Jurisdicción contencioso-administrativa

La jurisdicción contencioso-administrativa es uno de los cuatro órdenes en que se divide la jurisdicción ordinaria, junto al civil, el penal y el social. Su función es controlar la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y garantizar que los ciudadanos puedan recurrir ante los tribunales las decisiones administrativas que les afectan.

Es la vía a la que se acude cuando ya se ha agotado la vía administrativa, es decir, cuando la administración ha dictado su última palabra a través de los recursos internos. A partir de ahí, quien no está conforme puede llevar el asunto ante los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo.

Conviene no confundirla con los recursos administrativos, que se resuelven dentro de la propia administración. El contencioso-administrativo es ya un proceso judicial, con un juez independiente que revisa la actuación administrativa.