

d) Dictar reglamentos.

Respuesta: b. Persuasión más sus dos llaves constitucionales.

23. La actividad de los juzgados y tribunales:

a) La supervisa el Defensor directamente.

b) Queda fuera de su supervisión: traslada las quejas al Ministerio Fiscal o al CGPJ.

c) La corrige el Defensor.

d) Es secreta.

Respuesta: b. La frontera judicial de la institución.

24. La iniciativa de reforma constitucional:

a) Incluye la iniciativa legislativa popular.

b) Corresponde a Gobierno, Congreso, Senado y asambleas autonómicas, excluida la popular.

c) Es solo del Gobierno.

d) Es del Rey.

Respuesta: b. Artículo 166, que no remite al 87.3.

25. El procedimiento ordinario del 167 exige:

a) Mayoría simple.

b) Tres quintos de cada Cámara o, en su defecto, mayoría absoluta del Senado más dos tercios del Congreso.

c) Unanimidad.

d) Dos tercios de ambas siempre.

Respuesta: b. Con la comisión mixta por medio.

26. El referéndum en la reforma del 167:

a) Es obligatorio.

b) Solo se celebra si lo solicita una décima parte de cualquiera de las Cámaras en quince días.

c) No existe.

d) Lo convoca el TC.

Respuesta: b. Facultativo; el del 168 es obligatorio.

27. El procedimiento del 168 se aplica a la reforma de:

a) Cualquier artículo.

b) La revisión total, el título preliminar, la sección 1ª del capítulo II del Título I y el Título II.

c) Solo la Corona.

d) La sección 2ª.

Respuesta: b. Las tres joyas más la revisión total.

28. El 168 exige:

a) 3/5, referéndum y nada más.

b) Dos tercios de cada Cámara, disolución, ratificación por las nuevas Cortes, nueva aprobación por dos tercios y referéndum obligatorio.

c) Solo disolución.

d) Mayoría absoluta.

Respuesta: b. El camino largo completo.

29. No podrá iniciarse la reforma constitucional:

a) En año electoral.

b) En tiempo de guerra o vigente alguno de los estados del artículo 116.

c) En verano.

d) Sin permiso del TC.

Respuesta: b. Artículo 169.

30. Las dos reformas de la Constitución hasta hoy:

a) No existen.

b) El artículo 13.2 en 1992 y el artículo 135 en 2011, ambas por el procedimiento del 167 y sin referéndum.

c) Fueron por el 168.

d) Afectaron a la Corona.

Respuesta: b. Maastricht y la estabilidad presupuestaria.

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11. Preguntas de estilo examen

Serie encadenada sobre el mapa de garantías, el formato con que este tema asoma en la primera parte.

31. El derecho de huelga se ubica y protege:

a) Sección 2ª, sin amparo.

b) Sección 1ª (28.2): amparo, preferente y sumario, ley orgánica y reforma por el 168.

c) Capítulo III.

d) Título preliminar.

Respuesta: b. Y su límite: los servicios esenciales de la STC 26/1981.

32. La negociación colectiva (37):

a) Tiene amparo.

b) Es derecho del capítulo II, sección 2ª: reserva de ley y contenido esencial, sin amparo.

c) Es principio rector.

d) No vincula a los poderes públicos.

Respuesta: b. El 53.1 sin el 53.2.

33. La protección de la salud (43):

a) Se ampara ante el TC.

b) Es principio rector: informa y se alega conforme a sus leyes de desarrollo.

c) Está en la sección 1ª.

d) Se suspende en alarma.

Respuesta: b. Capítulo III, artículo 53.3.

34. El acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas (23.2):

a) Es un principio rector.

b) Es derecho de la sección 1ª con amparo: la base constitucional de los procesos selectivos del IV.2.

c) Está en la sección 2ª.

d) Solo protege a los políticos.

Respuesta: b. El artículo que sostiene medio bloque IV.

35. Una ley ordinaria que regulara el desarrollo directo del derecho de asociación sería:

a) Válida.

b) Inconstitucional por invadir la reserva de ley orgánica del 81 sobre los derechos de la sección 1ª.

c) Convalidable.

d) Un reglamento.

Respuesta: b. Desarrollo directo de sección 1ª = ley orgánica.

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12. Fuentes oficiales citadas

Fuente	Referencia	Enlace
Constitución Española	BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, BOE-A-1978-31229	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional	LO 2/1979, de 3 de octubre, BOE-A-1979-23709	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo	LO 3/1981, de 6 de abril, BOE-A-1981-10325	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-10325
Estados de alarma, excepción y sitio	LO 4/1981, de 1 de junio, BOE-A-1981-12774	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774
Huelga y servicios esenciales	STC 26/1981, de 17 de julio, BOE núm. 193 de 13/08/1981	https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/26
Inviolabilidad del domicilio	STC 22/1984, de 17 de febrero, BOE núm. 59 de 09/03/1984	https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/275
Derecho de petición	STC 242/1993, de 14 de julio, BOE núm. 192 de 12/08/1993	https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2371
Protección de datos (recurso del Defensor)	STC 292/2000, de 30 de noviembre, BOE núm. 4 de 04/01/2001	https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4276
Convocatoria vigente del Cuerpo General Administrativo	Resolución de 18 de diciembre de 2025, BOE-A-2025-26262	https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-26262
Cuestionarios oficiales usados en el análisis de frecuencia	Comisión Permanente de Selección, INAP	https://www.inap.es/es/seleccion/procesos-selectivos-de-cuerposescalas-generales/cuerpo-general-administrativo-de-la-administracion-del-estado

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13. Control de calidad de este tema

• [x] Enunciado oficial del Anexo III reproducido literalmente en la cabecera.
• [x] Todos los datos citados por su artículo constitucional exacto; ficha del TC y del Defensor contrastadas con la Constitución y sus leyes orgánicas.
• [x] Frecuencia medida tomada de ANALISIS-FRECUENCIA.md: 13 preguntas de test y 0 de supuesto, 1,16 puntos, presente en los ocho exámenes.
• [x] Cuatro sentencias del Tribunal Constitucional citadas, todas previamente verificadas en HJ para este manual (26/1981, 22/1984, 242/1993 y 292/2000), con su conexión al tema explicitada.
• [x] 30 preguntas de test más 5 de estilo examen, con respuesta explicada.
• [x] 14 trampas de examen.
• [x] Cuatro casos de aplicación práctica, con el mapa de las garantías como retrato del tema.
• [x] Ninguna pregunta reproduce enunciados de cuestionarios oficiales; redacción íntegramente propia.
• [x] Sin rayas tipográficas; comprobado con grep.